Por Juanita Vélez | Natalia Arenas · 07 de Febrero de 2017

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Este fin de semana el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, se quejó públicamente porque en dos veredas en Caquetá y Antioquia, la policía antinarcóticos llegó a erradicar a la fuerza cultivos de coca

Aunque lo que dice no es del todo cierto porque el acuerdo deja la puerta abierta a la erradicación forzada cuando no se llegue a un acuerdo con las comunidades para que ellas sustituyan voluntariamente la coca, hay versiones encontradas sobre si eso se hizo en este caso.

Lo que sí es claro es que detrás del impase se ve la dificultad que hay en el Gobierno en coordinar el garrote y la zanahoria para luchar contra los cultivos de droga.

El lío en Tumaco

El lunes de la semana pasada un grupo del Ejército llegó a erradicar matas de coca en la vereda Candelilla en Tumaco, sobre el río Mira. Según una fuente de la vereda, que queda a unos nueve kilómetros de la zona de concentración de las Farc, allí hay sembradas entre mil y mil quinientas hectáreas de coca.

Eso no es extraño, porque Tumaco tiene 17 mil hectáreas sembradas de coca según las cifras oficiales de la Unodc para 2015, el 20 por ciento del área sembrada en toda Colombia.

Por eso, es la sede del primero de los cuatro Centros Estratégicos Operacionales contra el Narcotráfico que lanzó hace quince días el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Y por eso, también, el Ejército hace ese tipo de operativos.

Los habitantes de la vereda se opusieron al operativo, que duró hasta el miércoles, y casi se van a los golpes. Según la fuente, uno de los militares los llamó ‘guerrilleros’ y la gente respondió con agresiones y al final otro de los soldados les dijo “a nosotros nos podrán sacar pero a los paras que vamos a enviar, no”. (El comandante del Ejército a cargo del operativo confirmó el altercado a La Silla pero se cortó la comunicación y no fue posible volver a comunicarse con él).

“Si tiene una denuncia, que la presente”, le dijo a La Silla el viceministro de defensa Aníbal Fernández de Soto. “En Colombia no hay grupos paramilitares, hay expresiones de bandas delincuenciales”.

Pero en Tumaco no solo están los militares sino que es uno de los lugares en los que más ha avanzado la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas adscrita a Presidencia, que dirige Eduardo Díaz, en la negociación de un acuerdo de sustitución con las comunidades.

De hecho, la vereda Candelilla hace parte del Consejo Comunitario de Alto Mira que ha estado en conversaciones con la Agencia que dirige Díaz.

Estas conversaciones han estado lideradas por la Red de consejos comunitarios del pacífico sur, Recompas, que según Celimo Cortés, su representante legal, incluye a otros tres consejos comunitarios y 18 veredas de Tumaco. La última reunión, según Cortés, fue la semana pasada, pero los diálogos han estado abiertos desde hace cinco meses.

Aún así, el episodio de Candelilla se ha repetido desde finales del año pasado: Cortés le dijo a La Silla que los habitantes de la vereda Río Mejicano retuvieron en diciembre a dos policías antinarcóticos que estaban erradicando y solo los soltaron después de que una comisión de Recompas intervino.

Estas operaciones también se han realizado en el consejo comunitario de Acapa, otro que también estaría buscando acuerdos de sustitución con el Gobierno, en el municipio de Francisco Pizarro.

Es decir, lo que pasó en Tumaco es que están presentes los militares que erradican, y son el garrote del Gobierno, y la Agencia que busca hacer acuerdos y es la zanahoria.

También en Caquetá

El viernes pasado quince policías antinarcóticos llegaron a la vereda Los Alpinos de La Montañita, un municipio de Caquetá en el que hay una zona de concentración de las Farc, a erradicar los cultivos de coca.

Fernando Torres, un líder comunal del municipio, dijo ese día a RCN radio que la comunidad se vio “en la obligación de tener que salirle a los policías y rodearlos para que ellos no sigan haciendo la erradicación ahí en la región. Los tienen en una escuela con buen trato”, dijo.

Al final, después de tenerlos por varias horas retenidos, los policías fueron entregados a la Defensoría del Pueblo de Caquetá.

En La Montañita, en otras veredas, la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas, que depende de Presidencia y está a cargo de Eduardo Díaz, ya tenía acuerdos de sustitución con tres comités veredales según una fuente oficial del Gobierno.

El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, negó la existencia de esos acuerdos. Contó que luego de la retención, Díaz le dijo que “bajo ninguna circunstancia van a hacer acuerdos con personas que se tomen vías de hecho”.

Federico Alviz, concejal del municipio, le dijo a La Silla que el acuerdo sí existe y que no es solo con los campesinos de tres veredas, sino con todos. “Aquí hay una mesa en la que participan los cultivadores de todas las veredas (son 129) y se firmó un acuerdo para que se haga sustitución en todo el municipio, entonces la gente está confundida”, explicó.

Según supo La Silla, fuera de La Montañita y de esas negociaciones en Tumaco, la Agencia ha fimado acuerdos para erradicación voluntaria en Caño Indio, en Catatumbo (razón por la que como conto La Silla Santandereana se destrabó la zona veredal ahí) y en el corregimiento de Guérima, en Cumaribo, Vichada.

Aparte de esos lugares, también está a punto de lograr un acuerdo regional en el Putumayo.

Sin embargo, el cruce de versiones sobre la existencia o no de acuerdo en La Montañita muestra la falta de coordinación en la que está la política de drogas, en la que el garrote y la zanahoria pueden llegar al tiempo al mismo sitio y producir efectos indeseados.

¿Descoordinación?

La implementación del Acuerdo con las Farc trae una complejidad nueva a la política de drogas, porque el garrote quedó supeditado a que la zanahoria no funcione, pero el garrote no puede dejar de funcionar.

Está claro que la zanahoria está andando con los acuerdos locales de la Dirección contra las Drogas.

Para enmarcarlos, hace apenas quince días el Gobierno y las Farc presentaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) con el que pretenden reducir 50 mil hectáreas de coca de aquí a 2018 en más de 40 municipios.

El programa dice que a partir del 2019 el Gobierno va invertir hasta diez millones de pesos por familia en proyectos productivos y en pagos de mano de obra, a cambio de que los campesinos que quieran sustituir coca lo hagan y se comprometan a no volver a cultivar la mata.

Desde que el Pnis se lanzó, ha recibido críticas de asesores del acuerdo como Juanita Goebertus porque mientras el acuerdo de La Habana habla de concertar con las comunidades, desde las particularidades de cada una en el terreno, unos acuerdos de sustitución, el Programa que se lanzó ya tiene unas cifras estándar para todos los municipios que planea intervenir.

Eso puede plantear dificultades para implementar los acuerdos en las zonas: por ejemplo, en Caño Indio la negociación entre el Gobierno y los líderes de Ascamcat fue bien demorada porque pedían más plata, pero otros líderes locales no se querían quedar sin la zona de concentración y la inversión que eso trae. Al final, luego de que casi la sacan del listado de zonas, se logró un acuerdo.

En todo caso, esa zanahoria ya tiene un presupuesto inicial de un billón de pesos del presupuesto nacional solo para 2017, según el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, encargado de ella.

Pero al tiempo, en el Acuerdo con las Farc quedó establecido que no puede haber coca en los alrededores de las 26 zonas de concentración de las Farc, en un radio de cinco kilómetros, lo que puso a los militares a erradicar justo entre algunas de las comunidades con las que habría que llegar a acuerdos de sustitución voluntaria.

Hasta ahora, Defensa ha identificado 2 mil hectáreas sembradas en 12 de los 26 campamentos.

Ante las quejas de Timochenko, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que con las Farc ya concentradas en las zonas esperan poder “bajar ese componente de seguridad y dedicar más componente a la erradicación”. Es decir, el dueño del garrote dijo que lo van a usar más.

El problema es que con hechos como el de La Montañita o Tumaco queda claro que el garrote y la zanahoria se siguen cruzando.

“Ya no se sabe cómo más decirles a los de Defensa que hay que coordinar”, dijo una fuente del lado de la zanahoria.

Esa fuente explica que hay cuatro formas de erradicar: la voluntaria (es decir, sustitución); que se manden grupos móviles de erradicación; que haya una tropa del Ejército en una zona, caso en el que si ven hectáreas cultivadas están en la obligación de erradicar; y la aspersión manual.

Desde la Dirección de Drogas pueden tomar la decisión de mandar un grupo móvil de erradicación o hacer aspersión manual. Lo que no pueden controlar es que una tropa del Ejército vea cultivos y erradique, que es cuando se pisan las mangueras con Defensa.

Sin embargo, en Defensa y Drogas dicen que eso no se debe a que estén descoordinados.

“Más que descoordinación, estamos en un momento de transición en todo sentido”, le dijo a La Silla el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.

“En la medida en que se formalicen los acuerdos, vamos a saber dónde nos movemos. La Agencia nos tiene que decir con exactitud dónde ha hecho o tiene previsto hacer acuerdos, no sólo de en qué regiones sino ojalá en qué veredas y con quién. Es un esfuerzo complejo. Hasta ahora la Agencia no ha llegado a todas partes y tiene que ser una acción microfocalizada”, dijo.

En eso coincide Pardo. “Semana a semana hay una coordinación entre Defensa y nosotros para ver en qué veredas estamos trabajando nosotros y ellos”, explica

De hecho, todos los martes se reúnen funcionarios de la oficina de Díaz con representantes de la Policía, el Ejército y de Parques Naturales para intercambiar información y coordinar.

A pesar de esas reuniones, por ahora los encontrones son evidentes.

“A veces nos estamos pisando las mangueras porque llegamos al mismo territorio con dos lógicas distintas” dijo otra fuente del Gobierno que conoce el tema de primera mano. “Lo que sí es un hecho es que el Gobierno no puede abandonar la erradicación”, agregó.

“Es una gran dificultad porque el Ejército no puede dejar de patrullar y no se puede quedar de brazos cruzados. Este no puede ser el Gobierno que firma la paz y desmoviliza a las Farc y entrega el doble de cultivos ilícitos de los que había sembrados al principio”, dice Fernández de Soto.

La dificultad es real. Sin las Farc, el Gobierno tiene afán de hacer algo rápido en erradicación para evitar que las bandas criminales e incluso carteles enormes como el de Sinaloa se queden con el control de los cultivos, algo que ya está empezando a ocurrir.

A finales de enero la Policía capturó a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en un operativo que tuvo el apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía. A uno lo cogieron en Miami y al otro en El Bordo, Cauca.

Además hay presión de afuera. Desde noviembre del año pasado el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que su país está “preocupado por el aumento de cultivos” y que ese aumento en parte se explica por las presiones de las Farc para que el Gobierno tome decisiones como la suspensión de la erradicación aérea.

Por eso, dejar de usar el garrote de la erradicación forzosa, en espera de que madure la zanahoria de los acuerdos de sustitución que son demorados porque implican negociar y concertar con las comunidades, podría empeorar el problema.

Sin emabrgo, usar solo el garrote también puede despertar la resistencia de los miles de cultivadores de coca, que son parte de la base social de las Farc y ya se organizaron en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuna, Coccam, para exigir que solo haya sustitución concertada.

Con ese panorama complejo, las alarmas empezaron a prenderse entre los expertos en el tema. Como le dijo uno a La Silla: “no hay una estrategia de verdad y si los cultivos siguen disparándose, nos vamos a quedar sin garrote y sin zanahoria.”

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