Por Laura Silva · 10 de Mayo de 2017

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La comisión del Gobierno que llegó ayer a Buenaventura liderada por el Secretario de la Presidencia, Alfonso Prada y los ministros de Salud, Alejandro Gaviria, y Vivienda, Elsa Noguera, por ahora no sirvió para conjurar el paro que está programado para el próximo 16 de mayo.

Aunque tanto los representantes del Gobierno, como la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el Alcalde se han dedicado en las últimas semanas a ponerle fecha de terminación a las obras que se adelantan desde la última gran movilización que paralizó Buenaventura en el 2014, los bonaverenses no levantarán la protesta. Y no lo harán, porque para ellos, esta vez las promesas no son suficientes.

El Paro

Buenaventura vuelve a paro cívico después de tres años. En ese momento más de 30 mil personas salieron a la calle en una movilización masiva que terminó en un plantón en la Alcaldía para exigirle al Gobierno que interviniera el puerto para terminar con la violencia que tuvo como su mayor exponente las casas de pique.

Aunque luego de esa movilización, el Gobierno se comprometió a invertir más de 150 mil millones de pesos en obras e impulsó la creación del Plan Pazcífico, hoy los bonaverenses sienten que todo ese esfuerzo quedó opacado por la corrupción.

“Los compromisos son importantes pero la corrupción se ve reflejada en todas partes. En los contratistas, por ejemplo, que se quedan con la plata”, le dijo el Padre John Reina, Director de la Pastoral Social de Buenaventura y uno de los líderes del paro a La Silla.

La decisión de volver a salir a las calles, paralizar los colegios, los negocios, el transporte, y los servicios en entidades públicas se dio luego de que se juntaron varios hechos.

Primero, la crisis del agua. Hoy, Buenaventura depende del caudal del río Escalerete que no sirve para prestar más de 8 horas de servicio de agua potable diarias y continuas. La situación es tan crítica, que la empresa que presta el servicio, Hidropacífico, tiene un pie fuera del puerto a pesar de que a su contrato todavía le quedan cinco años.

La crítica situación llamó la atención del Procurador General, Fernando Carrillo, que anunció a finales de marzo “una cruzada anticorrupción” que en ese momento puso en cabeza de la Gobernadora Dilian Francisca Toro.

Aunque la idea fue aplaudida por los bonaverenses, no pasó mucho tiempo para que le llovieran críticas que incluso respaldó el obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza. Una de las principales, que fuera precisamente la Gobernadora, que es madrina política del Alcalde Eliecer Arboleda Torres, la que quedara encargada de revisar y blindar la contratación en el puerto.

La razón es que justo al tiempo, en Buenaventura estalló otro escándalo de corrupción que salpicó directamente al Alcalde: el ex gerente del Hospital Luis Ablanque de la Plata, Pedro Pablo Quiñónez, salió de su cargo en medio de denuncias por presiones indebidas, malos manejos de recursos e incluso amenazas contra su vida por los que responsabilizó no sólo al Alcalde sino a su hijo mayor. Por ahora, el Alcalde ha negado las acusaciones. 

El escándalo dejó en evidencia además que a pesar de que se han invertido 7 mil millones de pesos de recursos de regalías en el Hospital –que es el único público que opera en Buenaventura–, éste sigue prestando un servicio de primer nivel. Adicionalmente, sus deudas se han triplicado desde el 2013, como contó La Silla.

 

Por eso, lo que piden ahora los bonaverenses no es más obras ni promesas, sino poder revisar las que se contraten y tener un control social sobre a dónde va la plata.

“Desde el principio nosotros sabíamos con las organizaciones que veníamos trabajando desde la movilización del 2014 que el plan de choque no iba a resolver nada. En Buenaventura hay mucha corrupción. Por eso volvemos a salir”, le dijo a La Silla Reina.

La idea es que con la presión de la movilización, el Gobierno nacional ceda, y declare la emergencia económica, social y ecológica en Buenaventura. Así, según Reina, no sólo se le podrían asignar más recursos de lo que por regalías le corresponden al puerto, sino que además, la administración no estaría en manos ni del Alcalde ni de la Gobernadora exclusivamente.

“Si la toma anticorrupción se da y si se declara la emergencia sería magnífico porque ayudaría a que no se sigan robando la plata. El estado de emergencia nos obligaría a crear veedurías para cada proyecto en el que se vaya invertir, y así su administración no estaría en manos de los mismos” le dijo el Padre Reina a La Silla. “Sólo de esa manera será posible garantizar un manejo distinto de los recursos que se inviertan aquí, sin tanta corrupción”.

