Por Ana Karietna León Quiroga · 26 de Febrero de 2017

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En medio de la polémica que revivió en Barrancabermeja por los niveles de contaminación de la Ciénaga San Silvestre, que es de donde toman el agua los habitantes del puerto petrolero, otra pelea se está cocinando por cuenta del relleno sanitario de La Esmeralda, un basurero que por años ha contaminado ese mismo ecosistema.

Un informe de la Contraloría sobre la contratación de Aguas de Barrancabermeja, entidad que maneja el acueducto del municipio, dejó en evidencia que el año pasado se contrataron $437 millones por hacer los estudios de unas obras, que desde 2014 están ejecutadas.

Como lo contó La Silla, el enredo sobre la plata que le han invertido a La Esmeralda viene de más atrás.

Todo inició cuando en 2013 se firmaron se firmó un contrato por $748 millones que aunque tenía por objeto clausurar otra celda diferente a las que se cuestionan, terminó interviniendo las tres sin tener dentro de su objeto hacerlo.

Si bien hasta ahí no hay más que la ampliación del objeto de un contrato, el problema está en que aunque en la práctica las obras se ejecutaron, jamás se legalizaron las obras de más.

Eso, según la Contraloría, quedó en evidencia en los informes de interventoría del contrato de 2013 en el que reportaron intervenciones a las otras dos celdas que no estaban dentro del contrato, así como en informes de la Corporación Autónoma Regional, Cas, en los que en medio de las evaluaciones al avance de obra se referían a que las celdas a las que hoy les están contratando los estudios para clausurarlas, ya las estaban interviniendo.

Aunque el contrato aún no ha concluído, la Contraloría determinó que los $109 millones que se han pagado de anticipo a la Unión Temporal SERVI-IS&S, representada por Néstor Quintero Correa, uno de los contratistas de la administración de Elkin Bueno, a la que le entregaron el contrato, deben reponerse porque era “innecesario” el gasto y pidió compulsar copias a la Procuraduría y Fiscalía.

Debido a que el hallazgo ya está en firme, se encendió una pelea en la ciudad por la decisión.

La Silla supo que en respuesta, el gerente de Aguas, Sergio Amarís, y quien fue el que firmó el contrato y quien tendría que responder en las investigaciones, denunció disciplinaria y penalmente al grupo auditor de la Contraloría porque según él, el ente de control no podía determinar daño fiscal.

"Cómo van a decir que hay daño si el contrato no ha terminado y está suspendido” y “la única forma en la que usted ejecuta una clausura y posclausura es con una licencia aprobada por la Cas que las celdas báscula y sur no tienen”, le dijo a La Silla.

Como lo contó La Silla, en los últimos cinco años se han invertido siete mil millones en ese relleno sanitario para clausurarlo definitivamente pero la plata no se ha visto. Tan solo la obra más importante - la de la planta de lixiviados-, que era la que iba a garantizar que los residuos tóxicos de las basuras en descomposición no contaminaran, se pagó pero nunca se hizo.  

Ahora con este hallazgo de la Contraloría, la inversión de más plata sigue en veremos.

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