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Lunes Septiembre 01, 2014

La semana pasada, el personero de El Carmen de Bolívar, Jorge Varela Sierra, solicitó al gobierno suspender el proceso de restitución de tierras en ese municipio por falta de garantías. Esta es sólo la más reciente manifestación  de las difíciles condiciones en que se está dando la restitución de tierras en la región. La historia es larga.

Dos amenazas en octubre y otras dos más en lo que va de noviembre contra varios miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar. Un atentado en el municipio de San Juan Nepomuceno el pasado 28 de agosto contra una de las líderesas del proceso organizativo “Narrar para vivir”, que acompaña a mujeres de los Montes de María en el tema de tierras. Un secreto a voces: las recientes amenazas que habría recibido un juez de tierras de este municipio, y que se suma a otras amenazas contra jueces y magistrados de restitución de tierras que han sido denunciadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en otras regiones. Presiones e intimidaciones ejercidas contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojo para que desistan de sus solicitudes de restitución, o para que vendan los predios ubicados en algunas veredas en El Carmen de Bolívar. Y un acto intimidatorio más: la remosión por parte de particulares de los comunicados fijados por la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar en algunos predios ubicados en zona rural de El Carmen que anuncian de manera pública el inicio formal del trámite administrativo de restitución de tierras sobre determinado predio.

Este “inventario” es el contexto en que se está dando aplicación a la Ley de víctimas y restitución de tierras en el corazón de los Montes de María, ente Sucre y Bolívar, una de las zonas más afectadas por el desplazamiento a manos de los paramilitares. La reparación integral a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras, más allá del texto de la ley, se anticipa como un camino lleno de obstáculos.

Los Montes de María: territorio priorizado para la restitución

Los Montes de María son un referente obligado al hablar de las políticas de consolidación y de restitución de tierras. Dentro de los municipios que integran la zona de la recuperación del control territorial por parte del Estado, en zonas afectadas por el conflicto armado, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, se encuentran Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre; de acuerdo con el Plan Regional de Consolidación.

Hacia esta región se han dirigido los esfuerzos para superar el vacío institucional y recuperar la credibilidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. De cumplirse al menos uno de estos objetivos, podría afirmarse que los Montes de María serían terreno abonado para avanzar en la política de restitución de las tierras.

Mapa: División sociopolítica de los Montes de María. Fuente: Ilsa.

En cuanto a restitución de tierras, la región ha sido la punta de lanza de las decisiones adoptadas por los jueces en aplicación de las llamadas leyes de justicia y paz, y de víctimas y restitución de tierras. En efecto, la primera sentencia dada en el marco de la Ley 975 de 2005, la realizó el Tribunal Especial de Justicia y Paz en junio de 2010, y mediante sentencia de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2011, condenó a los jefes paramilitares alias “Diego Vecino” y “Juancho Dique” a penas alternativas de 8 años de cárcel, y ordenó reparar a las víctimas de la masacre de las Brisas y del desplazamiento forzado de Manpuján a través de varias medidas, entre otras la restitución de los predios que habían sido abandonados forzosamente o despojados.

 Respecto a la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, en octubre de 2012, un juzgado especializado en restitución de tierras de El Carmen de Bolívar, adoptó la primera sentencia de restitución de tierras, ordenando al Incoder titular mediante resolución de adjudicación baldíos, a solo 14 víctimas de las más de 600 que dejó el desplazamiento forzado de Manpuján. Mediante algunos comunicados y entrevistas, la comunidad de Manpuján ha manifestado que no ha visto cumplidas sus expectativas de reparación con estas decisiones; que el asunto del cumplimiento de algunas medidas de reparación ordenadas en la sentencia de Justicia y Paz es aun un asunto pendiente; y que uno y otro aspecto no parecen un buen augurio frente a lo que sería el cumplimiento de la primera sentencia de la ley de víctimas y restitución de tierras.

En cuanto a las solicitudes de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas de Bolívar priorizó, a partir de julio de 2012, los casos de despojo de los predios ubicados en los municipios de San Jacinto y El Carmen, en Bolívar. Por su parte, la oficina de Sucre dio prioridad (entre otros) a predios ubicados en los corregimientos de Canutal en el municipio de Ovejas, en Sucre.

