Por Laura Ardila Arrieta · 15 de Marzo de 2017

José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios. (Foto tomada de: Dinero)

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Cuatro meses después de haber comenzado a intervenirla, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció que liquidará Electricaribe, la empresa privada que en siete de los ocho departamentos de la región presta el servicio de la energía que consumen unas 10 millones de personas. Debido al caos en la operación, la noticia fue celebrada por ciudadanos en redes y políticos costeños que pedían a gritos la salida de la compañía española. Sin embargo, para que llegue un nuevo operador y mejore la calidad aún falta entre uno y dos años, si no es más.

 

Por ahora, la Superservicios continuará administrando la intervenida empresa y garantizando la prestación del servicio, pero con las mismas redes obsoletas del privado que explican en buena parte las continuas fallas y cortes. Así, los españoles pierden del todo el control de la compañía y se van, pero en la práctica Electricaribe y lo que ésta significa sigue un tiempo que será más de lo que muchos pueden estar creyendo.

¿Qué tiene que pasar para que salga definitivamente?

El Estado tiene que vender los activos de Electricaribe, que es dueña de la infraestructura local para distribuir energía (redes, postes, cables, estaciones) porque la compró a fines de los 90, y con esa plata pagarle a sus acreedores.

La empresa está quebrada, debe 2,4 billones de pesos y tiene un pasivo pensional estimado en 700 mil millones de pesos, que podrían ser más pues el Gobierno cree que no está bien calculado.

Para hacer eso, lo primero que tiene que hacer la Super es armar un equipo especializado, en el que planean tener expertos internacionales, para crear un “cuarto de datos”, que es un espacio en el que la información normalmente privada de una compañía es puesta en conocimiento de los interesados en comprarla.

Después se elegirá al comprador que más ofrezca a través de una subasta pública.

Ese comprador tendrá que cumplir una condición, que según nos explicó el superintendente José Miguel Mendoza no es una regla en los procesos de liquidación a privados, y es que al hacerse a los activos quedará con la obligación de entrar a operar el servicio y hacer las inversiones que se necesitan en las redes para mejorar la calidad del mismo.

Esa particularidad, de entrada, anticipa que un trámite que de por sí es complejo podría ser incluso menos sencillo porque además de que las redes están viejas y necesitan mantenimiento, lo cual podría ser un desestímulo para cualquier inversionista, el que las compre deberá invertir inmediatamente en ellas para poder prestar un buen servicio y que no le pase lo que a Electricaribe.

¿Cuánto? El agente interventor de Electricaribe, designado por la Super, estableció unos supuestos de inversión que debía hacer esa compañía de aquí a 2024, que van de entre 250 y 300 mil millones de pesos anuales. Eso da una idea de los recursos que podría necesitar el nuevo operador.

Aunque, en el Gobierno creen que para muchas empresas del sector éste sería un gran negocio porque el operador entrante no tendría encima el lastre de las deudas de Electricaribe.

Además, actualmente en el Caribe la demanda en el mercado de la energía está creciendo el doble frente a lo que crece en el resto del país.

“Tu aquí no sólo estás comprando cables, de alguna manera estás comprando clientes y eso ya es un activo. El Caribe se mueve, se están desarrollando los puertos, yo creo que sí hay interesados. La pregunta es en cuánto van a aceptar comprar”, nos dijo una fuente del alto Gobierno que prefirió que se omitiera su nombre.

Ese monto es clave y estará definido por los números que averiguen los expertos que creen el "cuarto de datos". Si la plata de la venta de los activos de Electricaribe no alcanza para pagar todas sus deudas, el Estado sólo las asumiría en los casos que afecten a los trabajadores, como por ejemplo el pasivo pensional. Sin embargo, éste, por ley, está priorizado en la lista de acreedores, con lo cual sin importar el valor final de la compañía seguramente será tema resuelto.

Y si por el contrario hay un remanente, éste le sería entregado a Gas Natural Fenosa, la trasnacional española dueña de Electricaribe.

Sobre los interesados en participar en la subasta ya hay, de hecho, algunos empresarios que se han acercado a donde el ministro de Minas Germán Arce para expresarle su deseo de estar allí, como nos lo aseguró la misma alta fuente de Palacio.

Congresistas costeños que se han movido bastante para protestar por las deficiencias en el servicio que presta Electricaribe, como los cordobeses David Barguil (conservador) y Sara Piedrahíta (La U), creen que una buena opción podrían ser las Empresas Públicas de Medellín.

Éstas hoy tienen una restricción porque ya están en el límite de mercado permitido por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) para comercializar energía.

No obstante, el Ministro Arce nos confirmó que esta restricción, que en todo caso no incluye la distribución de energía (es decir, EPM podría distribuirla pero no comercializarla), “se va a analizar” este año.

Eso quiere decir que hay una posibilidad de que la regla de la CREG cambie y EPM pueda participar en la subasta pública por los activos de Electricaribe.

En cualquier caso, la realidad es que no habrá nuevo operador de energía en el Caribe ni mañana ni en un mes.

El Superservicios Mendoza nos explicó que un proceso de estos con un privado o con un ente público puede tardar años y de hecho la ley no impone plazos. Por ejemplo, las Empresas Públicas de Quibdó están en liquidación hace 12 años.

Sin embargo, agregó que la entidad a su cargo comenzará a trabajar enseguida para intentar culminar todo el trámite en un año.

Otra fuente conocedora, que prefirió no decirlo en micrófonos, es menos optimista y dice que por bien que salga todo la liquidación tomará al menos dos años.

“Hay procesos de estos que se han sacado relativamente rápido, pero en un solo departamento. Aquí estamos hablando de una empresa grande que atiende siete departamentos y tiene 2,5 millones de usuarios”, señaló esa fuente.

Si a ese tiempo le sumamos lo que tarden en ejecutarse las obras de inversión que el nuevo operador tendría que hacer en las redes y en todo el sistema de transmisión local (que es algo así como la carretera por la que transita la energía), podríamos estar hablando de entre dos y tres años para que en la Costa se sienta una contundente mejora en la prestación del servicio.

Es decir, para que se sienta que Electricaribe se fue.

Pese a eso, en cualquier caso el panorama para la gente del Caribe que padece unas 92 horas en promedio al año sin luz, según datos de la Superservicios, hoy pinta mucho más claro que hace cuatro meses, cuando la región estuvo ad portas de un apagón general porque Electricaribe no le pagaba a tiempo a las generadoras de energía.

Además, según datos oficiales del Ministerio de Minas se están realizando las obras de inversión por 3,4 billones de pesos para mejorar los sistemas de transmisión nacional y regional (a cargo del Estado) que se acordaron en el llamado Plan 5 Caribe.

Esa fue la iniciativa que en 2015 se ideó el Gobierno para resolver el caos en la prestación del servicio de luz en la región. El proyecto contemplaba inversiones por 4 billones de pesos a cargo del Estado y de Electricaribe. Esta última, no obstante, no cumplió con lo que le tocaba invertir en el sistema de transmisión local por sus problemas financieros.

Los proyectos que al respecto adelanta el Gobierno son 39, de los cuales 35 están en ejecución. Y si bien no resuelven el problema de la calidad del servicio, que principalmente está en el sistema local, sí generan ciertas mejorías.

“La luz se va por muchas razones, entre ellas porque el sistema se sobrecarga pues no tiene la capacidad de soportar la demanda creciente del Caribe. Invertir en los sistemas de transmisión nacional y regional le da fortaleza a todo el sistema eléctrico del Caribe”, explicó en detalle el Ministro Arce.

Así es como, aunque no será inmediatamente, literalmente se comienza a ver la luz al final del túnel del dolor de cabeza en el que se convirtió para los costeños su servicio de energía.

Y mientras la liquidación se concreta, la española Gas Natural Fenosa, que venía dialogando en Palacio para buscar una solución al problema de Electricaribe, sacó un comunicado advirtiendo que así las cosas llevará el caso a las instancias internacionales competentes para que allí lo resuelvan e insistió en lo que ha dicho siempre el operador para justificar su mal servicio y hasta pedir indemnizaciones: que no hacen inversiones porque los costeños hacen fraude y no pagan las facturas, pese a que en la intervención la Super encontró que sus problemas financieros tienen que ver con su mala gestión.

Un anuncio de demanda que estaba cantado y pese al cual el Gobierno se dio esta pela.

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