Por Laura Ardila Arrieta | Antonio Canchila García · 04 de Mayo de 2017

11804

0

Siete días después del desplome de un edificio en construcción ilegal en Cartagena que dejó como saldo 21 personas muertas, lo único que está claro es que poco está claro. La peor tragedia de ese tipo ocurrida en la ciudad puede terminar siendo un golpe contundente para la ya criticada administración del alcalde Manolo Duque Vásquez, a quien su inexperiencia y compañías tenían en una mala racha desde el año pasado.

Aunque en general el mandatario ha salido más a pedir explicaciones que a darlas, sobre todo destacando la evidente responsabilidad de los constructores ilegales, una movida suya hace algunos meses evidencia que tuvo interés en poner a una persona a quien relacionan con su hermano de crianza, el empresario experto en licitaciones José Julián Vásquez, a vigilar las construcciones urbanas.

Manolo Duque es el máximo jefe de los encargados de controlar las obras de la ciudad, pero para muchos estos días ha actuado más como el periodista que fue que como el mandatario que es. Lo dicen por salidas suyas como haber informado primero que el edificio colapsado tenía licencia y al poco tiempo desmentirlo.

También, por trinar que los curadores iban a “explicar lo sucedido”, cuando éstos legalmente lo que hacen es estudiar la viabilidad o no de entregar un permiso a un proyecto ubanístico, pero no controlan y vigilan, como sí deben hacerlo: la Secretaría de Planeación y su oficina de control urbano y las alcaldías locales.

Precisamente, ayer la secretaria de Planeación (Luz Elena Paternina) y el jefe de Control Urbano (Olimpo Vergara) se fueron del Gobierno, pero no porque los hayan sacado, sino porque decidieron renunciar. Son las primeras cabezas que ruedan en la Administración por cuenta de una desgracia en la que todos los muertos eran sencillos trabajadores.

 

Poco después, el procurador general Fernando Carrillo anunció que ejercerá el poder preferente para llevarse a Bogotá la investigación que abrió por el caso, incluyendo una indagación a las actuaciones del Alcalde: “Consideramos que no hay garantías en Cartagena para tomar una decisión”. Eso lo informó en una audiencia en la que además dijo que el Ministerio Público defenderá jurídicamente a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

También ayer, El Universal publicó una entrevista en la que una de las supuestas dueñas del edificio que llegó a tener seis pisos cuando en la zona en la que estaba el POT sólo permite edificaciones de hasta cuatro pisos, niega tener participación en ese negocio pero reconoce que uno de sus hermanos sí tiene que ver.

Se trata de María Quiroz, quien le pidió públicamente a su hermano Wilfran Quiroz, hasta ahora desaparecido del mapa, que se entregue y responda.

Más allá de la clara incumbencia de los constructores ilegales (llamados Constructora & Quiroz, según reportes de medios) cuyas actuaciones enlutaron al barrio Blas de Lezo y a La Heroica entera, en la Alcaldía hay una cadena de responsabilidades políticas que arrancan con Manolo, quien el año pasado tomó unas particulares decisiones sobre el tema del control urbano en Cartagena.

El factor José Julián en control urbano

Cuatro meses después de haber llegado al Palacio de la Aduana (sede gobierno de Cartagena), en el mes de enero el año 2016, Duque emitió un primer decreto (el número 0550 del primero de abril de 2016) en el que tocó el que es ahora el principal tema de debate en Cartagena: las labores de control urbano.

Hasta ese momento, esas funciones eran ejercidas por la Secretaria de Planeación, el director de la oficina de Control Urbano y el alcalde local respectivo, como lo es actualmente.

Según el manual de funciones de la Alcaldía, la Secretaria tiene que “ejecutar la vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas”. Y su subalterno, el jefe de Control Urbano, tiene que “vigilar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a la venta de inmuebles destinados a vivienda” y asesorar “técnica y jurídicamente a las Alcaldías Locales en las actividades relacionadas con el control urbano en el Distrito”.  

Pero aquel decreto de Manolo de abril de 2016 cambió temporalmente eso.

Esa disposición dejó como principal cabeza del control urbanístico en la ciudad a los alcaldes locales y le quitó todas esas funciones a la dirección de Control Urbano, dependencia que por su mismo nombre y naturaleza debía tenerlas.

Esa movida fue criticada en la ciudad porque coincidió con una serie de acciones que se venían desarrollando en esa entidad por la entonces directora Ladyann Steer, que en ese cargo era cuota política del concejal conservador Jorge Useche (protagonista de un lío distinto, por unos audios que la Fiscalía reveló en medio de investigaciones por supuesto fraude electoral).

Cuando el Alcalde la dejó sin una de sus principales funciones, la funcionaria Steer se estaba preparando para suspender la construcción de una estación de gasolina en el sector turístico y residencial de Bocagrande, que ha presentado fallas en su edificación.

Esa obra, según quejas de los habitantes del sector y denuncias públicas de veedores de la ciudad que fueron publicadas el 29 de marzo de 2016 por La W Radio, no cumplía con el POT y por eso la entonces jefa de Control Urbano emitió sobre ella un concepto desfavorable.

