Medio Ambiente

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Los páramos de la discordia

Colombia tiene más páramos de lo que cree. A pesar de que oficialmente el país tiene 1,9 millones de hectáreas de este ecosistema único de alta montaña, una nueva cartografía que el Ministerio de Ambiente le encargó al Instituto Humboldt demostró que en realidad hay casi un millón de hectáreas más que no se conocían. La Silla Vacía obtuvo el nuevo atlas, que hasta ahora no se ha hecho público, mediante un derecho de petición y examinó las diferencias entre ellos.

Esas 900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades económicas.

Pese a que el Ministerio pagó 650 millones de pesos por un trabajo cartográfico de actualización que tomó un año, decidió no adoptarlo y este hecho ha generado una pelea dentro de la misma institución porque los más ambientalistas creen que ellos, comenzando por el Ministro Juan Gabriel Uribe, son quienes deberían liderar esa pelea de la protección de los páramos.

La pelea por los páramos

Por su importancia hídrica, los páramos -así como los humedales- fueron declarados como zonas vetadas para cualquier tipo de explotación minera por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. El problema es que ubicar con exactitud dónde comienzan y terminan es una tarea difícil.

Por esta razón el Gobierno ordenó delimitarlos a una escala de 1 : 25.000, un complejo trabajo cartográfico donde cada metro del mapa corresponde a 25.000 en la realidad y que permitirá saber exactamente qué tan grandes son en realidad. Pero que se demorará al menos dos o tres años en los 35 complejos de páramos del país.

En este momento se encuentran protegidos por un atlas elaborado en 2007 por el Humboldt a una escala de 1 : 250.000, que la ex ministra Beatriz Uribe adoptó oficialmente y que sigue vigente, pero que no es muy preciso. En septiembre del año pasado, el Humboldt entregó al Ministerio una nueva cartografía hecha a una escala de 1 : 100.000 y cien veces más precisa, en la que venía trabajando desde antes de la discusión sobre minería en los páramos. Y que podría convertirse en el salvavidas para esas 900 mil héctareas -un 30 por ciento más que antes- que no están en este momento protegidas de actividades como la minería mientras queda listo el atlas definitivo, pero que ha encontrado fuerte resistencia del Ministerio de Minas y del gremio minero.
 
El Ministro Juan Gabriel Uribe le confirmó a La Silla que estos nuevos mapas son un insumo fundamental a la hora de trazar la de 1 a 25.000 y que ya han sido enviados a las CAR como herramientas de trabajo, pero que no serán adoptados oficialmente mientras tanto y que cualquier proceso de delimitación debe ir acompañado por estudios sociales y económicos que permitan evaluar las realidades de cada zona antes de tomar una decisión.

"Hemos visto que todavía tiene ciertos márgenes de error complejos que pueden derivar en consecuencias jurídicas y políticas para el Estado. Por eso estamos priorizando las zonas donde la delimitación tiene mayor indicidencia, como Santurbán, para comenzar la nueva cartografía y reducir ese margen de error al mínimo", dice Uribe. "En la delimitación de páramos juega un papel fundamental la cartografía, pero igualmente hay un componente social y económico que es necesario contemplar".

La Silla revisó los dos atlas y descubrió que con la nueva medición los 34 páramos que existían crecieron, la gran mayoría de manera significativa. Algunos páramos importantes como Chingaza, La Cocha o el Nevado del Huila duplicaron su tamaño. E incluso nació un páramo nuevo: el de Sonsón, en Antioquia.

Pase el cursor sobre los puntos para saber cuánto creció cada uno de los 35 complejos de páramos. Haga clic en cada punto rosado para ver los mapas comparativos que muestran los cambios en los mapas de cuatro de los páramos, arrastrando la pestaña naranja de izquierda a derecha para ver la diferencia en las dos cartografías. Y para ver la tabla completa de páramos compilada por La Silla, haga clic aquí.

 

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Las Islas del Rosario, ¿una oportunidad para Santos de traicionar a su clase?

Juan Manuel Santos dijo el año pasado en una entrevista que al terminar su mandato será recordado como un “traidor a su clase”. De ser cierto, lo que haga en las Islas del Rosario será una prueba de ello. Y el año para demostrarlo será este.

Desde hace años, estas islas han sido ocupadas por personas de la élite política y económica, como el constructor Pedro Gómez Barrero, el industrial cartagenero Enrique Zurek, el hermano del empresario Carlos Mattos Jorge Mattos, el ex Ministro de Medio Ambiente José Vicente Mogollón, el político y empresario cartagenero Amauri Martelo, el ex senador del Tolima y principal accionista de Deportes Tolima Gabriel Camargo, o la empresa de la familia de la ex candidata a la alcaldía de Bogotá Gina Parody llamada Servicios Náuticos del Caribe (ver detalles de algunas de las personas en las islas). Y ahora su permanencia en las islas está bajo revisión por parte de varias instituciones del Estado como el Ministerio de Medio Ambiente e Incoder. 

De acuerdo a informes que ha venido haciendo desde noviembre la Subdireccion de Tierras del Incoder, la mayoría de estos predios en las islas fueron adquiridos de mala fe, porque se ocuparon después de 1986, cuando el Incora (antiguo Incoder) declaró que estas islas eran terrenos baldíos reservados de la Nación. Baldíos que por ninguna razón pueden ser adjudicados a privados.

A pesar de esta situación, los dueños de estas islas solo se vieron amenazados cuando, durante el gobierno de Uribe, la Procuraduría General de Edgardo Maya le exigió al Ministerio de Agricultura cumplir con la orden de recuperar estas tierras para la Nación.

En 2004, el gobierno de Uribe arrancó el análisis sobre los poseedores en las islas, pero en febrero del 2006 el entonces Ministro Andrés Felipe Arias se inventó una fórmula para que estos pudieran conservar sus islas: los contratos de arrendamiento.

Estos contratos establecen que aunque el predio es de la Nación, se le arrienda a quién esté allí a cambio de un canon y de que lo utilicen para uso privado recreacional o ecoturismo. Se crearon "con el fin de no afectar dramáticamente el entorno socioeconómico de la zona, como son el turismo y los empleos que se generan en la región", dijo entonces Arias.

Con esa fórmula, todos los contratos de arrendamiento que hay actualmente en las Islas del Rosario fueron entregados por el gobierno anterior entre 2006 y 2009. Y así quedaron felices con sus islas los miembros de esta élite del país que ahora Santos podría traicionar. Y esta es la oportunidad de hacerlo.

La oportunidad de Santos

La oportunidad apareció en noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Estado pidió (ver fallo) al Ministerio de Ambiente e Incoder evaluar el desarrollo de los contratos de arrendamiento y determinar cuáles cumplen con los requisitos ambientales. Además, les pidió un plan de desarrollo sostenible para frenar la contaminación en las islas y en todo el parque natural Corales del Rosario y San Bernardo. 

El Incoder ya ha identificado que varios pobladores no se acoplaron a los requisitos ambientales. “Por ejemplo, se hicieron construcciones con material coralino, o sobre terrazas de coral. Infrastructuras muy grandes y no acordes con la protección”, dijo a La Silla uno de los funcionarios del Incoder. Y de acuerdo a una investigación reciente, los ecosistemas marinos también se han visto afectados por la tala de mangle con el fin de ganar espacio para la construcción y un mal manejo de las aguas negras en las islas.

“Ninguno de los empresarios hace ecoturismo. De hecho, los únicos que hacen ecoturismo son los de la comunidad”, recalcó a La Silla este funcionario del Incoder. En las Islas del Rosario se conformó un consejo comunitario afrocolombiano llamado Orika, que pese a no tener en su mayoría acceso a las playas (estas son de los ‘cacaos’ que tienen los contratos de arrendamiento), han logrado conformar dos hoteles ecoturisticos.

Además, como lo explicó el periódico El Tiempo, la mayoría de los arrendatarios pagan precios irrisorios por poder ocupar estas tierras (de un millón de pesos, hasta 15 mil pesos). El Incoder ya pidió al Igac un nuevo avalúo catastral para aumentar este canon obligatorio (que debe financiar la administración del Parque Nacional), en caso de que se mantengan los contratos de arrendamiento. 

La próxima semana el Incoder se reunirá con miembros de las otras entidades encargadas de los análisis que ordenó el Consejo de Estado (como el Ministerio de Medio Ambiente, Cardique y la Dimar). Y un punto clave de discusión será qué pasará con los contratos de arrendamiento. El Incoder quiere inicialmente que se vuelva a debatir si son o no viables estos contratos, pero el Ministerio de Medio Ambiente hasta el momento defiende la posibilidad de que se evalúe el impacto ambiental de uno por uno. 

Por ahora, estos son los propietarios de las islas del Rosario, de acuerdo al último informe del Incoder.

Haga click en cada uno de los nueve sectores del mapa para ver los detalles sobre los propietarios. Todos los predios marcados en verde son contratos de arrendamiento a los 'cacaos' políticos o empresariales. En morado oscuro, están los predios ocupados por personas que pidieron un contrato de arrendamiento, pero nunca se les otorgó. En morado claro, están los pocos predios que fueron entregados a Parques Nacionales (y una isla, a la Armada Nacional). Y en naranja, están los predios que ocupan los miembros de la comunidad afrocolombiana, que no tienen en su mayoría acceso al mar.. 

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