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Lunes Septiembre 01, 2014

Con qué derecho
Imagen de Dejusticia

Un corte de cuentas a la realidad política desde la orilla del derecho y los derechos

Los blogueros de este espacio son miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “Dejusticia”. Dejusticia promueve la discusión y el pluralismo entre sus miembros, quienes suelen tener visiones diversas sobre muchos temas. Las entradas son escritas a título personal y no necesariamente corresponden a la posición institucional de Dejusticia.

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Por: Carolina Bernal

 

Ayer, como estaba cantado, se concilió el texto de la reforma constitucional al fuero militar (FM). Muy a pesar de las críticas de Vivanco y de los demás defensores de DDHH, así como de la amenaza de los gringos de cortarnos el chorro de la cooperación militar, se armonizaron las pocas diferencias entre lo aprobado por la Cámara y por el Senado. Como resultado, se hizo el daño que temíamos: el gobierno logró ampliar el FM para congraciarse con las fuerzas armadas, pese a que con ello sacrificó la garantía de independencia judicial frente a graves violaciones a los DDHH y el DIH.

 

Como explicaron los opositores de la reforma, los riesgos de impunidad en los procesos por falsos positivos aumentan considerablemente con el nuevo FM (aquí comentarios de Dejusticia al respecto) pero ¿qué pasa con el debate acerca de la situación de la Policía? ¿Por qué están también ellos metidos en el paquete de aforados y qué implicaciones trae eso?

 

Recordemos la historia brevemente. La Policía Nacional no siempre tuvo FM. En 1952 contó con un cuerpo de Policía Militar que, justamente por participar en el conflicto armado, tenía fuero como los militares. Sin embargo, a la institución completa pareció gustarle la idea, y dos años después logró que el Decreto 1426 le otorgara el FM a todos sus miembros. Más adelante, la Constitución del 91 recogió esa disposición, generando así (i) estabilidad del FM para la Policía, y (ii) una incoherencia entre la idea de que la Policía es un cuerpo armado civil, con funciones preventivas y no represivas, y el hecho de que cuenta con FM a pesar de que la misma Constitución dice que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

 

La incoherencia es desafortunada pero, como dijo la Corte Constitucional (sentencia C-444-95), mientras siguiera existiendo en la Constitución no había otra opción que interpretar al fuero policial como una excepción a la regla de que los militares no juzguen a civiles. Durante los últimos años, sin embargo, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y la Política de Seguridad Democrática de Uribe, entre otras cosas, llevaron a que la función policial se convirtiera en un Frankenstein civil-militar, que no pudo sustraerse de la lógica de la guerra.

 

Por la dificultad que siempre ha tenido para hacer su trabajo bajo la lógica y los límites de la paz, para la Policía también era importante que la ampliación al FM la cobijara. Además, porque también ellos fueron vinculados a procesos por falsos positivos. Y fue de esa manera como lo interpretó el Ministerio de Defensa al presentar el proyecto de reforma constitucional aprobado ayer, que en su exposición de motivos no se refirió directamente a la situación de la Policía ni una vez, sino que se limitó a incluirla al lado de las demás fuerzas armadas.

 

Sin pretender negar la existencia del conflicto armado en Colombia, que es evidente, hay que precisar que la función principal de la Policía es –o debería ser- mucho más preventiva que represiva. En esa medida, es claro que extender el FM y la aplicación del DIH no podía justificarse con los mismos, y precarios, argumentos con los que se justificó para los militares.

 

Con un fuero ampliado en exceso para los militares y uno injustificado para la Policía, pareciera que el gobierno cree que la efectividad de las fuerzas armadas depende de tener mecanismos laxos de juzgamiento. ¿Acaso no demostraría un mayor nivel de grandeza que las fuerzas armadas pudieran cumplir su función sin miedo a ser juzgadas por autoridades civiles imparciales?, ¿no alimentaría más su honor insistir en la capacitación a los jueces civiles –si es que realmente estos no conocen el DIH, como sugieren los militares-?

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Mar, 2012-12-18 16:30

Ya existen diversos documentos, cartas, declaraciones, etc, de ONGs, naciobales e iternacionales, analistas independientes de de las implicaciones de este esperpento juridico en el marcho del derecho internacional publco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No hare entonces referencia a lo aprobado por el Congreso, q el 98% de colombianos no alcanza a comprender su alcance cuando entre en aplicacion.La politica de Santos frente al conflcito interno armado es coherente: 1. negociaciones con las FARC, con agenda cerrada.2. Mantenimiento de los operativos militares contra la guerrilla 3. Incremento del presupuesto del ministerio de la la defensa para modernizar el equipamento tactico-estrategico del las fuerzas miliatres y 4. Blindaje de las fuerzas militares contra las acciones juridicas por violacion de los ddhh y el dih. Esta es la respuesta si fracasan las negociaciones en la Habana. Y son un nuevo palo en la rueda para ellas.

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