Por Laura Silva · 05 de Abril de 2017

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En medio del proceso de renovación urbana que vive Cali con la puesta en marcha del proyecto Ciudad Paraíso, los propietarios de San Pascual, uno de los tres barrios afectados por el proyecto, se han convertido en la piedra en el zapato del proyecto estrella de la Alcaldía y de los empresarios privados del gremio de la construcción del Valle.

Por un lado la Empresa municipal de renovación urbana - Emru y los inversionistas privados dicen que el proceso beneficiará a la ciudad devolviéndole una de las partes que le fue arrebatada por la indigencia, el microtráfico y la delincuencia.

Por otro, los líderes de la Junta de acción comunal de San Pascual insisten en que el proyecto fracasará porque no fue construido “con” sino “en contra” de la gente del sector y además no está respaldado por una política municipal fuerte que garantice que quienes salgan del centro tengan mejores condiciones de vida y que su situación no se convierta en otro problema aún mayor para Cali.

En el fondo, el malestar de los propietarios de las casas ubicadas entre las carreras 15 y la 13 y la calle 13 y la 15, las cuales hacen parte de la zona que será renovada, es que se los está tratando de la misma manera que al resto del sector y a los habitantes del Calvario o de Sucre, donde la mayor parte de la población son habitantes de calle o se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad.

“Son siete cuadras de las 16 de San Pascual las que hemos podido blindar de la problemática fortaleciendo el tejido social”, le dijo a La Silla Carlos Córdoba secretario de la Junta de acción comunal de San Pascual.

El lío es que los vecinos de San Pascual están buscando aliados para oponerse al proyecto, algo que si bien no preocupa a la Alcaldía, a largo plazo puede retrasar la puesta en marcha de Ciudad Paraíso.

Los problemas con el plan

Ciudad paraíso es, según el Alcalde Maurice Armitage, el proyecto que transformará a Cali convirtiéndola en una ciudad sostenible, incluyente y equitativa. Su meta es que todo quede listo antes de terminar su administración.

El proyecto surgió en el 2009 durante la administración de Jorge Iván Ospina como una propuesta de renovación que buscaba llevar a vivir familias de estrato medio alto y alto a sectores del centro que desde hace ya varios años son conocidos como las grandes ollas de la ciudad. Sin embargo, éste debió reformularse porque tal como estaba planteado era inviable.

Desde el 2014, durante la alcaldía de Rodrigo Guerrero, el proyecto se ratificó y Ciudad Paraíso le apostó a las familias y comerciantes de estratos medios a través de la construcción de locales, viviendas de interés social y apartamentos estratos tres y cuatro.

La modificación realizada por Nelson Londoño, arquitecto y gerente de la Emru, y su equipo social y técnico, no sólo hizo viable el proyecto de renovación urbana para el municipio, sino que además lo convirtió en un proyecto llamativo para los inversionistas del sector privado que se han propuesto volverlo una realidad.

De la mano de la Alcaldía y los empresarios, la Emru diseñó cuatro planes parciales para construir Ciudad Paraíso: la ciudadela de la justicia (donde se construirá el búnker de la Fiscalía General de la Nación y oficinas), el plan parcial El Calvario (donde estarán el centro comercial Paraíso y la estación central del Mío), San Pascual (en donde se construirán viviendas y locales comerciales) y Sucre (vivienda social).

En el caso de la ciudadela de la justicia y el Calvario el proyecto ha ido tomando forma con las demoliciones de las viviendas y estructuras que ya fueron adquiridas por el municipio.

Pero en San Pascual apenas arrancó la etapa de negociación y compra de predios. El costo aproximado del plan será de 72.275 millones de pesos y será asumido en su totalidad por las 35 empresas vallecaucanas del sector de la construcción pertenecientes a los gremios Camacol Valle, la Lonja de propiedad raíz de Cali y el Valle, y la Cámara colombiana de la infraestructura de occidente, organizadas en la Alianza para la renovación urbana.

Algunas de estas empresas son Gases de Occidente, Grupo Argos, Comfandi, las constructoras Bolívar, Jaramillo Mora, Alpes, Meléndez y Colpatria, y el Grupo Empresarial del Valle GEV, del cual hace parte la empresa de Armitage, la Siderúrgica de Occidente.

“Aunque en Colombia el sector público y el privado no estaban acostumbrados a trabajar juntos, hasta ahora lo hemos logrado sacando adelante el plan parcial San Pascual. En este caso el municipio no tenía recursos y nosotros no teníamos suelo, así que esta oportunidad nos permite salir adelante”, le dijo a La Silla Sonia Fabiola Amaya, directora de la alianza.

Mientras para la Emru y para los inversionistas la iniciativa para transformar 30 manzanas es un éxito, para los propietarios del San Pascual será un fracaso.

Según los líderes de la Junta de acción comunal del barrio que representa cerca del 50 por ciento del territorio a renovar, la Emru no los ha tenido en cuenta ni en el diseño ni en la socialización del plan. En cambio, los ha tratado de la misma manera que al resto de la población intervenida, a pesar de que ellos han logrado mantener su zona blindada de la violencia, la delincuencia y el microtráfico.

“Aunque ellos dicen que sí han socializado el plan, la comunidad se siente excluida porque no ha sido así. Acá nos hemos esforzado por construir tejido social a través de la junta de acción comunal y hemos mantenido esta zona organizada y sin los problemas de Sucre o El Calvario. Pero ellos quieren sacarnos de cualquier manera,” dice Fernando Pérez, presidente de la junta.

Para la Emru eso no es cierto, pues dicen que tienen opciones para propietarios, como son la mayoría de los residentes de San Pascual, como para arrendatarios, como los de los demás barrios.

Los primeros pueden optar por el pago de contado de sus viviendas, 180 días después de la compra, el intercambio de su vivienda por otra en el nuevo San Pascual, o el parqueo, que es cuando el propietario pone el valor de su propiedad en una fiducia por un año o más. Cuando los propietarios deciden voluntariamente vender su propiedad, obtienen beneficios como la exención tributaria y la exoneración durante 10 años del impuesto de industria y comercio (en caso de que tengan negocios) y durante 5 años del impuesto predial.

En el caso de los arrendatarios o inquilinos, la empresa les ofrece acompañamiento durante el traslado y los vincula en las actividades del plan de gestión social.

Aún así, la comunidad no está convencida. “En la vida no todo es plata y por eso esto es un proyecto muerto. Ciudad Paraíso va a quedar rodeada de ollas como la de la parte de Sucre que el proyecto no va a intervenir, o Guayaquil y San Bosco. El problema es que todos los que sacaron del Calvario allá van a ir a dar y ¿quién va a querer vivir en un lugar rodeado de pobreza, delincuencia y consumo de drogas?,” agregó Carlos Córdoba.

Para la Emru, estos problemas se salen de las manos de la empresa e incluso de los procesos de renovación en general.

Según le dijo a La Silla Ana Elizabeth Murillo, directora del plan de gestión social, “por la concentración de habitantes de la calle que hay en estos sectores el proceso de renovación urbana va a remover cosas. Pero a la empresa por competencia no le corresponde resolverlo, ella puede llegar hasta brindar la oferta institucional para mejorar las condiciones, pero no se puede obligar a un consumidor que deje de hacerlo”.

“La Emru no puede resolver todos los problemas de la ciudad, por eso busca apoyo y se asocia con otros sectores como los privados”, dice Londoño, e gerente.

Pero más allá de generar espacios públicos “para todos” e incluir personas que históricamente han permanecido por fuera del proyecto de ciudad, lo que el municipio y los inversionistas buscan es poder generar recursos económicos dinamizando el sector de la construcción, legalizando predios y obligando a comerciantes informales a formalizarse y responder con los impuestos, como se lo confirmó a La Silla la directora de la Alianza.

Las redes

Si bien la negociación de los 480 predios de San Pascual adelantada por la Emru lleva menos de un mes, la tensión en el ambiente ha venido creciendo desde el 2014 cuando la gente se dio cuenta que Ciudad Paraíso ahora sí iba en serio.

Según le dijo Londoño a La Silla, “una vez se haga la oferta de compra con base en la negociación y en el avalúo del predio, el propietario tiene 30 días para tomar una decisión. Si dicen que no, se recurre a la expropiación. Pero hasta ahora hemos tenido muy poco casos”.

Ante la presión de la Emru, los miembros de la Junta de acción comunal buscaron la manera de aliarse con otros opositores no sólo del proyecto, sino de la actual administración municipal, y así visibilizar sus demandas para lograr o que se saquen las manzanas que no se encuentran deterioradas del plan, o que las negociaciones sean justas para estos propietarios que llevan más de 70 años en el barrio.

