Antioquia

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La ambición electoral de Juan Carlos Martínez

Desde San Andrés hasta el Amazonas y desde Nariño hasta La Guajira, Juan Carlos Martínez pretende convertirse en uno de los mayores ganadores de las elecciones de octubre. El ex senador, condenado por parapolítica y preso en la cárcel El Bosque de Barranquilla, está detrás de tres partidos, el PIN, el MIO y Afrovides, que inscribieron más de 17 mil candidaturas en todo el país. Si el 10 por ciento de esos candidatos ganara una curul, aun tras las rejas, Martínez no sólo mantendría sino que aumentaría su posición como “barón electoral”.

El Partido de Integración Nacional, PIN, es el más antiguo y tiene en sus listas 8.340 candidatos inscritos. Tiene un poco más de dos años y fue creado por Martínez, en asocio con el ex senador Luis Alberto Gil –también en la cárcel por parapolítica.

La sociedad hecha en la cárcel pretendía llevar hasta las filas del nuevo partido a la gente de Convergencia Ciudadana, que tenía a todos sus congresistas en la cárcel y tenía “muy mala fama”, pero también a políticos de otros partidos cuestionados de la Costa Atlántica que militaban del lado de Martínez, muchos de las entrañas del cuestionado Apertura Liberal.

Lo que parecía una negociación para abrir espacio a la gente de los dos ex senadores terminó en una toma de poder por parte de Martínez que hizo que los dos parapolíticos terminaran distanciados. En ese momento el poder de Martínez en el Congreso llegó a nueve senadores y once representantes

Tal vez por esta razón es que el PIN tiene un mayor número de listas y en la de Santander, donde nació Convergencia Ciudadana, está el mayor número de candidaturas a la Alcaldía (31).

Cuando surgió esa pelea y con el ánimo de “limpiar” a su gente en el Valle del Cauca, desde la cárcel Martínez creó el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, que tuvo su génesis en la Asociación Movimiento Popular del MPU, que fue creada como una organización de base de las comunidades negras y que era el “brazo étnico” del Movimiento Popular Unido. Así participó en las elecciones de marzo y logró la curul de Heriberto Arrechea Banguera como representante a la Cámara por las negritudes.

Desde mayo, cuando La Silla Vacía contó sobre el nacimiento del MIO, uno de los políticos que ha acompañado a Martínez dijo que la pretensión del nuevo partido era convertirse en uno de los más poderosos en las elecciones de octubre. Y mucha gente lo creyó porque sus listas alcanzaron a sumar las 6.273 inscripciones.

Y el tercer partido de Martínez es el Movimiento Afrovides-La Esperanza, el ala negra del MIO, que tiene 3.211 candidatos en todo el país. Es un partido que no tiene mayor representación, pero que logró mucha fuerza en todos los departamentos porque otorgó avales que nadie más quería entregar. Como en Casanare, donde todos los candidatos a la Gobernación están cuestionados y, según aseguró una fuente del departamento a La Silla Vacía, por el aval de Afrovides se dice que se pagaron dos mil millones de pesos.

¿Qué hace tan poderoso a Juan Carlos Martínez Sinisterra?

No es muy comprensible por qué su poder llega a todos los departamentos. Como al Amazonas donde tiene prácticamente asegurada la Gobernación, porque tiene candidato por cada uno de sus partidos. O en Antioquia, donde suma 56 candidatos a alcaldías.

Es lógico pensar que todos sus candidatos no ganarán porque no son los más fuertes. Pero los más cuestionados en varios departamentos, especialmente para alcaldías y gobernaciones, sí son caciques poderosos, con cuestionamientos que no permitieron que otros partidos los recibieran pero que cuentan con el apoyo del electorado.

Todo ese poder fue logrado por Martínez poco a poco, desde su trabajo en la base de la política, pero con alianzas no muy recomendables que lo ayudaron a catapultarse. Comenzó de la mano del ex senador condenado dentro del Proceso 8.000, Carlos Herney Abadía, y poco a poco fue escalando al tiempo que expandía sus relaciones con narcotraficantes.

Esas relaciones le dieron el poder económico para respaldar no solo sus aspiraciones sino también a muchos políticos que se mantuvieron a su lado. Y lo hicieron tan poderoso que hoy muchos quieren estar en sus toldas. Ya sea por necesidad o por sus propias decisiones.

