Por Juan Pablo Pérez B. · 12 de Noviembre de 2016

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El pasado 13 de octubre, el uribismo le propuso al Gobierno eliminar ?la denominada justicia especial para la paz (JEP) para ser reemplazada por un sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria de la justicia nacional? del Acuerdo Final con las Farc.

Esa JEP hubiera juzgado a los guerrilleros que entregaran las armas y a ?los agentes del Estado que hubiesen cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste?. Hubiera sido, entonces, una oportunidad para esclarecer los crímenes cometidos por las Farc y por miembros del Estado en el marco del conflicto

Los uribistas proponen, ahora, crear unas ?Cortes para la Paz? que únicamente juzgarían a los miembros de las Farc, mientras que los particulares y miembros de la Fuerza Pública sólo se someterían a ese proceso si lo deciden voluntariamente.

Por eso, mientras que la JEP ofrece las herramientas para cerrar de una vez por todas, desde lo judicial, el capítulo del conflicto armado con penas alternativas que llevaran a la verdad y la reparación, las Cortes de Paz dejarían los crímenes cometidos por agentes estatales en manos de la justicia ordinaria. La misma que, aunque ofrece penas más duras, no ha podido resolver los casos y los mantiene aún en la impunidad.

Éstos son algunos de los crímenes más emblemáticos que podrían aclararse con la JEP pero que tendrían difícil solución con las Cortes para la Paz:

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La toma del Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá, tomando como rehenes a 350 personas entre los que se encontraban magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes. El Ejército y la Policía reaccionaron rodeando el Palacio e iniciando una operación de retoma que duró 27 horas y dejó 98 muertos y 11 desaparecidos..

La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores de la cafetería; de los que se dice que salieron vivos del Palacio, fueron llevados a la Casa Museo del Florero y, posteriormente, al Cantón Norte. Algunos cuerpos de los desaparecidos han aparecido en diferentes fosas comunes, pero otros siguen sin aparecer.

En el 2006, una Comisión de la Verdad constituida por Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla declaró que los responsables del holocausto fueron el M-19, el Ejército y el ex presidente Belisario Betancourt.

Por su responsabilidad en las desapariciones han sido condenados el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Luis Carlos Sadovnik, quien murió antes de que fuera impuesta una condena. Alfonso Plazas Vega fue absuelto por la Corte Suprema en diciembre de 2016, pues no encontró pruebas contundentes que demostraran que fue responsable de desapariciones.

 
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La masacre de La Rochela

El 18 de enero de 1989 fueron asesinados en la vereda de La Rochela, en el municipio de Simácota, Santander, doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simácota, Cimitarra y Puerto Parra. La comisión tenía como objetivo esclarecer si era cierto que en dichos asesinatos había ocurrido una alianza entre paramilitares y militares de la zona.

La orden de la matanza la dio el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, con el objetivo de robar los expedientes que guardaba esta comisión, y para hacerlo contó con la ayuda de miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares del Magdalena Medio.

Según cuenta el informe del Centro de Memoria Histórica, la alianza entre militares y paramilitares era tan estrecha que los habitantes de la zona solían confundirlos; ?en la carretera, se realizaban retenes conjuntos, y en las veredas y las cabeceras municipales se amenazaba a los campesinos obligándolos a tomar partido, pues se presumía que quien no estuviera con ellos estaba contra ellos?, dice.

Debido a las amenazas que sufrieron los sobrevivientes y los investigadores, el caso tuvo que ser trasladado a Pasto donde un juez condenó a nueve paramilitares y a dos militares. Sin embargo, en 1996, el Tribunal de Orden Público de Bogotá tumbó la condena de los dos militares y remitió los casos a la Justicia Penal Militar, donde, hasta ahora, han permanecido en la impunidad.

Esta fue una de las razones por las cuales, en 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esa masacre. Sin embargo, el proceso sigue sin resolver en los estrados judiciales colombianos.

 
3

La masacre de Trujillo

La masacre de Trujillo es el nombre con el cual se hace referencia a los homicidios, las torturas y las desapariciones que ocurrieron, entre 1988 y 1994, en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, en el noroccidente del Valle del Cauca. Las 342 víctimas de estos actos de violencia fueron aglomeradas en este conjunto por el carácter ?generalizado y sistemático? de los actos cometidos por grupos paramilitares con el respaldo de la Fuerza Pública.

A finales de los ochentas en esa zona convergieron varios actores del conflicto, pues estaba en medio de los proyectos de expansión del ELN y de grupos de narcotraficantes liderados por ?Don Diego? y ?el Alacrán?. Eso llevó a un choque en el que estos grupos de narcotraficantes se aliaron con miembros del Ejército y la Policía para lograr el control de la zona

Para eso desarrollaron una estrategia de limpieza social, política e institucional de las personas que se?alaban de auxiliar a la guerrilla.

Esa fue la primera vez que se utilizaron procedimientos de tortura que, después, fueron rutinarios en las masacres paramilitares: motosierras, hierros candentes, sal en las heridas, asfixia con chorros de agua, martilleo de dedos y levantamiento de u?as.

En abril de este a?o, el entonces ministro de justicia Yesid Reyes reconoció la culpabilidad del Estado en esta masacre y pidió perdón a los habitantes de la zona. Por estos crímenes sólo ha sido condenado el mayor Alirio Urue?a, quien recibió una sentencia de 44 a?os de cárcel. Sin embargo, Urue?a está prófugo.

Con la JEP el mayor podría presentarse ante el Tribunal de Paz, contar toda la verdad y pagar una pena alternativa entre 5 y 8 a?os. Por el contrario, con las Cortes de Paz así el mayor se presente voluntariamente, se mantendrá su condena de 44 a?os de cárcel.

 
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El exterminio de la UP

La Unión Patriótica nació en 1984 tras los acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc con el objetivo de que este grupo se acoplara, paulatinamente, a la legalidad. En sus a?os de ejercicio, lograron 16 alcaldes, 256 concejales y congresistas. Además, en 1986 su candidato a la Presidencia, Jaime Pardo Leal, obtuvo el tercer puesto en las elecciones con el 4,6% de los votos.

Después de estos resultados comenzó un proceso de exterminio sistemático por parte de grupos paramilitares en el que, según el senador del Polo Iván Cepeda (hijo de uno de los asesinados), hubo 5.000 personas asesinadas, desaparecidas y torturadas; entre ellos, dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas,cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas. Los casos más emblemáticos son las masacres de Remedios y Segovia y los homicidios de Jaime Pardo Leal, Leonardo Posada, Bernardo Jaramillo y Manuel Cepeda Vargas, padre del senador.

El pasado 15 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en ese exterminio. Admitió que éste ?no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha?.

Sin embargo, hasta el momento, y con la excepción de la condena a 30 a?os de cárcel del ex senador César Pérez por la masacre de Segovia, la mayoría de asesinatos siguen en la impunidad.

 
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El homicidio de Luis Carlos Galán

El 18 de julio de 1989, poco antes de comenzar un discurso, fue asesinado en Soacha el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal. El asesinato fue orquestado por una alianza entre el Cartel de Medellín, grupos paramilitares y agentes estatales que consideraban que Galán, de llegar a ser Presidente, sería un obstáculo para sus intereses.

Se ha se?alado como autores intelectuales a los narcos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, al jefe paramilitar Carlos Casta?o y al ex senador liberal Alberto Santofimio. También se ha dicho que el ex director del DAS, Miguel Maza Márquez, estuvo implicado en el crimen, pues no es claro por qué, antes de su asesinato, se cambió la guardia que lo acompa?aba.

Hasta el momento, el ex senador ha sido el único condenado (Escobar, Rodríguez y Casta?o están muertos).

 
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El homicidio de Carlos Pizarro

El 26 de abril de 1990 fue asesinado en un avión el candidato presidencial por el Partido Alianza Democrática M-19, conformado por miembros de este grupo guerrillero después de su desmovilización en marzo. La orden la dio Carlos Casta?o, quien consideró la acción como ?una ejecución extrajudicial, que tuvo que hacerse para conservar un país?.

Después de reconocer su participación en el crimen, Casta?o y su hermano Fidel fueron condenados a 25 y 20 a?os de cárcel, respectivamente. Aunque en el libro Mi confesión, Casta?o no habla de alguna ayuda externa, investigaciones posteriores de la Fiscalía revelan una posible conexión entre los paramilitares y el DAS.

