Miércoles Abril 23, 2014

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Hoy algunos de los congresistas que conforman el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso interpondrán una acción popular para pedirle a un juez que le ordene al Gobierno demandar la nulidad del contrato que la Nación suscribió con Cerro Matoso S.A. hace casi 20 años y que mientras tanto, ordene suspender las cláusulas que le dan derecho a explotar algunas áreas hasta el 2029.

Aunque el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso está integrado por 13 congresistas, académicos, sindicalistas y miembros de la Administración de Montelíbano, no todos van a interponer la acción popular.  Por ahora esta iniciativa está liderada por los senadores Maritza Martínez y Bernardo Elías Vidal, del Partido de la U, Jorge Enrique Robledo, del Polo, Eugenio Prieto, del Partido Liberal y el representante del partido Conservador, David Barguil, pero la Comisión Quinta del Senado abrirá sus puertas para que todos los interesados se sumen a firmar la acción.

Los congresistas llevan cocinando un buen tiempo esta iniciativa pero aún no la habían sacado a la luz pública porque estaban esperando a reunirse ayer por la tarde con el Ministro de Minas, Federico Rengifo, para confirmar que la posición del Gobierno es prorrogar el contrato.  Pero la reunión fue suspendida y re-agendada para hoy a las 6 p.m.

Sin embargo, los congresistas dijeron a La Silla que ya no le van a extender el período de gracia al gobierno y desde mañana en la Comisión Quinta empezarán todos los trámites para interponer la acción popular. “Posiblemente muchos no firmarán porque no quieren asumir el costo político”, dijo la senadora Martínez. “Pero los congresistas más independientes vamos a seguir adelante con la acción popular porque lo hacemos por convicción”

La senadora Maritza Martínez es una firme opositora a la prorroga del contrato con Cerro Matoso y hoy estará liderando la firma de la acción popular en la Comisión Quinta del Senado.
El representante David Barguil ha citado al Ministro de Minas a varios debates de control político en la Comisión Quinta. Hoy será uno de los que firme la acción popular.
El senador Jorge Enrique Robledo apoya la acción popular y ha sido vehemente en exhortar al gobierno a que decrete la caducidad del contrato de Cerro Matoso por ser leonino.
Guillermo Rudas es uno de los académicos que más le ha hecho seguimiento a Cerro Matoso y quien ha exigido transparencia por parte del gobierno.
La decisión de prorrogar el contrato es una papa caliente para el gobierno de Santos pues Cerro Matoso S.A. es una de las grandes empresas del país y además, uno de los vicepresidentes de BHP Billiton es Alberto Calderón Zuleta, quien es amigo personal del Presidente.

La acción popular

La acción popular alega que el contrato 051 de exploración y explotación con Cerro Matoso, suscrito en 1996 y que se incorporó al contrato original firmado en 1963, que vence la próxima semana, viola los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.

Como lo explicó La Silla, la concesión para explorar y explotar yacimientos de níquel en Montelíbano, Córdoba, por parte de Cerro Matoso S.A. es un contrato sui generis.

La concesión que entró en vigencia en 1982 y que vence a finales de este mes cubre una extensión de 686 hectáreas. Pero en junio de 1997, la empresa obtuvo otra licencia de exploración (la 051) sobre un área de 52 mil hectáreas que comenzó a operar en 1999. Esta concesión vence en el 2029 y tiene dentro de su área las casi 700 hectáreas que habían sido otorgadas mediante el contrato 866.

El meollo de la discusión hoy en día es que en esta nueva concesión se estipuló que una vez venciera el contrato 866, las áreas de ese título se incorporarían automáticamente en los términos y condiciones pactados en el contrato 051. Debido a esa ‘incorporación automática’ del área es que Cerro Matoso alega que su concesión va hasta el 2029 con la posibilidad de ser prorrogada hasta el 2044.

Como en las 863 hectáreas concesionadas inicialmente está ubicado el 90 por ciento del níquel mientras que el contrato 051 solo abarca el 4 por ciento, la acción popular alega que esa concesión viola la moralidad administrativa porque el único propósito del segundo contrato firmado durante la época de Samper no fue otro que cambiar ilegalmente (y por la puerta de atrás) la concesión inicial, que de acuerdo al respectivo Código Minero no se podía prorrogar sino por cinco años más antes de volver a manos de la Nación.

Según el contrato, si la Nación decide no prorrogar la concesión entonces la empresa le devuelve la mina a la Nación y esta está obligada a arrendarlo a Cerromatoso por un cánon equivalente al 1,25 por ciento sobre las utilidades después de impuestos.