Tras la decisión de Manolo, la funcionaria presentó el 5 de abril su carta de renuncia irrevocable, en medio de ruidos de presuntas presiones hacia ella por parte de funcionarios y constructores de la ciudad.  

Esa renuncia no le fue aceptada, sin embargo, sino hasta el mes de julio, por lo que Steer se quedó (aunque igual sin sus funciones principales). “No podían aceptarla (la renuncia) de inmediato porque quedaba evidenciado que era por sus acciones de control”, nos dijo alguien que vio de cerca ese proceso.

A finales de julio, el Alcalde nombró como nuevo jefe de Control Urbano al arquitecto Olimpo Vergara Vergara, quien llegó a ese puesto luego de hacer parte de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Vergara, quien estuvo apoyando a Manolo en su campaña por llegar a la Alcaldía de la ciudad, es relacionado en la Cartagena política puntualmente con José Julián Vásquez, como nos lo aseguraron tres fuentes conocedoras a las que consultamos por aparte.

Como lo hemos contado en La Silla Caribe, a Duque lo financió para llegar a la Alcaldía su hermano de crianza quien es visto desde entonces como el poder a la sombra en la Administración.

Vásquez, quien es abogado y tiene relaciones políticas con el clan Gnecco del Cesar, es conocido como “el rey de las licitaciones” por los conocimientos que dicen que tiene para armar licitaciones desde su oficina privada. Ese asunto él nos lo negó cuando le hicimos un perfil.  

A una semana de tener a Olimpo Vergara a cargo de la dirección de Control Urbano, el 1 de agosto de 2016, Manolo Duque le devolvió las funciones de control y vigilancia de las construcciones de la ciudad a esa dependencia. Lo hizo mediante el decreto 1110.

Tres meses después de esa movida, según la valla falsa que tenían publicada los constructores en el edificio que se cayó, arrancó la construcción que hoy tiene de luto a 21 familias.

Contactamos a Manolo Duque para conocer el por qué de esos dos decretos, pero no fue posible que nos atendiera. Le escribimos a su jefe de prensa y tampoco nos dio respuesta.

Lo que viene

Tras la tragedia de Blas de Lezo y ante la presión civil y política que se ha hecho sobre su administración, Manolo Duque ordenó controles más estrictos desde su gobierno.

Una de esas primeras acciones fueron las visitas a 75 construcciones en las tres localidades de la ciudad, que dejó al descubierto que las edificaciones ilegales en Cartagena están a la orden del día: de las 75 obras revisadas 48 se adelantan sin licencia y 15 “en situación irregular”, según informó la misma Alcaldía.

Por esas cifras y por las declaraciones del procurador Carrillo en las que habló de una “mafia de constructoras piratas”, lo que puede venir es el destape esa mafia y toda una supuesta red de licencias de la que ya se viene hablando en La Heroica.

Lo que se sabe en la ciudad de esa supuesta red es que estaría liderada por constructores astutos que, para hacerle el quite a la norma y no solicitar un permiso de construcción en las Curadurías, inician sus edificaciones con documentos falsos (como la valla del edificio de Blas de Lezo) y cuando están próximos a concluirla y necesitan hacer trámites notariales o de registro de inmuebles acuden a una figura legal denominada reconocimiento de edificaciones.

Ese reconocimiento es la actuación por medio de la cual el curador urbano declara la existencia de una edificación que se hizo sin licencias.

Para que este documento le sea otorgado a una construcción, la misma debe cumplir con varios requisitos: que se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento y que lo obra no viole el POT ni tenga quejas de las autoridades encargadas de control.

Ahí es donde, según le explicó a La Silla Caribe un arquitecto cartagenero que conoce bien el tema, “se están presentando todo tipo de tramoyas (irregularidades). Se habla de testimonios falsos para sustentar antigüedad de la construcción y de dineros por debajo de la mesa para obtener certificados de visitas de inspección por parte de las autoridades competentes”, detalló la fuente que accedió a hablarnos bajo el anonimato.

Aunque hasta ahora no hay pruebas de eso, La Silla Caribe conoció que incluso ya algunos notarios de Cartagena le dijeron al Alcalde que les preocupan las irregularidades que rondan las entregas de algunas escrituras que podrían estar soportadas en documentos falsos.

“En una reunión de ahorita (anoche) los notarios dijeron que parece ser que hay ilegalidad en las escrituras de dos edificios: Portales de Blas de Lezo I (en el mismo barrio donde ocurrió la tragedia) y Shalom (en el barrio El Recreo)”, le detalló a La Silla Caribe una alta fuente del Palacio de la Aduana.

Por ahora, todo indica que están por escribirse más capítulos de esta tragedia en la que la opinión pública pide que caigan los responsables por acción, pero también por omisión.

Aunque nadie duda de las buenas intenciones del alcalde Manolo Duque, ahí se le puede enredar la pita.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia