Por Ana Karietna León Quiroga · 17 de Marzo de 2017

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A menos de dos meses de las Pruebas Saber 11, la administración de Didier Tavera suscribió un contrato con una editorial llamada los Tres Editores por $4.400 millones con el fin de apoyar a los colegios públicos de 82 municipios de Santander en la preparación de sus estudiantes. Aunque el propósito del contrato era  que los profesores identificaran los puntos flacos de los alumnos  y los reforzaran antes del examen, al final la utilidad de la inversión quedó en entredicho.

Mientras que en la mayoría de instituciones los simulacros de diagnóstico se realizaron solo a dos semanas de que los estudiantes presentaran las Saber; en al menos una tercera parte de los colegios los resultados de los simulacros llegaron después del examen estatal; y encima, la planeación estuvo tan desfasada que ni siquiera alcanzó el tiempo para utilizar los libros de dotación con los que entrenarían a los alumnos.

Así se los gastaron.


A la carrera

El 7 de junio del año pasado, a siete semanas de que las pruebas Saber 11 se realizaran en todo el país, la administración de Didier Tavera decidió suscribir un contrato para preparar a los estudiantes con miras al examen estatal, que es el que rankea los colegios del país y los niveles educativos de cada departamento.

Según se dijo en los estudios previos del contrato, el principal fin de esa inversión era ayudarles a los docentes a identificar las materias en las que los estudiantes tenían más vacíos para reforzarlos y en esa medida hacerlos más competitivos en el país.

Para eso, el contratista debía entregar dos herramientas claves que serían la guía y el soporte de los profesores en el proceso de preparación: la primera era la dotación de libros pre-Saber, que servirían para practicar el modelo de preguntas y familiarizar a los estudiantes con la prueba, y la segunda era la realización de dos simulacros para el grado once, que además de reforzar el papel de los libros, serían los que darían la pauta a los docentes para enfocar su trabajo en desarrollar las competencias de sus alumnos.

Sin embargo, desde el mismo momento en el que se concibió el contrato, el tiempo les empezó a correr en contra.

Tal y como quedó estipulado en el cronograma de la propuesta todo el programa de preparación se aplicaría en dos meses, el primer mes -irìa de junio a julio- a los colegios debían de llegar todos los libros de refuerzo, y en el segundo -iría de julio a agosto- se aplicarían los simulacros, cuando en promedio y para registrar un aumento de competencias en las pruebas un estudiante recibe seis meses de entrenamiento.

 

Aún así, y pese a que los tiempos eran tan apretados, que incluso si no había ningún retraso en la entrega de materiales y de resultados de los simulacros, la eficiencia del programa quedaba en entredicho porque los profesores se quedaban sin tiempo de preparar a los niños,   la Gobernación de Tavera decidió invertir $4.400 millones para financiarlo.

Según le dijeron a La Silla en la Gobernación de Santander, la carrera contra el tiempo se dio porque el Plan de Desarrollo se aprobò “solo hasta mayo“ y en la administración de Tavera “el interés es volver a la época del doctor Serpa en que el departamento fue catalogado en el primer lugar en tema de pruebas saber”.  

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el primer argumento La Silla encontró que no es tan preciso.

Además de que el Plan de Desarrollo de Santander fue aprobado en marzo -de hecho Tavera sacó pecho por eso en medios-, quedo listo casi al tiempo de que el Ministerio de Educación  anunció la fecha de aplicación de la prueba en todo el país.

Es decir, si la Gobernación hubiera tenido en la lista de prioridades el contrato, que además fue entregado directamente a los Tres Editores, una empresa que en la administración de Horacio Serpa -el padrino político de Tavera- recibió contratos similares en Santander, hubiera podido iniciar varios meses atrás.


Los simulacros que no sirvieron

Como el cronograma fue tan apretado, lo que pasó en la realidad con esa inversión fue que el material no sirvió para preparar a los estudiantes.

Según los soportes del contrato, a las instituciones que mejor les fue,  les llegaron los libros y los implementos para los dos simulacros (uno que se haría para saber desde qué punto arrancaban y otro para saber en cuál concluían) los primeros días de julio, es decir, a cuatro semanas de las pruebas.

La Silla habló con 34 rectores y docentes de colegios beneficiarios del programa de distintos municipios del departamento y 20 coincidieron en decir que no pudieron aprovechar el material.

"No se pudo hacer ni la socialización de los libros por la época en que llegó eso (...) la estrategia fue tan desacertada que las pruebas se aplicaron fue encima del Icfes”, dijo Wilson Díaz, coordinador académico del municipio Jesús María.

En la práctica, lo que sucedió fue que en el mejor de los casos, porque hubo material que llegó incluso más tarde, a menos de un mes de las pruebas Saber, los colegios  empezaron a aplicar los simulacros y a devolver las hojas de respuesta a la Gobernación para que las evaluaran.

Así las cosas, como hubo colegios que enviaron las hojas de resultado del primer simulacro (el de diagnóstico) para la primera semana de julio, muchos otros, -La Silla encontró que al menos 79- las enviaron a la Gobernación hasta el 3 de agosto, es decir tres días después de las Saber, porque el material les llegó más tarde.

"Para once no fue un gran impacto porque era imposible que los resultados nos llegaran antes del Icfes", dijo Nelly Mejía, rectora de un colegio en San Gil.

Tanto funcionarios de la Gobernación como el contratista le dijeron a La Silla que si bien en algunos municipios se presentaron demoras en las entregas, fue producto del paro camionero que se vivió para esa época en el país.

Sin embargo, ese paro terminó el 24 de julio y para mediados de septiembre - un mes y medio después de la prueba- la Gobernación aún estaba enviando hojas de respuesta de los simulacros y solicitándole al contratista que entregara lo más pronto posible los resultados.

"...todo fue sobre el tiempo y los resultados no se pudieron analizar para las falencias y mejorar antes de las pruebas (...) se supone que si son materiales de entrenamiento es para aprovechar antes de las pruebas (...)”, dijo Edinson Adarme, docente de un colegio en Aratoca.

Aunque el contrato también incluyó la preparación de los niños de tercero, quinto, séptimo, noveno y décimo, y según las versiones de los profesores, entre esas la rectora Nelly Mejía, como esas pruebas se realizaron hasta septiembre, la utilidad de los libros sí se sintió, en el caso de los simulacros, fue igual de desarfotunada la preparación.

Tal fue el desfase en la planeación del contrato que en la reunión que el contratista programó el 31 de agosto con los docentes y rectores para entregarles los resultados de las pruebas, aún 76 de los 274 colegios beneficiados, no habían entregado las hojas de respuesta de los estudiantes.

De hecho, en 16 colegios le dijeron a La Silla, que hasta hace dos semanas les llegaron los resultados de los simulacros por correo electrónico.

Para justificar la utilidad de la inversión, la Gobernación le dijo a La Silla que el departamento había subido en el escalafón nacional y que había aumentado su promedio en las Pruebas Saber; sin embargo, como al final los libros no se utilizaron por falta de tiempo y los profesores no pudieron aprovechar los simulacros, lo que sí queda claro es que los resultados no están ligados con esa contratación.

Este año Tavera quiere hacer el mismo contrato. Como el calendario escolar ya va en mediados de marzo, tendrá que meterle el acelerador si no quieren que la historia se repita y que la plata para preparar estudiantes termine enterrada.

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