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Viernes Agosto 01, 2014

Después de varios meses de debate, hoy la plenaria del Senado aprobó la reforma constitucional al fuero militar. Con la presencia de más de 90 senadores, la aprobación se logró finalmente con más de 50 votos a favor. Excepto dos proposiciones sobre la vigencia de la reforma, el apoyo fue casi unánime, excepto por la oposición permanente de la bancada del Polo Democrático (incluyendo a los Progresistas).

A última hora el ponente Armando Benedetti, propueso modificar el proyecto e incluir todas las propuestas de Human Rights Watch. Ya el Gobierno había acordado el jueves pasado introducir nuevas garantías para que los falsos positivos no pasaran a la justicia penal militar (la ponencia para este último debate y sus comentarios están más abajo). Con esa movida de última hora en el horizonte, el debate tardó varias horas:  mientras el lobby de los militares intentó que la ley saliera más ajustada a sus intereses, desde la izqueirda hubo críticas que buscaban que el resultado final fuera más estricto para los militares. Al final fue aprobada la ponencia que se acordó con el gobierno.

La Silla Vacía narró todo lo ocurrido y siguió las reacciones de los usuarios y otros medios en Twitter. Recuerde que si no está en Twitter, puede recordar la transmisión acá y hacer sus comentarios y observaciones en el espacio de comentarios. Abajo puede leer la información de contexto generada por La Silla en torno al tema.

 

La ponencia de fuero militar post-Vivanco

Hoy concluye una discusión de más de un año donde el Gobierno ha tratado de caminar como un equilibrista tratando de responder a las presiones de los militares y de las de ong de Derechos Humanos como Human Rights Watch y el gobierno de Estados Unidos.

Hace unos meses, el senador Demócrata y uno de los más influyentes en lo que tiene que ver con la ayuda militar para Colombia Jim McGovern envió al Embajador en Washington Carlos Urrutia una carta "recordándole" que una reforma al fuero militar que implique un retroceso en los derechos humanos podría acarrear que le retengan el 25 por ciento de la ayuda militar a Colombia. Por otra parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, estuvo toda la semana pasada reunida con delegados del Presidente, con el Fiscal Montealegre y el Ministro de Defensa acordando la introducción de algunas salvaguardas para evitar, por lo menos, que los falsos positivos que están siendo hoy juzgados por la Fiscalía no queden en la impunidad al pasar a la justicia penal militar.

Este es el resumen de la ponencia que se debate actualmente y, y que si no sucede lo que ocurrió con la Reforma a la Justicia y en la fase de conciliación revive lo aprobado en la Cámara con el lobby de los militares, se convertirá en ley. Al lado derecho, están los comentarios y explicaciones de cada punto. Varios de los comentarios resumen la posición elaborada al respecto por Dejusticia.

Vea el análisis pasando el cursor sobre cada uno de los párrafos.

