Por Juanita Vélez · 04 de Julio de 2017

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Con la espada de Damocles de Estados Unidos bajo Donald Trump poniendo de nuevo presión para fumigar los cultivos ilícitos y con el compromiso pendiente del Acuerdo de Paz de implementar el tema de drogas, el Gobierno se ha puesto la meta de vincular para finales de julio alrededor de 10.000 familias al Programa Nacional de Sustitución de cultivos (Pnis), con lo cual busca avanzar en la promesa de Juan Manuel Santos de sustituir 50 mil hectáreas de coca en 2017.

Será un desafío gigante. Esa es la conclusión central del informe '¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?' publicado hoy por la Fundación Ideas para la Paz, el tanque de pensamiento más importante sobre el posconflicto hoy en Colombia.

Éstas son las principales conclusiones del informe y las respuestas de Eduardo Díaz, que es la cabeza de la Oficina de Drogas de Presidencia, a cargo del consejero del Posconflicto Rafael Pardo:

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Les dan el pescado, pero no les ayudan a pescar

El Pnis tiene tres fases. La primera (Fase A) es firmar acuerdos colectivos con x o y vereda en donde los habitantes muestran su voluntad de sustituir y no resembrar; la segunda (Fase B)  es socializar ese acuerdo en las juntas de acción comunal y los espacios de participación y la tercera (Fase C) es que las familias que se comprometan a sustituir se inscriban.  A cambio de sustituir sus hectáreas de coca, el Gobierno les hace un primer desembolso de 2 millones de pesos a cada una a las familias que tengan menos de tres hectáreas cultivadas, que corresponden a dos meses de ‘ingreso familiar’.

Eso ya está pasando en Colinas, San José del Guaviare y en Briceño, Antioquia.

Luego de esos dos meses, la plata del Pnis se distribuye así: el primer año cada familia recibe un millón de pesos mensual; 1.800.000 para que lo inviertan en sus gastos básicos mientras les crece la nueva cosecha; 9 millones para un proyecto productivo y 1.600.000 en asistencia técnica. Es decir, cada familia recibe 24.400.000 pesos.

El segundo año les dan otros diez millones para proyectos productivos a largo plazo y otro 1.600.000 para asistencia técnica. Es decir, en total el Gobierno se gasta 36 millones de pesos por familia.

Para cubrir las asignaciones por familia, dice el informe de la Fip que el Gobierno necesitaría aproximadamente entre $2.5 billones y $4.7 billones.

El problema, dice el informe de la FIP, es que toda esa plata se iría solo en las familias, pero no en transformar el territorio llevando bienes públicos al campo, que es la gran promesa de la reforma rural integral que plantea el punto 1 del Acuerdo y que está atada directamente a la implementación de este programa.

Concretamente, la pregunta es de dónde va salir la plata, en un año de vacas flacas, para financiar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, que son la base para que cuando las familias se gasten toda la plata, tengan cómo sacar sus productos en una buena carretera y que no les siga quedando más fácil llevar el kilo de pasta básica en su mochila.

“Los subsidios temporales o asistenciales no corrigen los problemas estructurales del campo y por ende no tienen efectos de larga duración”, dice el informe. “Los subsidios tienen un alto de riesgo de generar disputas entre vecinos o terminar desestimulando los proyectos colectivos”, agrega el informe.

Eduardo Díaz dice que para los Programas con Enfoque Territorial ya hay recursos y que ese programa se lanzará la semana entrante. “Si la plata se quedara solo en las familias, obviamente habría una falencia, pero nosotros queremos transformar el territorio y por eso los Pdets ya van a arrancar”.

 
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El rol de las Farc no es claro

De los 29 acuerdos colectivos que ha firmado el Gobierno hasta ahora en trece departamentos, la Fip revisó 17 y encontró que en 6 (Cumaribo, Vichada; Vista Hermosa, Meta; Tambo, Timbío y Rosas, Orito y Miranda en Cauca y el Dovio y Bolívar en el Valle), es decir el 35 por ciento, las Farc no asumen ningún compromiso.

Y en los demás en donde sí se comprometen, su apoyo se ha definido en términos de “acompañamiento y promoción” del Programa en los territorios, pero sin especificar eso qué significa, cuando el Acuerdo dice que las Farc tienen que comprometerse con “acciones prácticas en la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. 

A eso se suma, dice el informe, que con la implementación del Pnis en zonas donde las Farc han tenido influencia por años como La Montañita en Caquetá o Puerto Asís en Putumayo, el Gobierno enfrenta un dilema.

Por un lado, como los cultivadores de coca han sido una de las bases sociales tradicionales de la guerrilla, si las Farc no participan de lleno en los acuerdos, estos pueden perder legitimidad y apoyo en las comunidades.

Pero por otro, esa intermediación de la guerrilla en la promoción de los acuerdos puede “convertirse en un vehículo para que las Farc consoliden todavía más su base de apoyo”, dice. Lo cual ayudaría a que los cocaleros se vuelvan un fortín político para el movimiento de la guerrilla.

De hecho, eso ya se ve, dice el informe, en regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo donde las comunidades se refieren al Pnis como “los programas de las Farc”. 

