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La revocatoria de alcaldes está de moda en las grandes ciudades

Apenas ha pasado un año desde que comenzaron sus períodos los alcaldes en todo el país, pero ya cinco de las diez ciudades más grandes del país (Bogotá, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Santa Marta) tienen procesos de revocatoria en marcha. Aunque es muy difícil que salgan adelante, en cualquier caso sirven para que sus promotores mojen prensa. Y si la Corte Constitucional avala un cambio a la ley y reduce los requisitos, podrían ser las primeras revocatorias exitosas.

La revocatoria del mandato fue uno de los mecanismos de participación ciudadana más novedosos que trajo la Constitución de 1991, pero aún no ha sido estrenada con éxito, porque tiene unos requisitos muy exigentes. Por eso el Congreso aprobó el año pasado una reforma a la ley que busca flexibilizar esas condiciones. Esta reforma, que debería ser revisada este semestre por la Corte Constitucional por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, baja del 40 al 30 por ciento el número de firmas necesarias para convocar a la votación (calculadas sobre la votación del funcionario elegido), y reduce el umbral de la consulta popular del 55 al 40 por ciento de los votos de la elección original.

Por lo menos 130 iniciativas han llegado a la Registraduría desde 1991, de las cuales apenas 37 cumplieron con los requisitos y llegaron a las urnas. Sólo en dos municipios -Murindó (Antioquia) y Miraflores (Guaviare)- la votación de la consulta ha alcanzado el umbral necesario, pero en ambas triunfó el 'no'. El municipio más grande en llegar a las urnas fue Palmira, en mayo de 2010, pero sólo votaron 15.900 personas, menos de la tercera parte de las necesarias para que fuera válida.

Mientras la Corte aprueba la reforma, los intentos de revocatoria siguen representando una oportunidad para que quienes las impulsan ganen visibilidad y un mayor espacio político para posicionarse hacia el futuro. La Silla examinó cuáles son los procesos de revocatoria que están en marcha y quiénes están detrás de ellos.

Haga clic en cada ciudad para ver en qué va el proceso de revocatoria.

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Las Islas del Rosario, ¿una oportunidad para Santos de traicionar a su clase?

Juan Manuel Santos dijo el año pasado en una entrevista que al terminar su mandato será recordado como un “traidor a su clase”. De ser cierto, lo que haga en las Islas del Rosario será una prueba de ello. Y el año para demostrarlo será este.

Desde hace años, estas islas han sido ocupadas por personas de la élite política y económica, como el constructor Pedro Gómez Barrero, el industrial cartagenero Enrique Zurek, el hermano del empresario Carlos Mattos Jorge Mattos, el ex Ministro de Medio Ambiente José Vicente Mogollón, el político y empresario cartagenero Amauri Martelo, el ex senador del Tolima y principal accionista de Deportes Tolima Gabriel Camargo, o la empresa de la familia de la ex candidata a la alcaldía de Bogotá Gina Parody llamada Servicios Náuticos del Caribe (ver detalles de algunas de las personas en las islas). Y ahora su permanencia en las islas está bajo revisión por parte de varias instituciones del Estado como el Ministerio de Medio Ambiente e Incoder. 

De acuerdo a informes que ha venido haciendo desde noviembre la Subdireccion de Tierras del Incoder, la mayoría de estos predios en las islas fueron adquiridos de mala fe, porque se ocuparon después de 1986, cuando el Incora (antiguo Incoder) declaró que estas islas eran terrenos baldíos reservados de la Nación. Baldíos que por ninguna razón pueden ser adjudicados a privados.

A pesar de esta situación, los dueños de estas islas solo se vieron amenazados cuando, durante el gobierno de Uribe, la Procuraduría General de Edgardo Maya le exigió al Ministerio de Agricultura cumplir con la orden de recuperar estas tierras para la Nación.

En 2004, el gobierno de Uribe arrancó el análisis sobre los poseedores en las islas, pero en febrero del 2006 el entonces Ministro Andrés Felipe Arias se inventó una fórmula para que estos pudieran conservar sus islas: los contratos de arrendamiento.

Estos contratos establecen que aunque el predio es de la Nación, se le arrienda a quién esté allí a cambio de un canon y de que lo utilicen para uso privado recreacional o ecoturismo. Se crearon "con el fin de no afectar dramáticamente el entorno socioeconómico de la zona, como son el turismo y los empleos que se generan en la región", dijo entonces Arias.

Con esa fórmula, todos los contratos de arrendamiento que hay actualmente en las Islas del Rosario fueron entregados por el gobierno anterior entre 2006 y 2009. Y así quedaron felices con sus islas los miembros de esta élite del país que ahora Santos podría traicionar. Y esta es la oportunidad de hacerlo.

La oportunidad de Santos

La oportunidad apareció en noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Estado pidió (ver fallo) al Ministerio de Ambiente e Incoder evaluar el desarrollo de los contratos de arrendamiento y determinar cuáles cumplen con los requisitos ambientales. Además, les pidió un plan de desarrollo sostenible para frenar la contaminación en las islas y en todo el parque natural Corales del Rosario y San Bernardo. 

El Incoder ya ha identificado que varios pobladores no se acoplaron a los requisitos ambientales. “Por ejemplo, se hicieron construcciones con material coralino, o sobre terrazas de coral. Infrastructuras muy grandes y no acordes con la protección”, dijo a La Silla uno de los funcionarios del Incoder. Y de acuerdo a una investigación reciente, los ecosistemas marinos también se han visto afectados por la tala de mangle con el fin de ganar espacio para la construcción y un mal manejo de las aguas negras en las islas.

“Ninguno de los empresarios hace ecoturismo. De hecho, los únicos que hacen ecoturismo son los de la comunidad”, recalcó a La Silla este funcionario del Incoder. En las Islas del Rosario se conformó un consejo comunitario afrocolombiano llamado Orika, que pese a no tener en su mayoría acceso a las playas (estas son de los ‘cacaos’ que tienen los contratos de arrendamiento), han logrado conformar dos hoteles ecoturisticos.

Además, como lo explicó el periódico El Tiempo, la mayoría de los arrendatarios pagan precios irrisorios por poder ocupar estas tierras (de un millón de pesos, hasta 15 mil pesos). El Incoder ya pidió al Igac un nuevo avalúo catastral para aumentar este canon obligatorio (que debe financiar la administración del Parque Nacional), en caso de que se mantengan los contratos de arrendamiento. 

La próxima semana el Incoder se reunirá con miembros de las otras entidades encargadas de los análisis que ordenó el Consejo de Estado (como el Ministerio de Medio Ambiente, Cardique y la Dimar). Y un punto clave de discusión será qué pasará con los contratos de arrendamiento. El Incoder quiere inicialmente que se vuelva a debatir si son o no viables estos contratos, pero el Ministerio de Medio Ambiente hasta el momento defiende la posibilidad de que se evalúe el impacto ambiental de uno por uno. 

Por ahora, estos son los propietarios de las islas del Rosario, de acuerdo al último informe del Incoder.

Haga click en cada uno de los nueve sectores del mapa para ver los detalles sobre los propietarios. Todos los predios marcados en verde son contratos de arrendamiento a los 'cacaos' políticos o empresariales. En morado oscuro, están los predios ocupados por personas que pidieron un contrato de arrendamiento, pero nunca se les otorgó. En morado claro, están los pocos predios que fueron entregados a Parques Nacionales (y una isla, a la Armada Nacional). Y en naranja, están los predios que ocupan los miembros de la comunidad afrocolombiana, que no tienen en su mayoría acceso al mar.. 

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Los padrinos políticos de las elecciones de octubre

Entre más se acercan las elecciones regionales de octubre, se van aclarando más los apoyos que reciben los candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y, en varios casos, esos apoyos vienen de quienes ya están en el poder y quieren perpetuar o heredarle sus caudales electorales a los candidatos que los reemplacen.

Varios gobernadores y alcaldes en el país han apadrinado algún candidato para prestarles su peso político -muchas veces prestándoles la burocracia de sus despachos- y así ayudarles a que logren vencer en las urnas.
Pero como la participación indebida en política es un delito y apoyar públicamente a un candidato podría terminar en una destitución para un alcalde o un gobernador, los apoyos no se hacen por encima.

Sin embargo, en algunos casos, hay apoyos que se hacen evidentes.

Haga click en el mapa para saber más.

 

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La advertencia que el Mininterior no escuchó sobre Córdoba

 

Foto Defensoría del Pueblo
 

Sobre el asesinato de Margarita Gómez y Mateo Matamala, los estudiantes de la Universidad de los Andes, se ha escrito mucho, así como de la presencia de los grupos armados que se tomaron a Córdoba luego de la desmovilización y serían los responsables de los asesinatos. Pero lo que no se ha dicho es que este Gobierno, en agosto pasado, tuvo la oportunidad de declarar una alerta temprana para la zona y prefirió no hacerlo porque se trataba de “una zona turística donde todo estaba controlado”.

La negativa para emitir la alerta salió de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior y que es el único organismo que puede declarar una alerta de este tipo y con ello obligar a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas de prevención y protección para los civiles.

Y la solicitud fue hecha por la Defensoría del Pueblo que emitió un informe de riesgo para los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento, los que conforman La Costanera. Ese informe fue el resultado de una visita de los funcionarios de la Defensoría a la zona y de la evidencia del peligro que corrían sus habitantes y visitantes.

Ese informe, que fue entregado al Ministerio del Interior, resumía el peligro para la población de la zona donde se estableció una especie de “puerto” de salida de la droga hacia México y Centroamérica, pero que con la presencia de varios grupos armados había llevado también a la orilla del mar las cocinas y los cristalizaderos camuflados en las camaroneras abandonadas.

En San Bernardo del Viento, donde aparecieron los cuerpos de Margarita y Mateo, la delegación de la Defensoría encontró que la tierra estaba muy barata y se estaba vendiendo mucho aparentemente por presión de los armados. Y también se encontraron con hombres armados que durante día y la noche recorrían la playa, seguramente los mismos que asesinaron a los estudiantes.

La pérdida del control del Estado en Córdoba no es nueva. Prácticamente después de la desmovilización de los paramilitares, en este departamento mandan los grupos armados que se negaron a entregar las armas y se quedaron con el control del narcotráfico. Incluso se han dado alianzas entre la guerrilla y los paramilitares para los negocios de la droga.

Según las cifras del Observatorio del Delito en Córdoba entre 2005 y 2010, se han registrado 2.396 homicidios en el departamento. De estos, 532 ocurrieron en 2009 y, en los primeros ocho meses de 2010, se contabilizaron 401 homicidios más.

Para la Defensoría del Pueblo, el conflicto en Córdoba es una disputa por la tierra de los nuevos grupos paramilitares que se tomaron el departamento (ver mapa), están desplazando y, por ello, las principales víctimas de los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos son los líderes comunales, los indígenas y los campesinos.

En ese departamento, los familiares de las víctimas están haciendo las labores forenses para recoger a sus muertos porque las instituciones competentes se niegan a hacerlas. Y en lugar de retornar a sus tierras continúan dejándolas por culpa de las amenazas.

Desde 2006, la Defensoría ha entregado los informes de riesgo y principalmente en 2010 advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia y el regreso de las masacres.

Estos fueron los principales informes que tuvo en sus manos la CIAT:

 

1

Lorica, San Antero, Moñitos y San Bernardo Del Viento: Informe de riesgo emitido el 9 de agosto de 2010

Después de la visita de una delegación de funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, se declaró la alerta por la evidente presencia de los grupos armados ilegales.

Hasta agosto, solo en San Bernardo del Viento, se habían reportado 16 asesinatos. En Lorica, 21; ocho en Moñitos y siete más en San Antero. Pero el año anterior, en esos tres municipios los muertos habían sido 52 en Lorica, 8 en Moñitos, 12 en San Bernardo y 28 en San Antero.

La Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas decidió no alertar.

El lunes 10 de enero fueron asesinados los estudiantes de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala.

 

2

La Apartada: Informe emitido el 9 de agosto de 2010.

El informe de inminencia sobre ataques a la población civil se dio por las denuncias de la población sobre las amenazas a los líderes indígenas y sociales y el asesinato de varios de ellos. Los autores eran Los Rastrojos que dominaban el territorio e intentaban evitar que hasta allí llegaran Los Paisas y las Águilas Negras. Incluso hubo varios atentados con artefactos explosivos.

Después del informe que la CIAT no respondió continuaron los asesinatos, al punto que en al cierre de agosto ya se registraban 34 homicidios.
 

3

Buenavista: Informe emitido el 29 de julio de 2010.

Se realizó un informe de inminencia por la gravedad de las denuncias y una alta posibilidad de que ocurrieran muertes de civiles ya que en la zona conocida como Alto San Jorge se registraba una disputa entre Los Paisas y Las Águilas Negras, por los corredores del narcotráfico. Hasta el momento del informe se habían registrado 59 homicidios, un 500 por ciento más que el año anterior.

Previo a la alerta de la Defensoría se había registrado una masacre de seis personas que fueron decapitadas presuntamente por Los Paisas.

Y después del informe que no tuvo respuesta del CIAT, hombres armados y encapuchados comenzaron a recorrer las casas y se produjo una decena de asesinatos sistemáticos.
 

4

Puerto Libertador y Montelíbano: Primer informe emitido el 9 de febrero de 2006.

La primera vez que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre estas poblaciones ubicadas al sur de Córdoba apenas terminaba de consolidarse la desmovilización, y con ella en ese departamento el aumento de la violencia. El CIAT no respondió la alerta y tampoco lo hizo el 29 de febrero de 2008.

Sólo tras la muerte de más de 50 personas en forma sistemática, el 29 de febrero se emitió la primera alerta, que fue renovada el 13 de octubre siguiente.

Pero la respuesta no ha sido positiva para las alertas en 2009 ni en 2010, a pesar de que los muertos al final del año pasado superaron los cien. La mitad de ellos fueron asesinados en masacres.
 

5

Valencia: Emitido el 5 de agosto de 2009. Inminencia.

Cuando el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, advirtió sobre la inminencia de un ataque a la población civil en el municipio de Valencia no había más que cuatro muertos en la población. Sin embargo, fue su cercanía al municipio de Tierralta lo que originó el llamado que no fue atendido por el CIAT.
Después de la solicitud, hacia el territorio de Valencia llegaron Las Águilas Negras y Los Paisas y comenzó un desplazamiento originado por la búsqueda de tierras para cultivos ilícitos.
 

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