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Un corte de cuentas a la realidad política desde la orilla del derecho y los derechos

Los blogueros de este espacio son miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “Dejusticia”. Dejusticia promueve la discusión y el pluralismo entre sus miembros, quienes suelen tener visiones diversas sobre muchos temas. Las entradas son escritas a título personal y no necesariamente corresponden a la posición institucional de Dejusticia.

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Por

Jose Rafael Espinosa

 

El representante a la Cámara José Gonzalo Gutiérrez presentó hace unos días ante el Congreso un proyecto de ley (073 - Cámara) que busca reglamentar la profesión de politólogo.

Entre otras cosas, el proyecto propone la creación de un Colegio Nacional de Politólogos que, además de expedir las tarjetas profesionales que serían necesarias para ejercer la profesión, controlaría disciplinariamente a los politólogos. De ahora en adelante, entonces, para poder trabajar “libremente”, los politólogos necesitarían una tarjeta profesional y ajustar su conducta a lo que diga el Colegio.

En mi opinión, este proyecto no solo es inconveniente sino que sería inconstitucional.

La Asociación Colombiana de Ciencia Política, en una carta abierta al representante Gutiérrez, ha dado dos buenas razones generales por las cuales el proyecto sería inconveniente: primero, la posibilidad de que un Colegio –que podría estar controlado por actores políticos determinados- tenga esa capacidad de sanción genera un riesgo para el pluralismo teórico, metodológico e incluso ideológico que caracteriza a la profesión. Segundo, el proyecto se propone definir y limitar el campo de la disciplina, cuando justamente ése es uno de los (eternos) debates al interior de la profesión. Esa limitación sería un obstáculo práctico para la forma como opera la ciencia política hoy en Colombia y para futuros avances hacia nuevos espacios e intersecciones con otras disciplinas.

Pero el proyecto también sería inconstitucional.

La historia es así. Hace unos años la Corte Constitucional resolvió una demanda contra una ley que reglamentaba el ejercicio del periodismo. La ley, en pocas palabras, señalaba que para poder ejercer como periodista se necesitaba tener una tarjeta profesional, a la que se tenía derecho si se cumplían con ciertos requisitos legales (un título o cierta experiencia).

En esa sentencia, la Corte dijo que solo se puede exigir un título académico para ejercer las profesiones que generan un riesgo social. Al interpretar el artículo 26 de la Constitución, la Corte distinguió entre, por un lado, profesiones como la medicina, la ingeniería o el derecho -en las que una mala cirugía, un puente mal construido, una mala asesoría jurídica pueden generar graves costos sociales-, y, por el otro, profesiones como el periodismo, en las que una mala praxis sería menos grave. 

La Corte dijo –palabras más, palabras menos- que el único riesgo social que genera el periodismo es el riesgo que se deriva de la libertad de opinión y de información, un riesgo que es inherente a cualquier sistema democrático. La única forma de evitar ese riesgo sería a través de la censura, pero en ese escenario ya no estaríamos en un sistema democrático, pues la libertad de expresión es uno de los ejes articuladores de la democracia. Resultado: la ley fue declarada inconstitucional.

Creo que, bajo este punto vista, la ciencia política se parece más al periodismo que a la medicina, la ingeniería o el derecho. Si –más allá del eterno debate de identidad disciplinar-entendemos que lo que diferencia a la ciencia política de las otras profesiones es que se dedica a analizar, estudiar y opinar sobre el poder, ¿cuál es el riesgo social de un mal análisis, de una “mala opinión”? La exposición de motivos no dice nada al respecto, y creo que era difícil que lo dijera. Las opiniones de los politólogos no solo no generan un riesgo social grave (o, en otras palabras, apenas generan riesgos inherentes a cualquier sistema democrático), sino que, debido a su misma naturaleza de estudiar el poder, por las fibras que pueden llegar a tocar, por lo incómodas que pueden resultar, deben ser protegidas bajo la sombrilla de la libertad de expresión.

Creo, entonces, que la Corte también diría “#Noal073”.

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Vie, 2012-11-09 20:08

Un intérprete de un instrumento musical que le suena bien lo que intérprete uno dice que es músico, independientemente que sepa de música o la haya estudiado. Un filósofo, diserta, escribe, elabora documentos de mucha importancia y es probable que jamás haya estudiado filosofia. Toda esta justificación es para soportar mi tesis de que quien ejerza una disciplina y que no obligue o afecte a terceros pues debe poder ejercerla sin más ni más, léase Politologia, otra cosa es que mis servicios sean comprados por una persona y que contenga un riesgo, ahí si debe haber un reconocimiento académico respaldado por una autoridad. Lo demás son discusiones para perder el tiempo.