Díaz explicó a La Silla que en los sitios donde las Farc no asumieron ningún compromiso, los acuerdos quedaron así porque “por razones logísticas no logramos que las Farc nos acompañara en esas firmas pero puedo decir que su participación y voluntad de meterse en esto es toda. Su compromiso es acompañar, no pueden asumir otra responsabilidad porque no son el Estado.”

 
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El que tenga el micrófono de los cocaleros no necesariamente los representa

Como ya lo habíamos contado en La Silla uno de los retos más grandes para la oficina de Drogas a cargo de Eduardo Díaz y bajo la responsabilidad política de Rafael Pardo  es el pulso entre las organizaciones sociales y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam, que es afín a las Farc, por la vocería de los cocaleros.

Ese pulso se ha dado en regiones como Catatumbo, Tumaco y Putumayo y el informe de la Fip lo incluye y agrega además que hay un riesgo respecto del papel que pueden jugar algunas Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales en la validación de los beneficiarios del programa porque puede colarse gente solo para recibir la plata o para certificar que sí están cumpliendo lo pactado porque en el Pnis no es claro quién da el visto bueno sobre si una familia efectivamente dejó de cultivar o si los recolectores sí trabajan ahí, por ejemplo.

Hasta ahora esa función la asumirían las Juntas de Acción Comunal y las Asambleas Comunitarias, lo cual puede ser bueno y malo. Bueno si efectivamente recolectan bien la información, pero malo si al tener ese poder construyen clientelas sobre quién entra y quién no.

Sobre este tema, Eduardo Díaz nos dijo que “en los acuerdos tiene que caber todo el mundo, excepto los narcotraficantes que son los grandes cultivadores de coca. No solo puede entrar la Coccam, eso lo tenemos claro. También deben entrar otras organizaciones y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que eso pase, como en Guaviare donde logramos que todos se metieran en un solo acuerdo o ayer que estuvimos en el Catatumbo y logramos con las organizaciones de allá hacer un acuerdo en el que quepan todos”

 
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Sin seguridad, no hay acuerdos que valgan

Otro desafío para implementar el Pnis tiene que ver con la llegada de grupos armados que buscan tomar el control del negocio de la coca que dejaron las Farc.

Así ha pasado, dice el informe, en Guaviare, donde la disidencia del frente primero de las Farc secuestró a un funcionario de la Unodc que iba a explicar el Pnis a la comunidad y también ha lanzado amenazas contra las familias que se vinculen al programa de sustitución.

Igual pasa en Nariño, donde la intimidación viene de la disidencia de las milicias de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc o en Argelia y el Tambo en Cauca donde, según la Fip, el Eln sigue cobrando gramaje y peaje por el uso de rutas hacia López de Micay; y también está pasando en Putumayo, donde la organización criminal ‘La Constru’ que es tradicionalmente urbana, está fortaleciendo su presencia en zonas rurales para controlar la producción de la cocaína. 

Por eso a medida que avancen los acuerdos de sustitución, tanto los funcionarios del Gobierno o de la Onu (como el que secuestraron en Barranquillita y liberaron esta mañana) como los habitantes que se comprometan a dejar de cultivar, están en riesgo si la Fuerza Pública no entra a hacer presencia.

“Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un pastel servido para los grupos ilegales porque pueden llegar a coger su pedazo si no hay nadie para evitarlo y la presencia del Estado tiene que ser mayor”, dice Díaz.

 
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‘Garrote’ o ‘zanahoria’, no los dos

“Si bien existen mecanismos formales de coordinación del Pnis con el Ministerio de Defensa, las tensiones en el territorio continúan alrededor de las acciones de erradicación forzada en zonas que se encuentran bajo un Acuerdo Colectivo de sustitución”, dice el informe.

Eso ha pasado, como ha contado La Silla en lugares como la vereda Candelilla, en Tumaco o La Montañita en Caquetá y la Fip dice que ha pasado en lugares como Briceño en Antioquia, San José del Guaviare en Guaviare y Arauquita en Arauca.

Como el Acuerdo dice que la erradicación es el último recurso al que tendría que acudir el Gobierno para el caso de cultivadores que se nieguen a dejar de cultivar, la Fip recomienda que se suspenda la erradicación forzosa hasta comprobar que no hay condiciones para negociar. Porque tener el ‘garrote’ de la erradicación y la ‘zanahoria’ de la sustitución al tiempo genera desconfianza entre las familias que quieren sustituir.

“Eso se ha venido superando cada día más, estamos conversando cada vez más con ministerio de Defensa y con la llegada del vicepresidente Naranjo, la cosa  ha venido mejorando”, dice Díaz. “Hay dos extremos que son perniciosos: uno es que la erradicación derrumbe el acuerdo, eso no puede pasar. Pero otro también es que bajo el paraguas de la sustitución se amparen los grandes cultivadores. Eso tampoco lo podemos permitir”, dice Eduardo Díaz.

 
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Los criterios para definir quién es beneficiario todavía no son claros

Un escenario previsible, según el informe, es que a medida que avance la inscripción de las familias, el número de beneficiarios del programa va a aumentar porque existe el incentivo de colarse al ver la plata que les darían, sobre todo si el Gobierno toma la decisión de incluir no solo a las familias cultivadoras, sino también a las recolectoras e incluso a las no cultivadoras. Eso, según supo La Silla, sigue en discusión.

Definirlo es clave para que el Gobierno se haga una idea de cuánto le puede terminar costando en total los subsidios a las familias.

“Nosotros orientamos el esfuerzo institucional en las grandes concentraciones de coca. Antes, en el 68 por ciento de los territorios donde había coca no llegó desarrollo alternativo. En esos sitios donde hay mucha coca uno se encuentra con gente que tiene y gente que no tiene y en una zona de alta concentración del cultivo ¿uno como le dice al campesino que ha resistido sin cultivar coca que él no entra? Puede que el criterio ahí sea amplio, pero es lo más justo que podemos hacer”, dice Díaz.

 
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El Pnis necesita incluir el enfoque de género

Hasta ahora la Pnis no incluye una estrategia especial para las mujeres cultivadoras.

Eso, según la Fip, citando un Informe del Pnud que afirma que las mujeres en el campo tienen una triple discriminación: por su condición de ruralidad, por su desventaja frente a las mujeres que viven en la ciudad y por ser víctimas directas de la guerra, hace que sea necesario que el Pnis incluya medidas especiales para ellas.

“Cualquier intervención que se proponga transformar las condiciones de ruralidad y superar las vulnerabilidades de la periferia debería tener un fuerte componente de género”, dice el informe.

De hecho, ya existe una organización llamada ‘Las Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia’,  que nació en marzo y que agrupa a mujeres que están dentro de la economía de la coca en Caquetá, Cauca, Meta, Nariño y Putumayo, proponiendo un plan piloto para la sustitución con enfoque de género.

“Ese tema está sobre la mesa y sabemos que está pendiente”, dijo Díaz sobre este punto.

 
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Hay que meterle el acelerador a la alternatividad penal para los campesinos

El Gobierno se comprometió en el Acuerdo Final a presentar un proyecto de ley (que se aprobaría por fast-track) para quitarles la sanción penal por un año a los pequeños cultivadores de coca que se comprometan a dejar de cultivar.

Ese proyecto es un incentivo para que los pequeños cultivadores se acojan al Pnis. El Gobierno tiene listo el borrador y ya lo concertó con la Fiscalía, pero no lo ha presentado en el Congreso. Según el ministerio del Interior, lo van a presentar después del 20 de julio.

Pero mientras pasa el tiempo, la Fip advierte que al Gobierno se le puede crecer un problema y es que tienen información de que en varias regiones, ante la dificultad de vender la hoja porque ya no hay quien se las compre, los cultivadores están aumentando su participación en la fase de transformación del alcaloide, con lo cual incurrirían en un delito que no está contemplado en el tratamiento diferencial.

 
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Sustitución sí, pero minería ilegal también

En términos geográficos, dice el informe, la tendencia es que los cultivos ilícitos tienden a moverse cerca de los ríos porque es más fácil para la logística de transportar el producto.

Eso ha hecho que los cultivos ilícitos coincidan en los mismos lugares donde se hace minería de oro, generalmente ilegal. La Fip habla de esos traslapes en departamentos como Nariño y Antioquia.

La presencia del oro y la coca en un mismo territorio hace que las organizaciones criminales usen la misma mano de obra para ambas cosas. Por eso hay “una fuerte correlación entre el precio del oro y el número de hectáreas cultivadas de coca”. Es decir, si baja el precio de la coca ese mismo cultivador puede volverse mano de obra para hacer minería ilegal y viceversa.

Ante este panorama, la pregunta central del informe es cómo salir de ese círculo de ilegalidad en zonas donde la minería opera como una fuente de recursos alternativa o complementaria a los cultivos de coca y para eso recomienda que el Pnis haga una estrategia específica para esas zonas porque no se pueden intervenir igual que otras.

“Es cierto. Es una asignatura que hay que trabajar”, dice Eduardo Díaz.

 
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Para que el Pnis ande mejor, necesita más articulación institucional

Un problema de fondo que agrega el informe es que el Gobierno tiene seis entidades o instancias con competencias relacionadas con el tema de cultivos ilícitos y eso promueve la descoordinación.

Aparte del ministerio de Defensa y la Oficina de Drogas a cargo de Pardo, hay otras dos “direcciones” distintas con funciones similares en la vicepresidencia (Dirección de Política Integral para la Lucha contra las Drogas Ilícitas) y en el ministerio de Justicia (Dirección de Política contra las Drogas).

A eso se suma que para que el Pnis ande tal y como es, todas esas direcciones tienen que articularse también con la Agencia de Renovación del Territorio para implementar los Pdets; la Agencia de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el ministerio de Agricultura.

“No hay nada más difícil que coordinar y todo lo que hagamos por avanzar en ese frente nos va ayudar y claro, eso debe seguir mejorando”, dijo a La Silla Díaz.

 

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julia gutierrez

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