Por Tatiana Velásquez Archibold · 16 de Febrero de 2017

814

0

El miércoles se cumplieron dos meses del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección del contralor de Valledupar Álvaro Castilla Fragozo y le ordenó al Concejo nombrar en la Contraloría a Omar Contreras Socarrás, el primer lugar en la lista de elegibles.

Los concejales no han acatado la decisión porque están de vacaciones, el alcalde Augusto Tuto Uhía no los ha llamado a extras y porque varios de ellos, afines al mandatario, argumentan que Contreras podría estar inhabilitado por ser el actual defensor regional.

En la Valledupar política la no convocatoria a extras ha sido interpretada como parte de una estrategia dilatoria del alcalde Tuto Uhía y su jefe político, el representante conservador Ape Cuello, porque sin Omar Contreras en la Contraloría evitan tener a una persona que no es de su grupo político haciendo el control fiscal.

Contrario a lo que ocurrió con el anulado contralor Castilla, a quien el Concejo nombró en enero de 2016 pese a haber ocupado el tercer puesto en el concurso de méritos, y de ser uno de los financiadores oficiales de la campaña de Uhía y miembro del comité inscriptor de las firmas que lo avalaron.

Por eso, el fallo del Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo en la puja política que desde finales de 2015 sostienen el grupo político del alcalde y el defensor regional Omar Contreras, pariente del exalcalde Fredys Socarrás -contradictor político de Cuello y Uhía-.

 

Las dudas de los concejales y la movida de Ape

A menos de dos semanas de comenzar sesiones ordinarias el 1 de marzo, los 19 concejales no tienen la misma lectura del fallo del Consejo de Estado. Especialmente, los siete que apoyaron al alcalde Uhía desde las regionales de 2015 se han mostrado más inclinados a estudiar a profundidad las posibles inhabilidades de Omar Contreras por su cargo de defensor regional.

Dos de los concejales de las entrañas del movimiento del alcalde, Wilber Hinojosa, y el presidente de la corporación, Luis Miguel Santrich, han sustentado su argumentación en el artículo 272 de la Constitución. Allí está escrito que no podrán ser elegidos como contralores quienes hayan ocupado cargos públicos del orden departamental, distrital o municipal.

Sin embargo, no hay claridad jurídica sobre eso porque varios abogados han dicho que el cargo de defensor regional no inhabilita a Contreras ya que pertenece a una instancia nacional y no departamental.

Para escuchar diferentes interpretaciones jurídicas, el Concejo organizó el miércoles una mesa de trabajo a la que invitaron a juristas, la Procuraduría y a los dos abogados de los dos candidatos con los puntajes más altos de la lista de elegibles: Omar Contreras (89.65) y Jorge Arturo Araújo (88.20).

La reunión, que no duró más de media hora, terminó en nada porque solo asistieron nueve de los 19 concejales y uno de los abogados. La Procuraduría no envió a ningún delegado porque la procuradora regional Mariantonia Orozco ya le había notificado al presidente del Concejo que no era competencia suya participar en este proceso y lo había exhortado a él y sus compañeros a elegir al contralor cumpliendo el fallo del Consejo de Estado.

Dos concejales consultados por La Silla, quienes pidieron reserva de su identidad para evitarse líos con sus compañeros, nos aseguraron que ese fallo no da lugar a dudas y son partidarios de elegir al primero de la lista, pero que son los concejales cercanos al alcalde quienes más han insistido en la supuesta inhabilidad de Contreras.

De hecho, después del fallo el representante Ape Cuello convocó en diciembre a los concejales aliados a una reunión en su apartamento en Valledupar para encontrar una solución y no elegir a Contreras, le contó a La Silla  una fuente que lo supo de primera mano.

La fuente también nos contó que desde enero se han celebrado varias reuniones y que la más reciente, sin la presencia del representante Cuello, fue el miércoles en la presidencia del Concejo, tan pronto terminó la mesa de trabajo.

En esas reuniones, nos dijo la fuente, hasta se ha contemplado la posibilidad de escoger al segundo de la lista, que no es del grupo del alcalde pero les serviría para evitar que Omar Contreras sea el contralor.

De no acatar el fallo del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, los concejales estarían incurriendo en fraude a resolución judicial y prevaricato.

Consultado por La Silla, el presidente del Concejo Luis Miguel Santrich (avalado por el mismo movimiento de firmas del alcalde), nos dijo que él y sus compañeros sí se han reunido, pero para estudiar las implicaciones jurídicas del fallo y evitar escoger de contralor a un posible inhabilitado.

Además, nos dijo que con esta nueva elección los concejales no quieren correr riesgos como los del año pasado, cuando a 15 de ellos les tambaleó la credencial por una sanción, en primera instancia, que les impuso la Procuraduría por haber elegido a Castilla. El Ministerio Público los salvó en segunda instancia. 

Esa salvada fue sospechosa y generó diversos comentarios en Valledupar, incluso el medio local Cacica Stereo dijo que fue producto de un favor político por gestiones de Ape Cuello en Bogotá. 

La elección sin fecha

Por lo pronto, al frente de la Contraloría de Valledupar seguirá el jefe de control fiscal, Aljabis Manuel Bertel Noriega, a quien el alcalde encargó el 18 de enero porque el Concejo comienza sesiones ordinarias el 1 de marzo y Uhía aún no anuncia la convocatoria a extras.

El mandatario le dijo a La Silla que está estructurando varios proyectos de acuerdo que “posiblemente” podrían requerir la convocatoria a extras los próximos días y, que de hacerlo, incluiría la elección del contralor entre los temas a tratar.

Un concejal vallenato nos dijo que la elección del contralor se ha vuelto una piedra en el zapato para las extras, porque el alcalde debió haberlas convocado hace semanas para obtener el aval que le permita comenzar a recaudar la plata que los morosos le deben al municipio en impuestos.

Esto, como parte de la amnistía que incluye la reforma tributaria, aprobada por el Congreso en diciembre. En Cali, por ejemplo, el alcalde ya convocó a extras y los concejales están estudiando el papayazo tributario.

Ante la dilatada elección, el abogado de Omar Contreras radicó ayer en la Procuraduría Regional una queja disciplinaria en contra de los concejales.

En las próximas semanas se sabrá si el concejo vallenato terminó acatando el fallo o desafiando al Consejo de Estado.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia