Jueves Abril 24, 2014

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“Hoy es un día que va a ser recordado en nuestra historia, 9 de abril del año 2012, porque hoy damos un paso muy importante hacia la reconciliación de este país. Hoy estamos conmemorando lo que se ha llamado legalmente el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas”, dijo hoy el presidente Juan Manuel Santos en Villavicencio. Estaba junto a varios miembros de su gabinete que han tenido la difícil tarea de comenzar a implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Y aunque solo han pasado tres meses desde que comenzó su implementación (y un poco más de seis meses desde que fue aprobada la Ley en el Congreso), algunos de los puntos que estableció la Ley están más crudos que otros.

Este es un corte de cuentas a la ley de víctimas, de acuerdo a varios funcionarios o líderes de víctimas consultados por La Silla Vacía:

1

Los jueces que restituirán las tierras. La Ley estableció que los procesos de restitución de tierras se llevarán ante un juez de tierras, jueces que de forma transicional y durante 20 años decidirán sobre los casos de restitución que defina la Unidad Administrativa de Tierras.

El presidente Juan Manuel Santos dijo hoy que la meta es que en 2014 haya 60 magistrados y 134 jueces. El 23 de diciembre de 2011, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura nombró cinco jueces provisionales en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta, pero la meta del gobierno es que sean 22 los que puedan decidir este año. El problema es que, mientras que se da el proceso de contratación de los jueces, las solicitudes de reclamación han comenzado a subir: ya van 10 mil solicitudes de restitución de tierras que solo cubren seis zonas del país.

Además, para que los 22 jueces sean nombrados, deberán pasar por concurso. Y como en Colombia no hay jueces especializados en justicia agraria o restitución de tierras, se ve difícil que suficiente gente se presente y lo pase.

“Es cierto que no hay jueces conocedores del derecho agrario, pero no sólo de eso, sino justicia transicional es muy poco lo que se sabe”, admitió a la Silla Ricardo Sabogal, director de la Unidad Administrativa de Tierras. “Pero estamos ya haciendo capacitaciones con tanques de pensamiento especializados en derecho, ya vamos en un primer módulo y falta un segundo módulo”.

2

¿Cuántas son las víctimas? La ley estableció que se debía construir el Registro Único de Víctimas, que es el inventario de todas las víctimas que recibirán reparación y que arrancaría con base en el Registro Único de Desplazados de la antigua Acción Social. Aunque actualmente esta base incluye al menos a cuatro millones de desplazados, el nuevo Registro debe además tener en cuenta otros hechos victimizantes además del desplazamiento. Pero esta tarea no ha sido fácil.

“Actualmente estamos integrando, por ejemplo, las víctimas de minas o las víctimas registradas ante Justicia y Paz”, explicó a La Silla Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas y encargada de la construcción de este registro. “Pero los sistemas de información no son siempre compatibles ni fácil de integrar. Nuestra esperanza es que en junio ya esté completamente integrado”.

Además de unir los registros, la Unidad también quiere incluir a las personas que no están en ninguna base de datos y que han comenzado a acercarse a la Unidad para denunciar que fueron víctimas de la violencia.

Hasta el momento la Unidad ha recibido 46 mil declaraciones de personas alrededor de todo el país que se han declarado víctimas, por lo que el proceso ha sido dispendioso. El Ministerio Público es el encargado de tomar esa declaración, pero el formulario que fue diseñado por la Unidad es demasiado extenso (tiene cinco páginas y 17 anexos), lo que hace que un funcionario se demore en promedio dos horas diligenciando cada declaración. Por eso las citas para recibir la declaración en la Defensoría del Pueblo ya van en junio.

La defensora Delegada para las Víctimas, Patricia Luna, explicó a La Silla Vacía que es imposible agilizar este proceso porque este trámite lo están haciendo con el mismo personal y el mismo presupuesto que tenían antes de que comenzara la implementación de la Ley de Víctimas. “El proceso va lento porque la fórmula no lo facilita, hay dificultades de tipo logístico y de capacitación e implementación”, dijo Luna.

El siguiente paso es que esas declaraciones sean valoradas por la Unidad de Víctimas y se defina si entran al Registro Único. Actualmente hay 250 personas entrenadas para hacer esta valoración, pero todavía no han podido arrancar porque el Comité Ejecutivo de Víctimas (que es la máxima instancia del sistema de entidades que creó la ley) no se ha reunido para aprobar el código de valoración establecido por Gaviria. La mayoría de estas víctimas hicieron sus declaraciones a final de enero y la reglamentación de la Ley de Víctimas le da a la Unidad 60 días para la valoración. Y apenas mañana, que se reúne el Comité, se sabrá si la valoración arranca por fin o no. En la Defensoría consideran que ese plazo es demasiado extenso porque, antes de la Ley, en los casos de desplazamiento, ese plazo era de quince días y con ello no era tan demorado comenzar a recibir la ayuda. Ahora, durante esos 60 días lo único que se puede entregar a una posible víctima es la alimentación y el alojamiento por una sola vez (una comida y una noche de alojamiento).

3

Los nombramientos que faltan. La Unidad de Víctimas, de acuerdo a la reglamentación de la ley, tenía hasta el 31 de marzo para tener a todos los funcionarios necesarios en las distintas regiones trabajando frente al tema de víctimas. Sin embargo, de los 20 directores regionales que se deben nombrar sólo hay seis, están en proceso otros cuatro y 10 faltan por definir.

“Ha sido difícil, porque los directores territoriales tienen que ser gente de alto perfil, que conozcan el territorio, que sean personas reconocidas por la comunidad”, explicó Gaviria a La Silla, quien ha estado a cargo de estos nombramientos.

4

La memoria y la verdad. El primer gran resultado del trabajo del Centro de Memoria Histórica, la entidad encargada de recopilar todo lo que ocurrió y que produjo las víctimas, se conocerá en junio de 2013. En la Semana por la Memoria se rendirá el informe general sobre las razones de la violencia en Colombia con un capítulo especial sobre política pública para evitar más violencia en el futuro.

Hay dos informes adicionales que ya están listos para impresión: uno llamado Violencia y Género en el sur del país, que trata especialmente el caso del Putumayo y otro que se refiere a la resistencia indígena en el Norte del Cauca.

A eso hay que sumarle el Centro de Memoria que no sólo tendrá las investigaciones sino también un museo, los archivos de Derechos Humanos y los Acuerdos de Verdad. Para ello es necesario recoger todos los testimonios de desmovilizados. En este momento se está adelantando el proceso de selección para los directores de estas nuevas instituciones.

5

La seguridad para los líderes de víctimas y restitución de tierras. “El tema de la seguridad de las víctimas ha sido el tema más difícil en todo este proceso”, explicó a La Silla la líder de víctimas Carmen Palencia. “No se trata solamente de poner un carro blindado a cada reclamante, se trata de que se comiencen a judicializar a los victimarios, de que se desmonten las bandas paramilitares”.

Para Patricia Luna, delegada de víctimas de la Defensoría, los asesinatos también han demostrado la debilidad del Estado para la protección de las víctimas que reclaman sus derechos, pues ha tomado medidas que no considera ni pertinentes, ni idóneas.

Sin embargo, Palencia ha reconocido los esfuerzos hechos por la Unidad de Protección, dirigida por Andrés Villamizar, para proteger a las víctimas. El primero de enero, Villamizar decidió que expertos en la Unidad de Protección reemplazaran a la Policía en la elaboración de los estudios de riesgo para las víctimas (uno de los puntos que más habían criticado las víctimas) y creó una línea especial para víctimas amenazadas. “Antes había solo 15 víctimas con medidas de protección, en este momento hay 72”, explicó Villamizar a La Silla. “De éstas, alrededor de 30 se encuentran en Curvaradó y Jiguamiandó”.

Pero la ayuda, como explican Palencia y Luna, no siempre es suficiente. Hace dos semanas Manuel Ruiz y su hjio fueron asesinados en la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. Ruiz era uno de los líderes desplazados en la zona, y el consejo comunitario local ya había solicitado medidas de protección. Aunque la Unidad de Protección le otorgó un celular (con minutos ilimitados a la Unidad) y el Consejo Comunitario rechaza la posibilidad de escoltas en su territorio, Ruiz también había pedido una moto como ayuda y su solicitud seguía en revisión en la Unidad de Protección.

El caso de Curvaradó y Jiguamiandó demuestra que hay otras forma de protección a las víctimas y que van a paso de tortuga. En 2010, en un auto del 18 de mayo, la Corte Constitucional pidió al Gobierno hacer un Plan de Prevención y Protección, a cargo de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, pero con la participación de otras instituciones del Gobierno, para proteger de manera colectiva a los líderes en esta zona. Hasta el momento solo hay un borrador del proyecto.

6

La revisión de la Corte Constitucional. La Ley de Víctimas tiene que pasar una de sus pruebas más complicadas en la Corte Constitucional. Aunque la Ley no exige una revisión automática, a punta de demandas puede ser revisado todo el articulado.

La Corte Constitucional ya revisó uno de los principales artículos de la Ley de Víctimas. El 8 de febrero pasado avaló la definición de la víctima, que era clave para saber quién podrá reclamar la reparación del Estado. Y aclaró que esa definición no solo puede incluir a los parientes "en primer grado de consanguinidad" (padres e hijos), sino a todas las personas que se hayan visto afectadas por la muerte o desaparición de alguien como resultado del conflicto.

Esta es la primera de 22 demandas de inconstitucionalidad que hasta el momento ha recibido la Corte. De esas, hay doce que están vivas en los despachos de los magistrados.

Hay tres en el despacho del magistrado Humberto Sierra Porto, dos más en el despacho de Gabriel Mendoza y las demás demandas que ya fueron aceptadas están en otros despachos. Dos demandas por el proceso de restitución de tierras le tocaron a Mauricio González.

Uno de los artículos más complicados en la Corte será el del Registro Único de Víctimas porque existe la discusión sobre si se trata de un conteo con fines administrativos o si está siendo usado como requisito para recibir los beneficios.

Si éste último fuera el caso, ya existe jurisprudencia de la Corte, de 2007 y 2008, que determinó que a las víctimas se les debe creer. De seguir esta línea, la Corte podría dejar sin piso jurídico la validación que hace la Unidad de Víctimas para determinar si incluye a una persona en el Registro Único.

7

¿En qué va la sostenibilidad fiscal de la Ley? En el texto de la Ley de Víctimas se fijó un límite de seis meses para, mediante un documento Conpes, crear un Plan Nacional de Financiación que garantizara la sostenibilidad fiscal de la Ley.

Lo primero que hizo el Gobierno fue incluir el costo de la Ley de Víctimas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que se traduce en que en todos los presupuestos de los próximos años la atención a las víctimas deberá estar dentro del presupuesto general de la Nación.

Adicional a esto, el primero de diciembre de 2011 fue aprobado un Conpes que fijó un presupuesto de 54 billones de pesos para el costeo total de la Ley en los próximos diez años. De estos recursos 6,1 billones quedaron incluidos en el presupuesto de 2012 y se incluyeron los recursos para las reparaciones por vía administrativa.

Ante la Corte Constitucional, la contralora Sandra Morelli criticó la estrategia de financiación del Gobierno, porque dijo que esos recursos ya estaban presupuestados para vivienda, salud o educación.

Sin embargo, la explicación del Gobierno es que esta Ley genera gastos pero no genera ingresos y no hay de dónde sacar nueva plata. Por lo tanto, lo que hizo el Conpes fue priorizar esas inversiones para la población que sea declarada víctima.

Entonces lo que cada Ministerio hace es destinar parte de su presupuesto, con prioridad, a la Ley de Víctimas.

La limitación que tiene el Conpes es que se calculó a partir de las cifras de la población víctima conocida hasta ese momento y por lo tanto el presupuesto se va a ir quedando corto cuando la cifra de víctimas aumente. Tampoco están incluidas las reparaciones por vía judicial, como las que ordena un juez en casos como el de la masacre de Chengue, porque esos recursos se van a ir generando a medida que se van produciendo los fallos.

 

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Bruce Mac Master
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Jue, 2012-04-12 11:37

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Jue, 2012-04-12 11:34

Con la ley, las entidades territoriales deben ocuparse en mayor medida de la atención a las vícitmas de lo que hacían antes con los desplazados, me parece que faltaría revisar cómo van las administraciones locales (todas nuevas) con la implementación de la ley, en ellas recae gran parte de la resposabilidad.

De otra parte, me parece que la señora Gaviria no le hace honor a su discurso con el atraso operativo y administrativo en que se encuentra, en últimas, las perjudicadas son las víctimas, sobretodo los desplazados que ya llevan esperando más de 90 días (son 60 días calendario) por una respuesta.

Me parece un retrato muy benevolente con lo que ha sucedido con esta ley que genera tantas expectativas y hasta ahora solo nos deja grandes preguntas y nos mestra la incapacidad del aparato institucional colombiano de ejecutar las leyes que le obligan. Lo de siempre, en el papel una cosa y en la realidad otra muy muy muy diferente.

Jue, 2012-04-12 11:36

La ley también convoca a la sociedad en general a hacer parte del proceso, La Silla Vacía es uno de los pocos medios que hace seguimiento a la implementación de la ley, plausible esfuerzo al ser un tema tan complejo y de tanta importancia para el país. Lo que resulta paradójico es el poco interés que despierta en la sociedad en general, aquí tenemos un claro ejemplo con los pocos aportes que han hecho los seguramente pocos visitantes, me pregunto si es que los colombianos hemos perdido la capacidad de solidarizarnos, o será por ignorancia en el tema que nadie se atreve aquí a decir nada? y en este caso por que no despierta el interés que otros temas sí.

Me parece que aquí no hay nadie a quién criticar tan directamente, no hay un culpable al que atacar, esa costumbre tan colombiana, tampoco es un tema que permita demostrar la superioridad intelectual del que escribe. En este sentido, ¿para qué interesarse? Me gustaría que se llame la atención frente a este tema.

Jue, 2012-04-12 11:35

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Jue, 2012-04-12 11:35

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Mar, 2012-04-10 21:40

CAMILA: hablas de la ley de víctimas, de sus artículos, de los puntos crudos y los cocinados. Pero han habido muchas leyes de víctimas en Colombia. No entiendo en tu artículo a cuál ley te refieres, quisiera leer el texto original completo, pero no citas el número de la ley ni el número de los decretos. Todos tus lectores no somos expertos, por favor podrías escribir estos datos? Gracias

Mié, 2012-04-11 11:10

Genoveva, gracias por el comentario, ya voy a poner el link en la historia para que todos puedan consultar la ley. Por si acaso, acá puedes consultar la ley de víctimas: http://www.centromemoria.gov.co/archivos/ley%20de%20vctimas%20-%20final.pdf
Y acá descargar los decretos reglamentarios de la ley:
http://www.leydevictimas.gov.co/#!__reglamentacion/decretos-reglamantari...
Saludos

Lun, 2012-04-09 18:34

Un problema de múltiples dimensiones y de alta complejidad. Entremezclado con la violencia histórica y reciente. El espacio rural en Colombia ha sido bastante conflictivo.

Las medidas del gobierno si bien son importantes, especialmente porque pone el tema para el debate público nacional, resultará insuficiente. No más leyendo bien la sintésis de las periodistas CAMILA OSORIO AVENDAÑO y DORA MONTERO CARVAJAL, puede apreciarse lo profundamente problemático que se torna este tema.

Refinados han sido los métodos que han utilizado los terratenientes ligados a las bandas paramilitares para legalizar a través de las notarías y las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos el robo de las pocas tierras que aún quedaban en manos de los campesinos hoy convertidos en desplazados con toda la salvaje humillación y degradación moral que ello comporta. Se diluirán en los despachos judiciales las reclamaciones de los afectados y las justificaciones de los usurpadores criminales.

Mar, 2012-04-10 01:26

Completamente de acuerdo.

Lun, 2012-04-09 17:45

Mientras no haya inversión a la carga de la prueba la ley de victimas sera un juramento a la bandera. http://www.corporacionpba.org/portal/content/la-ley-de-victimas

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