Por Antonio Canchila García · 25 de Mayo de 2017

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La captura, ayer en Montería, de la súper poderosa de Córdoba Mara Bechara, suegra del gobernador Edwin Besaile, y de su hermana María Fátima, tiene convulsionado el ambiente político en ese departamento. Su detención representa un coletazo al grupo que lidera el senador más votado de la coalición del Gobierno Nacional: el congresista de La U Musa Besaile, hermano y jefe político del mandatario departamental. 

Mara y María Fátima Bechara Castilla son dueñas de la Universidad del Sinú (con sede en Montería, Cartagena y Bogotá), en donde tienen altos cargos: María Fátima es la actual rectora general y Mara la vicerrectora financiera.

Justamente, sus detenciones tienen que ver con dos convenios presuntamente irregulares entre la Unisinú y la Gobernación de Córdoba, realizados entre 2012 y 2013 con dineros de regalías, cuando era mandatario Alejandro Lyons (de La U), quien llegó al poder respaldado por el grupo político de Musa.

Las Bechara hacen parte activa del musismo. Tanto, que la actual fórmula de ese senador es sobrino de las capturadas: el representante de La U Raimundo Méndez Bechara, hijo de Ilse Bechara, excónsul de Colombia en San Francisco.

Los convenios 

Durante el gobierno de Lyons entre 2012 y 2015 la Universidad del Sinú que controlan las Bechara ganó cuatro convenios, que juntos suman más de 21.000 millones de pesos. Pero en este caso la Fiscalía se centró en dos de ellos que fueron reseñados en un informe de la Contraloría General emitido en enero de este año.

En su informe, el ente de control reportó que, aunque ya la Gobernación giró la mayoría de los recursos, estos no tiene un avance significativo.

El primero de esos convenios fue firmado en diciembre de 2013, por un monto de 7.659 millones de pesos con el objeto de diseñar una estrategia para “el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales de Córdoba”. En este, según la Contraloría, la Gobernación ya ha girado a la Universidad del Sinú 6.824 millones de pesos, es decir, el 91 por ciento del vallor total, mientras que el avance del proyecto es apenas de 42 por ciento.

El segundo convenio investigado por las autoridades, también firmado en diciembre de 2013, fue para diseñar un "plan innovador" para la cadena productiva de la caña flecha, el material con el que se fabrican los tradicionales sombreros vueltiaos. Ese proyecto tiene un costo de 2.996 millones de pesos y por él ya la Unisinú ha recibido 2.751 millones de pesos: el 95 por ciento del precio total.

Pese a que ya la Gobernación pagó casi todo el dinero, ese segundo convenio tiene un avance de apenas el 30 por ciento, según el informe oficial.

Así las cosas, por ambos convenios se le han pagado a la Universidad del Sinú 9.575 millones de pesos sin que a la fecha se tenga un resultado de ejecución total de los mismos.

De acuerdo con la Contraloría, para los dos convenios la Unisinú subcontrató con una cuestionada corporación llamada Ceniagroecológico, creada seis meses antes de que se iniciaran los proyectos.

El representante legal de esa entidad es el contratista Jesús Henao Sarmiento, detenido e imputado en el caso de la desaparición forzada y asesinato de Jairo Zapa Pérez, exdirector de regalías de Córdoba de la Administración de Alejandro Lyons.

Por esas presuntas irregularidades en la ejecución de los convenios, la Fiscalía General de la Nación les imputara a las hermanas Bechara (y a cinco personas más que fueron capturadas por el mismo caso) los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión.

La caída de estas dos otrora intocables mujeres son un golpe al corazón del musismo. 

Los lazos familiares y políticos

El actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile está casado con Roxana Zuleta Bechara, hija de Mara Bechara.

Vía esa relación familiar se ha forjado también un fuerte lazo político que, según se comenta en Córdoba, pudo ayudar a que la Universidad de los Bechara se quedara con los convenios que hoy tienen en líos a dos de sus cabezas. 

El brazo político más fuerte de ese grupo es el Representante Méndez Bechara, quien ha logrado tener participación burocrática en varios espacios. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Córdoba desde 2012 y hasta hace poco era su pariente, el abogado Víctor Castilla Plaza.

También, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le nombró a su amigo y aliado Boris Zapata como asesor y enlace con los políticos. Estuvo ahí hasta 2015, cuando se lanzó a la arena política como el candidato de Méndez Bechara a la Asamblea de Córdoba, pero perdió.

En las regionales de 2011, los Bechara respaldaron al candidato de Musa: Alejandro Lyons, el mismo mandatario que en 2013 les dio, vía la Unisinú, los dos polémicos convenios.

Para los comicios de 2015 volvieron a ir juntos apoyando a Edwin Besaile a la Gobernación. En su mandato Edwin les ha dado juego a los Bechara en varias dependencias: en la secretaría de Hacienda estuvo hasta finales del año pasado Boris Zapata, luego de no haber alcanzado la curul en la Asamblea.

Como lo contamos en La Caribe, el poder económico de los Bechara (representado en la Universidad, el hotel Sinú y varios lotes de engorde) los convierte en un grupo al que los políticos suelen acudir en busca de apoyo.

Pero aunque parecían un edificio que jamás se derrumbaría, hoy la justicia les tocó la puerta y de paso salpicó en imagen a sus aliados Besaile.

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