Por Juan Pablo Pérez B | Wietse Neven · 16 de Abril de 2017

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Un poco más de un año después de que publicamos nuestro propio Crimen y Castigo, un especial en donde contamos más de 80 homicidios cometidos en la localidad de Suba, en Bogotá, pudimos corroborar que, pese a los esfuerzos de la política de priorización de la Fiscalía para enfocarse en casos más graves, el desenlace de nuestra historia todavía dista mucho del de la de Dostoyevski.

Creada por el entonces Fiscal General Eduardo Montealegre en 2012, busca organizar la forma en la que la Fiscalía decide meterle la ficha a unos casos (darle más recursos técnicos y logísticos) y no a otros, algo que ocurría en la práctica sin criterios claros. Ahora hay tres criterios: el objetivo, el subjetivo y el complementario. El primero consiste en evaluar la gravedad de los efectos del crimen, como la cantidad de víctimas, si es sistemático o hasta dónde afectó algunos derechos fundamentales. El subjetivo evalúa las características de la víctima y del victimario, para priorizar los que afectan a poblaciones vulnerables, servidores públicos o defensores de derechos humanos, o los que comete una persona que es parte de una estructura criminal. El complementario evalúa la dificultad para investigar y judicializar un caso, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de pruebas y los recursos materiales y de personal que tiene Fiscalía para sacarlo adelante. A diferencia de los otros, que buscan castigar los más graves, éste quiere asegurarse de que haya justicia por lo menos en los casos más fáciles. Al final, la Fiscalía prioriza primero los casos con más impacto que sean fáciles, luego los de impacto pero difíciles, después los de menos impacto que sean fáciles y al final los de bajo impacto y difíciles.

Así, mientras en la novela el protagonista, tras matar a dos hermanas, termina pagando su condena en un campo de concentración en los confines de Siberia, en Suba sólo 4 de los 80 asesinos están siendo castigados por el crimen que cometieron.

Aunque le preguntamos a la Fiscalía por el avance de los procesos de los 81 asesinatos, sólo pudimos obtener datos de 19 por falta de información suficiente (como nombres, apellidos o número de identificación) de los demás.

De estos 19, sólo 9 han pasado de la etapa de indagación -que es la inicial y cuando todavía no hay un sospechoso claro-, 4 ya tienen condenados, 3 tienen una persona acusada que está en juicio y en 2 la Fiscalía ya le imputó cargos a alguien pero no lo ha llevado a juicio (técnicamente, están en investigación).

En estos 9 homicidios había un sospechoso que fue capturado a los pocos minutos del crimen. En cambio, de los otros 10 sólo uno tuvo un capturado similar.

Ésto muestra que lo que determina que una investigación avance es lo que sucede, como han dicho algunos estudios y repite la cultura popular, en las primeras 48 horas.

Por eso, aunque la política de priorización dice que se deben poner más recursos en los homicidios de mayor impacto social (como los de niños o defensores de derechos humanos) y menos difíciles, estos casos señalan que el criterio de la facilidad es el que en la práctica está definiendo qué casos avanzan.


Éstos son los 19 casos, su gravedad, lo que ya se había avanzado cuando escribimos sobre ellos en Crimen y Castigo y qué tan avanzado va su camino hacia una sentencia:

 

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