Por LaSillaVacia.com · 11 de Julio de 2017

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El proyecto de ley que busca regular las fotomultas en el país está listo para sanción presidencial después de dos años en el Congreso. Pero, a pesar de la bulla mediática en ese sentido, por ahora no pondrá en cintura a las polémicas concesiones vigentes en todo el país. En el caso de Cali, la concesión que está a cargo del Consorcio PST que integran cuatro empresas de Bogotá y Medellín y único socio caleño, no se verá afectada, al menos en el corto plazo.

La nueva ley

La iniciativa, de autoría del senador de Opción Ciudadana Mauricio Aguilar y de otros tres congresistas, busca regular los comparendos electrónicos a nivel nacional, que en los últimos años han generado todo tipo de denuncias y quejas.

Se trata de un sistema de cámaras instaladas en las calles y carreteras para ‘cazar’ a los conductores que no respeten los límites de velocidad ni los semáforos, pero muchos ciudadanos se quejan por la unilateralidad de las sanciones y porque en varias ocasiones éstas no son notificadas, pese a que la Corte Constitucional estableció que debían hacerlo a más tardar tres días después de tomadas las fotografías o serían anuladas.

El congresista Aguilar califica estas concesiones como “un negocio” que genera “abusos, atropellos y asaltos” a conductores y propietarios de vehículos.

Los dos grandes cambios que trae su proyecto, sin embargo, no afectan a las concesiones actuales.

Primero, a partir de la sanción presidencial, la instalación de las cámaras dependerá del Ministerio de Transporte y no de las secretarías e institutos de Tránsito, que son las que hasta ahora han tenido la autonomía junto a los concesionarios para la ubicación de estos dispositivos electrónicos.

Y el otro cambio importante será que el porcentaje que los privados recibirán por el recaudo de las infracciones no podrá pasar del 10 por ciento. En municipios como Villa del Rosario, en Norte Santander, el concesionario recibe el 64 por ciento de la plata de las fotomultas.

Todo esto aplicará, según la misma iniciativa, a los negocios que se entreguen desde la entrada en vigencia de la ley.

La concesión en Cali

En 2012, el entonces Alcalde Rodrigo Guerrero prorrogó mediante un otro sí el convenio entre el municipio y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, una empresa de capital mixto pero mayoritariamente público, que a su vez, subcontrata la concesión de las fotomultas en Cali con el Consorcio PST (Programa de Servicios de Tránsito).

El consorcio se creó formalmente en el 2010 aunque desde 1999 prestaba servicios similares en Cali bajo el nombre de Unión Temporal Cintra Valle. El cambio se da porque a partir del 2010, la CDAV y el consorcio PST se vuelven aliados estratégicos. Desde entonces, la empresa no sólo se encarga de llevar el registro municipal de infractores (recaudo de multas de tránsito) sino también llevan el registro automotor en Cali.

Esa empresa está compuesta por socios grandes que tienen contratos similares en otras partes del país.

Los principales accionistas son tres: la antioqueña Quipux, que tiene la concesión en Medellín y está representada legalmente por Álvaro León Zuluaga; la bogotana SITT y Cía, representada legalmente por Juan José Franco Zuluaga, que también es la cabeza visible de Montrans, la empresa que tiene la concesión de la administración del tránsito en Montería; y GCA Technologies de Guillermo Corredor Naranjo, una empresa especializada en comunicación estratégica. Todos ellos tienen una participación igual de 28 por ciento del consorcio.

Los socios minoritarios son, por un lado, la empresa bogotana Kentaur S.A.S que tiene el 10 por ciento y está representada legalmente por Gabriel Saldarriaga Calad.

Y, por otro, el único socio caleño es el abogado Víctor Hugo Vallejo, que tiene un 6 por ciento de las acciones. Vallejo es conocido en Cali no sólo porque es un especialista en asuntos de tránsito -de hecho, es consultado frecuentemente por medios regionales como El País de Cali-, sino porque, como abogado, ha representado a políticos vallecaucanos como la actual Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Además, durante los años noventa fue concejal conservador de la mano del entonces senador Álvaro Mejía López con quien trabajó en su UTL. Además, también fue uno de sus abogados en el proceso en el que la justicia condenó al ex senador por haber recibido dineros del Cartel de Cali. 

Según este contrato, que va hasta 2023 cuando se vence la concesión, el municipio de Cali se queda con el 56 por ciento de los recursos recaudados -lo que en el 2016, representó 53 mil millones de pesos- mientras que el CDAV y el consorcio PST, se quedan con el 34 por ciento de ese recaudo.

A ese porcentaje, según el gerente del CDAV, Jaime Cárdenas, se le restan los costos operacionales y los excedentes, que suelen ser un 15 por ciento, y se reparten 9 por ciento para el consorcio, que puso toda la inversión inicial que costó unos 17 mil millones de pesos, y alrededor de 4 por ciento va para el CDAV. Según Cárdenas, el CDAV destina todos los recursos a inversión para proyectos de la ciudad.

Ese porcentaje es menor, incluso, que el tope que puso el nuevo proyecto de ley de 10 por ciento por lo que en teoría, el consorcio no se vería tan afectado con la nueva reglamentación. Aún así, según una fuente de la Secretaría de Movilidad de Cali, la idea era aumentar este contrato por lo que en últimas, sus socios sí pueden resultar afectados a largo plazo.

En todo caso, el Consorcio PST recibe más participación del recaudo que genera llevar el registro automotor del Valle. En ese contrato, las cargas están repartidas 60 por ciento para la CDAV y el consorcio y el 40 por ciento restante para el municipio. En 2016 significó, según Cárdenas, 11 mil millones de pesos para Cali.

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