Por Juan Esteban Lewin · 06 de Marzo de 2017

3513

7

Hoy se reunirán por primera vez los cinco miembros del comité que va a elegir a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues se van a encontrar con la Comisión de Seguimiento al Acuerdo (Csivi) para saber exactamente cuál es su encargo, cuánto tiempo estarán trabajando y cómo será la convocatoria para llenar casi un centenar de altos cargos de esa justicia transicional con las Farc, entre otros temas.

Estos son los perfiles (elaborados en parte gracias a información de la Fundación Ideas para la Paz) de los tres extranjeros y dos colombianos, todos poco conocidos en el país, que desde hoy empezarán a marcar el rumbo de la justicia transicional. Como ellos serán los que escojan a los jueces de la JEP, su labor es clave para garantizar que los delitos más graves cometidos en el conflicto tengan una pena que conduzca realmente a la reconciliación:

Diego García - Sayán

Cargo actual: director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas

Nombrado por: Naciones Unidas

Profesión: Abogado.

Trayectoria en justicia transicional y derechos humanos: ha sido juez y activista de derechos humanos, ha participado directamente en procesos de paz e impulsó una comisión de la verdad.  

Perfil: Este abogado ha mezclado la academia, la política, altos cargos públicos y la defensa de los derechos humanos. Además, tiene una experiencia especialmente relevante para su labor en el Comité pues fue fundamental en la reconstrucción de un poder judicial autónomo en el Perú tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori.

Su relación con los derechos humanos viene desde su infancia: nació en Nueva York en 1950 cuando su padre estaba exiliado por la dictadura militar del general Manuel Odría, y trabajaba en la división de Derechos Humanos de la ONU, oficina que se convirtió en la del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1975 y apenas siete años después, en 1982 fundó y se convirtió en el primer director de la ONG Comisión Andina de Juristas, que busca defender la democracia y los derechos humanos en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y ha sido muy influyente.

A ese papel le suma su experiencia en procesos de paz: entre 1991 y 1992 fue negociador de los acuerdos de paz de Guatemala de parte de las Naciones Unidas, y entre ese año y 1994, director de la división de Derechos Humanos de la misión de la ONU para el Salvador, que estaba en pleno postacuerdo.

También tiene una vena política muy clara: en 1995 se lanzó al Congreso por el partido del ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, llamado Unión por el Perú y que era una opción novedosa y de centro; en 2000 repitió y fue elegido por Perú Posible, que tenía como cabeza al candidato presidencial Alejandro Toledo, de quien también era asesor; duró apenas seis meses pues se desató una crisis institucional porque el presidente Alberto Fujimori se había vuelto a reelegir con trampas y cuando Fujimori huyó al Japón y el congresista de oposición Valentín Paniagua formó un gobierno pluripartidista de transición, lo nombró Ministro de Justicia.

En ese cargo, García ayudó a poner en marcha una Comisión de la Verdad sobre los abusos del fujimorismo, e inició una limpieza del poder judicial, que había sido modificado profundamente por Fujimori.

En 2001 hubo nuevas elecciones y ganó Toledo, quien lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores; y en 2014 fue candidatizado por el gobierno peruano de Ollanta Humala a la secretaría general de la OEA pero finalmente renunció alegando que los congresistas fujimoristas hicieron oposición interna a ese apoyo.

Su carrera en Derechos Humanos, en la Comisión Andina de Juristas (que ha dirigido entre 1982 y 1992, entre 1994 y 2000, y de 2003 a la fecha), dio un salto en 2004, cuando el gobierno de Toledo lo postuló para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fue elegido y reelegido en 2009 para seguir allí hasta 2015, y además fue su presidente entre 2010 y 2013.

En su paso por la Corte Interamericana se puede ver que su visión de la justicia transicional responde a una mirada moderada y concordante con los acordado en La Habana.

Su voto concurrente en el caso de la masacre de El Mozote (en El Salvador) muestra que a su juicio es imposible amnistiar los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de una paz negociada, pero que sí se pueden encontrar mecanismos que prioricen la sanción de los casos más graves, como quedó acordado.

 Se pueden diseñar pautas específicas para el tratamiento de los responsables de las más graves violaciones abriendo el camino, por ejemplo, de priorizar los casos más graves como ruta de manejo de una problemática en la que podrían ser, en teoría, muchos miles los procesados y atender los casos de menor gravedad a través de otros mecanismos”, escribió.