Cabe recordar que Carmen de Bolívar y Ovejas, dos de los municipios en que se inicó el procedimiento administrativo de restitución de tierras en la región, fueron incluidos en informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo. Los riesgos advertidos durante el primer semestre del 2012, respecto a los líderes y organizaciones involucradas en la restitución de tierras se confirmarían meses después mediante amenazas, ataques, y actos de intimidación - mencionados al inicio de la historia.

Persisten los obstáculos

Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió en mayo pasado sobre el riesgo a que estaban expuestas las organizaciones sociales vinculadas con los procesos de reclamación de tierras, reparación integral y defensa del territorio, así como la población campesina que se encontraba resistiendo a las presiones para el cambio de uso y la venta de tierras en los municipios María La Baja, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno.

La Defensoría identificó recientes manifestaciones de violencia, asociadas con la reconfiguración de nuevas estructuras armadas ilegales, la pretensión de la guerrilla de reagruparse en el territorio y el conflicto por la tierra en la subregión de los Montes de María. En junio, otro informe de la Defensoría ubicaría el riesgo en el municipio de Ovejas, identificando como grupos sociales vulnerables a los campesinos desplazados y retornados de hecho y sin acompañamiento estatal, así como las organizaciones sociales relacionadas con la defensa de derechos humanos y derechos sobre la tierra.

Como fuente de amenaza, fueron mencionadas las nuevas expresiones o estructuras armadas surgidas después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María, describiéndolos como grupos armados ilegales que pueden fungir como ejércitos privados, conformados para respaldar mediante al uso de la intimidación, intereses particulares de conservar las tierras producto del despojo o las compras masivas en el municipio, y de resguardar el nuevo ordenamiento del territorio.

Pero el procedimiento para la restitución de las tierras previsto en la Ley 1448 del 2011 ha estado lejos de ser suficiente para los campesinos desplazados y despojados de sus tierras en esta región, donde parece haber más de un interés en contra de la restitución.

Desde antes de dar inicio a la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, las denuncias sobre las compras masivas de tierras en la región llamaron la atención de organizaciones de derechos humanos y entidades estatales. Durante un debate de control político realizado por el representante Iván Cepeda en octubre del 2010, Cepeda preguntó al Ministerio de Agricultura, al Incoder y a la Superintendencia de Notariado y Registro, por el procedimiento mediante el cual un grupo de empresarios había logrado compras masivas de tierras en la región de los Montes de María, precisando que algunas de estas compraventas habían sido sobre tierras en las que años atrás se habían presentado desplazamientos masivos, provocados por las acciones violentas de grupos armados ilegales. 

El extenso capítulo de las irregularidades en la compra masiva de tierras en la zona sería verificado y ampliado posteriormente por la Superintendencia de Notariado y Registro el año pasado. Los hallazgos de esta entidad prendieron las alarmas sobre la necesidad de atender de forma prioritaria la región.

Por la vía de las armas  continúan imponiéndose intereses contrarios a la restitución. Aunque el informe sobre Sucre no reconoce expresamente la existencia de un “ejercito antirestitución”, si menciona que entre la población circula información sobre un grupo que se denomina así, y cuyo nombre deja claro su propósito. También se alude en el informe a otros grupos armados que se autodenominan “águilas negras” o “guardianes de Tecas”, que buscan mantener “el ordenamiento del territorio” y conservar las tierras producto del despojo.

A todo lo anterior se suma el interés de mantener y expandir los llamados “cultivos promisorios” de palma y teca en la región, mas el potencial minero de la zona. Actualmente hay varias solicitudes en curso de títulos mineros para extracción de petróleo en grandes extensiones de tierra ubicados en los municipios de Carmen de Bolívar y Sucre.

Tal como lo manifestó recientemente la Corte Constitucional, los principales retos de la política de tierras siguen siendo el conflicto armado y los intereses económicos de distintos agentes sobre la tierra y los territorios. Los Montes de María son un claro ejemplo. Por lo mismo es fundamental llamar la atención sobre los graves riesgos a los que se exponen los los campesinos que buscan la restitución de sus tierras, y los líderes que están respaldando estos procesos en la región. 

Hilos temáticos: Caribe
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