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Todavía faltan tres meses para elecciones y van más de 20 candidatos muertos

Este año han sido asesinados más de veinte candidatos a las elecciones regionales de octubre. Las inscripciones todavía no se han cerrado y ya se alcanzó el número de candidatos asesinados para las elecciones de 2007, cuando se registraron 21 homicidios de personas que aspiraban a algún cargo público.

En ciertas regiones la guerrilla ha sido responsable de buena parte de estas muertes y en Norte de Santander se ha distribuido un panfleto firmado por el Ejército Popular de Liberación, EPL, en el que se amenaza a varios candidatos y trabajadores públicos del departamento.

No en todos los casos la guerrilla ha sido la culpable. En varios casos autoridades no han podido concluir quiénes son los responsables de los asesinatos o amenazas en contra de candidatos, por lo que el ambiente electoral se torna cada vez más pesado.

Según datos de la Misión de Observación Electoral MOE, estos son los candidatos que han sido asesinados o han sido víctimas de algún atentado este año en Colombia:

 

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuáles han sido los candidatos asesinados o víctimas de un atentado este año. Haga click en los nombres de los departamentos a la izquierda para acercarse a esas regiones. Iremos añadiendo más candidatos, si llegan a sufrir un atentado o a ser asesinados. 

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Los padrinos políticos de las elecciones de octubre

Entre más se acercan las elecciones regionales de octubre, se van aclarando más los apoyos que reciben los candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y, en varios casos, esos apoyos vienen de quienes ya están en el poder y quieren perpetuar o heredarle sus caudales electorales a los candidatos que los reemplacen.

Varios gobernadores y alcaldes en el país han apadrinado algún candidato para prestarles su peso político -muchas veces prestándoles la burocracia de sus despachos- y así ayudarles a que logren vencer en las urnas.
Pero como la participación indebida en política es un delito y apoyar públicamente a un candidato podría terminar en una destitución para un alcalde o un gobernador, los apoyos no se hacen por encima.

Sin embargo, en algunos casos, hay apoyos que se hacen evidentes.

Haga click en el mapa para saber más.

 

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Los líderes de tierras que temen terminar como Ana Fabricia Córdoba

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una restitución de tierras el año pasado, los asesinatos contra los líderes de tierras aumentaron. En los ocho años de Uribe fueron asesinados 35 líderes. Y en el gobierno de Santos, que todavía no ha terminado su primer año, ya han asesinado a 11 (ver lista).

Después del asesinato de Ana Fabricia Córdoba en Medellín hace dos semanas, la Mesa de Garantías, que reúne a líderes de víctimas y al gobierno en cabeza del Ministerio del Interior para definir las medidas de protección a las organizaciones de víctimas, quedó congelada.

“Yo no veo voluntad política”, dijo Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y miembro de la Mesa. Y explicó que solo se volverán a sentar en la mesa cuando el Gobierno les brinde medidas que sean realmente efectivas.

¿Qué propone el Gobierno?

Ya que la Mesa de Garantías quedó en el aire, el Ministerio del Interior decidió que se reuniría con los distintos grupos vulnerables, uno por uno, para discutir quiénes son los líderes amenazados. El jueves pasado fue la primera reunión con comunidades indígenas y afros y el balance no fue tan positivo como esperaban: las organizaciones entregaron al Ministerio una lista de dos mil personas que están siendo amenazadas y el Ministerio dijo que las analizaría, pero que por ahora no se hacía responsable de estas dos mil personas.

“Es imposible ponerle protección a cada uno”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio que estuvo en esa reunión. “El Ministerio ya protege a 11.200 personas y gasta ochenta millones de dólares por año en protección”.

Ante la sobredemanda, el Gobierno ya decidió que va a discriminar de acuerdo a los casos, pero teme que este proceso sea eterno si los sindicalistas, las mujeres, los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables con quienes esperan reunirse también presentan listas de dos mil personas. “Hay recursos limitados”, dijo este funcionario.

Esta estrategia de discriminación por falta de recursos es precisamente la que se ha venido llevando a cabo en los últimos años y que fue ratificada por el decreto 1740 que firmó Álvaro Uribe en mayo del año pasado.

En este decreto se establece que los líderes de víctimas solo serán protegidos si van voluntariamente a la Policía para someterse a un análisis de riesgo. Si el riesgo resulta ordinario, se asume que corre el mismo riesgo que cualquier colombiano y no se le dan protecciones especiales, porque se parte de la premisa que todos los colombianos corremos cierto riesgo. Si se califica como extraordinario, tiene derecho a un avantel, un chaleco de balas, escoltas o rondas de policía otorgadas por el Ministerio del Interior.