Es algo en lo que han venido trabajando desde hace más de dos años, cuando los sectores sociales de Buenaventura liderados por la Pastoral Social, comenzaron a crear mesas y comités de veeduría que se encargan de hacerle seguimiento a los proyectos incluidos en el plan de choque.

Se han dividido en 8 temas que hasta ahora han determinado la agenda del comité y que trabajan semanalmente en cada uno. Los temas son la falta de servicio de agua, el mal funcionamiento del hospital público, la educación, la necesidad de viviendas dignas, la protección de los ríos y otros recursos naturales, la falta de empleo, el derecho a los espacios de recreación y la atención a víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado.

Hasta ahora han logrado ocupar espacios en los debates de control político en el Concejo sobre la crisis del agua, de la salud y de la educación. Sin embargo, lo que buscan los promotores del paro es que ahora se formalicen para que así puedan influir de manera directa sobre el desarrollo de cada uno de los proyectos propuestos.

La idea hoy está respaldada por 60 organizaciones sociales y sectores de Buenaventura entre las que se destaca el liderazgo del obispo de Buenaventura, Héctor Epalza, el Director de la pastoral Social, padre Jhon Reina y Humberto Hurtado del Comité de Agua de Buenaventura.

Ellos han logrado que a la movilización se sumen 15 consejos comunitarios de Buenaventura, 11 sindicatos como el de transportadores, trabajadores públicos y de profesores.

La estrategia del Gobierno

Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno tanto nacional como local para conjurar el paro se han concentrado hasta ahora en mostrar los avances en las promesas de hace tres años, en lanzar unas cuantas más y sobre todo, establecer un calendario para la entrega de las obras que están en veremos desde que se firmó el acuerdo para levantar el paro de 2014.

Para eso sirvió la reunión de ayer a la que asistieron los ministros, la Gobernadora del Valle y el Alcalde. Allí, reiteraron varias de las fechas que han venido diciendo las últimas tres semanas y que prueba, según ellos, que falta poco para cumplir los compromisos.

En el tema de salud, la Gobernadora anunció que la apertura del hospital está prevista para septiembre. Así, según Toro, se garantizará un servicio de nivel dos aunque ya se podrán utilizar algunos servicios de nivel tres como el centro de urgencias.

“Lo del Hospital ya se está haciendo con regalías del municipio y hay que adicionar porque no alcanza, pero en septiembre se podría dar el servicio”, le explicó Toro a La Silla. Esa información fue reiterada en la reunión de ayer por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Frente al tema del agua, hay varias promesas. Primero, la Gobernación y la Alcaldía presentaron un cronograma que señala que en agosto se entregarán las obras de los tanques de los ríos Escalerete y Venecia, que servirán para reducir la turbiedad del agua.  Además, anunciaron que este mes se abrirá la licitación para adjudicar las 40 obras que faltan para terminar el plan de choque del acueducto y aumentar las horas del servicio de agua en los hogares.

Aunque estas obras mejorarán el servicio, no les garantizan a los bonaverenses continuidad del líquido las 24 horas del día. Para eso todavía falta mucho. De hecho, según dijo Alejandro Callejas, Vicepresidente de Findeter, las obras que faltan y que se terminarán en unos 3 años sólo garantizan que la ciudad tenga 16 horas continuas de servicio de acueducto.

El otro tema crítico es educación, cuyos malos manejos tienen hoy investigado al ex alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, acusado del presunto desfalco de miles de millones de pesos en los contratos de educación de la ciudad.

Hace dos semanas el Alcalde Eliecer Arboleda dijo que en Buenaventura ya no existen los estudiantes fantasma en los colegios públicos del puerto, que ya se resolvieron los problemas de ausentismo en los colegios oficiales y los pagos atrasados a los profesores. El anuncio terminó con la frase de que “hoy en Buenaventura no hay corrupción”.

Aunque el Ministerio de Educación todavía no tiene los resultados de la auditoría que confirmaría lo que dice Arboleda, según David Torres Viveros, Secretario de Educación de Buenaventura, el municipio ya cumplió con sus compromisos y ahora falta que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio, le responda a Buenaventura con infraestructura y con docentes sobre todo en la zona rural.

A pesar de las promesas, la gente en Buenaventura “ya no copia”, según un periodista que cubre Buenaventura.

“Eso es lo mismo de siempre. Como todo, antes de que suceda algo intentan calmar los ánimos diciendo que ya van a entregar todo lo que deben pero ese no es el problema. En Buenaventura los recursos están, el lío es que las obras no terminan porque la plata se va quedando en el camino”, agregó un funcionario público que apoya la protesta y que por eso pidió la reserva de su nombre. Algo similar dijeron otras tres fuentes.

Por eso a pesar de las reuniones y comunicados oficiales que siguen circulando, el paro en Buenaventura se mantiene firme.

 

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