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El alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas, arrancó el 2017 con dos iniciativas en contra de su administración. Además del comité que se inscribió para revocarle el mandato, otro grupo empezó a recoger firmas para derogar los dos polémicos acuerdos que el Concejo le aprobó para concesionar el alumbrado público y los servicios de la Secretaría de Tránsito. La Silla revisó quiénes están detrás.

Lo que motiva las firmas

Desde que arrancó el 2017 en varias ciudades del país se empezaron a inscribir comités para buscar la revocatoria los alcaldes y gobernadores electos en 2015.

 

Los casos han sido varios, y mientras que en Bucaramanga, en Cartagena, en Neiva y en Bogotá ya están recogiendo firmas para sacar de los cargos a sus respectivos mandatarios, en Cúcuta están esperando a que la Registraduría les dé el banderazo de salida para empezar a hacerlo.

Lo particular del caso de la capital de Norte de Santander, es que en los próximos días sus calles van a empezar a circular formularios no solo para revocar propiamente al Alcalde César Rojas, sino también dos acuerdos que le aprobó el Concejo y que le dieron luz verde para entregarle a particulares dos millonarios negocios del municipio: el alumbrado público y los servicios de la Secretaría de Tránsito.

Por un lado, está el comité ‘Sí se puede revocar’, cuyo nombre está inspirado en el mismo lema que llevó a Rojas a la Alcaldía: ‘Sí se puede progresar’.

Ese comité es liderado por Pedro Murillo Salcedo, un exdelegado de junta de acción comunal que en 2009 intentó sin éxito promover la revocatoria de la entonces alcaldesa María Eugenia Riascos, y quien es muy allegado al exalcalde de esa ciudad Donamaris Ramírez.

Según le dijo Murillo a La Silla, en esta ocasión su iniciativa está fundamentada en que en la administración de Rojas la inseguridad en Cúcuta ha ido en aumento, en que el Programa de Alimentación Escolar no ha cumplido con las expectativas y empezó a tarde, que los programas del Alcalde, como el de la pavimentación de calles y la reducción del desempleo, están politizados.

En el caso del programa Comunidad Gobierno, según Murillo “no le meten el cemento (de calidad), es una maratón (...) una cosa mal hecha que va a generar inconvenientes”. Además, “ellos manejan esa pavimentación, no tienen en cuenta a los dirigentes de la Junta(…) utilizan a la organización y estructura política de Ramiro Suárez”.

Para llamar a la revocatoria, ‘Sí se puede revocar’ necesitan recoger 30.727 firmas, que corresponden al 30 por ciento de los votos con los que se eligió Rojas.

La segunda iniciativa es más compleja. Ese comité, que se autodenominó ‘Cúcuta se defiende’, empezó a liderar una causa que además de aguarle los dos proyectos de concesión a Rojas (el de alumbrado público y de tránsito), de carambola se mete con el Concejo de la ciudad, que fue el que le dio las facultades para delegar esos millonarios negocios.

Ese proceso es llamativo por dos razones: la primera porque en el país solo han existido tres precedentes similares (uno en Guavatá, Santander, para cambiar el día de mercado en 1996 que al final no se sometió a votación y otros dos que fueron declarados inconstitucionales en Tebadia, Quindío para tumbar el acuerdo de creación de una empresa de servicios públicos en 2009 y en Armenia, Quindío para modificar el plan de desarrollo de Armenia en 2012), y la segunda porque más allá de dar un golpe político directo, afecta los intereses de la administración de Rojas, y además desprestigia a los concejales.

Quien la lidera es Pedro Durán Barajas, un exconcejal liberal de Cúcuta, quien en 2015 aterrizó en la campaña del candidato de Cambio a la Alcaldía de la capital de Norte, Jorge Acevedo, cuando los rojos le negaron el aval para competir por ese cargo.

Los acuerdos

Como lo ha contado La Silla, la Alcaldía de César Rojas tiene de su lado a casi toda la clase política Norte de Santander gracias a que el exalcalde condenado por homicidio, Ramiro Suárez, quien es su padrino y manda en cuerpo ajeno en esa ciudad, tiene alianzas con la mayoría de los poderosos de ese departamento.

Gracias a ese apoyo, es que aunque dos concejales le hicieron campaña a su candidato César Rojas en 2015, hoy el Alcalde tiene una coalición de 14 de los 19 corporados (aunque los otros cinco no le hacen oposición), que le ha servido para impulsar los principales proyectos de su administración.

Precisamente con el consentimiento del Concejo fue que nacieron los controvertidos acuerdos, uno de los cuales ya cumplió su objetivo.

Como lo contó La Silla, en medio de una controvertida convocatoria, las empresas familiares del cuestionado y poderoso empresario costeño Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, se quedaron con la concesión del alumbrado público de Cúcuta por 30 años, un negocio que representaría más de un billón de pesos.

El primero en denunciar ese millonario contrato fue precisamente Pedro Durán, el líder de ‘Cúcuta se defiende’, quien en una columna en La Red de La Silla Santandereana detalló presuntas irregularidades en la convocatoria de la concesión.

Aunque la motivación de la Alcaldía para concesionar ambos servicios fue principalmente que carecía del músculo financiero necesario para prestarlo, el comité ‘Cúcuta se defiende’ que hoy tiene 2.420 seguidores en Facebook, opina distinto.

Según el comité, además de las presuntas irregularidades que hubo en el proceso de selección del concesionario, la rentabilidad del alumbrado público es superior a lo que cuesta prestar el servicio, por lo que, según ellos, con un préstamo de un banco la Alcaldía podría asumir su operación.

De cumplir con su cometido, este comité dejaría sin piso el contrato que firmó Rojas con un consorcio integrado por AGM Desarollos y American Lighting , ambas firmas con vasos comunicantes con el ‘Turco’ Hilsaca.

El otro proyecto que ‘Cúcuta se defiende’ quiere tumbar, aún no ha sido utilizado por el Alcalde.

Sobre ese proyecto, el mayor reparo está en que las facultades que le otorgó el Concejo a Rojas son tan amplias que bien podría terminar contratando e implementando fotomultas en la ciudad por 20 años.

Para llamar a los cucuteños a votar por la derogatoria de los dos acuerdos ese comité deberá recoger 54.074 firmas, que es el equivalente al 10 por ciento del censo electoral.

El ‘champú’ de políticos quemados

Si bien es cierto que la administración de César Rojas, ha sido cuestionada por la manera en la que entregó la concesión al ‘Turco’ Hilsaca o el contrato de generación de empleo de Cambarí que dio para que el equipo de Ramiro Suárez hiciera política, e incluso protagonizó un escándalo por el incumplimiento en el pago a los trabajadores, una parte importante de quienes están impulsando los dos comités, más allá de ser meros ciudadanos del común, en varios casos son políticos de diferentes vertientes a los que no les funcionaron sus apuestas en 2015.

Por una parte, en ‘Cúcuta se defiende’ están, además de Durán Barajas, el veedor Ronald Peterson, quien es el que lidera las firmas para derogar las facultades de la concesión de los servicios de tránsito, y quien en 2015 se lanzó a la Asamblea como primero en la lista cerrada de la Alianza Social Independiente pero se quemó con poco más de tres mil votos. Otros dos del comité, Diego Rivera y Néstor Martínez, trabajaron al igual que Durán en la campaña de 2015 de Jorge Acevedo, y aún hoy siguen compartiendo en redes contenidos del excandidato, quien se quemó con 87 mil votos y se quedó con el segundo lugar en las urnas.

Además está el profesor y excandidato a la alcaldía Cúcuta por la Unión Patriótica, Rafael Romero, quien se quemó con 1.718 votos; el exalcalde del Zulia y líder del Centro Democrático, Luis Alberto Gómez Forero; y el exconcejal liberal Carlos Jaimes, quien aunque se quemó con 4.010 votos en su intento de repetir curul, hoy es del grupo senador Manuel Guillermo Mora.

La excepción está en el veedor Jorge Moreno Granados, quien sonó el año pasado por demostrar ante el Consejo de Estado que Donamaris Ramírez estaba inhabilitado para ser Alcalde de Cúcuta.

El último integrante del comité ‘Cúcuta se defiende’, es Pedro Murillo, el mismo que está al frente del comité de ‘Sí se puede revocar’.

Como lo contamos más atrás, Murillo es conocido en la capital de Norte por ser cercano al exalcalde Donamaris Ramírez, y por eso en la Cúcuta política varios sectores creen que él está impulsando en la sombra esa iniciativa.

Murillo le dijo a La Silla que esas versiones no eran ciertas y que de hecho en Cívica TV, canal en donde él tiene su programa y que es propiedad del exalcalde, él “prohibió” que se hablara de la revocatoria.

Más allá de su relación con el exalcalde, los coequiperos de Murillo, al igual que en ‘Cúcuta se defiende’ hay políticos que vienen de diferentes vertientes. Martín Alonso Caicedo fue candidato a la Asamblea por Alianza Verde y se quemó con poco más de 2 mil votos; Lina Margarita Reyes, fue candidata al Concejo de Cúcuta por los liberales y tampoco se quedó con una curul; y Ernesto Fonseca Sánchez, quien fue candidato al Concejo de Cúcuta por el uribismo corrió la misma suerte.

Entre los otros siete integrantes hay desde líderes comunales, hasta de vendedores ambulantes. Incluso está Asdrual Orozco, uno de los trabajadores inconformes del contrato de empleo con Cambari, quien, como contó La Silla, fue amenazado después de denunciar que esa Corporación incumplió con los pagos y tuvo que salir de la ciudad por el peligro que corría.

Así las cosas, las tres planillas que circularán en Cúcuta los próximos seis meses (una para derogar la concesión de alumbrado público, otra para frenar la concesión de tránsito y otra para revocar al Alcalde), además de meterse de frente contra el Alcalde y el Concejo, será la apuesta de varios pequeños políticos quienes independientemente de que logren su cometido, con esta movida se mantendrán vigentes.

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