Por Juan Pablo Pérez B. · 30 de Junio de 2017

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Hoy una juez decretó la detención preventiva de 8 personas por el atentado en el Centro Comercial Andino y el alcalde Enrique Peñalosa, la vicefiscal María Paulina Riveros y el director de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto, anunciaron otra captura vinculada al caso. Todo eso se ha logrado gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía que, aunque debería ser usual, se ha hecho mucho más sólida con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía.

De hecho, desde cuando se anunciaron las primeras capturas en ese caso, el vicepresidente Oscar Naranjo felicitó a ambas entidades:

En Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa  y su Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, no se quedaron atrás:

Y ese trabajo en equipo se ha notado en que los comunicados oficiales sobre el atentado los han firmados las dos entidades.

Eso se ha logrado después de superar, o por lo menos reducir, una rivalidad que existe desde que se creó la Fiscalía y con ella el CTI, que rivaliza con la Sijin.

La tensión se debe a que las dos entidades cumplen funciones de policía judicial; es decir, los dos investigan posibles delitos y recogen pruebas para que luego la Fiscalía pueda llevar a juicio a los autores. Y eso ha generado una competencia, una desconfianza y unos celos que se manifiestan, más que todo, en terreno.

Así, un miembro del CTI encargado de hacer inspecciones técnicas a cadáver nos contó  que ellos tienden a desconfiar de los de la Sijin porque, según dice, suelen violar el orden en que llegan los casos para quedarse con los más mediáticos y, así, mostrar gestión.

Para acabar con este tipo de conflictos, desde el 2014, hay mesas de trabajo de la Sijin y la Fiscalía en las que juntos analizan las cifras de delitos y arman estrategias conjuntas para atacarlas.

Es decir, con el fiscal anterior, Eduardo Montealegre, y la dirección de Rodolfo Palomino en la Policía, empezaron a trabajar juntos las decisiones estratégicas desde arriba, para ir impregnando a las dos organizaciones de una cultura de trabajo coordinado y confianza mutua.

La agenda de trabajo conjunta

El 19 de diciembre el Fiscal Martínez y el general Nieto se reunieron, decidieron poner una agenda de trabajo conjunta y acordaron poner a sus encargados de planeación a aterrizarla en una matriz con mesas de trabajo temáticas entre las dos instituciones y una larga lista de tareas.

Se volvieron a encontrar más de dos meses después, a fines de enero, para definir esa agenda y después de que las dos direcciones de planeación les presentaron un plan completo de trabajo conjunto, que finalmente quedó conformada por más de 250 tareas específicas organizadas alrededor de 12 temas que tienen un plan de acción con metas e indicadores.

Entre ellos hay cuestiones procedimentales, como una mesa para definir protocolos conjuntos para manejar los lugares donde hubo delitos (algo fundamental para evitar choques, celos o pisadas de manguera); temáticos, como mesas conjuntas para lavado de activos, seguridad ciudadana o lucha contra el crimen organizado; e institucionales, como un trabajo específico para capacitación y formación de investigadores y técnicos.

Pero, más allá de la amplia agenda de colaboración, las dos entidades tomaron dos medidas para que la colaboración se haga real.

La primera es que incluyeron los planes de acción de cada tema en parte de las labores obligatorias de quienes trabajan cada tema. Por ejemplo, en la Fiscalía se incorporaron las metas en el modelo de gestión, lo que quiere decir que serán parte de la evaluación anual de sus funcionarios. Eso ayuda a que la colaboración pase de ser un asunto de química y buena voluntad entre policías y fiscales, como ocurría antes, a una obligación que tiene que cumplir el funcionario que sea.

La segunda es que definieron que las mesas temáticas se deben reunir cada semana, para ir evaluando el cumplimiento, y que el Fiscal y el Director van a hacer una evaluación trimestral (están a punto de hacer la primera). Y con eso buscan no solo que haya un control de lo que vaya pasando sino que dentro de las instituciones quede claro que se trata de una decisión con todo el apoyo de las cabezas.

Esa dirección estratégica, aunque lleva relativamente poco tiempo, ya ha tenido frutos. Y un caso concreto es el cambio en algo que suena básico pero es complicado en el mundo de la inteligencia: compartir información para luchar contra las bandas criminales.

Bases de datos unificadas

Desde hace dos años existe el Módulo de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, una base de datos que comparten Policía y Fiscalía para unificar su información. Eso, que ya era un avance frente a los recelos de antes, terminó de consolidarse en estos meses, y eso llevó a las dos entidades a hablar el mismo lenguaje con respecto a las bandas.

Para crearla, la Policía pasó toda la información que tenía en su Matriz Operacional Institucional de la Policía (Moip), que viene de todos los delitos que la gente denuncia ante ella y a juicio de la Policía se refiere exclusivamente a bandas, y la Fiscalía pasó la de bandas criminales de su base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

Eso es todo un cambio porque mientras que antes investigaban, por separado, la misma banda criminal y no había un conducto expedito para ponerse de acuerdo, ahora se comprometieron a meter lo que descubran en la base de datos y decirlo en las mesas de trabajo semanales.

Para asegurarse de que antes de planear un operativo para desmantelar a una banda criminal su información esté en la base de datos, el Fiscal y el Director de la Policía acordaron que solo pueden hablar de la desarticulación de una banda (es decir, mostrar resultados) si es un grupo que constaba como tal en la base de datos.

Con las bases de datos unificadas, las dos entidades comparten directamente la información; eso les ha permitido planear en las mesas semanales (que antes existían pero sin la periodicidad actual) los operativos contra bandas criminales con más eficiencia. Esto muestra que la decisión estratégica de Martínez y Nieto no apareció de la nada, pero sí fortaleció los espacios de trabajo conjunto.

El censo de Néstor Humberto

Lo mismo ocurre con las reuniones semanales para discutir el censo delictivo semanal, un compendio de los delitos de cada región del país, en las que miembros de la Fiscalía, de la Policía y del Ejército se reúnen a discutirlos, establecer puntos calientes (las zonas donde se concentran los diferentes delitos) y planear cómo intervenirlos.

Por ejemplo, en la semana del 4 al 10 de mayo (ya con el plan de acción conjunta andando), la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, encargada de preparar ese censo en la Fiscalía, detectó que, en Caquetá, llevaban 7 homicidios dolosos frente a los 3 que llevaban en esa misma semana del 2016. Eso los llevó a indagar más y descubrir que este año iban casi un 60 por ciento más de homicidios que en el 2016 hasta ese momento (pasaron de tener 42 a 67).

En un estudio más detallado detectaron que los homicidios de Florencia, San Vicente de Caguán, San José del Fragua y Cartagena del Chaira (donde ocurrieron más del 73 por ciento de estos homicidios) tenían patrones comunes: fueron cometidos en motocicletas negras con parrilleros, con pistolas 9 milímetros y las víctimas eran acusadas de pertenecer a una banda criminal.

Con eso concluyeron que una banda criminal era el presunto responsable del aumento en los homicidios y armaron un informe para el Director Seccional de la Fiscalía en Caquetá y para funcionarios de la Sijin y del CTI. Luego, planearon intervenciones en los municipios en donde se concentraban los homicidios para, así, resolver el problema.

En Florencia, el 23 de mayo, 12 funcionarios del CTI, 30 de la Policía Nacional, 8 de la Sijin, 2 de la Policía de Tránsito y 25 soldados hicieron un operativo en el que recogieron evidencias y  capturaron a un hombre con pase alterado que manejaba una moto con la placa adulterada.

Al día siguiente hicieron un operativo en San Vicente del Caguán, de nuevo con miembros de la Sijin, el CTI y soldados, e identificaron posibles sicarios.

Y ese mismo día, en Cartagena del Chairá, 2 miembros de la Sijin, 8 del CTI y 10 soldados recogieron más pruebas y encontraron que una de las bandas posiblemente es parte de una de las disidencias de las Farc que bajan en las noches al municipio a traficar con droga. También, encontraron que otra de las bandas se dedica al hurto de motos.

Lo relevante de esos operativos es que las tres entidades (Ejército, Fiscalía y Policía) las planearon y ejecutaron en conjunto, como en el caso del Andino en donde compartieron el crédito de los logros y la información, y con eso van limando asperezas semana tras semana, operativo tras operativo.

Así, según el Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, demuestran “la presencia del Estado en estas zonas de alta criminalidad”.

Con la base de datos y el censo delictivo semanal, el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía ha crecido: en los últimos dos años han desarticulado en conjunto a 29 grandes bandas criminales (es decir, grupos con más de 30 miembros), de las que el 79 por ciento de sus miembros fueron a dar a la cárcel de forma preventiva (faltan las condenas definitivas, porque en 2 años la justicia difícilmente logra evacuar las dos instancias de un proceso penal). En contraste, en 2014 solo el 17 por ciento de los capturados por pertenecer a una banda criminal terminaron detenidos preventivamente.

Actualmente, juntos están persiguiendo a 1.362 organizaciones criminales de las que el debatido Movimiento Revolucionario del Pueblo es apenas una. Por eso lo que hay detrás es esperanzador.

Nota del editor: actualizamos esta nota en la tarde del viernes con las detenciones preventivas y nuevas capturas en el caso del Andino y con más información sobre el direccionamiento estratégico de la colaboración.

Comentarios (1)

Gustavo Adolfo

01 de Julio

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Urgente fortalecer los juzgados y el sistema carcelario para que el trabajo de investigación de frutos
 

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