Los que ponen la acción popular consideran que el cánon es tan irrisorio que implica un detrimento económico a la Nación. Dicen que el arrendamiento propuesto por el contrato está muy por debajo de lo que paga el mercado inmobiliario, que oscila entre el 4 y el 11 por ciento. Y que esta cláusula se pacta con base en las utilidades de la empresa y no con base en el valor del activo, que es como se liquida un arrendamiento.

“Además el gobierno no proyectó ajustar este valor de acuerdo con las variables del mercado”, dice la demanda.

También alegan que con la terminación de los contratos de concesión 866 y 1727, la Nación podría explotar directamente las áreas, con lo que obtendría utilidades muy parecidas a las que ha obtenido Cerro Matoso S.A. en los últimos años. Y que si decidiera suscribir un nuevo contrato, podría mejorar de manera sustancial su participación en estos ingresos, aumentando las contraprestaciones que se le exigirán al contratista.

“Con el promedio anual de las utilidades netas que Cerro Matoso S.A. obtuvo entre 2008 y 2011, el gobierno nacional podría financiar en el régimen contributivo la salud de 448.315 personas (equivalentes a la mitad de la población de Cartagena) o financiar totalmente la construcción de 6.189 viviendas de interés prioritario.”, dice.

El impacto

Cerro Matoso ha dicho que el contrato 051 tiene que ser entendido en el contexto en el que se firmó, cuando la empresa pagó 10,2 millones de dólares contra la firma del contrato 051 propuesto por el Gobierno de Samper para valorizar las acciones que el Ifi tenía en Cerromatoso.

Una vez privatizada, Cerro Matoso invirtió 330 millones de dólares en la construcción de una segunda línea de producción, que le permitió a la empresa doblar su producción y al país recibir muchas más regalías e impuestos de los anticipados.

En efecto, Cerro Matoso ha contribuido en promedio con un 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto entre el 2005 y el 2010 y con una quinta parte de la contribución total de la minería al PIB. La empresa dice que entre 2000 y 2009 pagó cuatro billones de pesos en impuestos al Estado, que según el director de la DIAN, en un año equivalió al 10 por ciento del total de la tributación total.

El Gobierno lleva meses hablando con la empresa para mejorar las condiciones de la concesión en caso de que decida prorrogarla y hablando con abogados para que después del control de advertencia que le hizo la Contraloría no termine la directora de la Agencia Nacional Minera en la cárcel y embargada por firmarla. También están verificando con todos los ministerios que Cerro Matoso S.A. haya cumplido con la ley y al parecer la respuesta ha sido que sí.

Ya abogados administrativistas de la talla de Susana Montes y Felipe de Viveros han rendido conceptos en el pasado en el sentido de que los dos contratos están sustentados legalmente. Sin embargo, políticamente la cosa es más complicada.

Mauricio Cárdenas, cuando estaba de Ministro de Minas, dijo que “un proyecto que vende 800 millones de dólares al año no puede pensar que su responsabilidad social es de 1,5 millones”. Por eso, la negociación con la empresa apunta a que la empresa pague más por el cánon de arrendamiento o se comprometa a una mayor inversión social o ambas cosas.

La empresa parecía consciente de que más allá de lo que le exija la ley o lo que le permita el contrato (y más allá de toda la plata que invierta la empresa en pautar en los medios masivos de comunicación), tiene que ofrecer mejores condiciones para quedarse con la concesión.

No es claro, entonces, cómo la acción popular que interpongan hoy los congresistas afecte esta negociación. Si prospera y un juez en efecto le ordena a la Nación suspender el contrato y demandarlo, al Ministerio de Minas no le quedaría otra opción.

Es posible que la amenaza de esta acción popular le ayude al Gobierno a conseguir unas mejores condiciones en la negociación con Cerro Matoso, y en general, en todas las concesiones que se negocien de ahora en adelante pues sabrán que los ciudadanos y los políticos estarán pendientes de lo que se acuerde. Pero también crea un precedente difícil para el futuro de la minería si los inversionistas no solo tienen que atenerse al contrato que firmen con el Gobierno sino a que la suerte de sus concesiones termine en manos de un juez como resultado de un debate político.

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Jorge Enrique Robledo Castillo
Mauricio Cárdenas Santamaría
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Sáb, 2012-09-29 18:28

Me parece excelente la propuesta de los congresistas, lo mas importante es que logren sensibilizar a los colombianos y apoyen esta iniciativa.

