Por Natalia Arenas · 09 de Agosto de 2017

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Ayer, la diputada uribista Juanita Cataño anunció en una rueda de prensa que la Superintendencia de Servicios Públicos le dio la razón en su pelea por la ilegalidad por el cobro de la tasa de seguridad que impulsó la Gobernadora Dilian Francisca Toro y que pretende recaudar 950 millones de pesos anuales para financiar la política de seguridad en el departamento. La Silla Pacífico le aplicó su detector de mentiras y esto fue lo que encontramos:

“Superintendencia de Servicios Públicos obliga retirar cobro de la Tasa de seguridad de la factura de energía”

Cierto, pero
 

Explicación: La decisión de la SuperServicios es de forma pero no de fondo. Es decir, dice que es ilegal que a los usuarios le cobren la tasa de seguridad en sus facturas de energía porque ese cobro no tiene nada que ver con el servicio que prestan las empresas prestadoras y comercializadoras de energía. Y que la única manera para que la tasa se cobre a través de la factura de energía del usuario es que éste acepte voluntariamente pagar la tasa así. Pero la decisión no implica de ninguna manera que no se va a seguir cobrando la tasa. De hecho, una alta fuente de la Superservicios a nivel nacional explicó que la tasa sigue vigente y que la Gobernación puede seguirla cobrando a través de una factura diferente a las que cobran los servicios públicos lo que puede ser más dispendioso y costoso para la Gobernación, pero lo que no exime a los usuarios, ni siquiera a la diputada Cataño de pagar la tasa.

 

“Este fallo demuestra que mi señalamiento sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la Ordenanza 425 del 2016, es una realidad, por lo cual la Superservicios resuelve a mi favor”

Apresurado
 

Explicación: La frase de la diputada Cataño es apresurada porque la Superservicios no se puede pronunciar ni sobre la legalidad de la ordenanza ni sobre si es constitucional o no. Lo único que dijo la Superservicios es que la forma en la que se está cobrando la tasa es ilegal pero que se puede cobrar de otra forma.

La discusión de fondo tendrá que esperar hasta que el Tribunal Administrativo del Valle decida sobre una demanda que presentó la misma Diputada y que argumentaba dos cosas. Por un lado, que el cobro de la tasa en la factura de energía sin previa autorización del usuario es ilegal (frente a la cual la Superservicios le dio parcialmente la razón como explicamos antes) y que es inconstitucional porque lo que se está cobrando es una tasa y no un impuesto y según ella, la tasa sólo se puede cobrar cuando hay relación directa entre el cobro de energía y la seguridad y eso no ocurre. La demanda fue presentada por la diputada el año pasado y todavía el Tribunal no se ha pronunciado al respecto por lo que la pelea sigue.

Lo único que ha dicho hasta ahora el Tribunal es que el cobro no se podía suspender mientras se falla de fondo porque al menos hasta este instante “no se avizora prohibición normativa alguna que impida que el recaudo de dicha tasa pueda realizarse a través del cobro de la prestación y el consumo del servicio de energía eléctrica” porque la ley 1421 de 2010 el autorizó a los departamentos a imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana. Aunque no se sabe qué decisión va a tomar el Tribunal del Valle, los tribunales de los departamentos de Magdalena y Atlántico ya fallaron a favor del cobro de esa tasa. Por eso, al menos por ahora, la diputada sigue perdiendo esta pelea.

 

Contexto

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