Jueves Abril 24, 2014

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El Blogueo

 

Señores Representantes a la Cámara,
Augusto Posada, Juan Manuel Campo y Diego Alberto Naranjo

En el Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes seguimos con atento interés la iniciativa que ustedes han mostrado en el Proyecto de Ley 001 de 2012 sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor.

En lo que concierne a la Biblioteca de la Universidad de los Andes, como profesor de un programa con estudiantes, empleados y colegas que hacen un uso extensivo de libros y de productos audiovisuales, considero necesario que exista una ley orgánica y consensuada que ayude a definir zonas grises en relación al préstamo interno y externo del material bibliográfico y audiovisual.

Sin embargo, decir, como ustedes lo plantean en el proyecto, que el uso del este material debe limitarse a “fines de investigación o actividades estrictamente académicas" es equivocado: establece una diferencia que no existe ni debe existir entre lo cultural y lo académico, y además excluye a las bibliotecas públicas y a su extensa red de usuarios (que supera, por mucho, a la universitaria).

Establecer normas “estrictas” para el uso e interpretación del material que se presta en bibliotecas solo lleva a conflictos y malentendidos. En 2010, a raíz de una carta, las directivas de la universidad tomaron la decisión de cancelar el préstamo externo del material audiovisual para los estudiantes. La ambigua comunicación, dirigida a la Universidad de los Andes por Ricardo Parra, director de PRACI (Programa Antipiratería de Obras Cinematográficas), infería que la biblioteca estaba dando en "préstamo o alquiler" a los estudiantes "copias no autorizadas, comúnmente denominadas piratas".  El reclamo de PRACI vino amparado por Juan Carlos Monroy, en ese entonces director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (y quien renunció a raíz de los escándalo recientes de SAYCO).

Hay que decir que PRACI es una entidad cofinanciada que recibe millonarios recursos del estado colombiano a través del Ministerio de Cultura pero que los Doctores Parra y Monroy solo parecían estar interesados en abogar por los intereses de la MPAA (Motion Picture Association of America), y señalaban que una vez se aclarara esta situación ante los estudios de Hollywood y se consiguiera o se pagara por un permiso, el préstamo podría continuar.

No es casual que en su carta el Doctor Parra señalara que se trataba de películas "casi todas de carácter comercial", es decir, de un material que no debería estar libremente al alcance de lo "académico". En otros foros de derecho mercantil se ha llegado a sugerir que las bibliotecas solo presten material de "cine arte" y que se abstengan de prestar material de la MPAA. Una sugerencia perversa pues además de poner a definir a la ley qué es "arte" y qué no lo es, marca una división inexistente en términos culturales y segrega lo académico, o lo artístico, en aras de responder al cabildeo de las distribuidoras comerciales y a la injerencia directa que estas y sus bufetes de abogados tienen sobre las instancias estatales de mediación (PRACI, SAYCO, Dirección Nacional de Derechos de Autor, etcétera).

Les sugiero recordar el antecedente legal de la demanda por el no pago de derechos de autor que hace unos años intentó llevar a cabo SAYCO contra una emisora estudiantil de la Universidad de Antioquia y que fue fallada a favor de la universidad en ambas instancias, penal y civil. Es claro que en ese caso sí había una excepción y limitación a los derechos de autor definida ante la ley. Pero cuando se invoca este fallo los abogados que tienen experticia en derecho mercantil señalan que se intenta "comparar lo incomparable". Sin embargo, ese es un antecedente claro que tal vez no coincide en la forma pero sí en el espíritu de la ley, lo justo es anteponer el interés cultural y común a los intereses comerciales y privados. Además este caso deja ver una sana beligerancia por parte de una universidad que sí veló por los intereses de sus estudiantes y de la comunidad que se beneficia de su producción y oferta cultural.

Espero que estos planteamientos puedan ampliar el campo de acción y legislación que ustedes como políticos quieren representar. El país y el mundo necesitan de leyes amplias, generosas e incluyentes de "limitaciones y excepciones al derecho de autor". El Proyecto de Ley 001 de 2012 que ustedes proponen es apenas una tarea incipiente. Su propuesta como está planteada tiene una deuda inmensa con el área que pretende definir.

 

Atentamente,

Lucas Ospina

Director

Departamento de arte

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2012-11-29 01:24

El tema es complejo pues refleja el conflicto grave entre los intereses privados que derivan en lo comercial sobre lo cultural, académico y lúdico. Y nosotros lo debemos plantear siempre en el escenario socio económico real que vivimos.
Esta discusión tiene relación directa con leyes recientes que lesionan, en materia grave, las posibilidades de acceso de gran parte de los estudiantes y usuarios en general a los materiales de distinta índole que se requieren para los fines expuestos. Recuerde Lucas el TLC con USA al que además le colgaron la Ley Lleras 2.0 ¿recuerda?. Están empeñados en limitar drásticamente el uso de la información y demás materiales (música, videos, programas, aplicaciones etc)que hoy se mueven libremente por el ciberespacio. Esto contrasta con la imperiosa necesidad de elevar nuestro nivel cultural y científico para comenzar a superar nuestra gran ignorancia y consecuente miseria social y económica.

Mar, 2012-11-20 17:30

Estos inútiles proyectos de derechos de autor que son creados por grandes compañías cinematográfica y compañías aún más grandes de software.

En unas semanas empezará a operar en USA la polémica ley "six strikes" que pretende poner sobreaviso a aquellos usuarios que en la red intercambien material protegido por copyright, a través de protocolos de comunicación tipo bittorrent.

Uno de los países que se jacta de ser el más democrático del mundo como es Francia implementó el año pasado su ley llamada HADOPI que también pretende judicializar a usuarios que se salgan de los protocolos establecidos, aunque no ha tenido el efecto esperado por las grandes compañías de música y de cine.

Mar, 2012-11-20 11:16

No entiendo qué lo hace afirmar sin reservas que "lo justo es anteponer el interés cultural y común a los intereses comerciales y privados."

¿Qué es el interés cultural? ¿Cuál es el interés común?

Pero más allá de eso, ¿Cuál es su noción de justicia? ¿Sería justo que, en nombre de "el interés cultural y común", decidieran prohibir las colecciones privadas de arte?

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