Por Laura Silva · 09 de Abril de 2017

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En medio del Distrito de Aguablanca, donde desde hace más de 20 años se ha venido concentrando la mayor parte de la población desplazada por la guerra que llega desde el Pacífico buscando una segunda oportunidad en la ciudad, el Gobierno y la Alcaldía le apostaron a Llano Verde como una ciudadela que muestra por qué Cali es la Capital del Posconflicto.

Son más de 4 mil familias entre víctimas, reinsertados de grupos armados, y otras personas reubicadas que conviven en una misma urbanización en el oriente de la ciudad.

A pesar de que no es el primer experimento social de este tipo en Cali, sí es uno de los pocos ejemplos que muestran que, a pesar de todo, puede haber reconciliación entre sus vecinos.

Aún así, desde hace un año, esta ciudadela enfrenta un reto que, paradójicamente, es el mismo que están enfrentando muchas de las zonas del país que ellos mismos abandonaron por la guerra: la entrada de nuevos grupos que pretenden controlar al territorio a punta de violencia.

Llano Verde

La última casa de las 4.319 que conforman la urbanización “Casas de Llano Verde” se entregó hace tres años.

Ubicada en la comuna 15, justo al límite de la ciudad en lo que se conoce como el Distrito, se encontraron en un solo proyecto más de 3 mil viviendas gratuitas del programa de Juan Manuel Santos destinadas a reparar a la población desplazada por el conflicto armado, y otras 700 y pico del Plan Jarillón.

Este último como una estrategia a través de la cual el Municipio ha ido sacando progresivamente las familias que en algún momento construyeron sus casas de manera ilegal en el jarillón del río Cauca y que ahora están en riesgo de que les suceda lo de Mocoa por las condiciones en las que se encuentra la estructura que impide que se meta el río a Cali y se inunde media ciudad.

La ciudadela en la que conviven más de 9 mil personas provenientes de todas partes del país, está dividida en tres. No porque la gente así lo haya pedido, fue lo que se inventaron los organizadores del proyecto.

En el medio están las víctimas del desplazamiento, personas provenientes de Chocó, Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá y Meta. Es la zona más grande del barrio.

Allí todos hablan, se conocen y se cuidan unos a otros. Las calles de las manzanas centrales están adornadas con murales decorados con mensajes de reconciliación, perdón y paz. Hay muchos niños y el olor a eucalipto y tierra mojada impregna el ambiente.

Los desplazados tienen a un lado las familias de los reinsertados, que llegaron junto con las víctimas pero cumpliendo un proceso distinto; y al otro, las de los reubicados, que llegaron casi un año después.

“Primero pasamos los desplazados de la Red Juntos, y se hizo el sorteo. Nosotros quedamos en la mitad del barrio. Después de un tiempo, ubicaron a la gente de Jarillón allá al fondo del barrio. Y del otro lado, están los reinsertados”, dice uno de los líderes de la junta de acción comunal del barrio, conformada por representantes de los tres sectores. Él, como los otros cuatro vecinos del barrio que hablaron con La Silla para esta historia, pidieron no usar su nombre porque no quieren ser identificados..

“A ellos les tocó distinto pero llegaron al mismo tiempo que nosotros”, cuenta, refiriéndose a los reinsertados, que son en su mayoría paramilitares desmovilizados del Urabá. “Los llamaron por allá lejos para que nadie se diera cuenta quienes eran y les dijeron: tomen estas llaves y vayan busquen su casa, esta es la dirección, yo lo sé porque soy muy amigo de varios”.

Las casas allí no tienen más de 48 metros cuadrados. Cada una tiene la sala-comedor, la cocina y el patio en la primera planta, y dos cuartos y un baño en la segunda. La mayoría tienen cultivos en los patios, en macetas de colores y en los separadores de las casas.

En los cuartos todo está apiñado y “no se puede tener muchas cosas porque hay que dejar espacio para que quepan los que viven en la casa”, como dice una de las mujeres desplazadas de Buenaventura que me permitió entrar a su casa.

