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Gobierno decidirá esta tarde cómo se reformarán las CAR

La Silla Vacía conoció el proyecto de decreto que presentará el gobierno hoy a su Consejo de Ministros para reformar las Corporaciones Autónomas Regionales. Es una reforma radical, que de ser avalada por la Corte Constitucional, tendrá un impacto gigante sobre las elecciones locales de este año y también sobre el sistema ambiental.

El decreto elimina de un plumazo las 34 Corporaciones Autónomas Regionales, que son la autoridad ambiental en las regiones e importantes fortines políticos, y las reemplaza por 17.

Las nuevas Corporaciones las crea de acuerdo a las cuencas hidrográficas, es decir, están delimitadas de acuerdo a los ríos del país y no a las divisiones político-administrativos que tienen las actuales.

También modifica la integración del Consejo Directivo, que es el órgano rector de las CAR, dandole más poder al gobierno central. Mientras hoy de los 13 miembros del Consejo Directivo, dos son delegados del Presidente o el Ministro de Medio Ambiente, de ahora en adelante el gobierno central tendría cinco de 11 miembros.

Aunque el decreto conserva prácticamente todas las funciones que tienen las CAR hoy en día, le agrega otras varias de prevención de desastres.

Y la perla: “el Presidente de la República designará los directores generales de las CAR hasta que se realice la elección correspondiente”. Las CAR actuales entran en liquidación a partir de la firma del decreto, que ordena nombrar un gerente liquidador para acabar de aquí a diciembre con estas entidades. Y las nuevas se crean inmediatamente. Como el proceso de elección del nuevo director tomará un tiempo pues la composición de los consejos directivos que lo eligen cambia en el decreto y es ahora más engorroso, Santos nombrará a los 18 nuevos directores, quien estarán a la cabeza de estas entidades posiblemente durante todo el año electoral.


(Haga click sobre las zonas en azul para conocer el nombre de la CAR y los municipios que quedarán en su jurisdicción)

 


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El impacto político


Las CAR actualmente manejan un presupuesto anual de 1,3 billones de pesos, más de la mitad de todas las cesantías del país en un año. El presupuesto que manejan es cuatro veces más que los recursos totales disponibles por el Viceministerio del Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales y todos los institutos de investigación adscritos o vinculados a Minambiente, según un estudio de Guillermo Rudas. Casi la mitad de esos recursos están concentrados en la Corporación de Cundinamarca y la CVC (ver presupuesto).

De esta plata, solo entre el 10 y el 15 por ciento es parte del Presupuesto de la Nación. El resto lo aportan principalmente los municipios por una tasa sobre el impuesto predial y los generadores de energía por una tasa sobre las ventas brutas de energía eléctrica.

Con este presupuesto, con capacidad para hacer inversiones locales en acueductos y alcantarillados y otras obras ambientales, y con una nómina respetable, las CAR son fortines burocráticos apetecidos. Lo son tanto que, como lo explicó una nota de La Silla Vacía ayer sobre Risaralda, cada elección del director de la CAR mueve las aguas de la política local. En un año electoral, cerrar las corporaciones actuales, y nombrar los directores desde el nivel central le da al presidente Santos una injerencia en la política regional de grandes proporciones.

Sin embargo, y más aún después de la tragedia invernal en donde los medios han puesto en evidencia las falencias de las CAR para prevenir las inundaciones, la medida de Santos será muy popular y bien recibida en los círculos de opinión nacional. Otra cosa es que sea conveniente.


El impacto ambiental


Guillermo Rudas, una de las personas que más sabe del tema y de la institucionalidad ambiental en Colombia analizó el decreto y en líneas generales dijo a La Silla Vacía que la intención del decreto es buena y que la filosofía de crear las CAR alrededor de las cuencas hidrográficas fue precisamente la filosofía que inspiró inicialmente la ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente no quedó así porque en la negociación de la ley en el Congreso, los senadores y representantes exigieron que las corporaciones, cuya principal función es regular el uso del agua, respondieran a criterios más políticos que ambientales y entonces lo de las cuencas se perdió. Con esta reforma, se recuperaría el espíritu original y “quedaría mucho mejor distribuido el presupuesto entre las regiones, por agrupar las actuales corporaciones en unas pocas con mucha más cobertura regional”, dice Rudas.

El experto también exalta que el Gobierno nacional tenga ahora control del Consejo Directivo por tener casi la mitad de los miembros y por ende, del nombramiento del Director pues eso le da mayor control sobre las decisiones presupuestales.

Sin embargo, Rudas le critica al decreto que no resuelva el principal problema que tienen las corporaciones: el ser juez y parte como autoridad ambiental. Es decir, las Corporaciones ejecutan un presupuesto haciendo obras, acueductos o reforestación sin ninguna vigilancia ni control por parte del Gobierno y con escaso control de la Contraloría. Todo esto porque son “autónomas” según la Constitución. Esto crea un conflicto de intereses que lleva a varios abusos como los señalados en la W en los últimos días.

Y en todo caso, si bien las CAR han fallado y tienen una parte de la culpa en la tragedia ambiental, el gobierno central tiene gran responsabilidad. Las carreteras y muchos megaproyectos se hacen sin licencias ambientales, y lo que es más grave, no hay quién ordene el territorio nacional. Al final, es el viceministerio de Vivienda el que decide el uso del territorio, y no precisamente según criterios ambientales. Lo más grave es que en la nueva división de ministerios, esta facultad del ordenamiento territorial sigue en manos del Miniterio de Vivienda y no del de Medio Ambiente, como lo ha señalado la experta en el tema María Mercedes Maldonado.
 

Minería feliz


“Están tratando de vender el sofá”, dice Rudas. Y más o menos en la misma línea opina Yamile Salinas, quien fue directora del DAMA en Bogotá y lleva años estudiando los temas ambientales. “Este es el golpe más grande que se le puede dar al sistema ambiental del país”, dijo a La Silla Vacía, después de que le enviamos el decreto.

Salinas cree que el decreto debilita el sistema ambiental hasta el punto que lo hace irrelevante por lo menos durante un año, precisamente cuando se prevee el auge minero, se planean varias carreteras y despegan los proyectos agroindustriales en zonas como la Altillanura de la Orinoquía.

Sus argumentos son dos. El primero tiene que ver con las funciones adicionales que le asignan a las corporaciones de prevención de desastres. Como estos decretos son expedidos en ejercicio de las funciones excepcionales otorgadas por los decretos de emergencia, una parte importante gira alrededor de las nuevas funciones de prevención de emergencias que deben cumplir las corporaciones. “Cuando le introducen en el artículo 6 que hagan parte del sistema de prevención de desastres, se desnaturaliza el sistema ambiental”, dice Yamile Salinas.

El Plan de Desarrollo es explícito en que Colombia no tiene la capacidad ambiental para enfrentar las locomotoras, sobre todo la minera. No existe el sector ambiental que soporte lo que viene, dice el Plan. Y si ya en esa situación precaria, más precaria luego de que durante el gobierno de Álvaro Uribe se le quitó presupuesto al sector ambiental y se desmontó el Ministerio, no solo se le asignan más funciones a estas entidades sino que se meten en un proceso drástico de transición, el golpe para el sector es grande.

Durante todo este año, considera Salinas, se corre el riesgo de perder los expedientes, los funcionarios dejan de cumplir su función por cuidar su puesto o buscar otro, etc, lo que permitirá que las empresas mineras se extiendan por el territorio sin ningún control ambiental.

Además, considera ella, la experiencia de Cormagdalena, organizada alrededor de la cuenca del Río Magdalena, demuestra que la delimitación alrededor de las cuencas no soluciona el problema de unas corporaciones que como otras instituciones del Estado han sido infiltradas por los paramilitares, o por la corrupción.

“Todos queremos reformar a las CAR, pero no así. Primero revivamos el Ministerio de Medio Ambiente, y luego hagamos las reformas paulatinas”, dice.

Este decreto todavía no está firmado, y por lo tanto, podrá mejorarse hoy en el Consejo de Ministros.

Nota de la Editora: El presidente Juan Manuel Santos dijo hoy en Apartadó que por tener origen constitucional no es posible liquidar las CAR, como lo proponía el borrador de reforma que reveló hoy La Silla Vacía. Pero reiteró que la intención del Gobierno es liquidarlas para hacerlas “más eficientes y compatibles con la misión para la cual fueron creadas”. Y que para ello tendrán en cuenta cuáles de las CAR funcionan bien y cuáles no.

Nota de la Editora Enero 21 3 p.m.: En una reunión que acaba de terminar en Palacio, decidieron que no acabarán con las CAR como estaba planteado el borrador de decreto sino que fusionarán algunas CAR en las zonas más afectadas por el invierno. La presión de las corporaciones regionales fue grande sobre el Gobierno.

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El legado minero de Uribe

Entre las muchas herencias del gobierno de Álvaro Uribe, la minera es una de las menos conocidas y más relevantes. En los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas.

Lo más asombroso es que la mayoría de los títulos concedidos en el gobierno de Uribe se obtuvieron cuando ya una reforma al Código Minero prohibía la explotación en páramos pero el Presidente aún no había sancionado la ley. En esos ocho meses que se tomó el Presidente para firmar la ley, según datos del investigador Guillermo Rudas, el número de concesiones mineras aumentó drásticamente como lo muestran estos mapas elaborados por Rudas.

Para ver el cambio en los mapas deslice las etiquetas con los nombres de los presidentes, que están a la izquierda de cada uno de los mapas, hacia la derecha. Una vez cubra toda la superficie del mapa, se hará visible la versión correspondiente.

 

 

 

 

Los títulos en los páramos

 

 

 

Sólo entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contratos en los páramos para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos. Todos los que tienen concesiones ahora en páramos argumentan que a ellos se les dió el derecho de explotar los territorios antes de que fuera promulgada la ley, así que tienen un derecho adquirido para seguir explotando su licencia. Y así hacen.

El problema es que esto afecta el nacimiento de varios de los ríos que surten los acueductos de las principales ciudades, afecta a 4.700 especies de plantas, 70 de mámiferos, 87 de anfibios y cerca de 154 aves. Los páramos capturan y almacenan el carbono en sus suelos, que de otra forma sería enviado a la atmósfera.

Para Guillermo Rudas, el aumento de la explotación minera se dio por dos razones: por el auge en el precio del oro que pasó a ser de 1.300 dólares la onza, y por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras.

El gobierno de Santos recibió esta herencia, y su Ministro de Minas Carlos Rodado Noriega dijo hoy en un Foro sobre minería en la Cámara de Comercio de Bogotá que es importante que el gobierno cumpla con la legislación internacional y nacional para protección de páramos, pero que estas reglas de juego son demasiado exigentes para países emergentes que quieren aumentar su explotación de minerales y que hoy en día están en la mira de las grandes empresas mineras. “No me alcanza el tiempo para atender todas las solicitudes de empresarios mineros que están llegando al país”, dijo Rodado.

 

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