Por Laura Ardila Arrieta · 12 de Mayo de 2017

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Si el CNE le pone la lupa al sustento de la revocatoria en Cartagena, se salvaría gracias a sus argumentos de que hay una insatisfacción generalizada, porque  los de incumplimiento al plan de gobierno no están suficientemente argumentados.

El comité que el pasado 6 de enero se inscribió ante la Registraduría para recoger las firmas (llamado ‘Porque la ciudad manda, Manolo se va’) fundamentó su propósito en las dos causas, insatisfacción e incumplimiento.

Esas motivaciones, detalladas en los formularios en los que el comité intenta recoger las casi 40 mil firmas válidas que necesita para que la revocatoria sea convocada en las urnas, señalan que el descontento ciudadano con el alcalde Manolo Duque se evidencia “a través del resultado de las últimas encuestas” en las que el Alcalde “ocupó los últimos lugares entre los mandatarios evaluados”.

Eso es cierto. Cuando el comité se presentó ante la Registraduría, Duque venía de ser el alcalde peor calificado (de entre 17 alcaldes) por los líderes de opinión del país que respondieron a la Polimétrica de la firma Cifras & Conceptos en octubre. 

Luego, en noviembre de 2016, el programa Cartagena Cómo Vamos reveló un sondeo realizado a poco más de mil cartageneros, según el cual el 70 por ciento de los entrevistados tiene una imagen desfavorable de Manolo Duque.

A fin de año, ese mandatario ocupó el puesto 19 entre 24 alcaldes medidos en favorabilidad en sus ciudades por la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CM&.

Pero esa contundencia no es tal a la hora de hablar del supuesto incumplimiento del Alcalde a su Plan de Desarrollo ‘Primero la Gente’.

El comité de la revocatoria, integrado por cinco profesionales que no están en el sector público y aseguran no tener detrás a ningún político (aunque uno de ellos, llamado Roberto Pérez Liñán, le hizo campaña a la Alcaldía al exconcejal Andrés Betancourt), asegura que Manolo está incumpliendo el plan en su eje estratégico ‘Cartagena incluyente’ por haber sacado un decreto que prohibió el tránsito de motos en varios barrios de estrato alto.

Ese decreto, que salió en septiembre de 2016, fue una de las respuestas de la Administración a una ola de inseguridad que se desató en La Heroica.

No obstante, primero no es cierto que haya prohibido el tránsito de motos por barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, sino que lo limitó únicamente a las personas que fueran sin parrillero para evitar atracos en modalidad motocicleta.

Además, aunque es cierto que está encaminada a proteger sectores pudientes, un asunto que fue objeto de críticas, no hay ninguna prueba de que la medida haya generado necesariamente más exclusión.

El comité pro revocatoria también asegura que Duque fue en contra de la línea estratégica de su plan de gobierno ‘finanzas robustas y sanas’ al haber endeudado la ciudad “hasta 2031 por más de un billón de pesos”. La Silla Caribe no encontró ninguna información sobre ese supuesto endeudamiento, que además nos fue negado por el secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa.

Por último, las motivaciones aseguran que el Alcalde propone vender las acciones del Distrito en la Sociedad Portuaria (lo que, según los revocadores, golpearía las finanzas y también iría en contra del Plan de Desarrollo).

Aunque en enero Manolo aseguró que la plata de la venta del 2,11 por ciento que tiene la ciudad en la Sociedad Portuaria podría servir “para fortalecer el Plan de Desarrollo”, por ahora esa idea no se ha concretado.

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