Por Juan Pablo Pérez B. · 23 de Junio de 2017

826

0

Hace dos semanas la Fiscalía capturó a los líderes de la banda de microtráfico ‘Los Profetas’, que controlaba ese negocio en San Cristóbal y había empezado a ser desmantelada a comienzos de este año. Con eso dio otro paso en un largo proceso para desarticularla, que arrancó hace un año y medio y hasta ahora está cerca de terminar.

Las primeras indagaciones sobre los Profetas comenzaron en enero del 2016, cuando le llegó a la Policía de esa localidad una denuncia sobre la existencia de una banda.

En ese momento los ‘focalizados’, el equipo de miembros de la inteligencia de la Policía (Sijin) encargado de investigar a las bandas criminales a partir de enfocarse en las zonas con más homicidios, empezaron a recoger pruebas porque efectivamente había varios homicidios en una serie de barrios.

Tras más o menos un año de trabajo, concluyeron que los homicidios de la zona eran cometidos por esa banda, también conocida como la olla de ‘Caraeloco’.

En todo ese tiempo los investigadores recogieron declaraciones juramentadas, entrevistas e interceptaciones de teléfonos, vigilaron y siguieron a los sospechosos y les tomaron fotos, e hicieron inspecciones judiciales e informes de investigación para ir armando el mapa de la banda, sus miembros y su forma de operar.

Para identificar a los miembros de la banda también se apoyaron en un policía del sector que, en todo el 2016, registró a las diferentes personas de los barrios de El Quindío, Moralba, Pinares, Santa Rita y Juan Rey, donde se concentraban ‘Los Profetas’.

Con ese trabajo de un año los investigadores de la Sijin establecieron que la banda se financiaba, principalmente, de la venta de drogas en ollas, y que invertían la plata en comprar y transportar la droga, y en conseguir armas para asesinar a sus competidores.

La Fiscalía nos contó que gran parte de los homicidios y del transporte de drogas era hecho por personas de la localidad que eran obligadas a hacerlo. Quienes se negaban eran asesinados y sus familias desplazadas a otras localidades.

Con todas estas pruebas, los ‘focalizados’ lograron comprobar que la banda había sido culpable de, por lo menos, 8 homicidios y, con esta información, el fiscal 47 de la Unidad de Vida, quien está a cargo de la investigación, se fue ante un juez de garantías que emitió 32 órdenes de captura.

Ese trabajo silencioso quedó en evidencia de forma espectacular cuando el 23 de febrero la Policía hizo un operativo, incluyendo un helicóptero y miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (el Goes, que es algo así como las fuerzas especiales de choque de la Policía), en el que hicieron 16 allanamientos y registros, y capturaron a 23 personas. A diferencia del trabajo previo, este salió en medios.

Más porque los policías encontraron el cuerpo de una persona torturada, y en una zona boscosa, cerca del barrio El Quindío, una fosa con el cuerpo de un menor de edad. De acuerdo con El Espectador, el cuerpo enterrado era el de un joven de piel blanca, pecoso y de pelo rojizo que vendía droga en el barrio La Belleza, que asesinaron y torturaron cuando se apoderaron del barrio.

Después de ese momento, el proceso volvió al silencio, pero no por eso se quedó quieto.

Por un lado, avanzó en la justicia: la Fiscalía le imputó a los capturados delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez aceptó aplicar una medida de aseguramiento y así terminaron en la cárcel, de forma temporal.

Luego el proceso se dividió, pues para algunos había más pruebas que otros; a algunos la Fiscalía los acusó formalmente (con lo que pasaron a juicio) y otros permanecieron en la etapa de investigación. Y, según la Fiscalía, es posible que varios de los acusados acepten su responsabilidad, con lo que se evita el juicio y tienen condenas menores por los delitos que acepten. Hasta ahora, no han condenado a ninguno. 

Por otro lado, la labor de la Sijin no terminó, y por eso hace dos semanas capturaron a los que señalan de ser los dos jefes de la banda, Juan Camilo Gordillo Valencia y Amed Daniel Gordillo Cuervo, y a Pedro Alejandro Ochoa Gutiérrez, quien creen que es uno de los taquilleros (encargado de vender droga en las calles).

Como los 23 capturados de enero, no aceptaron los cargos que les imputaron pero terminaron detenidos preventivamente. Para la Sijin, ya tienen 26 de los 32 miembros de la banda detenidos, y por eso está prácticamente desarticulada.

Pero, tras año y medio de investigación, faltan seis presuntos miembros y, sobre todo que la justicia decida si los 26 son culpables o no.  

 Eso muestra lo complejo que es desarticular a una banda de microtráfico en Bogotá, incluso con un trabajo de inteligencia e investigación de meses en el que están en llave la Sijin y la Fiscalía, que va más allá de los operativos que muestran las pantallas de televisión.

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia