Por Juan Pablo Pérez B. · 26 de Julio de 2017

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En Bogotá hay 90 minas o canteras abandonadas y ninguna está protegida. Por eso pueden terminar convertidas en basureros, barrios ilegales, zonas inseguras e incluso producir derrumbes. Y, por ahora, no hay herramientas para evitarlo.

Así lo mostraron el pasado 10 de julio los dos concejales del Mira, Jairo Cardozo y Gloria Stella Díaz, en un debate de control político a la Secretaría de Ambiente.

Allí, mostraron los 90 predios que, de acuerdo a la respuesta que les dio la Secretaría a un derecho de petición, fueron afectados por minería, están inactivos y no cuentan con un plan de recuperación ambiental.

La Secretaría le aclaró a La Silla Cachaca que son canteras abandonadas que fueron identificadas en la administración pasada y quedan, en su gran mayoría, en los cerros orientales y en zonas marginadas de la ciudad: 30 quedan en Usme, 27 en Ciudad Bolívar, 14 en Rafael Uribe Uribe, 11 en San Cristóbal, 7 en Usaquén y 1 en Santa Fe.

En el perímetro urbano de Bogotá, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Ambiente, hay, actualmente, 270 hectáreas afectadas por minería legal e ilegal. Esta minería se concentra principalmente en el sur de la ciudad y es, principalmente, de extracción de materiales de construcción como arenas y arcilla. El pasado 2 de diciembre el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en donde limitaba las zonas en donde se puede hacer minería en la sabana de Bogotá. De los 24 polígonos que establece la resolución, 4 quedan en Bogotá: uno al suroriente, uno al sur, otro al sur occidente y otro de más de 4 mil hectáreas entre Soacha y Bogotá. La resolución fue suspendida por la magistrada Nelly Yolanda Ruiz a los 15 días de emitida y, en mayo, se levantó la suspensión de 19 de los 24 polígonos después de que se hicieron las visitas y estudios técnicos que exigía la magistrada. Los polígonos que quedan en la ciudad podrán ser reducidos, mas no ampliados, en el nuevo POT que está trabajando la administración de Peñalosa.

El problema de estos predios es que, como mostró un estudio conjunto de la Secretaría de Ambiente y de la Universidad Distrital de 2013, pueden convertirse en un riesgo para los habitantes de las zonas aledañas.

El estudio se centró en la cantera abandonada de Villa Gloria, en Ciudad Bolívar, y encontró que las actividades mineras que allí ocurrieron habían afectado el estado del suelo (lo que podría causar deslizamientos), contaminaron el agua, dañaron el paisaje y constituyen un riesgo socioeconómico en el barrio ya que en los predios de la mina han ocurrido hurtos, consumo de drogas y se han convertido en un botadero de basura.

“Las canteras abandonadas son un riesgo latente para la comunidad, no sólo porque afectan su medio ambiente, sino porque en el futuro son susceptibles de invasión y, al no ser correctamente restauradas, son un peligro para sus habitantes”, le dijo a La Silla Cachaca el concejal Cardozo.

Un ejemplo de este fenómeno es el del antiguo chircal Criselio Castillo que hoy en día se encuentra urbanizado en un 50 por ciento.

Con el objetivo de mitigar todos estos riesgos, los concejales le pidieron, por segunda vez desde 2014, al Distrito que, ante el riesgo que estas minas abandonadas representan para la salud pública y el medio ambiente, tome las medidas pertinentes para tratar estas canteras abandonadas.

El problema es que no es claro cómo hacerlo.

El olvido de los pasivos ambientales

 

De las 107 minas que tiene contabilizadas la Secretaría, 90 están abandonadas y no cuentan con un plan de recuperación ambiental, que es lo que se necesita para evitar esos problemas. La razón es que, desde el Distrito, esperan a que el Ministerio de Ambiente diseñe la política para manejarlas; conocida técnicamente como el manejo de los “pasivos ambientales mineros”, como ha explicado la Cepal.

Estos pasivos surgen cuando una mina ya terminó su vida útil, la empresa no la cierra aplicando el Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (Pmrra), y la abandona.

Actualmente, no es claro qué entidad debe intervenir para evitar los riesgos ambientales, con qué dinero se paga ese trabajo (cuando las mineras son serias y aplican el plan de recuperación ambiental, lo pagan ellas) o cómo es el procedimiento jurídico para hacerlo.

Y es que en Colombia ni siquiera hay una definición oficial de lo que es un pasivo ambiental.

Por eso, los diferentes planes nacionales de desarrollo, desde el 2006, han prometido hacer una estrategia y metodología adecuada para tratarlos. Pero nunca lo han hecho.

Esto es un problema porque, como le contó a La Silla Cachaca, el ambientalista Eduar Martínez, “la falta de una normatividad que regule los pasivos ambientales ha generado un desdén de parte de la industria minera para remediar los territorios explotados, generando múltiples impactos sociales y ambientales”.

El actual Plan Nacional de Desarrollo  estableció que el Ministerio de Ambiente creará e implementará una estrategia para gestionar los pasivos ambientales.

Para hacerlo el ministerio contrató a la consultora Innova S.A.S -especializada en procesos de reciclaje, valorización y tratamiento de residuos peligrosos-, pero, aunque el contrato se liquidó el 30 de diciembre de 2015, no ha emitido estrategia alguna.

Queda un año para que Santos acabe su presidencia y cumpla su promesa de dejar lista la ruta para resolver los pasivos mineros. De que lo haga depende que Bogotá pueda evitar los problemas que causan estos 90 predios.

Bogotá, con las manos atadas

Aunque en su Plan de Desarrollo  el alcalde Enrique Peñalosa propuso “un decidido ejercicio de autoridad ambiental para que la recuperación de los sitios afectados por minería y actividades industriales y de servicios sea una realidad en el corto plazo”, sin la estrategia nacional no puede hacerlo.

Por eso, en la Secretaría de Ambiente decidieron tratar de ir avanzando y no seguir esperando al Ministerio.

Según la Directora Legal de la Secretaría, Viviana Carolina Ortiz Guzmán, actualmente, están trabajando en un documento que obligue a los dueños de los predios donde están las minas y canteras abandonadas a que hagan un plan de recuperación ambiental.

El problema es que es posible que esos dueños no hayan sido los mineros y por eso podrían meterse en una batalla jurídica para no tener que hacer, y luego ejecutar (es decir, gastar plata), un plan de recuperación ambiental.

A pesar de que existe ese eventual obstáculo, la Secretaría espera que el proceso vaya avanzando para que, cuando el Ministerio defina el tratamiento que se debe dar a los pasivos ambientales, la entidad que termine siendo responsable no deba empezar de cero. Además, así pueden mostrar avances en cumplir la meta de Peñalosa de intervenir en  27 hectáreas de suelo afectado por la minería.

Sin embargo, entre la decisión del Ministerio, su implementación y las posibles peleas legales de los dueños, es claro que no va a ser fácil erradicar el riesgo que representan esas 90 viejas minas y canteras.

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