1. Los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, serán conocidos por la justicia penal militar.
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2. La lista de los delitos excluidos: los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado serán conocidos siempre por los jueces ordinarios.
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3. La conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con el conflicto armado será juzgada siempre por el Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho de la guerra.
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4. Cuando haya duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, una comisión técnica de coordinación integrada por representantes de la justicia penal militar y de la ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial, podrá intervenir. Una ley estatutaria definirá cómo está compuesta y cómo funcionará esta comisión.
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5. Una ley estatutaria creará una Justicia Penal Militar que tenga un sistema de carrera propio e independiente del mando militar.
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6. Se crea un fondo destinado a financiar la defensa judicial de los miembros de la Fuerza Pública pagada con dinero de los contribuyentes, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.
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7. Los miembros de la Fuerza Pública que sean detenidos de manera preventiva serán recluidos en instalaciones militares o en centros carcelarios diseñados exclusivamente para ellos.
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8. Los casos de los militares que están siendo juzgados por falsos positivos y demás delitos que quedan excluidos con esta ley o que no tienen relación con el servicio permanecerán en la justicia ordinaria. La Fiscalía, en coordinación con la Justicia Penal Militar, tiene un año para identificar cuáles de los procesos que se adelantan contra los militares deben ser pasados a la justicia militar y cuáles deben seguir en la ordinaria. Incluso, algunos que ya están en la penal militar podría devolverse a la ordinaria.
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9. Un Tribunal de Garantías, compuesto por cuatro militares retirados designados por el Presidente de la República y cuatro magistrados civiles elegidos por las Cortes revisarán los procesos contra los militares para garantizar que se les aplicó el debido proceso y también para dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la militar. Y entrará a regir una vez se apruebe la ley estatutaria.
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Esto quiere decir que toda infracción al derecho internacional humanitario será conocida por la justicia militar salvo los delitos excluidos mientras la presunta violación sea cometida en relación con el servicio militar (es decir, si está de permiso y mata a alguien va a la ordinaria). El artículo inicialmente presentado por el Gobierno presumía que todos los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública durante operaciones tendrían ‘relación con el servicio’ y por lo tanto sujetos a la justicia penal militar, salvo los delitos excluidos.
En esta ponencia, la lista de delitos excluidos vuelve a ampliarse y se incluyen los falsos positivos y la violencia sexual. Sin embargo, la ponencia no acoge el punto de Vivanco en el sentido de que dado que la ejecución extrajudicial y la violencia sexual no son delitos hoy en día en el Código Penal la única forma de que no sean un canto a la bandera es si se mete un párrafo transitorio que diga que esta reforma no se aplica sino hasta que una ley estatutaria haya creado estas dos figuras como delitos. Mientras esto no se reglamenta, un militar que en el futuro cometa un falso positivo podría decir que su delito no está excluido pues la ejecución extrajudicial como tal no existe en el Código Penal.
Este es uno de los puntos que más querían los militares, puesto que consideran que no tiene sentido que al aplicarles el Código Penal se presuma que cualquier muerte en combate es un homicidio hasta que ellos no prueben lo contrario. El problema va a ser con la forma de enfrentar las Bacrim, ya que el Gobierno ha dicho que son delincuentes comunes. ¿Se les aplicará a los militares el DIH también cuando se enfrenten a bandas criminales en una zona urbana? ¿Podrán bombardearlos, por ejemplo?
Expertos en el tema como los de Dejusticia han dicho que esta ley amplia de facto el fuero penal militar porque los primeros que llegan a la escena del crimen son los militares. Y solo cuando hay duda, llega esta comisión mixta. Pero todo el mundo sabe que ese ‘primer momento’ es el fundamental pues ahí se recoge la evidencia que guía el resto de la investigación y los militares podrían alterar en esta fase la evidencia.
Los defensores de este proyecto dicen que esta norma es la que permitirá que haya una justicia penal militar fuerte e independiente pues los jueces militares ya no dependerán, como hoy, de los comandantes de las fuerzas. Los críticos dicen, sin embargo, que el hecho de que esta justicia siga dependiendo de la Rama Ejecutiva y no de la Judicial afectará su independencia y que “la solidaridad de cuerpo” de los militares seguirá permeando esta justicia.
Hoy en día un militar acusado de un falso positivo o de cualquier otro delito tiene que sufragar su propia defensa. Durante el gobierno de Uribe crearon un fondo común, con aportes voluntarios (pero en la práctica obligatorios) del sueldo de los miembros de todas las fuerzas para pagar los abogados de Demil que los defienden. Si se aprueba este proyecto, ahora serán los contribuyentes los que paguemos su defensa.
Esto suele ser así en la práctica hoy en día para los casos de los militares más importantes pero la mayoría de los rasos sí van a La Picota o La Modelo o a cualquier caso común. Con esta norma en la Constitución los militares tendrían la garantía de que no estarán en el patio de al lado de los guerrilleros o delincuentes que combatieron sino en sitios especiales, independientemente de su rango o palancas.
Este es el mayor logro de la presión ejercida por Vivanco y el gobierno de Estados Unidos pues evita que los falsos positivos cometidos la mayoría de ellos durante el Gobierno de Uribe -cuando Santos era Mindefensa- salgan de la justicia ordinaria y pasen a la jurisdicción militar y queden en la impunidad.
La idea de este tribunal -integrado de manera paritaria por civiles y militares- es que haya una instancia equilibrada que dirima los conflictos de competencia cuando hay dudas de si es un caso excluido de la justicia penal militar o no. Expertos como Dejusticia han dicho que este equilibrio no contrarresta el mayor peso del elemento militar en la primera fase de la investigación pues por la presunción del fuero militar, serán los investigadores militares los primeros en iniciar la investigación y por lo tanto, los que serán determinantes en el curso de la misma.

 

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Juan Carlos Pinzón Bueno
Juan Manuel Galán Pachón
Armando Benedetti
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Vie, 2012-12-14 00:50

Después de leer el documento (ley) aprobado por el Senado del cual me pierdo más del 70% por falta de cultura jurídica lo que concluí es que hay una diferencia inicial que es quien determina a quien se le asigna el juzgar un acto delincuencial. Hay un comité que debe decirlo, en actos de guerra o parecidos son los militares los que hacen el levantamiento del caso, eso le daría vicios de sospecha, pero tampoco veo como redactar una ley donde se presuma que los agentes del levantamiento sean delincuentes. Todos los delitos que están consignados como de lesa humanidad supongo que también existen en el código penal, así estoy seguro que es así, es para mi limitada comprensión un poco gaseosa la explicación por que los caracteriza es el estado de indefeccion de la víctima, eso escribiéndolo de una manera bastante elemental por que es supremamente extensa esa documentación (internet). Me parece que toda la discusión radica en la desconfianza que puedan producir los cuerpos de las FM.

Vie, 2012-12-14 00:57

Creo que las discusiones de la mala conducta de un militar o un policía recaen es en el superintendente de las FM que lo haga con buena o mala fe y eso si me parece muy difícil de controlar con esta o cualquier ley que se escriba sobre este particular. En la gran mayoría de países quienes hacen el levantamiento en zonas de guerra son los mismos militares. En armas especializadas, aviación y marina indudablemente hay que contar con una asesoría de parte de expertos en temas de esta índole. Que o como debería ser entonces? Como se pueden crear las garantías para estar 100% seguros de una adecuada aplicación de la legislación?

Vie, 2012-12-14 00:11

El fuero militar como la "justicia" militar(?,sic) son otra facción privilegiada del estado dentro del estado colombiano(Jueces y parte?), prácticamente otra rama del poder político,económico,judicial,presupuestal y patrimonial para unos pocos oficiales privilegiados blindados de corrupción e impunidad institucional y extra-institucional.Es otra prolongación del dicho popular de que definitivamente "la justicia es para los de ruana".DEMOCRACIA PARA LOS DE ARRIBA Y AUTOCRACIA,MISERIA Y SERVILISMO PARA LOS DE ABAJO...¿MÁS CASAS,BATALLONES,BRIGADAS,CASINOS,PISCINAS,REINAS Y FIESTAS PRIVADAS POR CÁRCEL?...

Jue, 2012-12-13 08:08

Cuando entenderemos que las leyes per se no son tanto el problema, como totalmente si lo es la calidad de las personas que la aplican. Si la ley la aplica la justicia ordinaria, no esperemos nada bueno si la aplican infiltrados de la guerrilla o personas de izquierda enemigos de las fm y del establecimiento (como uno de sus eminencias dijo alguna vez "el asesinato politico es justificado". Similarmente si la ley la aplican jueces militares corruptos tampoco esperemos nada bueno para la justicia. Conclusion? mecanismos sanos y despolitizados para elegir nuestros jueces.

Mar, 2012-12-11 15:08

Hoy con la ayuda del partido liberal en cabeza del senador Galan, el país puede escribir una historia de legalización la impunidad de algunos miembros de las Fuerzas Militares. Si se tiene en claro que el aparato represivo del Estado debe estar respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos, ningun soldado que porte las armas de defensa de la institucionalidad, puede dudar de una justicia total. Quienes se extralimitan y quienes pactan con la mafia y con las fuerzas oscuras, como paso con altos mandos que patricinaron el paramilitarismo, el Estado por mas fueros que tengan, les cobrará sus delitos

Mar, 2012-12-11 15:07

Adicionalmente me toca a mi pagar de mi bolsillo la defensa de estos criminales que cometan un acto ilegal. De paso pagar también a los delincuentes paramilitares como los congresistas, los que han ocasionado masacres y a la guerrilla que ha hecho 3/4 partes de lo mismo.

Este país definitivamente es un chiste y esta reforma es otra puntilla al ataud de la democracia que nos ha tocado vivir.

Mar, 2012-12-11 11:14

Estos dignísimos padres de la patria trabajan duro ¿verdad? Será que les bloquearon el trasmilenio o es que no se han podido subir. Yo llego 2 horas tarde al trabajo y mínimo me ponen un memorando si es injustificado.

Ahora un país que tiene una historia tan terrible donde los militares han ejecutado masacres y se han aliado con narcotraficantes, así como el tema de las ejecuciones de gente cuyo único delito es vivir en la miseria, está buscando que no puedan ser juzgados sino cuando ellos quieran, o sea que "pueden hacer lo que les de la gana en el campo militar y luego arreglamos todo para que salgan impunes".

En un país decente esta reforma no pasaría igual que otras tantas reformas que se inventa el gobierno para alegrar a sus amigos generales o sus amigos empresarios.

Mar, 2012-12-11 11:03

No soy abogado, no soy ni he sido militar ni tengo nexo con las FM, pero como ciudadano de a pie veo que existe un paquete de delitos que el código penal de nosotros los civiles, no los relato para no alargarme. Ese código cobija a todo Colombiano menos a los curas, son los únicos que pueden evadir el código penal, si un militar comete uno de esos delitos lo juzga la ley penal, eso supongo, entonces no entiendo cual es la discusión. Como en LSV colaboran muchos abogados quisiera, para ilustrarme, que ojalá me explicarán. Cuando un militar delinque, pues delinque y cuando un militar en un acto de servicio, es decir en el frente de guerra comete un delito por las condiciones del combate tienen que ser militares los que lo juzguen, nosotros los civiles no sabemos como es ese contexto.

Mar, 2012-12-11 11:30

Enrique, es que esa es la discusión. Algunos consideran que los que tienen que tener el conocimiento especializado son los peritos no los jueces. O tendría que haber entonces un fuero especial para banqueros, porque los jueces tampoco saben de banca, y otro para los médicos, pues no saben de medicina, etc. Pero en realidad, la verdadera discusión es cuáles delitos deben ser considerados actos del servicio e ir a la justicia penal militar. La Corte ha dicho que cuando se comete un delito de lesa humanidad esa conexión con el servicio se rompe pues cometer ese tipo de actos no puede ser parte del 'servicio'.

Mar, 2012-12-11 12:27

Juana, mi pragmatismo matemático me dice que es imposible determinar el "overlap" entre servicio y no servicio. El crimen de Soacha es crimen bajo cualquier código que se le juzgué, la bestia que violo la niñita y mato a todos los niños independientemente del uniforme que porte es un delito imperdonable y todas las desapariciones (asesinatos) para obtener un día más de vacaciones por parte de un militar es un asesinato u homicidio como lo llaman los que saben. Todo eso esta en nuestro código penal supongo y todos contemplan unas penas proporcionales al delito. Es ahí donde Vivanco me despista, donde Cepeda me despista. Volviendo a mi pragmatismo matemático yo aplicaría en todos los casos la justicia penal. En cambio la bomba racimo (cluster) de Santo Domingo es un delito que debe juzgar es la justicia militar, los civiles no tenemos ni idea, ni entendemos como es ese escenario y esas condiciones, ahí,los civiles sobramos. Eso sucedió en un combate, combate.

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