El problema no es Cerromatoso, sino el gobierno que permite que esa y otras multinacionales saqueen nuestros recursos sin compromiso social, económico y ambiental y para colmo de males que nuestros dirigentes solo piensen en llenar sus bolsillos a costa de nuestros recursos que son de todos por el hecho de ser hijos de esta nación.

considero que mientras este tema no sea de interés y conocimiento nacional, mientras no se generen espacios de participación en donde todos contemos y aportemos ideas que permitan el aprovechamiento de nuestros recursos ya sea por multinacionales y porque no por el talento e ingenio colombiano, en donde se generen políticas de responsabilidad social, económica y ambiental siendo la nación la principal beneficiada el gobierno de turno seguirá haciendo lo que se le da la gana con nuestros recursos.

Vie, 2012-09-28 11:05

Cuántos miles de millones de pesos recibiría el famoso exministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas Santamaría por reafirmar la prórroga del contrato de explotación de las minas en Cerro Matoso?? Muchos, ya que ésa es su costumbre y recuerdo que en la época de Dragacol, salió como bólido por el detrimento patrimonial a la nación en miles de millones, cuándo salió del ministerio de Transporte en la presidencia de Andrés Pastrana por chanchullos y embarradas y qé hace ahora en el ministrio de Hacienda donde por los comentarios a todo nivel jamás hubo un ministro tan capaz y talentoso como el saliente Echeverry (Presiento que lo tumbaron), Me pregunto a donde iremos a parar, será que el presidente Santos ignora el turbio pasado de Cárdenas Santamaría?? O es que su influencia familiar, económica y política supera las barreras de mando presidencial?? Tiene que ser. Lo mejor es que se revise cuidadosamente ese leonino,igual que el contrato de Bogotá con Transmilenio. Malditos ladrones!!

Mié, 2012-09-26 13:46

Un contrato no puede ser contrario a la Ley. Por eso es ilegal. Esta y otras muchas actuaciones de Billinton debidamente documentadas relacionadas con sus actividades mineras en Colombia, hacen de Billinton una empresa no deseable como socia del Estado Colombiano.

Mié, 2012-09-26 13:45

El código de minas en su artículo 70 establece un período máximo de 30 años en un contrato de concesión minera. En el caso del contrato del Cerrejón este vence el próximo 30 de septiembre y en esa fecha la concesión debe revertir a la nación. En el año 1996, la empresa Cerromatoso y el ministerio de Energía de la época en cabeza del tristemente célebre Rodrigo Villamizar, el mismo del miti-miti, firman un contrato, el 051, con el objeto de explorar una área adyacente a la del contrato original. Lo curioso de este nuevo contrato, es que en una de sus clausulas incorpora el área del contrato original, haciéndola por arte de birlibirloque prorrogable en los términos del nuevo contrato. Es de advertir que esa área de explotación inicial es la que corresponde al 100% de la explotación de la mina, y que el segundo contrato, el 051, no ha sido objeto alguno de desarrollo por parte de Billinton. Es clara, entonces la intención de hacerle el quite a la Ley, a través del contrato 051.

Mar, 2012-09-25 17:38

Caramba, que buen artículo, cada día da más gusto leer acá.

Que bueno conocer a los Congresistas detrás de la acción popular. A Rudas y Robledo pues, claro, ya los conocía. De mi parte, gracias señores, suerte con eso.

Mar, 2012-09-25 10:38

Sin entrar en consideraciones Legales, es apenas obvio que la prorroga de la concesión debe ser aplazada y se debe suscribir un nuevo contrato en condiciones equitativas para la región y el país, sin desconocer que, a quien en últimas termine realizando la explotación del ferro-niquel, le deben corresponder unas utilidades "razonables". La Acción Popular debe seguir su curso y esperar que salga a favor del país para, de esta forma, contar con antecedentes, no solo legales sino Políticos, en el sentido de que nuestro territorio comienza a tener dolientes, contrario a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.

Mar, 2012-09-25 10:26

Una de las cosas que tiene que hacer el CONGRESO es rescatar su derecho a legislar. además lo que esta en juego no es solo las riquezas sino el futuro político social económico y ambiental de una región y un país.
En un pasado quien tenia la facultad de asignar la exploración y explotación de esas riquezas era el congreso; es hora de que el congreso tome sus facultades y retire a otros el deber que tiene de legislar sobre las riquezas de los colombianos.
El gobierno no puede trasladar su deber de hacer inversión social a las empresas.

Mar, 2012-09-25 08:39

las intenciones de Cardenas deben ser detenidas tanto la prorroga a cerromatoso como el adefecio de quitarle 3 ceros al peso. Esos redondeos son un atraco a los Colombianos el cambio de moneda puede valer mas de 300.000 millones de pesos ¿No se están necesitando esa plata para algo mas?

Mié, 2012-09-26 07:55

Entiendo que la idea de quitar los ceros es una movida para atacar el lavado de activos y hacer inocuos los miles de millones de pesos que tienen los mafiosos guardados en caletas. O, obligarlos a sacar ese dinero.

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