“El problema es que muchas veces quienes hacen el estudio no conocen el contexto en el que vive la persona, no saben lo que pasa en la región. Yo conozco mucha gente que le hacen un atentado y luego el estudio de riesgo sale ordinario”, dijo a La Silla Vacía una de las líderes de víctimas. Este fue el caso de Hernando Pérez, defensor de tierras en el Urabá que fue asesinado el pasado 21 de septiembre, después de que la policía catalogara su riesgo como ordinario.

Más allá del carro blindado

Por eso en la primera mesa con las organizaciones, líderes indígenas y afros plantearon reuniones regionales con el Ministerio para evaluar el riesgo en el contexto de cada uno de los municipios y una reunión con el Presidente Santos para que asumiera personalmente unas responsabilidades frente a las víctimas. Ninguno de los dos les fue otorgado.

“Nosotros no queremos solo medidas materiales, nosotros queremos medidas estructurales”, dijo a La Silla Vacía José Santos, miembro de PCN, una de las organizaciones afrocolombianas en la mesa.

Las organizaciones de víctimas han insistido en que hay que tener un concepto integral de protección. Y que esto tiene que pasar por una depuración de las Fuerzas Armadas en las regiones de aquellos miembros que fueron cómplices de los despojadores y que aún siguen allí. Y también mejorar su comunicación con las comunidades ya que los mismos líderes normalmente saben quién los desplazó, quién tiene sus tierras o quién los amenaza.

“Se han otorgado medidas de protección a 11 dirigentes de una organización de restitución de tierras”, contestó a La Silla María Paulina Riveros, la directora de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior.

Otro funcionario cercano a este proceso del Ministerio dijo a La Silla Vacía que actualmente se está planeando un plan piloto en Curvaradó y Jiguaminadó, en el Chocó, en el que trabajan conjuntamente Policía, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura. La idea es que crucen datos sobe el despojo de tierras con las solicitudes de protección y otorgar así las medidas necesarias.

La Silla Vacía habló con organizaciones en todas las regiones donde han asesinado líderes de tierras en los últimos meses y todas consideran que es necesario plantear una política pública nueva para proteger a los líderes de víctimas y los desplazados durante este proceso. En 12 de estos casos se reflejan las dificultades que tienen: algunos saben quiénes están detrás de las amenazas pero no ven que los procesos en su contra avancen, algunos sienten desconfianza para ir voluntariamente a la Policía y otros creen que lo hacen les niegan las medidas.

Sienten que la mejor medida de protección que tienen al final del día es mantener un bajo perfil, no hablar muy duro y, por eso, varios pidieron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva.

Estas son las organizaciones de víctimas amenazadas por reclamar las tierras de los desplazados y las medidas de protección que siguen esperando.

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Lo que se juega hoy en las consultas

Este domingo se realizarán consultas populares en 271 municipios del país para definir candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos. Además, en Bogotá habrá consultas del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de La U para escoger los candidatos a las Juntas Administradoras Locales. Mientras que los liberales buscarán candidatos a ediles en todas las 20 localidades del Distrito, los de La U lo harán en todas menos en Sumapaz y los conservadores sólo en Engativá.

En total serán 361 consultas, la mayoría de las cuales (317) serán del Partido Conservador. Los azules tendrán consulta en dos departamentos (que suman 150 municipios) para Gobernación: Cesar y Antioquia. También tendrán consultas para la Asamblea en 13 municipios del Putumayo, para la Alcaldía de 98 municipios, para los Concejos de 55 municipios y una para los candidatos a la JAL de la localidad de Engativá en Bogotá.

Los conservadores, además, tenían una consulta para la Gobernación del Huila, pero fue cancelada esta semana (así como gran parte de las candidaturas en varias consultas del país), luego de que los candidatos involucrados decidieran renunciar a participar en ese mecanismo pese a los gastos en los que hicieron incurrir a la Registraduría con recursos de todos los contribuyentes.

Pero también los liberales, Cambio Radical, La U, el Polo y los Verdes tendrán consultas y, aunque en unas no es mucho lo que está en juego, otras podrían terminar afectando la política regional.

La Silla Vacía decidió investigar cómo se han movido las consultas para gobernaciones y alcaldías de capitales departamentelas. Esto es lo que está en juego:

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