Jueves Abril 24, 2014

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En su visita a Colombia la semana pasada, entre las muchas cosas que recomendó el Relator Especial de la ONU para Indígenas James Anaya, fue discutir con los pueblos indígenas el proyecto de ley que prepara actualmente el Gobierno para regular la consulta previa. Con esta alusión, el Relator puso el dedo en la llaga de uno de los temas que más dolores de cabeza han causado al gobierno de Uribe.

La consulta previa es un derecho constitucional que tienen los indígenas y las comunidades negras a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectar su comunidad como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de las minorías étnicas.

Desde 1994 cuando comenzó a operar esta figura, se han desarrollado 118 consultas previas. En la práctica, sin embargo, con contadas excepciones, la mayoría han sido una farsa en el mejor de los casos, y una fuente de conflictos y violencia en los demás.

El choque de intereses surge porque muchos megaproyectos –de infraestructura, de minería, de energía- que son estratégicos para el desarrollo económico del país son vistos con razón por las comunidades que habitan los territorios donde se adelantarán como una amenaza a su identidad cultural y al equilibrio ambiental. Y aunque siempre ha generado mucho conflicto, en los últimos años la consulta previa ha chocado de frente con la política de confianza inversionista de Uribe y con el modelo de desarrollo agroindustrial de grandes monocultivos como los de la palma.

Debido a que la consulta se adelantó mal, la Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal y condicionó el Plan de Desarrollo. Seguramente, por esta misma razón también se caerá el Código de Minas, a punto de ser aprobado por el Congreso. Y ahora estudia la demanda de los indígenas contra la construcción del multimillonario proyecto de Puerto Brisa en la Guajira.
 

 

El caso de Puerto Brisa

La construcción del Puerto Multipropósito de la empresa Brisa, que contempla la creación de un complejo siderúrgico, una cementera y una zona franca industrial en el municipio de Dibulla, en la Guajira, es un caso ilustrativo de cómo se aplica la consulta previa.

El Ministerio del Interior declaró que no había comunidades indígenas en la zona, aún cuando años atrás, en 2001 y 2002, había declarado lo contrario. El Ministerio de Ambiente, siguiendo la primera resolución del Mininterior, ordenó la consulta. Pero fue demandada por Brisa S.A. que se atenía al último veredicto que negaba la existencia de comunidades en la zona.
Después de un tire y afloje, el Ministerio de Ambiente otorgó en el 2006 la licencia ambiental y ordenó que la consulta se realizara posteriormente.

Aunque se realizaron algunas reuniones, los Kankuamo, los Kogui, los Wiwa y los Arhuacos de la Sierra reiteraron en noviembre de 2007 su oposición al proyecto carbonífero antes de que se realizara la última "reunión de concertación" con la empresa en enero del siguiente año. Los cabildos alegaron que estas reuniones habían sido confusas y que habían recibido citaciones tardías y restringidas para asistir. En todo caso, en marzo de 2008, el Ministerio del Interior certificó la realización de la consulta previa y levantó la suspensión de las obras decretada dos años atrás por Minambiente. Entonces, los indígenas demandaron el caso ante la Corte Constitucional.

El magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza, ya decretó pruebas y está revisando el argumento cultural expuesto por los indígenas: que el cerro Jukulwa, que fue partido en dos por la empresa, es un lugar sagrado e importante porque constituye una barrera natural contra la propagación de las epidemias y enfermedades.

(Cuando La Silla Vacía intentó con varias llamadas y correos contrastar esta información y la de todo este artículo con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, con la Oficina de Licencias y Permisos del Viceministerio de Ambiente, y con la Defensora Delegada para Indígenas de la Defensoría del Pueblo, los funcionarios encargados no estaban, estaban ocupados o no estaban autorizados para dar declaraciones.)
 

El derecho al territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Otras fallas de la consulta

Unos años antes, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior ya había negado la presencia de comunidades en las zonas a explotar. “Tal fue el caso de los proyectos turísticos que se empezaron a desarrollar en las Islas del Rosario en 2007, un territorio habitado ancestralmente por población afro", dice Juan de Dios Mósquera, líder del Movimiento Nacional Cimarrón, organización que defiende los derechos de las negritudes.

“Para agilizar el trámite de verificación, la Dirección de Etnias inclusive ha hecho la revisión desde un helicóptero y si no ven movimiento, declaran que ahí no habitan comunidades", señaló la investigadora de la Universidad del Rosario, Gloria Amparo Rodríguez, a próposito de la fallida consulta de 2005 entre Ecopetrol y los indígenas Motilón Barí para la exploración y explotación petrolera del Pozo los Alamos ubicado en la cuenca del río Catatumbo, en Norte de Santander.

Cuando se declara la necesidad de consultar a los indígenas o afrocolombianos, el procedimiento tampoco es transparente. "La consulta tiene poco de previa. En la práctica, la consulta opera cuando ya se adjudicó el contrato y cuando ya se han destinado recursos", dijo Yamile Salinas, consultora de Indepaz y asesora de la Procuraduría.

Por ejemplo, el contrato entre el Incoder y la Unión Temporal Guajira para la construcción del Proyecto Ranchería, que proveerá agua a unas 400 mil personas en la Guajira, se firmó en 2001, los recursos se destinaron en 2002 y la consulta solo se realizó hasta 2005. A pesar de que los indígenas Wiwa se opusieron, las obras iniciaron en 2006 y la represa comenzará a llenarse en octubre de este año. 

"Las comunidades llegan a la reunión de la consulta previa sin conocer el proyecto y allí las empresas sólo lo enuncian", dijo Juan de Dios Mósquera a La Silla Vacía. Explicó que las consultas se desarrollan en una, dos o tres reuniones de un día donde se comunica de forma superficial y fragmentada el tipo de obras que se piensan desarrollar y se suavizan los posibles impactos ambientales que afectan a las comunidades.

"Las actas son firmadas por un número de personas que no representa a sus pueblos en reuniones distractoras que se celebran con sancochos o mamonas y promesas sobre las opciones de trabajo y el desarrollo de zonas estratégicas como puertos, ríos, bosques y selvas", agregó Javier Sánchez, Consejero de Territorio y Recursos Naturales de la ONIC.

En realidad, en la mayoría de los casos, la aprobación de las comunidades simplemente se compra. Las compañías arreglan las canchas deportivas, realizan capacitaciones o financian pequeñas carreteras con el objetivo de hacer amistad con los indígenas y apresurar la firma de la consulta. "Distorsionan el objetivo general de la consulta con dinero y regalos que pretenden resarcir los daños ambientales de forma fácil y superficial”, dice la profesora Rodríguez.

 

Luego del inicio de la obra del Puerto Multipropósito Brisa S.A., los indígenas de la Sierra Nevada no han podido continuar con las ceremonias de pagamento que realizaban en su cerro sagrado Jukulwa, ahora partido en dos. Foto: Danilo Villafañe.

 

Puerto Turístico en La Guajira.
En el caso de Ranchería, los indígenas dicen que no se tuvieron en cuenta las autoridades tradicionales de los pueblos afectados, y que no se garantizó la participación real y efectiva de dichos pueblos en la consulta previa.

La otra cara

Las comunidades no son simpre las víctimas. En algunos casos, los líderes aprovechan el mecanismo de la consulta previa para bloquear proyectos importantes y elevar el precio de su aprobación. Los nombres de Rosa Solis e Idalmy Minota son bien conocidos (y temidos) en institutos como el Invías y el Inco por su capacidad de veto.

Se habla, por ejemplo, que Invías invirtió 600 millones de pesos para lograr que las comisión consultiva de afrocolombianos que Minota controla respaldara el proyecto de la Doble Calzada Buga-Buenaventura, con un costo que supera el billón de pesos.

Esta líder chocoana controla los consejos comunitarios en Baudó, San Francisco de Cugucho, en el Alto Baudó, y otros pueblos claves por donde pasará esta vía que unirá el centro del país con el mar Pacífico.

Solis, por su parte, jugó un papel fundamental en la aprobación del proyecto del Puerto Industrial Aguadulce, en Buenaventura, donde ‘Rosita’, como la llaman, controla nueve consejos comunitarios. Una fuente dijo a la Silla Vacía, pero no lo pudimos confirmar, que Solis incluso presionó la salida de uno de los gerentes del proyecto, que tiene una inversión superior a los 100 millones de dólares y que no pudo despegar hasta que lograron convencer a Rosita de los beneficios del proyecto para su comunidad.

Los peores casos

En otras oportunidades, las consultas no se pueden realizar porque los líderes indígenas y afrocolombianos han sido desplazados por paramilitares que apoyan la realización de los proyectos o por guerrillas que se oponen. 

Sánchez, de la Onic, denunció, por ejemplo, que paramilitares quemaron casas de indígenas que se oponían a la iniciativa de Ecopetrol y Pacific Rubiales, la empresa canadiense que lidera la construcción del oleoducto Rubiales-Monterrey, en Puerto Gaitán, Meta. Este proyecto tiene una inversión superior a los 300 millones de dólares.

En el El Charco, Nariño, los campesinos afrocolombianos tuvieron que huir a causa de las amenazas, asesinatos y terror de las "Aguilas Negras" y los "Rastrojos” que se disputan el narcotráfico en la zona.

Es en este contexto de guerra en el que se desarrolla el megaproyecto Arquímedes 2006, en Golfo de Tribugá, en el Pacífico colombiano. El proyecto incluye un terminal multipropósito portuario, de turismo y servicio regional de cabotaje y pesquería, y en una segunda fase, un puerto de hidrocarburos. En los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, en el Pacífico, los líderes han huido de sus territorios porque "ni siquiera se pueden reunir dadas las amenazas de vida o muerte que los obligan a abandonar sus territorios", explicó Andrea Becerra, la abogada del ILSA, que representó a los indígenas en la demanda del proyecto de Puerto Brisa ante la Corte.

A veces no es necesaria ni siquiera la violencia de los grupos armados. En el 2008, los indígenas Embera demandaron la irregularidad de la consulta previa que se debía realizar en el Cerro Cara de Perro (entre Chocó y Antioquia) para la explotación de oro y otros minerales por parte de la compañía Muriel Mining y cerca de 700 personas salieron de sus comunidades cuando supieron que comenzaría la exploración de oro que despertaría al espíritu que cuidaba ese territorio.
“Durante el éxodo, cuatro niños murieron por falta de comida y atención médica", precisó Ana Manuela Ochoa, funcionaria de la ONIC.

Ahora que el grupo de consulta previa del Ministerio del Interior prepara un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta previa tendrán que tener en cuenta todas estas realidades.

 

 

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2009-08-05 09:13

Como todo escenario de concertación, la consulta previa, es y será un espacio de conflicto en donde se recrean las relaciones de poder que se enfrentan entre el desarrollo de una sociedad y las condiciones de vida de una comunidad. Es importante tomar nota de las costosas lecciones aprendidas de procesos de consulta que no han devenido en acuerdos que tengan por finalidad la continuidad de la diversidad cultural de las comunidades involucradas por los proyectos de desarrollo, algunos de estos casos, los más recientes, ejemplificados arriba. En el entorno de nuestro país, donde el desarrollo está fuertemente asociado a la extracción de recursos naturales, el precio ambiental, social y cultural que pagamos, es alto. Sin embargo, con los procesos de consulta previa estamos avanzando en la creación de mecanismos de participación, concertación, toma de decisiones, empoderamiento y gestión. Gana la sociedad colombiana, por desarrollar una iniciativa global que observa cortos 20 años de vida.

Lun, 2009-08-03 11:47

Laura,

Un par de preguntas. Quien esta proponiendo la nueva ley sobre consulta previa? Es el Min. del Interior? En el aparte donde se obliga a la consulta previa en el caso de investigaciones científicas me parece que se estarían duplicando procesos de evaluación ética puesto que la mayoría de las universidades e institutos de investigación exigen ya este tipo de condiciones (que haya aprobación de la comunidad, etc. etc.). De por sí es dificil hacer investigación en Colombia como para agregarle otro nivel de dificultad que ademas duplica exigencias que ya se hacen a otro nivel. Por otro lado, no creo que que las dificultades en la consulta previa impliquen que esta sea una farsa. Simplemente son el reflejo de las limitaciones que tiene el multiculturalismo y el que no siempre sea posible conciliar con las minorías etnicas. Por otro lado, que pasa si el proyecto lo inician las mismas minorías? Por ejemplo un desarrollo hotelero dentro de un resguardo?