“Podrían diseñarse y encontrarse rutas para penas alternativas o suspendidas pero, sin perder de vista que ello puede variar de manera sustancial de acuerdo tanto al grado de responsabilidad en graves crímenes como al grado de reconocimiento de las propias responsabilidades y aporte de información de lo ocurrido. De allí se pueden derivar diferencias importantes entre los “ejecutores” y quienes desempeñaron funciones de alto mando y dirección.”.

García – Sayán también tiene experiencia con asuntos de gobierno judicial, primero por su función como Ministro de Justicia de rearmar todo el poder judicial peruano, y luego porque hace algunos meses fue designado como relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas.

Álvaro Gil - Robles

Cargo actual: director de la Fundación Valsaín.

Nombrado por: Corte Europea de Derechos Humanos

Profesión: Abogado.

Trayectoria en justicia transicional y derechos humanos: fue Defensor del Pueblo de España y comisiario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 

Perfil: Gil es un abogado con trayectoria en los Derechos Humanos, no como activista sino como funcionario vinculado a su protección y promoción. No tiene experiencia en asuntos de justicia transicional, y por eso es difícil prever el contenido de sus aportes en el Comité.

Este abogado español fue Defensor del Pueblo de España entre 1988 y 1993 y el primer Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y 2006, que visita los países y hace reportes y recomendaciones sobre su situación de Derechos Humanos.

Abogado graduado de la Universidad Complutense de Madrid en 1966, es hijo de uno de los políticos de derecha más importante de la España previa a la Guerra Civil, José María Gil – Robles y Quiñones de León. De hecho su hermano José María fue diputado de los partidos de derecha (primero la Alianza Popular y luego el Partido Popular, por el que también llegó a ser presidente del Parlamento Europeo entre 1997 y 1999).

Gil – Robles inició su vida profesional como académico en la Complutense, en 1973 culminó su doctorado en la misma universidad y pasó a ser profesor de derecho administrativo.

Con la llegada de la democracia tras la muerte de Franco en 1975, Gil-Robles ganó en importancia pues cuando la Constitución española republicana de 1978 incluyó un artículo creando un Defensor del Pueblo, él había escrito su tesis de doctorado sobre la institución escandinava del ‘ombudsman’, que había inspirado la figura.

Por eso en 1980, cuando Gil – Robles era magistrado auxiliar del Tribunal Constitucional, los diputados socialistas de la entonces Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición que agrupaba desde socialistas a la izquierda hasta conservadores a la derecha), le pidieron que redactara la ley para desarrollarlo y crear la Defensoría, que fue aprobada por unanimidad.

En 1983, cuando el naciente Partido Socialista Obrero Español impulsó a que los congresistas eligieran a Joaquín Ruiz Giménez como primer Defensor, también ayudó a elegir a Gil – Robles como uno de sus dos adjuntos (vicedefensores).

Al terminar el período de Ruiz, a fines de 1987 y cuando el Psoe tenía el Gobierno, se dividieron: la oposición dijo que iba a apoyar a Ruiz mientras que, según El País, Gil - Robles tenía tras bambalinas el apoyo del partido de Gobierno y resultó elegido. Su pelea con Ruiz fue tan fuerte que Gil dijo que si había reelección renunciaría, y al final Ruiz no fue a la posesión de Gil-Robles.

Como Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993 ayudó a reforzar la cultura democrática, pues logró que los militares aceptaran que la Defensoría podía hacerles visita sorpresa -como hacía con otras instituciones-, con lo que se reforzó el control civil a los uniformados.

Después de culminar su período regresó a la academia, pero en 1995 se postuló para ser el primer Defensor del Pueblo europeo, un cargo que acababa de crear la Unión Europea (UE) para investigar reclamos contra instituciones de la UE. Pero no fue elegido, lo que según le dijo Gil-Robles a la televisión española en una entrevista reciente, se debió a que los diputados de la derecha española votaron a favor de otro candidato.

En todo caso, cuatro años después, el Consejo de Europa (que no es la Unión Europea sino una instancia más débil pero mucho más amplia, con 47 países afiliados, y a la que pertenece la Corte europea de Derechos Humanos) creó la figura de Comisario de Derechos Humanos, en el que esta vez sí tuvo éxito.

