Por Jineth Prieto · 08 de Mayo de 2017

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Esta semana finalmente despegará la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en Tibú, una de las zonas priorizadas por el Gobierno. Sin embargo, incluso el proyecto piloto que va a arrancar se ve amenazado porque el Estado no ha podido asegurar el control del territorio después de la concentración de las Farc.

Un itinerario de guerra

1 de mayo:  un grupo, que aún no ha sido identificado, lanza un explosivo contra la estación de Policía en Tibú y hiere un uniformado. 

2 de mayo: una emboscada del ELN a un grupo de ingenieros militarres del Ejército en la vereda de Vetas de Tibú deja un soldado muerto y dos más heridos. El Ejército reportó la muerte de uno de los cabecillas del EPL en el municipio y la captura de cuatro más quienes, según información oficial, fueron los que mataron al capitán Víctor Benavides, comandante de la Sijín en Norte de Santander. 

3 de mayo: aparece un panfleto anónimo amenazando a Oner Galván, presidente de Asojuntas del corregimiento La Gabarra en Tibú.

4 de mayo: un farmaceuta, una médico y una fisioterapeuta denuncian que el ELN los declaró objetivo militar por hacer una brigada de salud en Tibú sin su permiso. 

Este fue el reporte de orden público de la última semana en Tibú, la capital del Catatumbo, el primer municipio de esa subregión de Norte de Santander que fue seleccionado para aterrizar los acuerdos de paz con las Farc, y donde está ubicado Caño Indio, una de las veredas seleccionadas como zonas de transición de las Farc.

Ni la prioridad que supuestamente le ha dado el gobierno con miras a hacer allí un Plan de desarrollo territorial (Pdet), ni la concentración de los 319 guerrilleros del Frente 33 y su salida del escenario han permitido que comience el aterrizaje de la paz.  Por el contrario, Tibú parece estar tomando un segundo aire para intensificar la guerra. 

La situación de inseguridad amenaza el éxito del piloto de implementación que arrancó este fin de semana con las inscripciones para las 150  familias de Caño Indio y tres veredas más que después de una larga negociación con el Gobierno se van a sumar a los programas de sustitución voluntarios.

Una vez lo hagan, el Gobierno les empezará a girar $1,2 millones mensuales durante 12 meses como soporte para que se aparten de la cadena productiva de la coca.

Este miércoles 9 de mayo, además, estas mismas familias recibirán por una sola vez 3,5 millones  de pesos más para su sostenimiento y, según le dijo la Agencia de Renovación del Territorio a La Silla, empezarán a andar todos los proyectos productivos en los que empezarán a invertir su tiempo los campesinos de la vereda aledaña a la zona donde están concentradas las Farc con el acompañamiento del Gobierno para garantizar su no retorno a la siembra de la coca.  

Aunque una de las principales expectativas de los habitantes de Caño Indio era que por fin les llegara luz y agua, la plata del Gobierno no alcanzó.

De los $1.450 millones que dieron para proyectos prioritarios en las veredas, mil millones se irán en vías; y $450 millones en arreglar los centros de salud y las escuelas de Caño Indio y las otras tres veredas aledañas a la zona de concentración de las Farc.

Pero aún el éxito de esa inversión en una zona que muy poco o nada ha recibido durante décadas del Estado se ve amenazada porque allí la ‘ley’ no la impone el Estado. 

“Ya grupos han aparecido mientras las delegaciones se están movilizando y ese es un factor de riesgo que no podemos controlar”, le dijo a La Silla un funcionario de la Agencia para la Renovación del Territorio que pidió la reserva de su nombre.

La Defensoría del Pueblo en Norte de Santander también ha lanzado varias alertas tempranas por el control del narcotráfico y territorial del ELN y el EPL que ponen en entredicho la llegada de la paz al Catatumbo. 

Si existe una estrategia del gobierno Santos para garantizar el control del Estado en las zonas liberadas de las Farc, en Tibú no ha funcionado.

El narcotráfico, la piedra angular

“Aquí todo siguió igual, y si quiere, peor”, le dijo a La Silla un líder de Tibú, cuando le pedimos que tratara de explicar qué era lo bueno que había pasado desde que las Farc se concentraron en Caño Indio.

“¿Usted cree que algo va a cambiar, si lo único diferente es que un solo grupo se desarmó? Ese es el problema con los que vienen de afuera a preguntar”, continuó. “Aquí tenemos más problemas que las Farc, pero ¿sabe cuál es el mayor de todos?  Que nadie nos invierte plata y por eso nos toca vivir de lo que haya”.

 

¿Y qué hay en el Catatumbo? Coca, y mucha.  

Las cifras de 2016 aún no son exactas en esa región de Norte. Sólo se sabe que en todo el país las hectáreas sembradas llegaron a 188 mil, un crecimiento del 18 por ciento respecto del año anterior, según el informe más reciente de la Casa Blanca. 

Casi dos de cada diez hectáreas de coca en el país en 2015 estaban en los 11 municipios del Catatumbo, en Ocaña y el área rural de Cúcuta (el doble de las de 2014). 

Ese año, Norte de Santander fue el departamento con más cultivos de coca y quedó por encima de Nariño, Putumayo y el Cauca, que son los que históricamente han ocupado los primeros lugares. Desde entonces las autoridades locales, líderes, políticos, funcionarios del Estado, y hasta militares reconocen que el problema ha seguido creciendo. La coca se ve por todos lados.

Las razones para que los cultivos hayan crecido son muchas: van desde que en el paro agrario en 2013 el gobierno accedió a suspender la erradicación forzosa, hasta que las Farc les vendieron a los campesinos la idea de que en las regiones con más coca habría más inversión. 

Además, desde que las Farc se replegaron, el ELN y el reducto del EPL expandieron su influencia.

“En ese nuevo control aumentaron sus filas, recuperaron rutas, las reorganizaron, y reactivaron toda la cadena del narcotráfico que el año pasado estuvo truncada un tiempo por ese reacomodamiento”, le explicó a La Silla un miembro de una de las ONG internacionales que le hace seguimiento al conflicto en la región.  

Según reportes de esa misma organización, de una nacional y de una fuente estatal, el cartel mexicano de Sinaloa y el venezolano de Los Soles están llegando con sus propios hombres para trabajar con el ELN y el EPL con el fin de asegurar la calidad de la coca que les venden. Lo cual le ha dado otro impulso al narcotráfico en la región.

Frente a esta situación, la respuesta del Gobierno ha sido aumentar el pie de fuerza en el Catatumbo, que es la zona con el nivel más crítico de riesgo del país.

Desde comienzos de este año, ocho fuerzas especiales urbanas fueron desplegadas en las cabeceras municipales; llegó un batallón de plan energético y vial para cuidar el tubo del oleoducto de Caño Limón; y desplegaron dos batallones más de combate terrestre (antiguos contraguerrilla) en la región. Más de mil hombres.

Sin embargo, no han logrado controlar el territorio. La explicación oficial es que el terreno tiene una geografía muy compleja para cubrir toda su extensión. La no oficial es que los campesinos le tienen desconfianza a los militares y ellos andan a tientas en la zona.

“El Estado se sigue equivocando en solo enviar hombres armados, porque eso soluciona una parte del problema”, le dijo a La Silla Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una de las ONG que le hace seguimiento al conflicto en el Catatumbo.

Crece la desconfianza

La crecida del narcotráfico no es lo único que enreda la implementación del Acuerdo de paz. 

Solo en Tibú, según reportes de finales de 2015, el 57 por ciento de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas y el 30 por ciento de la población vive en condiciones de miseria.

Como la cobertura escolar es tan baja (solo el 10 por ciento llega a bachillerato), los que no estudian se dedican desde muy jóvenes a raspar coca y se meten en las filas de los armados como una opción de vida o se dedican al contrabando o robo de combustible. Las excepciones a esa regla -que por fortuna existen- son contadas.

En Tibú, los centros de salud están a punto de caerse; las escuelas tienen profesores hasta varios meses después de iniciado el calendario escolar; y los que siembran comida lo hacen para el consumo propio porque sin vías no es rentable venderla.

En Caño Indio, la zona veredal de las Farc, no hay agua ni luz; los campesinos viven en casas de tabla con tejas de zinc, las cocinas son de leña, y la carretera está destruida. El municipio es uno de los principales productores de gas y la mayoría del pueblo no tiene gas domiciliario; el gobierno prometió una universidad y nunca la hicieron. Los puentes sobre la vía Cúcuta-Tibú (aún en construcción) quedaron en el papel.

“Aquí la gente no tiene para dónde coger”, le dijo a La Silla un concejal de Tibú, que nos pidió la reserva de su nombre por seguridad. Hasta un comentario tan sencillo puede ser peligroso.

Con los acuerdos de La Habana esta situación podría mejorar drásticamente. Pero con lo que han visto desde finales de enero,cuando las Farc se empezaron a mover a los puntos de concentración, la desconfianza de los campesinos es cada vez mayor.

“Mire usted que aquí no han podido con cuatro palos y un techo que era lo de los guerrilleros. Ahora dígame todo eso que prometieron ¿cómo lo van a cumplir?”, le dijo a La Silla un líder de Tibú que por estar amenazado pidió la reserva de su nombre. “Si ese es el mensaje con los campamentos como será con la reforma rural, el catastro, y todo lo que viene”.

Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales de transición, le dijo a La Silla que si se han demorado en la construcción de los campamentos para el Frente 33 ha sido porque las lluvias en Caño Indio han impedido el tránsito dentro de la vereda y eso ha demorado la llegada de los materiales. 

Según el último reporte, en Caño Indio la construcción del 60 por ciento de las áreas comunes (baños, cocinas, comedores, aulas, bodegas, enfermería, administración y portería) ya está concluida. Falta el 65 por ciento de los alojamientos.

Eso, amarrado a la lentitud de la sustitución de los cultivos ilícitos, aumenta la preocupación en la zona. 

“Hay una enorme responsabilidad en la lentitud del Estado a una respuesta eficaz e integral de la sustitución de coca”, le dijo a La Silla Wilfredo Cañizares de Progresar. “Integral no es solo quitar las matas y dar un proyecto, es garantizar vivienda, salud, educación y servicios básicos”

En cada uno de los 11 municipios del Catatumbo la situación es parecida. En la última semana se denunció que al hermano del alcalde del Carmen, al mismo que le secuestraron el papá este año por 11 días, lo amenazó el ELN; que en la vía a Las Mercedes en Sardinata, el Ejército mató a dos campesinos en condiciones confusas en un operativo contra el EPL; y que están ofreciendo recompensa por la muerte del comandante de la estación de Policía de Teorama.

En Tibú la ilusión con la firma del Acuerdo de Paz (el 66 por ciento votaron por el Sí) ha mutado por la desesperanza. ¿Comenzará a cambiar con el arranque de la implementación esta semana?

CONTEXTO

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