Por Jineth Prieto · 06 de Junio de 2017

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El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes presentó en Bucaramanga los resultados del Barómetro de las Américas del 2016, una encuesta financiada por la Usaid que mide la percepción de los colombianos en seis regiones  y que puede comparar los resultados en 11 países del continente.

La medición preguntó por democracia, corrupción y paz, y la conclusión más interesante en el oriente del país fue que aunque la mayoría de los encuestados creen en el perdón y  la reconciliación, cuando se trata de aterrizar los acuerdos con las Farc el entusiasmo se reduce sustancialmente.

La encuesta, que tiene un margen de error de 2,5 por ciento, se realizó entre agosto y octubre del 2016, cara a cara a 1.500 personas en 47 municipios -en áreas urbanas y rurales- y a ciudadanos en edad de votar.

La región oriental integró a los dos santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Meta, y la muestra se concentró en Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Chiquinquirá, Moniquirá, Facatativá, Girardot, Nimaima, Viotá, Villavicencio y Puerto Lleras.

Estas son las conclusiones más interesantes de la medición en esa región.

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Creen en el perdón pero esquivan el posconflicto

De las cinco regiones que se midieron en el Barómetro de las Américas, la oriental es una de las que más cree en el perdón y la reconciliación con los desmovilizados.

Con el 54 por ciento de favorabilidad, esta zona es la segunda en la que los ciudadanos más creen que será exitosa la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros, detrás de la de pacífico. Esa cifra está incluso por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 51 por ciento.

Aunque el resultado muestra que habría ambiente para el posconflicto, la posición de los encuestados cambia cuando se trata de llevar a la práctica la reinserción.

Por ejemplo, el 54 por ciento de los encuestados dijeron que no querían tener de vecino a un exguerrillero, y solo el 27 por ciento que aprobaría la idea de que su hijo fuera amigo de un desmovilizado; además, seis de cada 10 ciudadanos dicen que no estarían dispuestos a participar en actividades que permitan la implementación de los acuerdos.

Cuando de empleo se trata, el 48 por ciento de los encuestados aseguraron que vincularían a un exguerrillero si es hombre (esa cifra está tres puntos por encima del promedio nacional) y el 47 por ciento que le darían trabajo a un desmovilizado si es mujer.

Esa última cifra es la menor con respecto a las registradas en todas las demás regiones y a la media de todo el país (59 por ciento).

Eso se puede explicar en parte porque tres de los cinco departamentos que midieron – Meta, Norte de Santander, el sector de Santander cercano al Magdalena Medio- el número de víctimas es alto y de hecho en subregiones como la del Catatumbo en Norte de Santander y en el Magdalena Medio aún hay guerra.

También porque es en la capacidad de convivir cuando se mide si efectivamente hay reconciliación y, como lo ha contado La Silla, ese seguramente será el paso más difícil de dar en el país.

 
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Prefieren a la guerrilla fuera de la política

Aunque el principal objetivo del acuerdo de paz con las Farc y del proceso con el ELN en Ecuador está en el tránsito a la legalidad de esos grupos para que empiecen a hacer política sin armas, en el oriente es poca la acogida que tiene esa posibilidad.

En las tres preguntas que hizo el Barométro al respecto, la aceptación de esta región quedó en el penúltimo lugar de la medición (la Central tuvo mayor desaprobación).

Solo el 14 por ciento de los encuestados aprobaron la posibilidad de que las Farc formen un partido armado y un 12 por ciento dijeron estar de acuerdo con que se conviertan en candidatos.

Además, solo el 8 por ciento consideraría votar por un candidato de las Farc, y si les preguntan por su palabra, menos del 35 por ciento cree que ese grupo se va a desmovilizar.

Eso es llamativo teniendo en cuenta que cuando indagan por otros puntos estructurales del acuerdo, a excepción de la reforma rural (el 78 por ciento de la respalda), el punto con mayor favorabilidad es el que tiene que ver con llevarlos a la cárcel al menos durante ocho años, y el menos popular es el de amnistiar a los guerrilleros rasos.

Si bien una explicación podría estar en que la región es de derecha, solo el 30 por ciento de los encuestados dijeron sentirse identificados con las banderas conservadoras o uribistas, por lo que el fenónemo podría estar más relacionado con el temor a que la izquierda llegue al poder, teniendo en cuenta que el espejo de Venezuela es el más cercano y ha impactado directamente a 3 de los cinco departamentos de la región.

 
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No creen en el sistema

El oriente es la cuarta región más insatisfecha con la manera en la que funciona el sistema político en el país.

Mientras que solo el 46 por ciento dice sentirse a gusto con el funcionamiento del Estado (justicia, instituciones, protección de derechos), el 53 por ciento cree que la democracia no es el mejor sistema político, y solo el 27 por ciento dice estar satisfecho con esa forma de gobierno.

A eso se suma que la Presidencia, el Congreso y los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas dentro de la región, y en contrapartida la iglesia católica es la que cuenta con la mayor aceptación (61 por ciento).

Esto último se podría explicar en parte porque, como lo ha contado La Silla, en esta región fue donde se concibió el conservadurismo social que hoy tiene al anulado exprocurador Alejandro Ordóñez recogiendo firmas a la Presidencia.

También porque a diferencia de otras regiones, los políticos locales no tienen tanta fama de trabajar unidos para atraer recursos y eso contribuye a la sensación de que se mueven más en torno a intereses particulares que a los de sus electorados.

Además, en zonas como Norte de Santander, donde tienen la frontera con Venezuela, han sentido el abandono estatal en los últimos dos años con el cierre del paso entre los dos países que agudizó la deprimida de la economía.

 
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Son los que más justifican la corrupción

Según el Barómetro de las Américas, en el oriente solo el 5,9 por ciento de los ciudadanos cree que menos de la mitad de los funcionarios son corruptos y el 1,4 cree que ninguno lo es, pero aún así son los más permisivos con la corrupción.

En esta región del país el 23 por ciento de los encuestados dijeron que se justificaba pagar un soborno, margen que está 6 puntos por encima del promedio nacional.

El 20 por ciento de los encuestados también dijeron que en el último año algún funcionario le había pedido un pago adicional para prestarle los servicios a los que por ley tiene derecho.

 

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