Por Carlos Hernández Osorio · 21 de Julio de 2017

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La reciente convocatoria para escoger rector ha hecho que vuelva la tensión a la Universidad Distrital, un año después del paro estudiantil originado, en parte, por el inconformismo de sectores de estudiantes y profesores con la forma como históricamente se ha definido quién queda en la Rectoría.

El cargo lleva cuatro años sin un titular (desde hace dos años Carlos Javier Mosquera está encargado) y un objetivo de la Alcaldía de Enrique Peñalosa es superar esa interinidad.

Por eso su secretaria de Educación y presidenta del Consejo Superior de la Distrital, María Victoria Angulo, firmó el 10 de julio dos documentos: en uno hace la convocatoria y establece el cronograma, que arranca el lunes, para la designación del rector; en el otro fija las reglas del juego.

Y son esas reglas las que han generado un nuevo inconformismo en ciertos sectores, particularmente de estudiantes, en buena medida porque se definieron sin que los representantes de la comunidad universitaria y del Consejo Superior se pusieran de acuerdo.

Los números que no gustan

El Consejo Superior propone tres etapas que deberán pasar los candidatos y que servirán para ir eliminando aspirantes. A cada le asignaron un puntaje.

La primera es una revisión de sus hojas de vida en la que participan delegados del Consejo Superior (25 puntos); la segundo, una consulta entre estudiantes, profesores, egresados y empleados para que voten por sus favoritos (25 puntos); y la tercera, una entrevista ante el Consejo Superior (50 puntos).

El 5 de julio, cuando el CS publicó los borradores de los documentos para que la comunidad los comentara, se conocieron las primeras voces inconformes de estudiantes y profesores que piden que la consulta tenga más peso. Así se lee en este foro que abrió la Universidad, en el que son reiterados los comentarios para que no le den 25 sino 50 puntos.

Abraham Rivera, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, lo ha argumentado así: “Nuestra postura siempre ha estado ligada a las decisiones de las asambleas de estudiantes que dictaron que el mecanismo (para escoger rector) debía dar a la comunidad peso decisorio. Estamos convencidos de la necesidad de un rector en propiedad, pero con la participación efectiva de la comunidad universitaria”.

Detrás de esa solicitud también está la Constituyente Universitaria, un grupo de estudiantes, profesores y empleados que promueve una reforma de estatutos para cambiar, entre otros, el método de escogencia del rector, para que sea de elección directa. Es decir, que la consulta que hoy valdría una cuarta parte de los puntos se convierta en el mecanismo que determine quién será el rector.

Eso es algo que las mayorías del Consejo Superior (sobre todo los representantes de la Alcaldía, del Gobierno Nacional y de los gremios) no aceptan porque consideran que ese órgano tiene la legitimidad para mantener un peso mayor en la decisión.

De hecho, a comienzos del año pasado el CS convocó la designación de rector con el proceso actual, ante lo cual la Constituyente y otros sectores se fueron a un paro que duró tres meses, en los que 26 mil estudiantes estuvieron sin clases.

El proceso se llevó a cabo, pero el voto en blanco ganó tanto en la consulta (por el inconformismo de quienes participaban en el paro) como en la votación final en el Consejo Superior (donde hasta la secretaria de Educación votó así) porque los candidatos que llegaron hasta allí estaban ligados a los grupos que tradicionalmente han manejado la universidad.

Antes de ser concejal de Bogotá y senador de Convergencia Ciudadana y el PIN, Samuel Arrieta fue alumno a finales de los 80 y secretario general de la Distrital comenzando los 90. Conformó un grupo que le hizo contrapeso a quienes venían manejando internamente la universidad, y poco a poco fue adquiriendo poder con su incidencia entre los representantes de los profesores, alumnos e incluso del Gobierno Nacional en el Consejo Superior, lo que le permitía incidir en las designaciones de rector. También ganó poder burocrático. Como senador, a mediados de la década pasada, mantenía su injerencia, y aunque internamente se dice que "el arrietismo" está fragmentado y que el propio Arrieta ya no tiene tanto poder, quedan grupos herederos que han sido relacionados con escándalos de malos manejos en la Distrital. El último rector que hubo en propiedad, Inocencio Bahamón, relacionado con el arrietismo, salió en 2013 sin terminar su periodo y luego fue sancionado por la Personería por irregularidades administrativas. Como encargado quedó Roberto Vergara, también relacionado con ese grupo, y que salió en medio de las denuncias por malos manejos que hizo la Alcaldía de Gustavo Petro. El actual rector (e) Carlos Javier Mosquera, no está relacionado con Arrieta. Por eso, en la designación del nuevo rector está en juego la posibilidad de que los anteriores grupos regresen al poder. Arrieta hoy está vinculado al Distrito como asesor legislativo del alcalde Enrique Peñalosa, y tiene como ahijado político al concejal Hosman Martínez, de la Alianza Verde, que aspira al Senado.

Tras aquel intento fallido, el CS y la Constituyente se sentaron a debatir cómo cambiar el mecanismo para escoger rector, pero no se pusieron de acuerdo. Sin embargo, al final el Consejo decidió que la consulta iba a dejar de ser simbólica para contar el 25 por ciento, tras lo que Angulo califica como “un proceso participativo”.

El representante de los exrectores en el CS, Gustavo Montañez, le dijo a La Silla que eso es un avance teniendo en cuenta que las discusiones comenzaron con una propuesta de las mayorías de que fuera el 15 por ciento (él proponía que fuera el 40).

En las próximas semanas se sabrá si ese 25 por ciento logra destrabar la escogencia del rector o si atiza los ánimos de quienes promovieron el paro el año pasado. Con el ingrediente adicional de que posiblemente se surtirá en paralelo a la campaña por la revocatoria del alcalde y cuando en la Distrital, como en otras universidades públicas, la idea de tumbarlo tiene fuerza entre los estudiantes.

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