Por Ángela Hurtado · 06 de Diciembre de 2016

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Los líderes de La Toma, en Suárez (Cauca), llevan 16 años defendiendo su territorio de la explotación indiscriminada de oro. En su lucha han ido ganando batallas contra los mineros legales e ilegales y esperan que con el reciente hallazgo de altas concentraciones de mercurio en sus aguas, se acerquen a la victoria final, e iniciar un proceso de reparación por el daño ambiental.

El hallazgo es un resultado preliminar hecho entre septiembre y octubre en una de las cuatro veredas de La Toma, Yolombó. Dos investigadoras de la Universidad del Valle encontraron que las quebradas tienen niveles de mercurio que superan la norma colombiana.

Este resultado sustenta lo que ya venían diciendo los líderes de La Toma, que además del despojo, las amenazas y los desplazamientos, la minería les dejará secuelas en su salud.

La Toma ganó su primera batalla en el 2010, cuando la Policía intentó desalojar la población, pues un título minero le otorgaba toda la exploración a un solo dueño, Héctor Jesús Sarria.

La Defensoría impidió el desalojo, pero comenzó la lucha judicial, en la que al final la Corte Constitucional falló a favor de una tutela interpuesta por Francia Márquez y Yair Ortiz, representantes del Consejo Comunitario de La Toma. Se suspendieron las licencias otorgadas sin consulta previa, pero la comunidad sigue luchando para que salgan todos los demás.

En ese movimiento, hace dos años Francia Elena Márquez se unió a varias líderes del norte del Cauca que viajaron hasta Bogotá. La movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios fue el movimiento con el que le exigieron al gobierno frenar los mineros ilegales, que con las retroexcavadoras y el mercurio estaban desplazando a los mineros artesanales afro.

Los compromisos del Gobierno no se cumplieron, pero la movilización le costó a Francia Elena y a las otras líderes amenazas de muerte que las obligaron a desplazarse.

La participación de los grupos armados ilegales, entre los que se han mencionado al Clan Úsuga, Águilas Negras o ejércitos privados de los mineros, también ha sido una denuncia constante de las comunidades afro. Las mismas lideresas contaron después de la marcha a Bogotá que en panfletos las declararon objetivo militar.

Sin embargo, los 5.200 habitantes de La Toma, no desisten, y con sus propias manos han sacado las retroexcavadoras de la zona. Aunque ocasionalmente llegan algunas, todavía quedan entables mineros legales a la orilla de las quebradas. La mayoría de ellos paisas o del Eje Cafetero, personas con títulos de explotación y que usan el mercurio como herramienta principal para sacar el oro.

Empezó la desesperación

“Cuando la comunidad se dio cuenta de los niveles de mercurio en el agua y sus efectos en la salud, empezó su desesperación”, afirmó Francia Elena Márquez Mina.

El temor por la contaminación empezó hace un año cuando vieron peces muertos en el río Ovejas, principal fuente de agua de Suárez y recurso que han defendido las comunidades afrocolombianas.

Dos científicas de la Universidad del Valle, Diana Vanegas e Irene Vélez, acudieron al llamado de los habitantes del corregimiento de La Toma. A lo largo de su carrera han desarrollado investigaciones de acompañamiento a la comunidad de La Toma. Por eso les confiaron su problema. Con pocos recursos, y una donación de sensores de La Universidad de La Florida sacaron el estudio preliminar, que esperan se convierta en una investigación más amplia.

La exploración la iniciaron en septiembre, cuando visitaron las quebradas de la vereda Yolombó de La Toma, donde hay tres entables mineros, La gelmina, El silencio y La esperanza. Las muestras las tomaron un domingo, cuando las minas no operaban.

La ley permite que los colombianos tomen agua potable con un máximo de 1 ppb (partículas por billón) de mercurio y, para determinar que un río está libre de polución por metales pesados, la norma habla de hasta 20 ppb.

El primer resultado fue muy diciente: las aguas del río Ovejas y sus quebradas mostraron entre 50 y 500 ppb, en un día en que las minas no estaban funcionando.

Con estas cifras en la mano decidieron volver un mes después y llegarles de sorpresa a los mineros en pleno día laboral. La comunidad, que ya estaba asustada con los peces muertos, había dejado de consumir las aguas del río Ovejas, pero confiaba en los nacimientos, que siempre han considerado puros. Así que les pidieron que también los incluyeran en la muestra.

Pero los nacimientos tampoco pasaron la prueba. De los 12 que usa la comunidad para sus necesidades diarias, solo uno salió limpio. Los demás alcanzaban hasta los 500 ppb. Además, en las muestras de las quebradas el resultado fue peor. En las zonas del río donde la gente toma el agua la medida alcanzó hasta los 200, y cerca de las minas había entre 100 y 1000 ppb.

Ni el agua del acueducto para los niños de la escuela se salvó, pues de los grifos sale agua con 50 ppb, es decir más del doble de lo permitido para un río y 50 veces más alto que lo permitido para agua potable.

  Resultados Mercurio La Toma_Octubre 21 de 2016 by lasillavacia on Scribd

El panorama es más grave, pues el mercurio se diluye en el agua, pero en el cuerpo humano no. “Es un asesino silencioso, pues se acumula desde que pasa de las plantas a los peces pequeños, luego a los más grandes y llega al final a los humanos. Tememos que ahí los niveles sean más altos”, explicó la investigadora Diana Vanegas.

En los humanos el envenenamiento por mercurio se evidencia en problemas neurológicos, fallas de la visión, los riñones y nacimiento de niños con deformaciones. Si la fuente del metal no se elimina, la intoxicación sigue. Es por eso que las investigadoras también tomaron muestras de cabello a solicitud de los habitantes de La Toma y ya están en análisis en los laboratorios de la Universidad de La Florida. Los resultados llegan en enero.

Intoxicados

“Estamos haciendo talleres con las profesoras para que la gente entienda qué es estar contaminado”, explicó Francia Elena Márquez. “Los mayores dicen que los viejos ya tenemos partes en nuestros cuerpos, y que ahora hay que salvar a las próximas generaciones”, narró la líder.

A esas reuniones también invitaron a los mineros de la zona. En La Toma, para el 2014 había 14 títulos mineros otorgados y 28 en solicitud. A la reunión solo asistieron tres.

La comunidad les pidió que dejaran de usar mercurio y los mineros dijeron que sí, pero el próximo año. “Propuse solo usar cianuro y dejar el mercurio. Igual desde el año entrante no se puede volver a comprar y se va a volver muy costoso”, explicó Alex Bedoya, minero de La Toma que partició en la reunión.

Con eso se refiere a la restricción a la compra y venta del mercurio se debe a una ley que sacó el Gobierno en el 2013, que pretende disminuir la liberación de mercurio tanto en la minería como en los procesos industriales. Sin embargo, aún es fácil para los mineros comprar el metal.

Simón Gaviria, director de Planeación Nacional informó en septiembre que proyecta que el 2018 se deje de usar mercurio en la minería. Para eso, menciona que lo más importante es capacitar a los mineros. Sin embargo, aún es incierto el plan de descontaminación que propone el gobierno, pues según el mismo Gaviria el país libera 75 millones de toneladas de este elemento, por lo que ocupa el tercer lugar en su uso después de China.

La comunidad de La Toma por ahora no ha tomado una decisión. Pues algunos son más radicales en pedir que se frene la extracción con el uso de químicos y otros aún no comprenden los efectos de los metales pesados en el cuerpo humano.

“La gente no sabía que a lo que toda la vida le han dicho azogue es mercurio. Los dueños de las minas se aprovechan de su ignorancia y les dice que no es dañino y nadie se ha muerto por usarlo”, mencionó Francia. También han difundido ideas de que el mercurio está en todas partes, en los bombillos, en el atún, para que la comunidad no se alerte, comentó una de las dos investigadoras. “Pero fueron los mineros de Segovia y Marmato los que trajeron el mercurio, pues nosotros no lo utilizábamos”, aseguró un líder que reservó su nombre por seguridad.

A pesar de la confusión, estos resultados preliminares sustentan las peticiones que desde hace dos años vienen haciendo las lideresas de La Toma: que el gobierno pague los estudios de los efectos de la minería en el norte del Cauca. Esto traería como consecuencia demandas de reparación colectiva contra el Estado.

Esta petición se respalda también en la reciente sentencia de la Corte Constitucional publicada en octubre. Los magistrados votaron a favor de la comunidad de Pijao (Quindío) que exigía se hiciera una consulta previa antes del inicio de un megaproyecto minero. El tribunal reconoció su derecho, lo hizo extensivo a todas las comunidades del país y además le dio a los entes territoriales la potestad de cancelar las actividades mineras a su criterio.

Además, también le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que a más tardar en dos años debe realizar una mesa de investigación científica y sociológica de los impactos de la minería con el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República.

Según el fallo, los resultados deberán colgarse en la página web de todas las entidades. En ese mismo momento el ministro de Medio Ambiente, Gilberto Murillo, afirmó que el fallo generaba incertidumbre en el sector minero.

A pesar de eso, y de que el ministro afirmó que ya habían estudios ambientales, esta semana empezaron a funcionar las mesas de investigación en los municipios con vocación minera, según informó esta cartera a La Silla Pacífico.

Este acatamiento del fallo apenas va en fase exploratoria, pues según un profesional del Ministerio de Ambiente, para tener resultados científicos se requiere por lo menos un año. Por lo que apenas se están definiendo las competencias de cada entidad.

Con este inicio, ya dan un paso adelante las peticiones de comunidades como La Toma, que también le había planteado un estudio al gobierno hace dos años, pero no se llegó a un acuerdo. “En compañía de algunos expertos, formulamos un proyecto para evaluar los impactos económicos, sociales, culturales, de salud y ambientales de la minería ilegal, por cerca de cerca de 800 millones de pesos”, contó Francia Márquez.

Sin embargo, siguen las dudas en los resultados que arroje el gobierno: “la minería ha destruido nuestros territorios por la corrupción institucional, que han permitido que el mercurio y las retro circulen libremente. Cómo vamos a confiar en que el Estado vaya a realizar un estudio transparente sobre las afectaciones que hemos vivido, sobre todo si se deben reparar esos daños”, concluyó Francia.

Lo preocupante para las investigadoras es que mientras no se elimine la fuente del mercurio, la comunidad seguirá acumulando el metal en su cuerpo. Así que el proceso de las comunidades es enfrentar cara cara a los mineros.

Mientras los estudios de uno u otro lado llegan, y el mercurio sigue corriendo, todavía queda la incertidumbre de cómo se reparará el daño que ya ha hecho.

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