Entre 1999 y 2006 ocupó ese cargo, en el que se estrenó con la guerra de Chechenia. Como Rusia es parte del Consejo, el entonces presidente Boris Yelstin permitió su entrada como única voz protectora de Derechos Humanos, pues no permitió el ingreso de activistas. Regresó varias veces, luego con Vladimir Putin en el poder.

Ese Comisario tiene como principal función visitar países de Europa para promover los derechos humanos y revisar la situación de cada país. Como Comisario, Gil Robles emitió seis reportes para contar sus actividades de promoción (como discursos en seminarios o invitaciones a foros académicos) y evaluar la situación de derechos humanos, sobre todo en países de Europa oriental, pero aparte de la situación de Chechenia, los restantes problemas eran bastante diferentes a los del conflicto colombiano.

Actualmente dirige la Fundación Valsaín, dedicada a la defensa de la democracia desde su sede en Segovia, España, y con contactos especialmente fuertes en Rusia y México.

Claudia Vaca

Cargo actual: profesora de la Universidad Nacional.

Nombrado por: las universidades públicas

Profesión: Química farmacéutica

Trayectoria en justicia transicional y derechos humanos: ninguna.  

Perfil: la única mujer y el único miembro del Comité que no es abogado, es la incógnita más grande en el grupo pues no hay antecedentes directos sobre su relación con los Derechos Humanos o la justicia transicional. Pero, por su trayectoria, podrá jugar un papel clave en que el trabajo de selección de los magistrados sea lo más transparente y organizada posible, a pesar de las preguntas logísticas que siguen en el aire.

Vaca es profesora de química farmacéutica de la Universidad Nacional, cargo por el que llegó al Comité en nombre del Sistema Universitario Estatal, SUE, que reúne a algunos rectores en representación de las 32 principales universidades públicas del país.

Su nombre lo postuló el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, ante el consejo directivo del SUE. Como le contó a La Silla el rector de la Universidad Pedagógica y miembro del consejo, Adolfo Atehortúa, luego de revisar varias hojas de vida propuestas por los miembros, escogieron a Vaca “en virtud de que habían fundamentalmente juristas y estamos ante un tipo de justicia alternativa y diferente y por eso se pensó en nombrar a alguien con distintas competencias”.

Vaca es muy reconocida pero en otros campos, pues es una de las personas que más sabe de política farmacéutica y medicamentos biotecnológicos en el país, y ha dado la pelea para que haya una regulación que evite los abusos. En esa pelea, ha mostrado que ideológicamente está en el centro del espectro y sobre todo, que tiene mucho carácter.

Por ejemplo, en sus escritos defendió la idea de que hacer un análisis de referencia internacional que pusiera en evidencia que en Colombia las drogas son mucho más caras que en Venezuela o Ecuador, algo que luego ayudó a implementar a Alejandro Gaviria en el Ministerio de Salud con un decreto que regula la entrada de medicamentos biotecnológicos al país

De hecho estuvo a punto de ser elegida como directora del Invima a inicios del gobierno de Juan Manuel Santos, en 2010, pero por la presión de los gremios farmacéuticos no llegó al cargo.

Dos años después llegó a ser asesora de despacho del ministerio de Salud, cuando era ministra Beatriz Londoño, y siguió trabajando ahí con el hoy ministro Alejandro Gaviria. Salió hace poco para regresar a su trabajo en la Nacional.

En su paso por el ministerio trabajó fuertemente por crear procedimientos de decisión que fueran a la vez participativos y transparentes, un antecedente que, según supo La Silla, está pensando en aplicar al proceso de selección de magistrados de la JEP.

Su ideología de centro y su independencia política quedan claro en diferentes momentos de su vida.

Aunque hizo parte de las Juventudes Comunistas (JuCo) cuando hacía su pregrado en la Nacional, en los años ochenta del siglo pasado, muy pronto se alejó de la izquierda dura.

El rompimiento se dio porque los “capuchos” buscaban evitar que los estudiantes hicieran parte del gobierno universitario pues lo consideraban hacerle juego al sistema (incluso quemaban urnas o amenazaban candidatos), mientras que Vaca defendía esa participación, con lo que se acercó a figuras como Paul Bromberg (quien era el secretario general de la Universidda) o Antanas Mockus. 

Por eso se salió de la Juco y se distanció de cualquier militancia partidista.