Jue, 2012-11-08 19:08

Algunas profesiones reglamentadas y expedición de targeta profesional en Colombia:Economista, Microbiología, Bacteriología, Agronómicas y forestales, Técnico Constructor, Químico, Fisioterapista. o Terapista Físico, Ingeniero Químico, Licenciados en Ciencias de la Educación, Trabajador Social, Ingeniería, Arquitectura y profesiones Auxiliares, Nutrición y Dietética, Bibliotecología, Topógrafo, Administración de Empresas, Instrumentación Técnico Quirúrgica, Secretariado, Ingeniero de Petróleos, Biología, Medicina Veterinaria, y Zootecnia, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Profesiones Afines, Ingeniería Pesquera, Ingeniero de Transportes y Vías, Actuación, Dirección Escénica y el Doblaje en Radio y Televisión, Técnico Electricista, Agente de Viajes, Administrador Público, Fotografía y Camarografía, Geógrafo, Diseño Industrial, Guía de Turismo, Optometría, Estadística, Fonoaudiología, Ingeniería Naval, Tecnólogo en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

Mié, 2012-11-07 21:15

Sanim,

Muchas gracias por su comentario, muy interesante. Le respondo con una pregunta y un comentario. ¿Por qué es necesario regular la profesión de la ciencia política como una disciplina particular? ¿Por qué amerita una regulación específica, diferente y adicional a la que ya se tienen para la mayoría de las profesiones? Desde el punto de vista de la Corte, que sea, como usted dice, "un ejercicio permanente y competente del cual se devenga un sustento a partir de una formación universitaria" no es suficiente; solo se ameritaría si esa profesión genera un riesgo social. Ni la exposición de motivos ni en su comentario hay una sugerencia sobre por qué la ciencia en política en particular generaría un riesgo social específico.

Sigue abajo...

Mié, 2012-11-07 21:28

Esto me lleva al comentario. Con el término "opinión" no quiero subvalorar el trabajo de los politólogos (también soy politólogo, así que iría contra mi propia disciplina). Creo que dentro del concepto de "opinión" que usa la Corte caben no solo las opiniones en el sentido que usted lo entiende (la de un neófito, la de una persona sin formación), sino también la de un experto, un especialista. La libertad de expresión no cubre solo entonces a quienes tienen una conversación informal, al que en una esquina en la calle se para a dar un discurso, sino también al profesor experto que publica una investigación de varios años para la cual ha hecho uso de todas esas herramientas teóricas y metodológicas propias de la disciplina. En otras profesiones -como el derecho, por ejemplo- el riesgo social es más alto y por lo tanto no solo se amerita sino que se necesita una regulación. Esa regulación debe ser lo más coherente posible con la libertad de expresión.

Gracias por por participar. Jose.

Jue, 2012-11-08 18:41

Entiendo que en su interpretación la Corte vincula supuestamente todas las nociones sobre el término "opinión", cuestión que para el caso particular del periodismo bien puede referir unívocamente a la "opinión" como género periodístico. Pregunto si para encauzar algún tipo de formalización o regulación de profesión alguna imprescindiblemente ésta deba conllevar un riesgo social alto, la cuestión se origina cuando la naturaleza de la sentencia de la Corte en el caso del periodismo puede deberse a que se trata de una ocupación, arte u oficio que no exige formación académica, por lo tanto es de libre ejercicio y según la Corte no implica un riesgo social. Y es que la ley contempla que las profesiones legalmente reconocidas organizadas en colegios se les puedan asignar funciones públicas y establecer controles

Jue, 2012-11-08 19:03

Continuo
Concuerdo con el blog el reclamo de una regulación coherente con la libertad de expresión como valor democrático, sin embargo para el ejercicio de la profesión es extraño equiparar la opinión como criterio técnico o resultado de un examen detenido con la opinión como formas propias de pensar en las que puede ser prescindible su respaldo de validez, es extraño porque a partir de tales juicios se ejecuta la labor del cientista político no únicamente como analista y la mayoría de veces acompañado de profesionales de otras disciplinas. El marco de ley menciona que para proteger los derechos de otras personas el legislador puede exigir además del título la creación de licencias o tarjetas para algunas profesiones que comprometen el interés social. Pregunto por qué no organizar la Ciencia Política como profesión en colegio, con función pública y control de manera que se garantice la idoneidad para los espacios donde se requiera tal profesional?

Mié, 2012-11-07 19:49

Estoy de acuerdo con la argumentación de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, el proyecto de ley aborda inadecuadamente las discusiones epistemológicas de la ciencia política por cuanto disciplina y en ese sentido llama la atención sobre el proyecto de ley. Sin embargo la regulación como profesión esto es como ejercicio permanente y competente del cual se devenga un sustento a partir de una formación universitaria es algo necesario, en tal sentido discrepo de Espinosa cuando considera que el resultado de la praxis puede suponer una "opinión". "Opinión" bien puede tener un lego, un neófito, pero nunca una persona que forma su criterio para la elaboración de análisis de fenómenos, actores y situaciones que luego se traducen en recomendaciones de política, uso de recursos, interpretación de asuntos públicos entre otros, inclusive en regímenes no democráticos, tales no son cuestiones que puedan reducirse a simples expresiones. Nos acostumbramos a martillar con el atornillador.

