Por Antonio Canchila García · 30 de Abril de 2017

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Un parapolítico indígena, cuyo poder es bien conocido en los departamentos de Sucre y Córdoba, aunque pasa de agache a nivel nacional, fundó un imperio político y económico que tiene como base una EPS indígena que le ha permitido mantenerse vigente pese a haber sido condenado por tener vínculos con ilegales. Prófugo de la justicia, Pedro ‘el Indio’ Pestana manda en cuerpo ajeno a través de sus hermanos, pero ahora que el Estado ordenó liquidar la empresa base de su imperio queda golpeado para las elecciones que se vienen. 

El poder de Pestana no es poco. A su hermana Yamina la convirtió en Senadora de la República tras lograr la quinta mayor votación del Partido Conservador en 2014, pese a no tener ningún reconocimiento político previo. Tiene injerencias en cinco alclades de Córdoba que ganaron con su respaldo, y Ana Luisa, otra de sus hermanas, es diputada en Sucre, en donde el cuatrienio anterior lo fue su hermana Sandra.

Pero el imperio de Pestana sufrió este mes un golpe precisamente en sus cimientos: desde el primero de abril la EPS indígena Manexka, con la que ha conseguido la fuerza política y económica que lo convierte en un súper poderoso de la región, quedó liquidada tras una orden de la Superintendencia de Salud. Los indígenas (con Pestana a la sombra) instaruraron ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería una tutela para reversar esa decisión, porque consideran que se les viola el derecho a la salud.

La autoridad encargada de vigilar la prestación de servicios de salud encontró que la empresa de ‘El Indio’ ha ocasionado un desfalco a las arcas de la Nación que asciende a los 47 mil millones de pesos, dineros que recibía por los más de 210 mil afiliados en 18 pueblos de Sucre y Córdoba.

 

La historia de Pestana y su EPS

Como lo hemos contado en La Silla, el médico cordobés Pedro César Pestana Rojas o ‘el Indio’, como es más conocido en su región, nació en el seno de una familia de campesinos en el pueblo de Momil. Toda su carrera la ha desarrollado en los pueblos de Córdoba y Sucre, especialmente cerca de los indígenas de la etnia Zenú, de la cual hacía parte su padre.

Luego de haber terminado la medicina, Pestana cumplió su año rural en Chinú y más tarde trabajó en el hospital público de San Andrés de Sotavento. Entonces, no era más que “un simple médico general”, como nos detalló alguien de ese pueblo que le ha seguido la pista al cuestionado indígena.

Fue precisamente cuando estaba como médico en San Andrés que el líder campesino Juan Almanza lo invitó a hacer parte de un grupo de indígenas que, agrupados en el Resguardo Indígena Zenú Córdoba - Sucre, fundó el 1 de abril de 1998 la EPS Indígena Manexka.

Pestana fue clave en el proceso de creación de esa empresa indígena por sus conocimientos en medicina y por eso fue uno de los primeros gerentes.

En el año en el que se fundó, la empresa pasó de unos tres mil afiliados en abril a casi 10 mil en diciembre, la mayoría indígenas de los pueblos de San Andrés de Sotavento, Chinú y Momil, en Córdoba, y San Antonio de Palmitos y Sampués, en Sucre.

Entre el 2000 y el 2002 se consolidó en el sector salud en la región y amplió su red a más pueblos en los dos departamentos. Para entonces la empresa parecía prestar un buen servicio a sus afiliados, que legalmente tenían que ser mayoritariamente indígenas.

De hecho, hubo un tiempo en el que muchos lucharon para pasarse de las otras EPS ya existentes a esta nueva entidad, porque el servicio era “uno de los mejores”, según nos contaron por separado tres pobladores de la zona que estuvieron afiliados a Manexka hasta el día 31 de marzo.

Pero lo que parecía ser un feliz nacimiento para esa EPS indígena, empezó a tomar otro rumbo.

La sombra paramilitar que cubrió buena parte del Caribe se posó sobre Manexka y empezó a minar su, hasta entonces, buen nombre.

