Por Juanita León · 15 de Noviembre de 2016

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Una de las grandes incógnitas del momento es la posición que asumirán los promotores del No frente al nuevo Acuerdo con las Farc. Extraoficialmente, algunos uribistas le han dicho a la Silla que creen que el acuerdo incorpora muchos cambios marginales y ninguno sustancial. Sin embargo, además de sacarlo del bloque de constitucionalidad, hay otra gran modificación -o precisión, según quien lo interprete- que ha pasado desapercibida pero que es medular: lo que tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales.

 

Como había contado La Silla, un eje transversal del Acuerdo de Paz I era el empoderamiento de las comunidades locales y las organizaciones sociales en un esfuerzo por hacer la democracia colombiana más participativa.

En el Acuerdo II, la participación ciudadana es considerablemente mayor que hoy en día y sigue siendo un insumo fundamental para las autoridades pero se precisó que no tienen un poder decisorio directo sobre políticas ni sobre planes.

Los cambios

“La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”, dice la introducción del Acuerdo de Paz (del original y del renegociado).  “Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.”

Este principio de “construir la democracia de abajo hacia arriba” que había mencionado varias veces el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, es uno de los elementos del Acuerdo que podría transformar radicalmente cómo se hace política en Colombia pues apunta a desconcentrar el poder de las élites tradicionales.

Pero, tal como estaba originalmente redactado, también era uno de los puntos polémicos y muy criticados por los promotores del No que consideraban que tanta democracia participativa podría llevar a una parálisis de la economía y a la instauración de un poder paralelo al Estado -manipulado por las organizaciones sociales cercanas a las Farc y otras radicales de izquierda- que impidiera cualquier proyecto productivo en las regiones.

En el nuevo acuerdo, se mantuvieron los espacios para que las comunidades tengan un papel protagónico en la priorización, ejecución y seguimiento de las vías terciarias así como en las obras de infraestructura social de ejecución rápida como mejoras a escuelas, centros de salud y casetas comunales. También en los programas de sustitución de coca.

Pero si bien se conservan los espacios para que participen en temas que tienen que ver con la asignación de las tierras, la veeduría de los proyectos, el uso del suelo y las circunscripciones especiales en las zonas afectadas por el conflicto, se precisó que son las autoridades competentes las que tienen la última palabra.

Algunos ejemplos:

En el Acuerdo I, decía “la participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET. Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades”.

Y ahora se cambió la segunda parte por: “Para ello se establecerán instancias en los distintos niveles territoriales, para garantizar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, en desarrollo de lo acordado en la Reforma Rural Integral en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades.

En el Acuerdo I, las comunidades locales participaban en la selección de las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita de tierra.

En el Acuerdo II, quedó explícito que es la “autoridad administrativa competente” con la participación de las comunidades la que seleccionará a los beneficiarios y dice expresamente que lo hará a través de un mecanismo definido por la ley con criterios y requisitos objetivos y que aparezcan en un registro elaborado por la autoridad estatal. 

Es decir que si bien las comunidades pueden ayudar a elaborar ese registro con base en los criterios legales, no tienen la última palabra sobre quien recibe las tierras.

Lo mismo aplica para la formulación de los lineamientos generales del uso de la tierra. 

En el Acuerdo inicial decía que la “instancia de alto nivel” que se encargará ello atenderá entre otras cosas “las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación”.

Ahora aclara que que esta instancia se hará en “el marco de las competencias del gobierno nacional” y que esos lineamientos (en los que el insumo ciudadano será clave) se hará “sin perjuicio de las competencias de las autoridades locales para planificar y orientar el desarrollo del territorio de su jurisdicción y regular el uso, transformación y ocupación del espacio en articulación con las autoridades nacionales, en el marco de la formulación y aprobación de los planes y esquemas de ordenamiento territorial.”

Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz y negociador en La Habana, dijo a La Silla que "los procesos de planeación participativa con las comunidades no han cambiado, son la escencia de los Pedts".  Es decir, que siempre han sido espacios de participación para construir planes pero que las decisiones se toman con las autoridades.

Siendo así lo que se negoció en la Habana, no era para nada claro ni para los promotores del No ni por lo menos para dos líderes comunales con los que habló La Silla y quienes anticipaban que tendrían mucho más poder decisorio ahora. Con estos ajustes, entonces, se elimina el riesgo de que exista “el poder popular” paralelo que han promovido las guerrillas y también que se produzca el debilitamiento de las instituciones que temían los promotores del No.

Aunque también se corre el riesgo de que la participación ciudadana vuelva a ser solo una “botadera de corriente” sin ningún efecto real más allá de validar las políticas oficiales y que por lo tanto no se consiga un verdadero involucramiento de la población en la construcción de su destino.

En todo caso, con solo este cambio o precisión que revela un concepto de participación más en la lógica del “diálogo constructivo” que han promovido las agencias internacionales de desarrollo que en una más de “autogobierno” que ha defendido la izquierda comunista, el nuevo acuerdo ya es diferente al viejo.

Comentarios (3)

AlvaroH

17 de Noviembre

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Se nota que usted no pudo terminar de leer. El acuerdo modificado reduce el papel de las comundiades a la participación, no a la decisión. Pero buen...+ ver más

Se nota que usted no pudo terminar de leer. El acuerdo modificado reduce el papel de las comundiades a la participación, no a la decisión. Pero bueno, siga gritando. 

Santiago Garcés

17 de Noviembre

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Un comentario respecto a la distinción entre "diálogo constructivo", y "autogobierno". El primero fue una reapropiación del segundo, específicamen...+ ver más

Un comentario respecto a la distinción entre "diálogo constructivo", y "autogobierno". El primero fue una reapropiación del segundo, específicamente de la experiencia de presupuestos participativos de Porto Alegre. Sino estoy mal, Juanita, vos conocés a Boaventura de Soussa y por lo tanto, tal vez, esa experiencia. Sería chévere leer LaSilla un análisis más general al respecto.

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