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El conflicto armado interno en Colombia ha dejado múltiples afectaciones de carácter social, económico, político y ambiental en todo el país y su población. De acuerdo con el Volumen ‘Colombia Adentro’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad, las dinámicas del conflicto se evidenciaron con mayor intensidad en las zonas rurales; de los más de 10 millones de hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, casi 5 millones (45,5%) afectaron a campesinos o campesinas. De estas víctimas registradas, entre el 44% y el 48% del total de la población víctima fueron mujeres, quienes sufrieron violencia sexual, intimidación, desaparición forzada, homicidios, entre otros hechos violentos.
Sumado a lo anterior, según datos del Dane, para el año 2021 la pobreza monetaria de las personas víctimas del conflicto superó la tasa nacional en 10,8 puntos porcentuales (p.p.) y la tasa de pobreza extrema de esta población fue mayor en 5,7 p.p. que el total nacional. Para el caso de las mujeres víctimas del conflicto, superó a los hombres por 3,8 p.p, con un 51,8%, y la brecha entre mujeres víctimas y el promedio nacional de mujeres fue de 11,5 p.p. para 2021. De esta manera, el conflicto ha afectado la autonomía de las mujeres para acceder y controlar recursos económicos, así como para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.
La inestabilidad social, económica y política asociadas al conflicto armado también han incidido en las competencias académicas y laborales de las mujeres rurales víctimas del conflicto, quienes se encuentran en desventaja frente a la población urbana, puesto que tienen oportunidades de empleabilidad limitadas y su única alternativa de subsistencia es vincularse a la economía informal, emprendiendo con la creación de diversas unidades productivas. Sin embargo, las dinámicas del conflicto ya mencionadas, sumadas a la limitada oferta público-privada en el campo colombiano, reducen las posibilidades de supervivencia y crecimiento de estos negocios. Entre estos retos, se resaltan: la provisión de servicios y productos financieros es más costosa y menor, limitando su inclusión financiera; y los conocimientos y prácticas gerenciales y financieras de la población rural son menores en comparación con sus contrapartes urbanas, consecuencia de la menor escolaridad y oferta educativa.
Como respuesta a estas realidades, diversas organizaciones han desplegado múltiples iniciativas orientadas a incrementar la autonomía de las mujeres a través de la generación y control de ingresos propios, fomentando el desarrollo de estos emprendimientos como potencial pilar estratégico para el desarrollo rural. Estas iniciativas se han enfocado en el desarrollo de capacidades personales y empresariales, complementadas con alternativas de acceso a capital y maquinaria. No obstante, en ocasiones estas estrategias no reconocen las experiencias de vida de las mujeres, sus necesidades y las especificidades de las violencias que han vivido.
La investigación ‘Emprendimiento y reparación de mujeres rurales: Casos de las comunidades de Arenillo y la Asociación de familiares de víctimas de Trujillo’, realizada por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali*, evidenció que si bien los emprendimientos rurales se fortalecieron en materia de formación de competencias y productividad con el proceso de reparación, esto no ha significado la reducción de desigualdades de género en los hogares y espacios de participación rurales. En estos, los hombres continúan tomando la mayoría de decisiones estratégicas y controlando cómo se usan los recursos económicos.
Esto muestra la necesidad de avanzar en mecanismos que, además de fomentar el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres víctimas del conflicto, contemplen otras problemáticas como las violencias basadas en género, a través del diseño e implementación de estrategias que puedan ser complementarias, en donde se creen sinergias entre distintos sectores y se involucren a los hombres, promoviendo masculinidades no violentas y equitativas.
El fomento de la autonomía de las mujeres emprendedoras en contextos rurales es esencial para impulsar el desarrollo social y económico regional y nacional, a través del fortalecimiento de sus unidades productivas, brindando acompañamiento en las diversas etapas de su desarrollo y proporcionando los recursos necesarios (o contribuir con su financiamiento) para mejorar la infraestructura de los mismos. A su vez, es fundamental situar, en las discusiones públicas y privadas, la perspectiva de género como elemento central que, en este caso, puede promover la redistribución del trabajo reproductivo y de cuidado para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones en condiciones equitativas, en las distintas esferas de participación en las que se encuentran.
*El trabajo de campo ‘Emprendimiento y reparación de mujeres rurales: Casos de las comunidades de Arenillo y la Asociación de familiares de víctimas de Trujillo’ fue financiado con recursos del Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación.
