Por Ana Karietna León Quiroga · 19 de Mayo de 2016

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Tres meses después de que la Corte Constitucional prohibiera la minería en páramos la zozobra continúa en Santurbán.

Los habitantes de los seis municipios mineros de ese páramo que conforman la provincia de Soto Norte, que une a Santander y Norte de Santander, aún no conocen los alcances prácticos de la decisión, y en medio de esa incertidumbre empezaron a sentir las consecuencias de la parálisis de una de las grandes mineras de la zona.

La Silla conoció que el martes pasado la minera Eco Oro (antigua Greystar) que opera en California desde hace 22 años, presentó ante el Ministerio de Trabajo una solicitud para que le permita hacer un despido colectivo que dejará por fuera a 35 de los 65 empleados directos de esa canadiense.

 

La solicitud está argumentada en que el fallo de la Corte afectó el título minero del proyecto Angosturas, que además de ser el más antiguo de la región, ha tenido una inversión aproximada de 240 millones de dólares desde que arrancó.

Precisamente, ese proyecto ha sido uno de los más polémicos de la región debido a que  inicialmente fue planteado para explotar a cielo abierto el oro en Santurbán, lo que desencadenó las marchas por la defensa del agua en Bucaramanga y el área metropolitana en 2011, que lograron que se reversara esa posibilidad.

La salida masiva de personal de Eco Oro obedece a que esa empresa tomó la decisión de dejar de invertir plata en el proyecto hasta tener en claro las limitantes que impone el fallo sobre el área de Angosturas, debido a que aún no es claro cómo debe interpretarse y la Corte aseguró que no tiene competencia para aclararla.

Sin embargo, una alta fuente del Ministerio de Trabajo le dijo a La Silla que la solicitud presentada por Eco Oro está planteada de manera tal que iniciaría el proceso para su liquidación. Esa  versión también está circulando en los municipios mineros, y según autoridades de la zona es uno de los caminos que está planteando públicamente la multinacional.

Aunque la solicitud para el despido colectivo está en trámite, el apretón de Eco Oro ya se empezó a sentir en la zona. Dos miembros del sindicato de esa minera le aseguraron a La Silla que desde este mes dejaron de tener los beneficios de transporte y alimentación, y que, según les dijeron sus jefes, “no hay plata ni para pagar el sueldo”.

El ‘plan b’ está en el aire

Como lo contó La Silla, las promesas de inversión que llegaron para la región con la delimitación del Páramo siguen a medias. Según el alcalde de Vetas, Orlando Rodríguez, el desempleo en ese municipio -con una economía basada en la minería artesanal- ha aumentado tras el fallo de la Corte , alcanzando un 87 por ciento, y el gobierno no les ha planteado soluciones a largo plazo. 

A eso se suma que no han existido propuestas de intervención claras ante la inminente crisis social por la parálisis en Eco Oro, y el único acercamiento con la Nación y la Gobernación fue una reunión que se llevó a cabo en Vetas hace dos semanas, de la que solo salieron acuerdos verbales.

Dentro de ellos acuerdos quedaron establecidos la renovación por dos meses de 80 empleos temporales, la creación de otros 400 (por 4 o 6 meses) y la posibilidad de invertir $8 mil millones del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec, una bolsa de recursos administrada por cajas de compensación familiar, en proyectos para la zona que se deberán identificar y priorizar.

Los recursos, según le explicó a La Silla, el viceministro de trabajo, Luis Ernesto Gómez, llegarían a través de fondos para el posconflicto. Sin embargo esas propuestas, según el alcalde de California Hugo Lizcano, están lejos de solucionar el problema de fondo para los mineros de Santurbán.

“Nosotros realmente queremos que con los ministerios de Ambiente, de Agricultura y de Trabajo, y con la Cdmb -mejor dicho, con todos los actores concertemos recursos- se hagan proyectos productivos para la región porque solo dan empleos temporales y ¿eso qué puede solucionar?”, aseguró.

Además, el problema de las alternativas planteadas es que tanto los 400 empleos temporales como la plata del Fosfec llegaría por recursos del posconflicto, y si bien municipios dentro del área de Santurbán han tenido presencia de actores armados, no están dentro de las zonas que más afectadas que seguramente se priorizarán para recibir inversión. 

Mientras tanto los habitantes del páramo siguen esperando que se aclaren los alcances de la decisión de la Corte.

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