Por Juanita León · 03 de Julio de 2017

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En todo el país los guerrilleros presos de las Farc están en huelga de hambre para llamar la atención sobre las demoras en amnistiar o trasladar a las zonas de concentración a los guerrilleros presos. Son cientos de ellos los que ya se han cosido los labios y dicen que no comerán hasta ver su libertad. Si los guerrilleros –y el negociador de las Farc Jesús Santrich- persisten en su huelga hasta verlos salir de la cárcel, algunos morirán antes porque la amnistía se ha chocado de frente con todos los problemas estructurales de la Rama Judicial.

El hambre y la protesta

En Rivera, un municipio que queda a veinte minutos de Neiva, hay 156 presos de las Farc en huelga de hambre. El director de la cárcel, Juan Carlos Reyes, dijo a La Silla que ya completan siete días sin comer. "Seguro comerán algo a escondidas, pero delante del personal nada", dice.

Nos contó también que puso a un equipo de médicos a estar pendientes de esos presos y que ya le mandó una carta al Inpec notificándole la situación. 

Desde las zonas veredales, la idea es hacer "jornadas de solidarización con los camaradas para apoyar a los presos y hacer presión en redes sociales para visibilizar su situación", dijo a La Silla el responsable político de las Farc en la zona veredal de La Montañita, Federico Montes. 

En Cúcuta, las protestas de los 170 guerrilleros recluidos en la Cárcel Modelo la iniciaron desde el martes, cuando 19 se cosieron la boca para empezar la huelga de hambre hasta que se cumpla su liberación. Al tiempo, todos los presos de las Farc se declararon en desobediencia civil y desde entonces tampoco han recibido alimentos. 

En respaldo a los presos, el jueves el movimiento afín a las Farc Marcha Patriótica junto a organizaciones como 'Poder Paz' (de Judith Maldonado, una de las integrantes de Voces de Paz) y Fucepaz (acompaña a los presos políticos) hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia con carteles y mujeres con los ojos vendados para pedir celeridad en las amnistías. 

A la par, en la zona veredal de Caño Indio en el Catatumbo, el frente 33 de las Farc está presionando a través de redes sociales con fotos, comunicados y videos de guerrilleros que tienen familiares detenidos. 

Guerrilleros de la zona de Tierra Grata, en el Cesar, también grabaron un video para mover el tema de las protestas por amnistías. “Los muchachos se cosieron la boca y ahora están recibiendo amenazas de los guardias. Que si no obedecen los meten al calabozo”, asegura Adriana Cabarruz, guerrillera de esa zona.

Las huelgas de hambre arrancaron al tiempo con la ceremonia de dejación de armas en Mesetas, durante la cual muchos guerrilleros sacaron sus carteles pidiendo la liberación de sus compañeros para llamar la atención del presidente Juan Manuel Santos, a quien ya el jefe guerrillero Timochenko había insistido en el incumplimiento del Estado en este frente (entre varios otros) delante de la comunidad internacional y las cámaras de televisión.

El problema

En las listas que entregó las Farc al gobierno, hay 2440 guerrilleros presos. La Oficina del Alto Comisionado tenía observaciones sobre 300 de esos nombres tras revisar uno por uno junto con los organismos de inteligencia del Estado porque considera que no son guerrilleros. De esos, las Farc ya reconoció que más de 100 no deberían estar en esa lista y los sacó.

El día de la dejación de armas ya habían salido 1115 de la cárcel y desde entonces han quedado libres o han sido trasladados otros 320.

Según el Gobierno, de los restantes, 644 no han hecho todavía la solicitud de amnistías o de traslado. “Algunos no quieren quedar en libertad o ser trasladados”, le confirmó una fuente de la Fiscalía a La Silla Vacía. El verdadero problema serían un poco más de 800 casos.

Cuatro fuentes, que tienen que ver con las amnistías directamente tanto en la Fiscalía como en el Gobierno como en la Rama Judicial le dijeron a La Silla Vacía que varias de esas amnistías no podrán ser concedidas antes del 1 de agosto cuando vence el plazo con el que Santos se comprometió con las Farc.

Las razones son varias. 

Durante la discusión del Acuerdo de Justicia con los tres juristas escogidos por Santos y los tres de las Farc se acordó que los jueces deberían decidir de oficio caso por caso si aplicaba la amnistía automática para los guerrilleros que estaban presos.

En ese momento, fue un tema polémico en la Habana porque las abogadas de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que había sido excluido por Santos de esa negociación, abogaban para que esa decisión fuera administrativa y decidida por una resolución presidencial pues anticipaban que sería un problema transferirlo a la Rama Judicial.