El asomo paramilitar a la entidad se dio precisamente a través de Pestana, quien fue acusado de hacer alianzas con el sanguinario Rodrigo Mercado Pelufo alias 'Cadena', a quien ‘el Indio’ supuestamente terminó rindiéndole cuentas y girándole recursos de la empresa de salud.

La sombra paramilitar

De acuerdo con el relato de una testigo de la Fiscalía citado por El Tiempo, la financiación de Pestana al grupo que Cadena comandaba desde el sucreño pueblo de San Onofre se habría dado entre 2002 y 2004. Y, según el mismo testimonio, la plata llegó por cuenta de unos afiliados que tenía la EPS indígena en el Meta.

Esa colaboración habría sido el inicio de la relación que hubo después entre el médico Pestana y Cadena: una amistad que los llevaba a departir en parrandas que, incluso, quedaron grabadas en videos, como lo informó la revista Semana.

Ese no fue el único lazo entre ‘el Indio’ y los paramilitares.

En 2006, cuando la Fiscalía reveló unas grabaciones que encontró en el computador del jefe paramilitar Jorge 40, en el que salieron salpicados varios diputados y políticos sucreños de la época, el médico cordobés también apareció mencionado.

La mención tiene que ver con un encuentro realizado en enero de ese año en Santa Marta por invitación de alias Don Antonio, el lugarteniente a quien Jorge 40 le encomendó la creación del llamado Frente Social por la Paz de Sucre, un pacto con políticos (similar al de Ralito) para influir en las elecciones legislativas de ese año.

A esa reunión Pestana no fue solo. Lo acompañó el que es hasta hoy uno de sus hombres de confianza: Antonio Martínez Hernández. Ahí lo presentó como su candidato a la Cámara y se comprometió a apoyar la causa del Frente Social por la Paz de Sucre.  

Así ocurrió: Martínez, quien había sido Alcalde de San Antonio de Palmito apoyado por Pestana, aspiró avalado por el Partido Conservador y como fórmula de la cuestionada exparlamentaria sucreña Muriel Benito Rebollo, quien pagó cárcel en el Buen Pastor por sus alianzas con los paras.

Precisamente por ese escándalo, en noviembre de 2006, la Fiscalía ordenó las capturas de Pestana y Martínez. Tres años después, en septiembre de 2009, el Tribunal de Bogotá los condenó a seis años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, pero desde entonces han logrado burlar a la justicia ordinaria invocando una sentencia según la cual los indígenas condenados pueden cumplir sus penas en centros de reclusión de sus territorios.

Pestana y Martínez han pasado estos últimos ocho años recluidos en una supuesta cárcel indígena llamada Centro de Arrepentimiento y Resocialización ‘Cacique Mexión’, en una vereda entre San Andrés de Sotavento y Tuchín. Ahí son “vigilados” por guardias zenú.

Y, aunque en junio de 2014 lograron que un Juez de Bogotá les concediera la libertad tras valerle los años que llevan recluidos en ese centro, en febrero del año pasado la Corte Constitucional revocó esa medida y reactivó su orden de captura, pero hasta ahora siguen prófugos de la justicia y Pestana mandando en su empresa a la sombra.

Un negocio de familia redondo

Desde la clandestinidad ‘el Indio’ ha seguido moviendo los hilos del poder en la EPS indígena Manexka y en una IPS del mismo nombre que él también ayudó a fundar en 2008.

En la EPS influye vía los gerentes, que son elegidos cada dos años en una junta en la que votan 129 capitanes indígenas. De ese grupo ‘el Indio’ tiene de su lado a unos 112 que respaldan siempre al que sea su candidato, según nos explicó un indígena que se ha opuesto sin éxito a que el parapolítico siga mandando.

El gerente que estaba hasta su liquidación también defendía ahí los intereses del médico Pestana. Se trata del administrador de empresas Saúl Lucas, un indígena que en los últimos años ha trabajado como asesor en salud de la Alcaldía de Tuchín, pueblo cuya fundación fue impulsada por el clan Pestana para mandar en él.

Como lo contamos en La Silla, la creación de ese municipio la movió desde la Asamblea de Córdoba Eligio Pestana, hermano de ‘el Indio’, quien después, en 2011, se hizo elegir como el primer alcalde.

Ahora quien manda es Noris Hernández, una artesana que tiene el respaldo de los Pestana y cuya gestión es vigilada desde adentro por la abogada Sandra Pestana, la hermana de Pedro que fue diputada en Sucre hasta el 2015 y que le heredó esa curul a la profesora Ana Luisa, otra de sus hermanas. Desde 2016 Sandra tiene una OPS como asesora jurídica, pero dos personas que conocen por dentro esa Alcaldía nos dijeron que la abogada Pestana es quien realmente manda ahí.

A ese poder que logra Pestana en la EPS vía los gerentes que llegan con su respaldo se suma la presencia de familiares suyos en altos cargos en esa empresa. Su hermana, la senadora Yamina, por ejemplo, trabajó como asesora entre 2008 y 2012. De esa época tiene un lío por el cual fue demandada ante la Fiscalía: unos cheques a nombre de particulares que fueron cobrados por ella. Plata que, según la denuncia, pudo ir a parar a su campaña al Congreso en 2014.

Consultada al respecto, Yamina nos dijo que se trató de “favores” que hacía a compañeros que también trabajaban en Manexka. “Yo les cobraba, pero la plata no era para mí. Era un simple favor”, nos respondió.

En la IPS indígena la injerencia del médico Pestana también es evidente. Desde hace más de cuatro años, la gerente es su hermana Domitila Pestana Rojas.

Esa IPS fue creada precisamente para ser la principal contratista de la EPS indígena. Algo que en contratación en salud se conoce como una integración vertical y que sólo está permitido, por ley, para entidades de salud indígena, porque las demás EPS del régimen subsidiado deben hacer una distribución más o menos equitativa de sus afiliados entre varias IPS.

“Ese fue su negocio redondo. Ellos (los Pestana) en esa IPS no tenían pierde porque ya sabían que tenían una EPS para contratar todo con ellos”, como nos comentó un político de San Andrés de Sotavento.

En efecto tener una EPS Indígena es más rentable que una EPS normal porque a las entidades que atienden a esa minoría el Estado les da un trato diferencial que se traduce en más dinero.

Por cada paciente una EPS del régimen subsidiado que no sea indígena recibe del Gobierno Nacional 667.429 pesos anuales. Mientras que una entidad indígena recibe por cada afiliado 779.770 pesos anuales.

Como Manexka EPS había superado los 210 mil afiliados recibía anualmente cerca de 144 mil millones de pesos, dineros que eran girados directamente desde la Nación.

Con todo el poder económico que eso representa y teniendo la principal contratista de la EPS también bajo su control Pestana se convirtió en un súper poder electoral porque además Manexka contaba con más de 1.500 empleados en cuya contratación él podía influir.

Eso lo confirmamos en La Silla Caribe con reportería tanto con personas del interior de Manexka como con usuarios.

Alguien que trabajó en la entidad nos detalló que en época electoral “cuando es para Senado y Cámara piden de a 10 votos por empleado en adelante. Eso también depende del cargo que tengas. Y si es para Alcalde o Concejo sí piden, además de votos, participar en caminatas y reuniones”, nos detalló la persona, cuya identidad no revelamos por su seguridad.

Con los usuarios es distinto: una afiliada de un pueblo de Sucre que tenía en Manexka a sus cinco hijos nos contó, off the record, que en las pasadas elecciones a Congreso el coordinador de Manexka en su pueblo le pidió votos para Yamina Pestana. A cambio, detalla la fuente, le dieron unas láminas de Eternit. 

En el grupo de Pestana no nos negaron que sus empleados e incluso sus usuarios puedan moverse en época electoral con ellos, lo que sí nos negaron fue que eso pasara bajo alguna presión. “Si ellos lo hacen debe ser por un tema más de gratitud con nosotros”, le dijo a La Silla Caribe la senadora Yamina Pestana.

Como hasta antes de su liquidación Manexka fue vista como la explicación a la fuerza económica y política del grupo que lidera Pedro Pestana, en su movimiento aseguran que detrás de la movida de la Supersalud para liquidarlos estuvieron fuerzas políticas de Córdoba opuestas que tienen en los Pestana una fuerte competencia.

De hecho, el saliente gerente general, el administrador de empresa Saúl Lucas, quien es del corazón del pestanismo, dijo en medios locales que detrás de la liquidación estaban los liberales Arleth Casado y Fabio Amín.

En la Superintendencia de Salud nos negaron que alguno de estos políticos haya estado moviéndose allá para este tema y nos aseguraron que la intervención tiene que ver es con irregularidades que ya están en manos de la Fiscalía y que ya tienen a varios ex altos funcionarios de la EPS indígena detenidos.

Las perlas de Manexka

Uno de los principales argumentos de la Superintendencia de Salud para haber decretado la liquidación de la EPS Indígena Manexka tiene que ver con que no cumplían con el porcentaje de población indígena que establece la norma.

Resulta que para que una EPS sea indígena (condición que le otorga beneficios), además de estar ubicada en zonas con alta presencia de esa población del total de sus afiliados el 60 por ciento debe ser indígena.

Manexka estaba incumpliendo esa regla básica porque, según la revisión que hizo el Ministerio del Interior, de su censo de afiliados sólo el 18 por ciento es indígena y el porcentaje restante, aunque es población pobre, no es de esa minoría.

La liquidación estuvo antecedida de varios momentos clave.

El primer momento ocurrió en agosto del año pasado cuando la Supersalud ordenó una vigilancia especial a la EPS indígena, lo que representó una revisión exhaustiva de documentos y movimientos de la entidad.

En noviembre, al tiempo que seguían las pesquisas por parte de la Superintendencia, la Dijin capturó a seis altos funcionarios de la entidad. Ellos están detenidos porque las autoridades consideran que tuvieron que ver con el llamado ‘cartel de cirugías’, procedimientos que la EPS pagaba a privados con la plata del Estado sin que hubieran sido realizados.

Luego, en diciembre, la vigilancia especial arrojó un rosario de irregularidades que hicieron más sólido el argumento de la liquidación:

Encontraron que, por ejemplo, la EPS Indígena había reportado en sus cuentas ingresos que nunca existieron, por el orden de 13 mil millones de pesos. Esa trampa, según explicaron en la Supersalud, los ayudó a mantenerse como prestadores del servicio sin tener la capacidad financiera para hacerlo.

Además de eso, emitieron autorizaciones de servicios en salud para unas 513 personas ya fallecidas, por las que recibieron del Gobierno 733 millones de pesos.

Y por si fuera poco, no estaban cumpliendo con los indicadores mínimos de atención.

Ahora los 210 afiliados de la liquidada Manexka fueron distribuidos en Mutual Ser, Confamiliar Sucre, Cajacopi, Coosalud y Nueva EPS.

Lo que sige es la venta de los activos de la EPS que básicamente están conformados por un edificio construido en San Andrés de Sotavento y que era su sede principal.Con el dinero de la venta se pagará a los acreedores.

Los más de 1500 empleados que tenía la empresa serán indemnizados, como ocurre cuando el Estado interviene entidades como Manexka.

Mientras todo eso pasa hay expectativa en el Córdoba político porque sin ese imperio jugando de su lado los Pestana podrían empezar a flaquear su poder de cara a las elecciones de Congreso de 2018.

Hasta ahora parece que no está del todo claro si Yamina será la carta con la que “el Indio” Pestana se la siga jugando para el Senado. Ella nos dijo que sí repite, pero tres líderes de su grupo (dos de Córdoba y uno de Sucre) que hablaron por separado con La Silla Caribe nos aseguraron que todavía no les han dado las coordenadas de cara a las parlamentarias, algo que llama la atención porque ya hay otros movimientos haciedo campañas por los laditos.

Las legislativas de marzo de 2018 serán clave para saber si el golpe al núcleo del poder del clan Pestana fue certero y lo debilita o si para este parapolítico prófugo sigue brillando la buena estrella que le alumbró con Manexka en sus manos.

CONTEXTO

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