En cada una viven entre cuatro y doce personas. Cómo duermen, es un misterio incluso hasta para ellos.

El barrio es tranquilo.  No toca como en otros barrios del Oriente de Cali pedir permiso para entrar a pandillas como las que tienen amedrentada a la gente, y extorsionada.

Entre los callejones peatonales que separan las casas, unos muchachos sacan una mesa rimax, cuatro asientos y llaman a la gente de la cuadra para jugar dominó. Para hacer más ameno el encuentro compran un par de cervezas y algo de comer en la tienda de la esquina.

No hay cuadra que no tenga su negocio: ventas de minutos, panaderías, tiendas con verduras y carne, repuestos de automóviles, peluquerías estilo americano, salas de belleza y tiendas llenas de chucherías. Todos se conocen con todos. Cuando pasan se saludan, y si no se conocen, pues igual lo hacen. Es un código de buena vecindad.

Si no fuera por la abundancia de pavimento, el tamaño de las casas y el ruido de los carros que pasan por la autopista de al lado se podría creer que es una vereda y no una ciudadela en una de las zonas más excluidas de la capital del Valle.

Incluso, fue su ubicación la que tres años atrás cuando los desplazados y reinsertados se acababan de trastear a Llano Verde hizo que varios medios encendieran las alarmas augurándole a la ciudadela el mismo destino que Potrero Grande.

Aunque entre un barrio y otro hoy no hay mucho parecido, ambos hunden sus raíces  en un origen común: experimentos urbanos de construcción de paz y reconciliación.

Pero a Potrero -que nació 10 años atrás en la comuna 21- se lo ganaron los criminales y traficantes al municipio. Allí, las pandillas están al acecho en cada esquina cuidando sus fronteras invisibles. Manteniendo a salvo los business de las redes de microtráfico y armas. Y obligando a la gente a vivir con miedo.

En cambio, a Llano Verde lo cuidan las víctimas y los victimarios, que a diferencia de Potrero, aquí  son mayoría.

“Llano Verde es donde el gobierno dijo que cabíamos todos y bueno hasta cierto punto no se equivocó, ya llevamos tres años”, dijo uno de los líderes del barrio con el que hablamos. Los otros dos, que lo escuchaban, asintieron.

Su éxito

Lo primero que dicen víctimas y excombatientes cuando se les pregunta por qué Llano Verde no se ha convertido en un reflejo de su vecino Potrero es porque -en palabras de uno de ellos-  “los de Llano Verde compartimos el campo y la violencia que tuvimos que sufrir en cuerpo y alma como un origen común. No queremos llegar acá y vivir lo mismo o cosas peores”.

Siguiendo esa premisa, víctimas y reinsertados, que fueron los primeros en llegar al Barrio, empezaron a trabajar juntos a través de la junta de acción comunal, grupos de mujeres, cuidadoras de niños y otro tipo de organizaciones de base que fueron construyendo con el apoyo del Municipio y del Departamento de Prosperidad Social de Santos.  

A través de un comité interinstitucional, en el que participan también líderes comunales, se empezó a trabajar desde el 2013 en varios proyectos para poner bonito el barrio y reforzar la convivencia entre los vecinos.

“Llano Verde es un territorio con necesidades extremas pero con un potencial humano y una capacidad comunitaria inmensos”, le dijo a La Silla Rocío Gutiérrez, Secretaria de Paz de la Alcaldía de Cali. “Lo que nosotros hemos buscado es que la población cuente con las herramientas para reconstruir su proyecto de vida”.

Además del apoyo y del reconocimiento mutuo entre líderes e instituciones, la gente que vive en el barrio ha diseñado estrategias para cuidarse entre ellos.

Una de ellas, según cuenta una de las mujeres desplazadas que viene desde Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), fue que “desde el principio cuando llegamos lo primero que hicimos fue reunirnos en el parque y contar historias sobre quiénes éramos y de dónde veníamos. Así todos empezamos a reconocernos y a hacer actividades juntos. Bailes, cuentos, recocha, de todo como allá en el campo”.

Según ella, lo que tienen ellos de diferente a los de Potrero Grande es que no se les han pegado “las mañas” de la ciudad, y le están a apostando a que éstas ni siquiera puedan entrar al sector.

La paradoja

A pesar de los esfuerzos por blindar el barrio de la violencia, desde hace un año, los habitantes de Llano Verde han venido enfrentándose a bandas criminales que ven en la ciudadela potencial para expandir su control territorial en el Oriente.

“Así la gente de Cali diga que no nos quiere en la ciudad que porque somos malos, yo le garantizo que el 99 por ciento de los que vivimos aquí somos buenos. Víctimas y victimarios venimos de sufrir”, dice otro de los líderes de los desplazados.  “La cosa se vino deteriorando porque por un lado llegaron los reubicados que ya traen el peso de la ciudad encima y no creen en el trabajo colectivo, y por el otro, porque desde hace un año al barrio han llegado panfletos amenazando a los líderes y ya han matado a tres personas aquí”.

El gobierno le entregó a los líderes chalecos y celulares y los incluyó en el programa de protección, pero según uno de ellos “pa que se pone uno eso a aguantar calor si el que lo quiera matar a uno le da sus pepazos en la cabeza y ahí lo deja. Así han hecho con los que han ido matando”.

Para muchos quienes están detrás de los panfletos no son necesariamente los que dicen estar. Dentro y fuera de Llano Verde hay quienes creen que lo que se esconde es la urgencia de los que controlan las redes de tráfico de drogas y armas en la ciudad de ir ganando territorio y manos que le trabajen al negocio.

Según algunos de los vecinos, aunque se ha alertado a la Policía y la gente de los otros dos sectores ha intentado diseñar estrategias como tomar turnos vigilando estas cuadras para acabar con la delincuencia y el consumo, es muy peligroso y la gente está asustada.

Una de las desplazadas que no alcanzó casa en el sector del medio y le tocó del lado de los reubicados, confirma que la situación de esas cuadras se ha venido complicando.

Ella salió hace cinco años de San Marcos, zona rural del municipio de Buenaventura, por la presión de las Farc.

Según cuenta, llegó primero al Puerto pero no se amañó y entonces se devolvió. Pero como encontró su vereda prácticamente desocupada -“ya no vivía nadie”, dice - decidió continuar con el papeleo para lograr que le asignaran alguna de las viviendas gratis que estaban entregando a los desplazados en el proceso de reparación por la ley de víctimas.

“Acá este sector si es feo, no como el resto del barrio. Hay muchos muchachos que vienen a fumar y se nos hacen en la puerta y a mi niña le toca ver todo eso. También han querido formar fronteras invisibles pero los de los otros lados [desplazados y reinsertados] no los dejan porque saben que así se les empieza a ir el problema para allá y esto se vuelve un caos”, dice, susurrando, como si estuviera contando un secreto.  

En su casa se habla todo el tiempo así porque las paredes son muy delgadas y todo se escucha, hasta lo que no conviene.

Mientras me cuenta su historia hace una pausa y una seña con la mano para que hagamos silencio. Pasan por el frente de la casa dos muchachos de unos 16 años con camisetas anchas, bermudas y el cabello decolorado; miran para adentro de la casa como queriendo saber algo. Pasan dos y tres veces, y sólo hasta que se van, ella sigue hablando.

“Cuando sólo estábamos los desplazados y reinsertados ésto parecía el campo”, dice. “Era bien bonito porque todos compartíamos, pero los reubicados no se unen a nada, sólo traen problemas. Traen encima esa carga de la violencia de ciudad” dice.

Para otro de los vecinos es tan sencillo como que “la gente de las ciudades es individualista y no necesita del de al lado. Nosotros nos necesitamos, por eso nos reunimos, nos buscamos, andamos juntos y cuidamos lo que nos dieron”, dice, satisfecho de lo que han logrado.

Contexto

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