Por Jineth Prieto · 11 de Julio de 2017

2807

1

 

El proyecto de ley que busca regular las fotomultas en el país está listo para sanción presidencial después de dos años en el Congreso. Pero, a pesar de la bulla mediática, por ahora no pondrá en cintura a las polémicas concesiones vigentes en todo el país.

La razón está en que aunque le pone un tatequieto a la instalación de cámaras y las sujeta a un estudio que debe ser avalado por el Ministerio de Transporte, el artículo que limitaba la participación de los privados y le ponía un techo del 10 por ciento (actualmente el negocio les daba rentabilidad de hasta el 85 por ciento) solo regirá a futuro.

La Silla revisó los cuatro contratos que se han firmado para este fin en los dos santanderes y encontró que todos los municipios tienen sus propias particularidades.

Mientras que en Villa del Rosario el privado se queda con el 80 por ciento del recaudo; en Los Patios solo en ocho meses se han impartido 60 mil multas (En Floridablanca, Santander, en ese mismo periodo se emitieron 37 mil); y en Ocaña y Floridablanca el negocio está en manos de poderosos locales.

El dato curioso del proyecto para los santanderes está en que fue impulsado en el Senado por el santandereano Mauricio Aguilar y en la Cámara por el representante nortesantandereano Wilmer Carrillo.

Este es el panorama de las fotomultas en las cuatro concesiones de los dos santanderes.

Villa del Rosario

Dueño: Emporio de Alfonso 'El Turco' Hilsaca
Integrantes privados: Cira S.A.; AGM Desarrollos S.A.S. y Gcsi S.A.S.
Valor de la concesión: No se tasó el valor del contrato.
Distribución de ganancias: 80 por ciento para el privado y 20 por ciento para el público.
Tiempo de la concesión: 30 años

En el contrato que se firmó en 2013 entre la Alcaldía de Villa del Rosario y Villa del Rosario S.A.S - la empresa mixta que el municipio creó con un consorcio integrado por la Compañía Integral de Recuperación de activos S.A. Cira S.A.; AGM Desarrollos S.A.S y Gestión, Consultoría y Servicios Integrales S.A.-, quedó estipulado que el 80 por ciento del valor de las sanciones irían para la recién creada firma y que el municipio recibiría el 20 por ciento restante. 

La Alcaldía además recibe 16 por ciento adicional porque es dueña del 20 por ciento de Villa del Rosario SAS, por lo que en total se queda con el 36 por ciento del recaudo de las multas y el privado con el 64 por ciento. 

AGM Desarrollos SAS, es de propiedad del controvertido empresario barranquillero, Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien es conocido por los líos que enfrenta con la justicia y por el poder que ha amasado en el Caribe a partir de concesiones de alumbrado público, amoblamiento urbano y tránsito, inició su expansión en Norte de Santander. 

Además de la concesión de las fotomultas de Villa del Rosario, el grupo empresarial de Hilsaca se ha ganado otras siete millonarias concesiones de alumbrado público en Norte de Santander que durarán entre 19 y 30 años en el mismo número de municipios de ese departamento (la última fue en Cúcuta).

El contrato tiene una duración de 30 años. En los primeros dos años, según los compromisos pactados en el contrato, el concesionario debe invertir $5 mil millones en una nueva sede para la Dirección de Tránsito con dotación y software incluido, instalar 12 semáforos, y la instalación de 4 cámaras fijas para hacer las fotomultas, con su respectiva señalización. 

En los 28 años restantes solo deberá encargarse de la operación y mantenimiento de los equipos que instalaron; además, deberán asesorar a la Dirección de Tránsito, pero en el contrato no se especifica en cuáles actividades.

La concesión ha sido especialmente criticada porque parte de las cámaras están instaladas en el principal paso vehicular fronterizo entre Venezuela y Colombia y gran parte de las infracciones terminan en carros extranjeros que antes no eran sancionados con severidad. Solo en los primeros cuatro meses de operación se impusieron 1.410 sanciones.

Además el contrato está en la mira de entes de control porque desde que se formularon las condiciones para seleccionar al operador privado no quedaron claros los criterios que sirvieron para formular las condiciones y hay denuncias relacionadas con que  porque el contrato habría sido diseñado para favorecer la propuesta ganadora, que a la postre, fue la única que se presentó.

Los Patios

Dueño: Contratistas hasta ahora desconocidos en el municipio.
Integrantes privados: ID System SAS, JGH Gestión SAS, Microshif SAS, Sistemas de Control de Tránsito Ltda.
Valor de la concesión: $2.135 millones que se tasaron en la inversión que haría el privado.
Distribución de ganancias: 33,6 por ciento para el público, 77,4 por ciento para el privado.
Tiempo de la concesión: 15 años

El contrato cerró con único oferente y se tasó en poco más de $2 mil millones, pero, según cifras de la Dirección de Tránsito, en ese municipio se han levantado alrededor de 60 mil comparendos en los primeros ocho meses de su ejecución, que equivaldrían al recaudo de alrededor de $21 mil millones.

El operador privado es una unión temporal que resultó de la alianza de ID System SAS, JGH Gestión SAS, Microshif SAS, Sistemas de Control de Tránsito Ltda. Las dos primeras empresas son asiduas contratistas en Santander, Norte de Santander y el Cesar y se mueven en la industria de tránsito (suministro de materiales para licencias, de placas, así como en el cobro de cartera).

El contrato fue tasado en $2.135 millones, que fue en lo que se calculó la inversión inicial del concesionario, se firmó a 15 años y la distribución de las ganancias quedó en el 33,6 por ciento para el público y el 77,4 por ciento para el privado.

La concesión ha generado tanto rechazo que desde el 4 de abril -a siete meses iniciada la operación de las fotomultas-, un grupo de ciudadanos se unieron para recoger firmas y buscar por ese mecanismo que se anule el contrato.

Aunque no es tan claro que ese mecanismo les funcione, el hecho de que los promotores, en cabeza de Miguel Reyes, un político del municipio, lleven más de 13 mil firmas recogidas, cuando necesitan 8 mil, da una idea de la magnitud de la oposición que tiene la concesión.

Debido a que los contratistas no eran muy conocidos en el municipio no hay muchas referencias de sus relaciones políticas; sin embargo, el exdirector de Tránsito, José Gilberto Villamizar, quien fue el que firmó el contrato es quien ha estado en la mira de los opositores al sistema.

"Él no sale de las oficinas de la unión temporal, parece que fuera el jefe", le dijo a La Silla un político local.Uno de los líderes del municipio también nos dio esa versión.

El contrato está siendo investigado porque su formulación no contempló sanciones para el contratista en caso de que incumpliera con las metas de la inversión.

Ocaña

Dueño: Contratistas y financistas de campañas
Modalidad: Licitación
Integrantes privados: A.G.E. Ingeniería S.A.S, y Sistemas y aplicaciones en línea S.A.S.
Distribución de ganancias: 60 por ciento para el privado y 40 por público.
Valor en el que se tasó la concesión: $3.349 millones
Tiempo de la concesión: 15 años.

El 10 de octubre de 2015, a poco más de dos meses de culminar su administración, el entonces alcalde, Jesús Antonio Sánchez Clavijo, le entregó el contrato de la concesión de las fotomultas a un consorcio que resultó de la unión de dos empresas: A.G.E. Ingeniería S.A.S, y Sistemas y Aplicaciones en Línea S.A.S. Fue el único proponente.

La primera es la conocida en Ocaña. Es de propiedad de Fabián Leonardo Torrado Álvarez, un contratista de obras de infraestructura, que es allegado a la actual alcaldesa de Ocaña Miriam Prado, y que, según tres fuentes del municipio, dos de las cuales son políticos, es aliado del actual concejal azul José Fernel Peñaranda.

Aunque la concesión fue aprobada desde octubre de 2015, solo inició operaciones hasta septiembre de 2016. Sin embargo, entretanto Torrado Álvarez recibió otro contrato directo que firmó la actual alcaldesa, Miriam Prado, y que le delegó la prestación de servicios de impresión de licencias, tarjetas de propiedad, expedición de placas, y el cobro de la sistematización, que son labores que también estaban incluidas en la concesión que para ese momento no había entrado oficialmente.

Precisamente, ese contrato se extendió hasta los primeros días de septiembre, es decir, hasta justo antes de que con la concesión ya empezara a generar dividendos arrancando con la operación en firme.

Lo más llamativo de ese contrato es que se tasó en solo un millón de pesos y que aunque en la práctica funcionaba como una concesión, la Alcaldía le delegó todas esas funciones a dedo, y además estipuló que la plata que los usuarios pagaran con el fin de hacer cualquiera de esos trámites debía ser consignada en la cuenta personal del contratista, cuando lo normal sería que los usuarios le pagaran a la administración y esta a su vez al privado.

De las cuatro cámaras que serían instaladas según el contrato (tres fijas y una móvil), solo una está en funcionamiento.