Uno de ellos es Sintraemcali, el sindicato de Emcali que desde hace tiempo viene luchando por no ser privatizada.

“Nosotros desde el 2012 empezamos a hacer foros para informar a la comunidad de San Pascual sobre lo que se venía con el problema de la renovación urbana”, le dijo a La Silla uno de los miembros de ésta organización.

Sintraemcali también ha apoyado con piezas comunicativas como volantes y comunicados, y con su participación en eventos para recolectar fondos para tramitar las demandas de los propietarios.

Acciones que han surtido efecto. De hecho la semana pasada la Emru emitió un comunicado en el que “pone en alerta a los residentes del área de renovación urbana del centro de Cali, para que estén atentos a las declaraciones de gente inescrupulosa que difunde información y documentos falsos, con fines desconocidos”

Esto se ha convertido en un dolor de cabeza para la Emru porque, según le dijo a La Silla una de las fuentes que conoce el proyecto por dentro, “los que están en contra de la renovación como Sintraemcali o Patricia Molina se han dedicado a boicotear las socializaciones y lanzar comunicados masivos falsos y la gente les cree. Lastimosamente la Emru no tiene cómo responder porque la relación con la gente del sector ha sido difícil desde el principio”.

La fuente se refiere a la concejala del Polo Patricia Molina del grupo político del senador de ese partido Alexander López. Ellos son opositores declarados de Maurice Armitage y por eso la comunidad de San Pascual los ha buscado para que los apoyen.

“Los de la Jac les pedimos que nos ayudaran porque nos iban a sacar y sobre todo Patricia nos ayudó dándonos voz en el concejo. Ella le cedía su vocería a la comunidad y ahí podíamos hablar y decir lo que la Emru no ha querido oír. Así se volvió una aliada de la comunidad” cuenta Córdoba.

Según la fuente que conoce el proyecto “dentro del abanico de intereses de los opositores al plan y en general al proyecto, el sindicato, la concejala y el senador lo que están buscando es votos y puestos políticos”.

Lo que para Molina es una gran mentira porque además, significaría que están cometiendo un delito.

“A nosotros nos ofrecen muchas cosas en la política pero nos hemos mantenido limpios. Ellos dicen eso porque yo soy la piedra en el zapato en el concejo de Cali. De hecho yo no estaría en contra de la renovación si fuera un proceso distinto, pero lo que pasa aquí es que Guerrero hizo esto para favorecer a sus amigos inversionistas en contra de la gente,” dice.

Frente a este escenario Carlos Córdoba, presidente de la Jac tiene una postura clara. Según él “una mano lava otra mano y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y si llegan Alexander y Patricia y nos dan apoyo, nosotros nos les pegamos y también los apoyamos porque esto es un proceso político” agregó el secretario de la jac.

En últimas lo que piden los propietarios de San Pascual es que tanto la Emru como el municipio tengan en cuenta las condiciones de sus viviendas y las diferencias entre éstas y las de las otras zonas del proyecto.

“Nosotros ya sabemos que nos tenemos que ir. Pero queremos que nos den lo que es por nuestras casas y que nos paguen de contado. No que nos hagan promesas y luego salgan con nada como ya les ha pasado a los bodegueros que sacaron del Calvario”, dijo otro de los líderes del barrio a La Silla.

Pero Londoño ha mantenido su posición diciendo que las negociaciones son justas y que la Emru no puede pagar más de lo que está estipulado por ley. Incluso tanto la empresa como la Alcaldía han deslegitimado los reclamos y las advertencias de la comunidad de San Pascual diciendo que se basan en intereses particulares y politiqueros.

Por ahora los vecinos de San Pascual siguen buscando aliados para oponerse a Ciudad Paraíso. Falta ver si al final con tanto movimiento lo que hoy es una piedra en el zapato no se termina convirtiendo en un obstáculo más grande para el proceso de renovación urbana de Cali. 

Aunque la Emru y la Alianza para el progreso digan que debe primar el interés común por sobre los particulares, Ciudad Paraíso deberá demostrarle a los caleños que los propietarios de San Pascual se equivocan y que la renovación, tal como está planteada, funciona. Así demostrarían que no es sólo un asunto de cambiar de un lugar a otro los grandes problemas de la ciudad, como el microtráfico y la pobreza, y favorecer los intereses económicos de grandes empresas.

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