Por Jineth Prieto · 10 de Agosto de 2017

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Desde que se disparó la migración de Venezuela hacia Colombia, el Gobierno ha enviado el mensaje de que está preparado para atender una eventual llegada masiva de extranjeros. Sin embargo, la realidad ha demostrado que se ha quedado corto.

Básicamente los esfuerzos de Migración Colombia han sido tres: los contabilizó, los caracterizó y los está regularizando con el trámite de permisos especiales de permanencia que aplican para personas que llegaron legalmente pero se les venció el permiso para seguir en el país y con la emisión de Tarjetas de Movilidad Fronteriza que permite controlar el movimiento de los que cruzan la frontera para hacer mercado y vuelven a salir.

 

En eso el programa ha sido exitoso.  

Por ejemplo, ya se sabe que hay 580 mil venezolanos que tienen permiso de moverse en la frontera con una tarjeta que los identificó, y que al menos la mitad llegan a comprar víveres y abastecerse, que otro  17 por ciento dice que viene a visitar familiares, que 14 por ciento llega a buscar trabajo, y que el restante viene de turismo o por compromisos laborales.

Hay otros 350 mil que han entrado a Colombia con intenciones de quedarse. De esos, alrededor de 150 mil llegaron con pasaporte pero se les venció el permiso de la estadía. Ciento cuarenta mil lo hicieron irregularmente -a través de trochas-, y 60 mil entraron legalmente pero aún no han regresado y tienen vigente el plazo.  

Para regularizarles la situación, especialmente a los 150 mil que entrmaron legalmente pero que ahora están ilegales, Migración creó el Permiso Especial de Permanencia, que les permite extender su estadía hasta por dos años y tener los mismos derechos de un colombiano durante ese tiempo, es decir, pueden trabajar, cotizar para seguridad social, y tener acceso completo al sistema de salud.

Y aunque tenerlos contados es la razón para que en las fronteras haya un parte de tranquilidad, como el que envió el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, en el debate del Sí y No de La Silla en alianza con la Universidad Javeriana, y para que con medidas como facilitar albergues y comida, o transporte, en el caso de los que llegan a Colombia solo para pasar a Perú, Ecuador o Chile, la situación sea controlable; cualquier variación puede detonar una crisis.

Para monitorearla en varios puntos fronterizos se han instalado puestos de mando unificados con la participación de delegados de Presidencia, la Cancillería, Migración, la Unidad de Gestión del Riesgo,los gobiernos locales y la Policía, que en el caso de Norte de Santander se reúnen dos veces al día para reportar el comportamiento de la frontera. 

“Tenemos preparados planes de contingencia para que en caso de que se presente el peor escenario tengamos cómo responder”, le dijo a La Silla Juan Carlos Restrepo de Presidencia.

Sin embargo, Restrepo no le dio detalles a La Silla de cómo operaría ese plan, cuántos recursos estarían disponibles y cómo se articularía eso con las ciudades y municipios que ya están siendo afectados por la nueva población.

Aún así, las acciones han sido insuficientes. Tanto, que en Cúcuta, en Norte de Santander, que es una de las puertas de entrada para esta migración, la sensación es que el problema se está desbordando porque más allá de lo que ha hecho Migración Colombia no hay una política de Estado transversal para atender el problema.

Los problemas en terreno

El Hospital Erasmo Meoz, el principal de la red pública en Norte de Santander, ha facturado atenciones médicas a venezolanos por alrededor de $6 mil millones, de los cuales la mitad se gastaron en 2016 y la otra mitad en lo que va de 2017. 

Si bien el Ministerio de Salud ya le giró a ese hospital los $3 mil millones de 2016, aún no es claro cuándo va a llegar la plata de lo que va gastado en 2017. 

La situación se complejiza debido a que cada vez son más los pacientes, especialmente las embarazadas que llegan a dar a luz a Colombia.

El tema también ha tocado a otras ciudades como Bucaramanga, que aunque no reciben directamente la migración, ya son consideradas lugares de destino. 

El Hospital Universitario de Santander pasó de atender 126 venezolanos en 2016, a 145 en los primeros seis meses de 2017, que le han costado al sistema $625 millones.

Aunque esas cifras no son alarmantes, el caso de Bucaramanga se replica en Barranquilla, Cartagena, y municipios intermedios en Norte de Santander como Ocaña. Con el agravante que el Ministerio de Salud solo tiene provisionados $10 mil millones de pesos para atender extranjeros en urgencias. 

Es decir, solo uno de los hospitales de Norte de Santander ya se quedó con el 60 por ciento de la bolsa total para ese tipo de atención y hasta ahora la crisis está iniciando.

En cuanto a la educación, solo en el área metropolitana de Cúcuta hay alrededor de 4 mil niños venezolanos matriculados, que tienen los servicios de transporte y alimentación. 

Sin embargo, en dentro de las administraciones municipales y la departamental se cree que hay muchos que no están estudiando aún.  También que hay un subregistro.

Esto preocupa a los encargados del tema pues no saben qué va a pasar cuando empiecen a matricularse por la normalización de la situación de los migrantes, que les generaría el Permiso Especial de Permanencia debido a que en muchos colegios hay hacinamiento y los servicios mínimos en ocasiones se prestan con deficiencias.

“Este es el típico problema en el que le delegan a los Gobiernos territoriales cada vez más tareas pero sin presupuesto”, le dijo a La Silla un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander que pidió la reserva de su nombre para no entrar en enfrentamientos con los delegados de Presidencia. “Es fácil decir desde Bogotá que atendamos, el problema es con qué lo hacemos, porque si hacemos caso, entonces desfinanciamos los programas locales”.

Esa misma alerta la han lanzado en Arauca, y hasta en Santander, donde están pidiendo que así como Presidencia delega responsabilidades, también gire recursos. 

Sin embargo, en Presidencia la posición es que como los efectos de la migración les competen a todos los entes del Estado, la responsabilidad de atenderlos es compartida. 

“Aquí estamos hablando de ser solidarios y de que todos tenemos que poner. Ya, si hay una crisis que se salga de control, ahí estaremos”, le dijo a La Silla Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial para Seguridad y delegado del Presidente para atender la migración.

Se desvistió (otra vez) la crisis de la frontera

La dificultad para ser solidario de una ciudad como Cúcuta es que sus problemas estructurales solo se agravan con esta migración.

Según la más reciente medición del Dane, la capital de Norte de Santander es la segunda ciudad con más desempleo del país (tiene el 16,1 por ciento, 2 puntos más que en el mismo mes en 2016) y además tiene una tasa de informalidad de más del 70 por ciento.

Desde que se cerró la frontera, la economía se contrajo y aún hoy no ha levantado cabeza porque aunque hay paso de venezolanos para comprar cada vez tienen menos plata por la devaluación del Bolívar. 

La mayor demanda de trabajo ha hecho que muchos empresarios hayan despedido a los colombianos para reemplazarlos por mano de obra venezolana, más barata e indocumentada.  Y por otro, una creciente xenofobia.

“Esto no se trata de un tema de xenofobia", le dijo a La Silla Carlos Luna, presidente ejecutivo de la Cámara.  “Pero más allá de lo humanitario se tiene que planear una estrategia de inclusión laboral en un tema responsable. No basta con saber cuántos son, sino qué va a pasar con ellos cuando se acaben las ayudas”.

"Ya no caben más vendedores ambulantes, ni limpia vidrios. La competencia de los venezolanos que trabajan por un sueldo más bajo también puede resultar en xenofobia", dijo a La Silla un funcionario de la Gobernación que prefirió no ser citado para no meterse en problemas con funcionarios de Presidencia.

Si a eso se le suma el hecho de que los índices de inseguridad se dispararon y de que Cúcuta volvió este año al ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, el panorama se vuelve aún más complejo. 

Según cifras de la Gobernación de Norte de Santander, los homicidios aumentaron en 45 por ciento en 2016 y aunque ese aumento no está relacionado con la migración venezolana sino con el mayor control de las bandas criminales en la frontera, la percepción es que tiene que ver con los extranjeros.

“Gran parte de la responsabilidad de que ni siquiera se reactivara el comercio en Cúcuta y el área aún con toda esa gente pasando para comprar, está en que esa plata se queda dentro de las cadenas del contrabando”, le dijo a La Silla Wilfredo Cañizares, director de Progresar, una ONG que le hace seguimiento al conflicto en Norte de Santander. “¿Cómo se explica que un venezolano llegue a buscar a Colombia productos de su propio país? Ese es el contrabando que ellos se traen para venderlo acá a los mismos venezolanos pero más costoso”.

Los retornados

Pero el verdadero problema, que por ahora ha pasado por debajo del radar de los medios, es que la mayoría de la migración no es de venezolanos, sino de colombianos que están retornando. 

Según datos de Migración Colombia, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, cuando Maduro decidió deportar a cerca de 20 mil colombianos en agostos de 2015, de un millón de colombianos se devolvieron.

Aunque cuando ellos llegaron al igual que como está sucediendo en este momento el Gobierno fijó su atención sobre las necesidades y les dio atención humanitaria, así como anunció entrega de subsidios de arriendo, facilidades para acceder a vivienda propia, y empleos, solo una porción de lo que les prometieron se cumplió. 

Odefron, organización que agrupa a 1.600 familias colombianas que salieron expulsadas de Venezuela por decisión de Maduro, hoy está reclamando que el Gobierno les cumpla.

“De los subsidios de arrendamiento de un año solo recibimos un mes. Nos prometieron que nos priorizarían en subsidios para vivienda pero aún nada ha pasado”, contó Patricia Salguero, líder de Odefron. “Uno no pide nada regalado, pero lo que pasó fue que apenas se fueron las cámaras el gobierno también, y ahora uno los ve diciendo que van ayudar a todos los de afuera”.

“Es una gran irresponsabilidad lo que está haciendo el Gobierno haciendo promesas que seguramente no va a cumplir y más cuando internamente se le avecina un problema grande la magnitud de colombianos que deberá reincorporar”, le dijo a La Silla Cañizares de la Fundación Progresar.

Así que mientras la crisis en Venezuela se mantenga en las proporciones en las que está, Colombia, aunque con dificultades, seguramente será capaz de maniobrarla; sin embargo, si algo llega a desestabilizar aún más la situación política de ese país, no es tan claro que el parte de tranquilidad que ha dado la Cancillería se mantenga.

Comentarios (2)

Andres Felipe Garcia Rovira

10 de Agosto

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Firmar un cheque sin fondos es fraude, no de la misma clase que cuando se compran elecciones con ñoños amigos, esa es la especialidad de Santos, dec...+ ver más

Firmar un cheque sin fondos es fraude, no de la misma clase que cuando se compran elecciones con ñoños amigos, esa es la especialidad de Santos, decir que logro la paz, pero no garantizar nada de lo importante como que entreguen las armas o la violencia cese(del narcotrafico ni hablar), en 4G todos los traficos estan inflados, por lo que en 2.020 quien este pagará, esto es deja vu again.

Robin Hood

11 de Agosto

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Cuando ñoño era urbista y manejaba mermelaba ahi si no les importaba su corrupcion o cuando Uribe decia "Le voy a pedir a todos los c...+ ver más

Cuando ñoño era urbista y manejaba mermelaba ahi si no les importaba su corrupcion o cuando Uribe decia "Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar" les parecia divino... Eterna triple moral la de ustedes.

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