Otra muestra de esa independencia fue su trabajo durante la administración de Álvaro Uribe, cuando hizo parte del equipo de empalme de Juan Luis Londoño en el ministerio de Salud, conoció al médico Julio César Aldana (ganadero y vecino de Uribe en Córdoba) y terminó trabajando de asesora de él en el Invima.

Trabajaron juntos durante más de 3 años y aunque Vaca luego volvió a la academia y más adelante entró a trabajar en el gobierno Santos, sigue siendo amiga de Aldana, quien es ditrector político del Centro Democrático en el Atlántico e hizo campaña por el No en la costa caribe.

Y un tercer ejemplo de esa posición es que antes de entrar al Ministerio defendía la idea de un sistema de salud totalmente público, al estilo del National Health Service del Reino Unido, pero luego se manifestó a favor de la fallida reforma de Gaviria, que mantenía las EPS (muy criticadas por la izquierda) aunque con condiciones diferentes.

Sin embargo, también es crítica de muchas de las políticas de los grandes laboratorios farmacéuticos, como la pretensión de patentar cambios pequeños a sus medicamentos para mantener el monopolio, y es defensora de la regulación estatal en los mercados de la salud.

Ese tipo de posiciones muestran que, ideológicamente, Vaca hoy se ubica hacia el centro del espectro, el que no busca erradicar la participación de los privados ni siquiera en un mercado tan sensible como la salud, pero sí propugna por que sean regulados y vigilados.

.

Francisco Acuña Vizcaya

Cargo actual: magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Nombrado por: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Profesión: Abogado.

Trayectoria en justicia transicional y derechos humanos: usa insumos de derechos humanos como penalista.  

Perfil: Este académico penalista no es experto en Derechos Humanos ni en justicia transicional, pero le puede aportar al Comité conocimiento del sistema judicial colombiano, especialmente el penal, y un puente directo con las Altas Cortes.

Trabajó en la Universidad Nacional entre 1983 hasta 2016, inicialmente como profesor e investigador, y como Decano de la Facultad de Derecho entre 2008 y 2012.

Terminó allí su pregrado en 1978, se especializó en penal e hizo una maestría en historia, y tiene un doctorado en Roma, en la universidad La Sapienza. Aunque no se conoce una tendencia política, desde el punto de vista jurídico es progresista.

Experto en criminología y responsabilidad penal juvenil, es uno de los primeros PhD de la historia de la Corte Suprema, a donde llegó en marzo de 2016 cuando se llenaron 7 vacantes de un golpe. Ya conocía esa Corte pues estaba en la lista de conjueces de la Sala Penal y había participado en algunas decisiones, además de que se había presentado a convocatorias para llenar vacantes en la Sala desde hacía una década.

En su trabajo en la Corte ha demostrado ser una penalista de la línea más garantista, protector de la presunción de inocencia.

Por ejemplo, fue el ponente de la decisión de tutela que aclaró que las personas detenidas en un proceso por presuntos delitos sexuales a menores de edad tienen derecho a ser liberadas en las mismas condiciones que cualquier otro procesado, y estuvo en la minoría que criticó un cambio de jurisprudencia que permite que un juez condene, así la Fiscalía pida al final del proceso que absuelva a quien ella misma acusó.

Aunque, dado su trabajo, no ha tenido relación directa con el movimiento de derechos Humanos, sus decisiones penales sí han dejado ver su conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por ejemplo, ha usado jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericanas para decidir tutelas o en la definición de si una detención preventiva se debe levantar porque hay una demora excesiva en el proceso penal.

Juan E. Méndez

Cargo actual: relator especial sobre la tortura de la ONU.

Nombrado por: International Center for Transitional Justice

Profesión: Abogado.

Trayectoria en justicia transicional y derechos humanos: ha hecho toda su carrera, de más de 40 años, en asuntos de derechos humanos, y los últimos 15 se ha concentrado en justicia transicional. Es un referente internacional en las dos áreas.  

Perfil: Méndez es un activista argentino de derechos humanos. Sin embargo, representa una visión de la justicia transicional que le da tanta importancia a la reconciliación como al castigo de los crímenes cometidos, a pesar de que proviene del movimiento de Derechos Humanos que nació enfocado en lo segundo.

Tras graduarse de derecho en en la Universidad Católica Stella Maris en Mar del Plata, se dedicó a defender penalmente presos políticos encarcelados por los militares en medio de la guerra contra las organizaciones de izquierda y la guerrilla de los Montoneros, se involucró con organizaciones peronistas de izquierda (justo cuando arrancó la espiral de violencia contra otras organizaciones peronistas, pero de derecha) y a dar clases en su universidad.

Antes y después del golpe de Estado militar de 1976 contra María Estela, la viuda de Perón fue detenido y torturado por la dictadura durante un año y medio, entre 1975 y 1977.

Cuando fue liberado (su detención nunca tuvo el respaldo de una orden judicial, ni fue procesado penalmente ni condenado), emigró a Estados Unidos. Llegó a trabajar con la Iglesia Católica en Illinois en favor de los derechos de los migrantes, y luego entró al Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, una organización que defendía los derechos civiles y políticos de las minorías, el asunto de Derechos Humanos más relevante en ese país durante la segunda mitad del siglo XX.

En ese entonces, estaba claramente involucrado en el movimiento de Derechos Humanos, que tenía como principal objetivo evitar que los Estados utilizaran sus monopolio de la fuerza para violar los derechos de sus opositores.

En esa línea, en 1982 la ONG Human Rights Watch (HRW) lo encargó de ser el director ejecutivo de su programa para América, llamado Americas Watch, cargo en el que estuvo hasta 1996. HRW debe buena parte de su reconocimiento en América Latina a Méndez, pues en ese período se convirtió en un referente para la aplicación de políticas públicas en derechos humanos

En ese tiempo visitó Colombia y, por ejemplo, dirigió el reporte de Americas Watch que denunció la violencia paramilitar en el libro “The “drug war” in Colombia. The neglected tragedy of political violence" (La “guerra contra las drogas” en Colombia. La tragedia no atendida de la violencia política).

Pero desde ese entonces, su mirada empezaba a divergir de la más tradicional de los Derechos Humanos, que se centraba en las violaciones cometidas por los Estados.

En ese reporte, por ejemplo, escribió que “cada grupo guerrillero viola de forma regular las leyes de la guerra: secuestran civiles en busca de dinero y asesinan autoridades civiles y oponentes político”. Y al hablar de las violaciones a las leyes de la guerra le dedicó una sección a las Fuerzas Armadas y otra a los “insurgentes” (EPL, Farc y ELN).

Mientras tanto, su carrera iba en ascenso: en 1994 la junta directiva de HRW reconoció su trabajo al nombrarlo consejero general, y en 1996 pasó a ser el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica y encargado de hacer investigación académica y educación en el tema, en llave con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que también queda en el país centroamericano).

En el IIDH empezó a mostrar con claridad que a su juicio la reconciliación tiene un peso suficientemente importante como para que en pos de ella se redujera la intención de procesar absolutamente todas las violaciones de Derechos Humanos para centrarse en los casos más graves.

Por ejemplo, en un ensayo llamado “La justicia penal internacional, la paz y la reconciliación nacional”, publicado en 2001 el libro del IIDH “Verdad y Justicia” , se preguntaba “¿Cómo equilibrar este legítimo interés en el castigo a los culpables con la necesidad de la reconciliación nacional, en un país que hasta hace muy poco se veía al borde de la destrucción por el conflicto?” y “¿Si los esfuerzos hechos en ciertas comunidades nacionales para alcanzar la reconciliación con justicia son de buena fe, ¿cuánta deferencia les debe el resto del mundo si de todos modos no se logró una verdad y una justicia perfectas?”.

Sus respuestas muestran hasta dónde se había distanciado del maximalismo del movimiento tradicional de Derechos Humanos que ponía la justicia y la reparación como objetivos de cualquier justicia transicional.

“La reconciliación debe ser un objetivo principal de cualquier política destinada a enfrentar el legado de violaciones de derechos humanos”, escribió. “La política de olvidar el pasado y perdonarlo todo no es convincente, como tampoco lo es una política que insista en juicios y castigo cualquiera sea su costo. Lo que sí se puede decir con alguna certeza es que los extremos deben ser rechazados en ambos caso”

Justo ese año participó en la fundación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), una ONG internacional basada en Estados Unidos, enfocada en estudiar, apoyar y buscar que los procesos de justicia transicional en todo el mundo.

Esa fundación no fue fácil en el movimiento de Derechos Humanos, pues se alejaba del objetivo más tradicional de evitar la impunidad, aunque buena parte de quienes han trabajado en el ICTJ venían de organizaciones centrales en ese movimiento, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

Desde ese momento, Méndez quedó oficialmente alineado con los defensores de Derechos Humanos que creen en la importancia de sopesar los objetivos de justicia y reparación de las víctimas con los de reconciliación para evitar que se repitan las situaciones de violación sistemática de Derechos Humanos.

Como escribió en el prólogo a un libro sobre la justicia transicional peruana en 2006, su norte en la justicia transicional es ayudar a las sociedades a “iniciar un camino hacia un futuro de verdad, justicia y reconciliación verdadera.

En 2004 su carrera dio un gran salto, pues ese año, el consejo directivo del ICTJ lo nombró como su presidente y el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, lo nombró asesor especial para la prevención del genocidio.

Entre 2009 y 2010 fue asesor especial en prevención del entonces fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, y en 2010, Ban Ki-Moon lo nombró relator especial sobre la tortura de la ONU.

Durante todos esos años ha sido profesor de derechos humanos en varias universidades de Estados Unidos.

Representa una alternativa menos exigente en materia de impunidad que las pretensiones maximalistas que ha presentado José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas, a lo largo del proceso en Colombia.

Comentarios (7)

Pablo N.D.

06 de Marzo

0 Seguidores

La balanza esta evidentemente inclinada. Más que garantía esto es protección para las farc. Tiemblan los militares..

La balanza esta evidentemente inclinada. Más que garantía esto es protección para las farc. Tiemblan los militares..

AlvaroH

06 de Marzo

0 Seguidores

Su posición demuestra poco análisis. Casi todas estas personas han trabajado de manera seria en el campo de la justicia y/o de los derechos hum...+ ver más

Su posición demuestra poco análisis. Casi todas estas personas han trabajado de manera seria en el campo de la justicia y/o de los derechos humanos y tienen posiciones válidas. No veo ideólogos. No son ellos los que van a juzgar. Usted da la impresión que para los militares no les sirve nunca nadie que no sea de derecha, así hayan sido personas serias.

DIDUNDI

06 de Marzo

1 Seguidores

Los perfiles son muy complejos e interesantes, al punto que deberían ser ellos mismos los jueces.
No demora la oposición en encontrar motivos d ...+ ver más

Los perfiles son muy complejos e interesantes, al punto que deberían ser ellos mismos los jueces.
No demora la oposición en encontrar motivos d oposición a algunos d los 5, minimo a 3.

AlvaroH

06 de Marzo

0 Seguidores

Porque para el uribismo y para varios militares no importan los detalles de la vida y obra de una persona y su pensamiento específico, sino únicamen...+ ver más

Porque para el uribismo y para varios militares no importan los detalles de la vida y obra de una persona y su pensamiento específico, sino únicamente el hecho de que políticamente los puedan ubicar en otro lado. Practican el maniqueismo total.

harriarq

06 de Marzo

0 Seguidores

Buenos perfiles, menos la señora Vaca, es confuso encontrar al lado de Juristas expertos en Derechos Humanos un perfil tan diferente y para la funci...+ ver más

Buenos perfiles, menos la señora Vaca, es confuso encontrar al lado de Juristas expertos en Derechos Humanos un perfil tan diferente y para la función de escojer Juristas para la JEP... La razón de hacerla ajena y decir que es de "centro", ex JUCO, casi funcioneria de Santos y Farmacéutica la hace ver como un comodín para varios frentes menos el jurídico, digo ..prejuzgando..

Oscar Alberto Diaz G.

06 de Marzo

0 Seguidores

Es inconcebible que Colombia pueda aceptar esta patraña;  el hecho de ser extranjeros no garantiza nada. Y si son de ideologia ladeada hacia la ...+ ver más

Es inconcebible que Colombia pueda aceptar esta patraña;  el hecho de ser extranjeros no garantiza nada. Y si son de ideologia ladeada hacia la izquierda, menos. Y si van a ser dirigidos por la voluntad fariana, hasta aqui llegamos. Da asco el adefesio del montaje que redondea la faena. Adios, justicia.Y ojo, sin justicia NO HAY PAZ.

luchoguerrero

07 de Marzo

0 Seguidores

Los 2 juristas extranjeros excelentes hojas de vida de mucha trayectoria, los otros tres incluyendo a la mujer realmente no se que van hacer hay ...+ ver más

Los 2 juristas extranjeros excelentes hojas de vida de mucha trayectoria, los otros tres incluyendo a la mujer realmente no se que van hacer hay 

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia