El día de la instalación de los diálogos de paz en Oslo, 'Iván Márquez' dedicó una tercera parte de su discurso a hablar en contra de la minería. Criticó con nombre propio a las multinacionales que “saquean” los recursos naturales del suelo colombiano, a los terratenientes “filibusteros” que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán y el litio, y a la “patriótica resistencia” de aquellos que luchan porque no les arrebaten sus tierras. Sin embargo, según informes oficiales y de ONG, la participación de las Farc en el negocio de la minería -la "nueva coca"- es cada vez mayor. Por eso, este tema será central en las conversaciones en la Habana.

La Silla Vacía consultó un informe de Indepaz que es sobre paramilitarismo y minería pero que usa un mapa elaborado por El Espectador con información del DAS y otro de la Corporación Arco iris; un estudio de la Defensoría del Pueblo; y al general Santiago Parra Rubiano, de la Policía que comanda la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar), que desde hace seis años persigue la minería ilegal.  Informes de inteligencia señalan que es posible que las Farc puedan llegar a considerar la minería ilegal más rentable que el narcotráfico y que hoy podría representar hasta el 20 por ciento de sus ingresos.

De estas fuentes, cuya información en todo caso no es realmente detallada, se concluye que la relación de la guerrilla con la minería es múltiple y difiere según la región: por un lado, se asocian con los narcotraficantes que compran la producción a los mineros locales, incluso a precios por encima del Banco de la República, con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada y lavar así dinero. Por el otro, les cobran a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de explotación minera una extorsión. El cobro se hace mensual, ya sea con la exigencia de una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina o draga que use el minero. Así ocurre en el Bajo Cauca antioqueño. En el norte del Cauca, por ejemplo, las Farc están asociadas con mineros ilegales y obtienen sus recursos entre ganancias repartidas y extorsiones.

Con base en esta información, armó este mapa de la minería ilegal aparentemente en manos de esa guerrilla.

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La reunión de esta semana entre Gobierno y Farc en Oslo será protocolaria. Pero cuando finalmente comiencen a hablar y aborden el primer punto de la agenda que es el Desarrollo Rural, una carta que puede jugar el gobierno podría ser la instalación de más Zonas de Reserva Campesina. Sin embargo, la reciente experiencia con la creación de una de ellas en los Montes de María refleja las dificultades de concertar intereses empresariales y exigencias del campesinado. 

La figura legal de las Zonas de Reserva Campesina existe desde 1994 y busca proteger la producción de los pequeños campesinos de la concentración de tierras y de grandes proyectos agroindustriales y mineros. 

Miriam Villegas conoce a fondo los procesos de las Zonas de Reserva Campesinas y es una defensora de las alianzas productivas entre campesinos y empresarios.

Estigmatizadas durante la época de Uribe como nidos de la subversión, desde que cambió el gobierno, entraron a una nueva coyuntura: uno de los primeros anuncios que hizo el recién posesionado Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo fue crear una Reserva Campesina en los Montes de María para “frenar la compra masiva de tierras y su concentración en las manos de pocos.”

Es más, Míriam Villegas, la actual gerente del Incoder, conoce a fondo el proceso de creación de la Reserva Campesina en el Valle del Río Cimitarra en el cual participó desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Actualmente hay siete Zonas de Reserva Campesina en proceso de constitución, dos de ellas en los Montes de María. Sin embargo, ahora en el mismo Incoder, este último caso es considerado “un asunto muy sensible”.

El caso sensible

La Zona de Reserva Campesina en los Montes de María tiene varias particularidades. Primero, que nace de una propuesta promovida principalmente desde el Ministerio de Agricultura, que respondió así al llamado previo de algunas organizaciones de la región al Gobierno Nacional y Regional para buscar salidas a las compras masivas de tierras en la zona y en general, al problema de la concentración en la tenencia y la propiedad de la misma.

Por otro lado, se está haciendo en una de las regiones más afectadas por la violencia paramilitar y el desplazamiento, y que ya está viviendo lo que las Reservas Campesinas buscan impedir: la compra masiva y la concentración de la tierra, y la inversión de grandes capitales.

Como contó la Silla, en esta zona han surgido grandes proyectos agroindustriales, de reforestación, e incluso exploraciones de petróleo por parte de Pacific Rubiales en El Carmen de Bolívar. En este contexto, a lo que parece quererle apostar el Gobierno es a que la Zona de Reserva Campesina se convierta en la figura de convergencia entre las exigencias empresariales sobre la tierra, por un lado, y los reclamos del pequeño campesinado, por el otro.

La persona central para lograr esta convergencia es Miriam Villegas, que ha sido una defensora reconocida de los intereses campesinos, pero también de las alianzas productivas entre proyectos agroindustriales y los campesinos. Sin embargo, en los Montes de María, Villegas se enfrenta a una región cuya realidad social y económica ha cambiado profundamente en los últimos años y en la que no resulta fácil establecer una Reserva Campesina, como reflejan los inconvenientes que el proceso ha presentado hasta ahora.

Las dos Zonas de Reserva Campesina en los Montes de María (la zona morada más las marcadas en el mapa con rayas amarillas) comprenden una zona de más de 380 mil hectáreas que incluye la totalidad de los municipios de Los Palmitos, Chalán, María La Baja y Toluviejo y partes de Morroa, Ovejas, Colosó, San Onofre, San Jacinto, San Juan y El Carmen de Bolívar, en los departamentos de Sucre y Bolívar. Además, está prevista una segunda zona más pequeña de 78 mil hectáreas sobre la riberas del Río Magdalena (con partes de El Guamo, San Juan, Zambrano y Córdoba). Para bajar el mapa haga click aquí.  Fuente: Incoder

Las dificultades

Una de las dificultades fue el convenio que celebraron el Incoder y la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María (FRDPMM) para liderar la creación de la Reserva.

Esta fundación es una iniciativa de las diócesis de la región y de la Iglesia Menonita. Fue creada en 2002 con el apoyo de las Naciones Unidas y la Unión Europea y actualmente es liderada por Agustín Villar, quien fue sacerdote de la Arquidiócesis de Cartagena. El director del Consejo Directivo de la Fundación es el Arzobispo de Cartagena Jorge Enrique Jiménez.

La Fundación fue encargada de elaborar los planes de desarrollo sostenible (uno para cada una de las dos Zonas) que orientan la implementación de la Reserva. Para ello la Fundación, a su vez, encargó a un equipo de expertos.

El problema es que algunos de esos expertos, según contaron a La Silla fuentes cercanas al proceso, están ligados a los cultivos de palma en el municipio de María la Baja, monocultivo que ha provocado escasez y encarecimiento de productos de pancoger en el municipio.

El que estas personas estén allí y el que la Fundación tenga como asociados a grandes empresas como Ecopetrol o el Grupo Argos, que tiene intereses económicos en la región, ha sembrado desconfianza en ciertos líderes campesinos, que se preguntan si la Reserva realmente está diseñada para proteger a la economía campesina. Sienten, además, que este olvido del campesinado se refleja en los Planes que ha entregado la Fundación. Según supo La Silla, los borradores de los planes de desarrollo que entregó la Fundación a finales del 2011 fueron considerados de baja calidad por funcionarios del Incoder.

“Fue una cosa hecha muy a la carrera. Los planes tienen muchas insuficiencias con respecto a aspectos sociales y a la economía campesina”, dice Gabriel Tobón, profesor de la Universidad Javeriana y miembro del Observatorio de Territorios Étnicos, entidad que estudia procesos de comunidades rurales como las Zonas de Reserva Campesina.

La respuesta oficial del Incoder a esa primera entrega de los planes -que destaca varios problemas- confirma esa percepción. “Si bien es evidente el trabajo de campo de caracter participativo, no se advierten aportes relevantes de visión del territorio desde la perspectiva comunitaria en la etapa prospectiva, lo cual no disminuye el fundamento de los planes, pero exige considerar una retroalimentación con las comunidades involucradas a través de sus organizaciones,” dice.

Hasta la fecha, la Fundación no ha podido entregar los ajustes exigidos por el Incoder, que quedó insatisfecho con sus labores. “Desde el 31 de diciembre ya no hay relación entre el Incoder y la Fundación, el convenio está en liquidación, pero todavía estamos a la espera de los últimos ajustes del Plan de Desarrollo para la segunda zona“, dijo a La Silla Miguel Mejía, profesional responsable en el Incoder de las Zonas de Reserva Campesina.