Pero los juristas consideraron que siendo una decisión judicial tendría una mayor seguridad jurídica y ese era un punto clave para las Farc y para el Ejército. Así quedó.  Luego fue reglamentado por la ley 1820.

Tal como quedó redactada la ley era prácticamente imposible de aplicar por los jueces, porque entre otras cosas, no previó los diversos sistemas penales que conviven en la actualidad dependiendo del año en el que fue condenado el preso y hay varios guerrilleros que tienen procesos el sistema acusatorio, otros en el inquisitivo, otros en Justicia y Paz.  "La ley de amnistía quedó mal hecha", concluyó el representante en Colombia de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland.

Como no quedó bien, cuando los guerrilleros amenazaron con no dejar las armas en las fechas previstas si no salían las amnistías, el gobierno sacó el decreto 277 con reglas procedimentales para hacerla más aplicable.

“La ley quedó mal redactada y era inaplicable. Acompañada del decreto logramos que caminara”, dice la juez Shirley del Valle, coordinadora de los jueces de ejecución de penas.

Aún así, los jueces se siguen enfrentando a varios problemas prácticos.

Para pronunciarse de fondo sobre si procede o no la amnistía, la ley dice que los guerrilleros deben presentar el acta que suscriben para ser certificados comprometiéndose con el acuerdo de paz y con jamás volver a empuñar las armas contra el Estado. Los militares condenados deben presentar un concepto previo del secretario de la Jurisdicción Especial de Paz, que los juzgará posteriormente.

El Secretario de la JEP no ha dado abasto rindiendo los conceptos para los más de mil militares condenados, y eso se ha convertido en un cuello de botella para las amnistías de las fuerzas militares.

Para las de los guerrilleros, que son el problema más inmediato, el decreto le dice a los jueces que ellos deben acumular los procesos que tenga un guerrillero para con una sola decisión amnistiarlos u ordenar su libertad condicional y traslado a las zonas cuando cometieron crímenes de guerra.

Hacer eso no ha sido fácil. “Hay resistencia de acumular procesos”, le explicó la juez del Valle a La Silla. La razón es que el Código de Procedimiento Penal dice que se pueden acumular procesos cuando ya hay sentencia. Pero lo que se les exige ahora es que acumulen condenas con órdenes de captura o con sentencias no ejecutoriados. 

“En la cabeza de muchos jueces eso es casi imposible”, dice. “Los jueces dicen yo lo amnistió por el mío, pero no por las órdenes que tienen los fiscales”.

Porque si un juez quiere acumular todos los casos contra un guerrillero, le tocaría oficiar a los fiscales que tienen las medidas de aseguramiento para que tramiten la libertad. Pero establecer con certeza qué fiscales o qué jueces tienen esos otros procesos es una tarea titánica pues, según Del Valle "los sistemas de información de la Rama Judicial son obsoletos".

La Fiscalía, que es la institución más avanzada en este campo, creó un algoritmo para hacer búsquedas aproximadas en sus cuatro bases de datos y las dos de la Policía para encontrar todos los posibles casos que podrían ser de las personas que aparecen en el listado de las Farc, pues muchas veces los nombres que da la guerrilla no tienen la cédula correspondiente (o ha pasado que tienen cinco cédulas).

A veces, los fiscales que llevaron el caso son despachos que ya no existen. Hay otros casos de personas que fueron privadas de la libertad por ser del EPL o del ELN pero en algún momento fueron de las Farc y por eso aparecen en los listados.

Como esa labor es engorrosa y ya tienen una carga de trabajo muy grande, los jueces prefieren hacer su parte y no oficiar a los fiscales.

Eso ha llevado a que el preso llegue con el fallo de amnistía de un juez de ejecución de penas al Inpec para solicitar su libertad, y el Inpec le conteste que tiene otros diez procesos y dos órdenes de captura pendientes. Con lo cual, sigue preso.

Con las libertades condicionales de los que no pueden ser amnistiados automáticamente porque cometieron delitos muy graves, el cuello de botella es peor porque ahí el juez tiene que entrar a valorar si el delito lo cometieron dentro del conflicto armado.

En las capacitaciones, el Gobierno ha insistido en que esa valoración la debe hacer la JEP y no ellos, pero los jueces sienten que hasta que no entre a operar la justicia transicional, son los jueces los que tienen que hacer esa valoración. Un criterio que, además, sienten que la Corte Suprema ratificó con un fallo reciente.

En esta valoración a veces entra a jugar una especie de “objeción de conciencia” de algunos jueces que invirtieron años de su vida y muchos recursos del Estado investigando y juzgando a estos guerrilleros y que les cuesta trabajo dejarlos ahora en libertad. Más cuando las Farc mataron a policías judiciales y a jueces.