Aunque la móvil entró a operar el año pasado, fue atacada a disparos este año y por razones de seguridad del conductor actualmente está parada.

Desde septiembre del año pasado hasta junio de este, según datos de la Secretaría de Tránsito de Ocaña, a través de ese sistema de detección de infracciones se han emitido 5.313 órdenes de comparendos.

La concesión le deja el 60 por ciento de todo el recaudo de las infracciones al privado, que desde que inició la operación del sistema -en octubre de 2016- ha sido criticada porque ha servido más para generarle recursos a la concesión que para prevenir y generar cultura ciudadana.

Actualmente el contrato está demandado por veedores y por el diputado de La U Wilmer Guerrero debido a que las condiciones bajo las que se formuló no eran favorables para el municipio y porque la manera en la que se adjudicó habría pasado por encima de la ley.

Floridablanca

Dueño: Contratistas y financistas de campañas
Modalidad: Se concesionó la prestación del servicio.
Integrantes privados: Eme Ingeniería y Smart Mobility & Security SAS
Valor en el que se tasó la concesión: $4.393 millones
Distribución de ganancias: 17,7 por ciento para el público y 45,3 por ciento para el privado.
Tiempo de la concesión: 15 años

El 28 de diciembre de 2011 el entonces alcalde de Floridablanca, Jaime Flórez, firmó el contrato con Infracciones Electrónicas de Floridablanca, la empresa que nació de la sociedad entre Eme Ingeniería y Smart Mobility & Security, que fue el único proponente de la convocatoria.

En él se estableció que el municipio se quedaría con el 17,7 por ciento del recaudo y que el operador con el 45,3 por ciento (el restante se dividió entre el Simit, el Centro Integral de Atención a conductores y la interventoría).

En 2014 entró en operación el sistema y desde entonces ha sido blanco de críticas por las inequitativas condiciones para el municipio y porque varios de sus socios son poderosos contratistas conocidos por financiar campañas políticas o son del círculo cercano de dos poderosas familias.

Por un lado, están Luis Eduardo y Luis Roberto Ordóñez -papá e hijo-, dos ingenieros que en los círculos de poder de Santander son conocidos por moverse detrás de bambalinas en la política local, que son dueños de Pavigas, una firma conocida por haber ganado la ejecución de miles de millones en contratos en las últimas administraciones.

Por otro lado está, el matrimonio de Luz Faride Mustafá Durán y de Luis Humberto Serrano Ulloque. Mientras que ella es hija del asesinado líder conservador Feisal Mustafá y hermana Iván Mustafá, gerente del Fondo Nacional de Adaptación; él proviene de una familia dedicada a los negocios de las apuestas. 6 de los 10 integrantes de la junta son cercanos a esas dos familias que se mueven desde hace décadas en los círculos de poder de Santander.

Además está Gonzalo Jaimes Muñoz, representante legal de Eme Ingeniería, una de las firmas que obtuvo varios contratos en la Alcaldía de Lucho Bohórquez en Bucaramanga para arreglar el alumbrado público.

Aunque el valor del contrato se tasó en $4.393 millones debido a las inversiones que debía hacer el privado, solo en los primeros dos años de operación el concesionario recaudó más de $5 mil millones y para esa fecha tenía otros $8 mil millones por cobrar, es decir, triplicó el monto del plante inicial.

La ejecución del contrato inició con varias irregularidades, entre esas la instalación de cámaras sin señalización, la emisión de comparendos en sin que existiera causa y la circulación de cámaras móviles sin control.

Desde 2015 el contrato fue demandado por varios políticos locales, además, el actual alcalde del municipio, Héctor Mantilla, reglamentó varias actuaciones del concesionario a través de decretos.

La concesión se entregó a 15 años y desde el inicio del contrato solo han transcurrido dos.

Si quiere ver casos en otras regiones, haga clic acá.

Comentarios (1)

927geo

11 de Julio

0 Seguidores

Tengo entendido que en el caso de Floridablanca hay otros "tips" como que el alcalde Jaime Florez Villamizar fue nombrado por reemplazo a un dest...+ ver más

Tengo entendido que en el caso de Floridablanca hay otros "tips" como que el alcalde Jaime Florez Villamizar fue nombrado por reemplazo a un destituido, y que firmo el contrato sin haber llevado siquiera un año como alcalde (faltaban 3 días para su salida) otro dato curioso es que floridablanca ha tenido entre 8-9 alcaldes durante los últimos 10 años

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia