Descartar todos los resultados de las encuestas como manipulados es una posición autista que sirve como excusa para explicar la desconexión de alguna gente con el sentir general. Sin embargo, es evidente que las encuestas inciden en la contienda política, que pueden inducir a las personas a cambiar su voto y a los medios a marginar a ciertos candidatos del debate. Por esta razón, los encuestadores deben estar sujetos a una vigilancia rigurosa y a unas fuertes sanciones en caso de utilizar técnicas que distorsionen los resultados.
Descartar todos los resultados de las encuestas como manipulados es una posición autista que sirve como excusa para explicar la desconexión de alguna gente con el sentir general. Sin embargo, es evidente que las encuestas inciden en la contienda política, que pueden inducir a las personas a cambiar su voto y a los medios a marginar a ciertos candidatos del debate. Por esta razón, los encuestadores deben estar sujetos a una vigilancia rigurosa y a unas fuertes sanciones en caso de utilizar técnicas que distorsionen los resultados.
Dos incidentes concretos han hecho que el debate acerca del control sobre los encuestadores florezca en los últimos días. El primero fue el ampliamente comentado confidencial de Semana que señaló que los encuestadores de Datexco, al ver que Mockus iba liderando la encuesta, decidieron volver a hacerla. Según la normatividad actual eso no es ilegal, pero ciertamente no parece ético. Pero lo que sí parece ir directamente contra la normatividad (artículo séptimo Resolución 23 de 1996-CNE) y quizas explica la alta intención de voto por Mockus es el cuestionario de la encuesta, que hace dos preguntas específicas sobre él antes de preguntar sobre la intención de voto. ¿Si eso no es inducir una respuesta, entonces qué es?
El segundo incidente fue la revelación de la encuesta de IPSOS el 17 de abril, que coloca a Jaime Araujo y a Jairo Calderón, dos candidatos prácticamente desconocidos, por encima de Germán Vargas y Gustavo Petro. Inmediatamente Petro emitió un comunicado señalando que los resultados de la encuesta no eran coherentes. Obviamente a los ojos de la mayoría de la gente quedará como una pataleta de Petro pero sus argumentos no son desdeñables. El primero es que los índices de favorabilidad de Araujo y Calderón son menores a la intención de voto, lo que quiere decir que personas que dicen que no les gusta el candidato o que no lo conocen, luego dicen que van a votar por él. El segundo es que para reflejar un aumento tan drástico en la intención de voto, la imagen de estos dos señores debería haber mejorado desde la última encuesta, pero por el contrario empeoró. O los encuestados están alucinando y dicen que van a votar por alguien que no conocen o hay algún error en la encuesta.
El costo político de una encuesta mal hecha no es cualquier cosa. Cada vez que suben Mockus y Santos, la dinámica del voto útil le arranca votantes a Pardo, Petro y a Vargas y una encuesta como la de IPSOS puede darles la estocada final sacándolos de los debates televisados. Por eso es importante que se afine la normatividad y se apliquen las sanciones respectivas. Hasta hoy lo único que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad encargada de vigilar el tema, ante los reclamos de los candidatos es pedirles a los encuestadores que les manden las preguntas antes de hacerlas. Eso, además de engorroso, es inútil pues no solucionaría ni los problemas de la encuesta de Datexo ni los de la de Ipsos. Lo que hay que hacer es definir muy claramente qué no se puede hacer y sancionar a quienes lo hagan, pero si no se toman cartas en el asunto, los políticos seguirán en manos de los sesgos, intencionales o no, del dios de las encuestas.
Diego Laserna