Las sospechas surgen de varios cabos sueltos. Como cuenta Diego Arias en un artículo para El Tiempo, todavía no se ha esclarecido cómo el sicario que asesinó a Pizarro entró una miniametralladora a El Dorado después de que, tras el asesinato del candidato presidencial de la UP Bernardo Jaramillo, se habían reforzado las medidas de seguridad. Tampoco es claro por qué, días antes del asesinato, le cambiaron a Pizarro su esquema de seguridad y pusieron a cargo a José A. Cristancho Santamaría , el mismo agente del DAS que hacía parte del anillo de seguridad de Jaramillo en el momento de su asesinato.

Además, un ex escolta de Casta?o dijo en una indagatoria que el entonces jefe de inteligencia del DAS, Alberto Romero, era el enlace con los paramilitares. En 2010, la Procuraduría pidió que fuese investigado, pero murió dos a?os después de una deficiencia respiratoria.

Nadie más ha sido condenado por el asesinato y el crimen permanece en la impunidad.

 
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El homicidio de Álvaro Gómez

El 2 de noviembre de 1995, en las inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado junto con su escolta del DAS José del Cristo Huertas. Los asesinos huyeron y nunca fueron capturados. De hecho, nada se ha esclarecido.

Ha habido rumores de que Gómez fue asesinado porque planeaba un supuesto Golpe de Estado contra el gobierno de Ernesto Samper.

En 2001, en el libro Mi confesión, Carlos Casta?o afirma que el homicidio de Gómez ?fue perpetrado por un sector del narcotráfico y uno del Estado?, sostiene que el proceso fue manipulado con el objetivo de ?torcer la verdad? y hacer que el homicidio quedara en la impunidad, y explica que lo asesinó una alianza entre Orlando Henao Montoya -alias ?el hombre del overol?-, uno de los hombres más importantes del Cartel del Norte del Valle, y miembros del Estado que veían en el dirigente conservador un ?riesgo para el Gobierno Samper?.

Hasta el momento, con excepción de un falso testigo que incriminó a dos personas con el objetivo de reclamar la recompensa de dos mil millones de pesos, nadie ha sido condenado por este asesinato.

 
8

La masacre de Mapiripán

Entre el 12 y el 15 de julio de 1997 llegaron 89 miembros de las AUC al municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, en aviones charter provenientes de otras zonas del país. Su objetivo era establecerse en la región y castigar a los auxiliadores de la guerrilla.

Durante cinco días requisaron cada una de las casas buscando pruebas que involucraran a los pobladores con la guerrilla y, a los que hallaban culpables, los capturaban, degollaban, torturaban o desvisceraban. Al final 49 personas murieron y cientos de familias terminaron desplazadas.

Por este crimen fue condenado, en el 2011, el general Jaime Humberto Uscátegui a 37 a?os de cárcel. Sin embargo, su condena ha generado múltiples controversias, pues varios personajes de la opinión pública de todas las corrientes políticas -como Gustavo Petro, Daniel Coronell, María Jimena Duzán o Alejandro Ordó?ez- han argumentando que él no es el autor del crimen.

En una carta enviada a César Gaviria, desde su página www.uscateguiesinocente.com, el general argumenta que no piensa acogerse a una eventual liberación de militares culpables de omisión de sus funciones en el contexto del conflicto, puesto que ésto hubiera implicado aceptar su culpabilidad en la masacre. Sin embargo, aceptaba someterse al Tribunal Especial de Paz, siempre y cuando hubieran existido garantías.

Desde la derrota del Sí, el general no ha vuelto a emitir comunicado alguno.

 
9

El homicidio de Jaime Garzón

Un día antes de una cita que había concertado para el 14 de agosto de 1999 con Carlos Casta?o, Jaime Garzón fue asesinado cuando iba rumbo a los estudios de Radionet. Su camioneta fue interceptada por dos sicarios que, después de gritar su nombre, dispararon seis veces. Los impactos dieron en su cabeza y cuello matándolo en el acto.

Un a?o después el máximo dirigente paramilitar fue acusado de ser el autor intelectual del crimen.

El pasado 14 de septiembre el Consejo de Estado determinó que el homicidio ocurrió con complicidad de algunos agentes estatales. Definió que algunas entidades del Estado, como el DAS, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía, suministraron a Carlos Casta?o la información necesaria para que lo mandara asesinar.

En una entrevista con Blu Radio, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, afirmó que los vinculados al crimen de Garzón hubiesen podido acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, si demostraban que el asesinato se perpetuó en el marco del conflicto armado.

 
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La masacre de El Salado

Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado del municipio de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, ocurrió una de las masacres más grandes de las cometidas por las AUC, con 60 víctimas.

Las numerosas decapitaciones, degollamientos y torturas fueron cometidas por un grupo de 450 paramilitares comandados por ?el Tigre?, ?Cinco Siete? y ?Amaury? bajo las órdenes de Salvatore Mancuso y ?Jorge 40?.

Durante la década de los setentas los Montes de María fue uno de los grandes enclaves de movilización campesina. Por esta razón, fue uno de los lugares donde diferentes grupos guerrilleros intentaron cooptar a la población, lo que explica el estigma guerrillero que tenía esta zona.

El papel de las Fuerzas Armadas en esta masacre no es claro, pero es sospechoso que 450 paramilitares se hayan movilizado libremente por la zona sin ser vistos por la Infantería de Marina que estaba cerca buscando ganado robado. Tampoco se ha podido explicar cómo los paramilitares utilizaron varios helicópteros sin ser detectados.

Hasta ahora, de las fuerzas armadas, sólo ha sido condenado el teniente Héctor Martín Pita Vásquez.

 
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Los falsos positivos

El escándalo de los falsos positivos estalló en 2008 cuando 19 jóvenes desaparecidos en Soacha aparecieron asesinados en Oca?a, Norte de Santander, y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.

A raíz de varias declaraciones, entre ellas la del cabo Carlos Eduardo Mora, se supo que esos asesinatos fueron parte de un proceso sistemático en el cual se enga?aba a jóvenes de diferentes regiones con falsas promesas de trabajo para, después, llevarlos a un lugar remoto donde eran asesinados por soldados.

Lo anterior para recibir los beneficios que ofrecía la Directiva Ministerial 029 de 2005 en donde se ofrecía ?recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley?.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, hasta abril del 2015 se habían producido 817 condenas. Sin embargo, como contó La Silla, de estas condenas sólo seis han sido para coroneles.

Dado que no se sabe quiénes fueron los máximos responsables, todavía no es claro cómo era el modus operandi de un crimen cuyo accionar sistemático dejó más de 3000 víctimas en todo el país.

A pesar de que hay 21 militares acusados por el asesinato de los 19 jóvenes de Soacha, hasta ahora no hay ninguna condena y el proceso ha sufrido varias dilaciones; razón por la cual las madres de estos jóvenes siguen protestando y pidiendo justicia.

 

Comentarios (4)

DIDUNDI

11 de Noviembre

1 Seguidores

Como uds jamas se atreverían...me atrevo a cambiar el titular:
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''El HISTÓRICO DL PRONTUARIO DELICTIVO DL ESTADO COLOMBIANO EN LO...+ ver más

Como uds jamas se atreverían...me atrevo a cambiar el titular:
.
''El HISTÓRICO DL PRONTUARIO DELICTIVO DL ESTADO COLOMBIANO EN LOS ÚLTIMO 30 A?OS''
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Con un estado q sigue siendo el mismo.....dizque asustados xq ganó Trump.
 

Jajaramillo1

11 de Noviembre

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Solo el uribismo está interesado en ocultar la verdad? el resto del establecimiento político actual fue oposición en los 8 a?os de Uribe? Su minist...+ ver más

Solo el uribismo está interesado en ocultar la verdad? el resto del establecimiento político actual fue oposición en los 8 a?os de Uribe? Su ministro de defensa y actual presidente Santos no se dio cuenta de las andanzas de su jefe?....raro...Uribe actuó solo y los demás son impolutos?? No me suena  

svelez

11 de Noviembre

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Aunque comparto la preocupación de que modificar el modelo de justicia puede afectar el compromiso de verdad de los acuerdos, de este artículo no me...+ ver más

Aunque comparto la preocupación de que modificar el modelo de justicia puede afectar el compromiso de verdad de los acuerdos, de este artículo no me queda claro que es lo que tiene la JEP que no tienen las 'cortes de paz' que garantizarían un mejor acceso a la verdad. Creo que este artículo está escrito más desde la desconfianza al expresidente Uribe que desde la razón.

yakurumaz97

12 de Noviembre

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Escelente recopilación de hechos siniestros ocurridos en los ultimos a?os.   Felicitaaciones a Juan Pablo perez

Escelente recopilación de hechos siniestros ocurridos en los ultimos a?os.   Felicitaaciones a Juan Pablo perez

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