Esto empeoró después de que el gobierno sacara un decreto de habeas corpus en mayo para acelerar las amnistías. “Los jueces se sintieron molestos por la forma de presionar”, dijo Shirley. “Muchos jueces dicen: si lo que quieren es que nos pronunciemos como sea, entonces negamos de fondo”.

Dice que a esto se suma, el cubrimiento mediático negativo que ha tenido la libertad otorgada a guerrilleros responsables de delitos muy notorios como cuando se le concedió libertad condicional al 'cerebro' del atentado al Club El Nogal, en Bogotá. “Cada vez que los medios comentan, vienen a decir que somos corruptos”, agrega.

Para tratar de solucionar este problema, el gobierno se ha reunido con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y los jueces de ejecución de penas para pedirles que prioricen las amnistías de los listados de las Farc puesto que también están recibiendo las solicitudes de amnistías de otros que quedaron incluidos en el Acuerdo de las Farc como los condenados por lo que hicieron durante protestas sociales.  El ministro de Justicia les ha pedido personalmente a los jueces que por favor fallen las amnistías.

Pero como dijo una juez, "en la ley hay un nerviosismo de parte del legislaivo y ese nerviosismo lo trasladaron a la Rama Judicial".  Y como algunos problemas son estructurales de la Rama Judicial, como el de la falta de un sistema de información de casos consolidado o una cultura organizacional poco flexible, no se avizora una solución pronta.

Probablemente tendrán que sacar una nueva ley poniendo en cabeza de las Farc la obligación de entregar la información precisa sobre en qué juzgados están los casos de sus presos y en el Presidente la competencia de amnistiar u otorgar la libertad condicional por la vía administrativa a todos los que están en el listado validado de las Farc.

Pero mientras se encuentra esa solución, Santrich y los demás guerrilleros tendrán que decidir si comen o si se inmolan ante los problemas estructurales de la justicia.

Comentarios (8)

juan manuel rodríguez. c.

03 de Julio

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Son los problemas de las FARC, de una guerrilla que se entregó. Pero como su violencia afectó a todos los sectores sociales, el cese de sus acciones...+ ver más

Son los problemas de las FARC, de una guerrilla que se entregó. Pero como su violencia afectó a todos los sectores sociales, el cese de sus acciones ha sido objeto de los actos periodísticos y es histórico. Solo que su proyección política y social será inocua. Los errores estructurales de las FARC harán sonar las trompetas de su sepultura final. Por falta de entronque social. 

Juanita León

04 de Julio

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gracias por la corrección y la lección Héctor.

juanita

gracias por la corrección y la lección Héctor.

juanita

DIDUNDI

03 de Julio

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En una medida d presión extrema como esta, indicadora q el proceso normal no funciona, debe estar en juego algo + allá dl honor d las part...+ ver más

En una medida d presión extrema como esta, indicadora q el proceso normal no funciona, debe estar en juego algo + allá dl honor d las partes x quién sede primero, y es precisamente la obligación dl estado d preservar la vida.
En q' implicaciones legales jurídicas se ve el estado en cabeza dl gbno d turno cuando un huelguista d hambre muere x estos hechos?.

Jorge Ulises Casas Jerez

03 de Julio

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El caos en la llamada justicia es de una profundidad tal que es imposible responder a todo lo establecido a punta de leyes circunstanciales y decretos...+ ver más

El caos en la llamada justicia es de una profundidad tal que es imposible responder a todo lo establecido a punta de leyes circunstanciales y decretos dictados por oportunidades exigidas por los delincuentes de todas las tendencias de la criminalidad, que en última instancia no posee diferencias de fondo en ese acuerdo con ella firmado por Santos con el embeleco de la paz

José Saramago - 0

03 de Julio

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ehi, ehi, ehi, ... esperen un momento: ¿“.. presos políticos..”?
¿de cuando acá sujetos como el que puso la bomba en el Club el Nogal o ef...+ ver más

ehi, ehi, ehi, ... esperen un momento: ¿“.. presos políticos..”?
¿de cuando acá sujetos como el que puso la bomba en el Club el Nogal o efectuaron horribles masacres como la de 'La Chinita' o los responsables de la muerte de los secuestrados en campos de concentración o los diputados del valle como alias 'Martin Sombra' son “presos políticos”?
¡hasta donde hemos llegado!.

julia gutierrez

04 de Julio

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Si se muere hambre....sería uno menos ! 

Si se muere hambre....sería uno menos ! 

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