Mié, 2009-08-05 11:32

Eso de un desarrollo hotelero en un resguardo me huele como a inversionista costeño en tierras de indigenas, hasta ahora lo oigo mencionar, es sabido que en Colombia los tales desarrollos hoterleros no son ni mas ni menios la fachada de lavado de narcodolares, lease hotel caribe, los de cundinamarca en Girardot y Fusagasuga, el ya olvidad hostal de del Quindio, de uno de los primeros extraditados, los de Cali esos "desarrollos Turisticos sobnre todo en tierras de indigenas no son sini la fachada de lavado de activos., y respecto a las leyes de obligacion de consulta previa para desarrollo de proyecto este, especialmente, gobierno ha violado todos las instacnica de concertacion con Idigenas, campesinos comunidades afodescendiente para impulsar los proyectos que les sirvena a sus intereses y la algunos afortunados lease sembradores de palma aceitera y otros proyectos.

Mié, 2009-08-05 18:59

Lo de un hotel en un resguardo era simplemente un ejemplo. Sin embargo, es del todo posible puesto que ya hay varios grupos indigenas que estan creando agencias de viajes y operadores turisticos propios para tratar de manejar el turismo que llega a sus territorios, y estan en su derecho. Por fuera de Colombia muchisimos grupos indigenas y minorias etnicas han desarrollado grandes proyectos hoteleros en tierras comunitarias.

Lun, 2009-08-03 18:51

Santiago, el proyecto de ley estatutaria sobre consulta previa lo está adelantando el Grupo de Consulta Previa de Min Interior. En relación a tus otras apreciaciones, comparto que en la práctica es díficil hacer las consultas previas ya que el multiculturalismo de Colombia impone muchos retos para parte y parte. Sin embargo, sí es evidente que la mayoría de las consultas se realizan de forma irregular por no decir que fallida y en estos escenarios, según mi opinión personal, los que peor quedan parados son los indígenas. No obstante, y como se intenta mostrar en el artículo, hay casos donde algunos líderes indígenas aprovechan estos escenarios también para sacar su propia tajada. Finalmente, las autoridades indígens están en capacidad de administrar sus resguardos según las normas constitucionales que así avalan sus derechos de autogobierno, siempre y cuando no vayan en contra de otros mandamientos constitucionales.

Mar, 2009-08-04 12:03

Estoy totalmente de acuerdo en que los indígenas y cualquier comunidad donde se realizen proyectos de gran envergadura tienden a llevar la peor parte en el asunto de la consulta previa. Pero, por mas consultas que haya esto no va a cambiar porque los proyectos terminan haciendose, en la gran mayoria de los casos, lo quieran o no las comunidades. Lo que me temo es que la nueva ley en realidad no va a arreglar nada porque el proceso de consulta se vuelve mas dificil, rigido y perentorio asi que en los casos en los que se saca tajada es mas facil comprar la aprobacion, o las compañias simplemente se ven forzadas a invertir mas plata en la etapa de prefactibilidad para lograr la "aprobacion" (o deciden que no vale la pena meterse en tanto problema). La farsa, a mi parecer, no esta en la consulta previa sino en asumir que realizar el proceso implica de por sí respetar la posición y/o deseos de las comunidades. Como queda claro en el artículo, esto no siempre es posible o siquiera deseable.

Dom, 2009-08-02 20:10

El artículo resume la lógica colombiana de, es o es o no es. No existen puntos medios. Es cierto que se necesita desarrollo y también es cierto que a veces algunas comunidades son muy radicales, ¿pero acaso no es posible que la conservación del ambiente y el desarrollo humano vayan de la mano? Lo que si es cierto que es muy difícil concertar cuando hay mecanismos violentos o de desplazamiento forzado en el asunto, ya no recurriendo a leguleyadas sino a mecanismos al margen de la ley. Algo escribí hace un tiempo para equinoXio: http://www.equinoxio.org/destacado/el-nativo-ecologico-sobre-los-indigen...

Buen artículo.

Dom, 2009-08-02 10:19

El artículo me parece muy bueno... pero si no me equivoco existe un error en una de las ultimas imagenes que presentan. La supuesta imagen del puerto multipropósito en realidad correponde al muelle turístico de Riohacha. Y creo que el error no proviene de ustedes sino de su fuente -que creo es el periódico "Actualidad Maicao"-.

Dom, 2009-08-02 12:29

Ikari, gracias por el comentario. La búsqueda de fotos siempre conlleva dificultades.

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