La violencia

Una dificultad adicional de esta Zona de Reserva es que la violencia no solo ha originado un cambio de las estructuras económicas, sino que también ha hecho pedazos la capacidad organizativa que tenía el movimiento campesino en la región. “Por el alto grado de la victimización en los Montes de María la comunidad no está en capacidad de hacer exigencias sobre la tierra y no existe una gran capacidad organizacional con un interés común”, dice Miguel Mejía.

Estos bajos niveles de organización se evidencian en el funcionamiento Comité Regional de Impulso, que congrega a los líderes campesinos de la región que representan los intereses de la comunidad ante el Incoder. Este comité está integrado por varias organizaciones campesinas, pero algunos miembros provienen de la Mesa Campesina, una estructura que venía desde la Anuc y a la cual la Fundación ayudó a reconformar y a financiar después de haber sido diezmada por el conflicto.  De esta relación nace una cercanía entre el Comité y la Fundación, que no le gusta a varias de las otras organizaciones campesinas.

En cualquier caso, el Comité ha tomado algunas decisiones polémicas. Una de ellas fue la selección del operador que se encarga de explicar a los campesinos y alcaldes en qué consiste la Zona de Reserva. Escogieron a la ONG Fundescol que, a pesar de su poca trayectoria en la región, venció en el concurso a entidades con mucha más experiencia como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la misma Fundación. Otro acto polémico fue el anuncio hecho por el Comité en agosto, de que sólo habrá una Zona de Reserva Campesina, mientras lo acordado entre el Incoder y la comunidad después de varios ajustes era que se crearían dos Zonas.

Esta afirmación del Comité causó sorpresa en la comunidad y en el Incoder, ya que este tipo de cambio de planes tienen que ser avalados por la comunidad a través de una audiencia pública.

Jorge Macareno, miembro del Comité le dijo a La Silla que no veían viable la segunda zona en la riberas del Río Magdalena. “Es una zona muy insegura y sus tierras han sido usurpadas por el narcotráfico y los paramilitares. En ellas hoy existen por ejemplo proyectos agroindustriales de madera. Por lo tanto, la figura de la Reserva Campesina no es la figura legal adecuada para llevar el desarrollo campesino a la zona.”

La Ley de Desarrollo Rural que contiene un capítulo sobre las Zonas de Reserva, podría brindar mayor claridad legal, pero todavía sigue en el aire, como contó la Silla. 

Aparte de lo legal, la financiación tampoco está clara. Dentro del presupuesto estatal no existen fondos específicos para financiar la implementación de las Reservas Campesinas, que entonces quedan dependiendo en buena parte de dineros internacionales. Es por eso que el Incoder busca apoyo financiero de la Unión Europea o la ONU para financiar los proyectos productivos en los Montes de María.

Además, la seguridad de la zona todavía no está garantizada y algunos municipios todavía están fuertemente militarizados porque hacen parte del Plan de Consolidación. Adicionalmente, perviven todavía las estructuras dejadas por el desmovilizado Bloque Héroes de los Montes de María de los AUC en forma de Bacrim, y han sido responsables de homicidios y amenazas contra líderes campesinos. 

A pesar de todas estas dificultades, el Incoder estima que la instalación oficial de Reserva Campesina se podrá dar a finales de este año, pero es muy cauteloso porque legalmente no puede intervenir en lo que la comunidad decide. Si finalmente consiguen que funcione, estas Zonas podrían marcar el rumbo de la política de desarrollo rural con una guerrilla desmovilizada.

Nota de la Editora: Después de publicada esta historia, la gerente general del Incoder solicitó la rectificación de algunos puntos de la historia. La Silla le concedió la razón en la mayoría de ellos. En particular, que la Fundación no era financiada por Ecopetrol ni Argos, que son solo asociados de la Fundación, y aclaramos que la ZRC es una respuesta del Ministerio de Agricultura a la solicitud de campesinos de que se encontrara una solución a la compra masiva de tierras. Ofrecemos disculpas por estos errores que ya fueron arreglados en el texto.