Por Tatiana Velásquez Archibold · 11 de Julio de 2017

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El proyecto de ley que busca regular las fotomultas en el país está listo para sanción presidencial después de dos años en el Congreso. Pero, a pesar de la bulla mediática en ese sentido, por ahora no pondrá en cintura a las polémicas concesiones vigentes en todo el país, incluidas las que tienen en el Caribe los súper poderosos hermanos Christian y José Manuel ‘el Yuyo’ Daes Abuchaibe con su empresa Construseñales.

La iniciativa, autoría del senador de Opción Ciudadana Mauricio Aguilar y de otros tres congresistas, busca regular los comparendos electrónicos a nivel nacional, que en los últimos años han generado todo tipo de denuncias.

Se trata de un sistema de cámaras instaladas en las calles y carreteras para ‘cazar’ a los conductores que no respeten los límites de velocidad ni los semáforos, pero muchos ciudadanos se quejan por la unilateralidad de las sanciones y porque en varias ocasiones éstas no son notificadas.

Los dos grandes cambios que trae el proyecto del congresista Aguilar, sin embargo, no afectan a las concesiones actuales.

Primero, a partir de la sanción presidencial, la instalación de las cámaras dependerá del Ministerio de Transporte y no de las secretarías e institutos de Tránsito, que han tenido la autonomía junto a los concesionarios para la ubicación de estos dispositivos electrónicos. Y el otro cambio importante será que el porcentaje que los privados recibirán por el recaudo de las infracciones no podrá pasar del 10 por ciento.  

Todo esto aplicará, según la misma iniciativa, a los negocios que se entreguen desde la entrada en vigencia de la ley. Por ello, los reyes actuales de las fotomultas en el país respiran tranquilos.

Las concesiones de los Daes

En el Atlántico hay cinco concesiones de fiscalización electrónica y detrás de todas están los Daes, megacontratistas de Barranquilla durante la era Char cuyo poder históricamente había pasado de agache.

Además de las fotomultas en Atlántico (Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, vías intermunicipales y Soledad como miembros de una unión temporal), los Daes manejan las de los municipios de Corozal (Sucre), Arjona (Bolívar) y La Dorada y Chinchiná (Caldas). Esta última está suspendida desde el año pasado por una decisión judicial, pero las infracciones previas al fallo siguen vigentes. 

Pero en el Caribe son las de Barranquilla y las vías intermunicipales del Atlántico las que más recursos les generan porque son las que más cámaras tienen.

Los hermanos Daes manejan las fotomultas a través de su empresa Construseñales SA, fundada hace 22 años, precisamente para recibir la concesión de amoblamiento urbano que inicialmente era para administrar el mobiliario y la señalización en Barranquilla. Luego, a través de un otrosí que firmó el alcalde Alejandro Char en 2010, se le agregaron las fotomultas. Ese contrato está vigente hasta 2027.

Desde 2010, en Barranquilla se han instalado cámaras por toda la ciudad, que hoy suman 56, y se han impuesto 744 mil multas. Por esas infracciones electrónicas, Construseñales ha recibido cerca de 11 mil millones de pesos de los 30.663 millones recaudados.

Esa firma y el Distrito tienen pendientes por recoger 187 mil millones de pesos, que están en cartera y en cobros jurídicos, según respondió la Secretaría de Movilidad un derecho de petición.

La otra concesión grande que maneja Construseñales en Atlántico son las 14 cámaras instaladas en las vías intermunicipales, después del contrato que el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito le adjudicó en 2011 por 12 años. Esas cámaras generan unos 60 mil comparendos y un recaudo cercano a los cuatro mil millones de pesos cada año.

La plata que por comparendos de Barranquilla recibe Construseñales equivale al 35 por ciento del recaudo y al 45 por ciento en Atlántico, según establece cada contrato.

Esos porcentajes están por debajo de lo que reciben los privados en municipios como Villa del Rosario y Ocaña, en Norte de Santander, con el 64 y 60 por ciento, respectivamente. Pero por encima de Zipaquirá (Cundinamarca) y Cali con el 25 y 34 por ciento, cada una.

Lo que sí podría cambiar a mediano plazo es el número de cámaras que funcionan en el departamento, ya que según el proyecto aprobado las actuales concesiones tendrán que justificarle al Ministerio de Transporte cuáles fueron los criterios técnicos de su ubicación.

Esto, porque ya no serán los secretarios de Tránsito ni el concesionario los que tendrán la discrecionalidad para las instalaciones, como ha ocurrido durante los últimos siete años en Atlántico y el resto del país. 

Por eso, las fiscalizaciones electrónicas vigentes  tendrán 180 días, una vez reglamentada la ley, para presentar ante el Mintransporte un informe técnico en el que detallen cámara por cámara. Hecho que deja abierta la posibilidad de que les tumben aquellas que no estén suficientemente soportadas.

Por lo anterior, el “freno” a las fotomultas que algunos anunciaron, por ahora no se verá.

En el caso Caribe, el contrato de Barranquilla termina en 2027, el del Atlántico en 2023 y los de Arjona y Corozal en 2028.

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