Lun, 2012-11-05 00:11

Definitivamente Don José Gonzalo Gutiérrez en su (supongo) bienintencionada propuesta muestra que otra profesión que necesita urgentemente tarjeta profesional es la de Congresista. El riesgo social de los Padres de la Patria es enorme: cada cinco minutos se inventan una ley que a todas luces les parece "chic" pero que transpira ignorancia.

Propongo que para obtener la tarjeta de Congresista se demuestre que uno es capaz de leerse las sentencias de la Corte antes de elaborar un proyecto de ley.

Propongo además que cada proyecto de ley que resulte inconstitucional cause que el ponente quede sin curul y sin sueldo durante 6 meses.

En vez de "silla vacía", se generaría "silla ausente por brutalidad manifiesta".

Es decir, propongo que para ser Congresista se exija una tarjeta donde se demuestre no solo que uno es alfabeta, sino que practica la lectura.

Como dice Julio Verne en "París en el Siglo XX":

"En el siglo XX todo el mundo sabía leer, pero nadie lo hacía".

Sáb, 2012-11-03 12:51

Yo comparto al igual que en el blog el hecho de que no se debe interponer una tarjeta profesional para los politólogos, pues en gran medida para el desarrollo de muchas de las actividades que se derivan del estudio de la ciencia política, no es necesario tener la formación a nivel de pregrado en esas áreas.

Viene a la cabeza como ejemplo inmediato en caso de varios docentes de Ciencia Política de la Universidad Nacional en el área de Ciencia Política, quienes tienen su formación de base en el Derecho pero luego su formación a nivel de investigación y docencia se concentró en la Ciencia Política. Casos tales como Miguel Herrera (Abogado de la Libre, Magister en CP de la UNAM y candidato a Doctorado en Ciencia Política de la CUNY en EE.UU y en Estudios Políticos de la UN); Leopoldo Múnera (Abogado del Rosario y Doctor en Ciencia Política de Lovaina) o David Roll (Abogado de la Pontifica Bolivariana de Medellín y Doctor en Ciencia y Sociología Política de la Complutense)...

Mié, 2012-11-07 20:33

Ahora bien le comparto mi duda sobre la perspectiva de éste blog y las criticas de la ACCPOL(https://www.facebook.com/notes/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-ciencia-pol...); otras profesiones como el Trabajo Social que tienen una gran carga de estudio político y sin embargo su ejercicio se regula bajo tarjeta profesional, la definición de cuando se trata de una carrera profesional esto es lo a lo que se dedica una persona con formación universitaria esta determinada en la ley de educación entonces subsidiariamente de generar nuevas regulaciones. Tal vez el proyecto de ley le esté pisando callos a una gran comunidad que devenga vive y convive de asuntos en los cuales no estén capacitados o sean competentes tal como en otras áreas del mercado colombiano.

Mié, 2012-11-07 20:24

Julián, se trata de docentes con doctorado en Ciencia Política como usted menciona, pero inclusive en ingenierias se vinculan docentes que no son ingenieros por la misma naturaleza humanistica de la carrera universitaria, entonces su argumento tal vez se aplique a todas las carreras. La Asociación colombiana de ciencia política también desarrolla su critica al proyecto de ley cuando éste soslaya formaciones académicas que proporcionen tales criterios.

Sáb, 2012-11-03 12:56

...

Al igual que los anteriores, son muchos los ejemplos en los cuales la formación en las áreas de investigación debería tenerse más en consideración que la formación de base a nivel de pregrado. Incluso, lo que debería replantearse es la facilidad con la que se consigue una Tarjeta Profesional de Abogado y hacer más estricto el ingreso de abogados a la carrera judicial, bien sea como litigantes o en la rama, pues se vuelve una moda que por cada Universidad de Garaje que se abra bien tiene que abrirse un pregrado en Derecho. Ejemplo reciente: la Corporación Universitaria Nueva Colombia (o como se llame) de Moreno de Caro.

Lo que debería tratar de organizarse, y creo que es algo bien complejo, es qué se encarga de enseñar e investigar desde la Ciencia Política. Si se hace una comparación entre los programas de pregrado de esta área se pueden observar diversas líneas de investigación Sin contar con pregrados que trabajan temas relacionados con la Ciencia Política pero con otro nombre

Mié, 2012-11-07 21:47

Julián:

Mauricio García Villegas, con una inquietud parecida a la suya, ha investigado en los últimos años cómo opera la profesión jurídica en Colombia. Hace año y medio publicó un libro sobre el tema (Los Abogados en Colombia) que reúne tanto estudios cualitativos como cuantitativos sobre la profesión y la formación de abogados (aquí una especie de resumen que apareció en El Espectador: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso201004-colom...). Le dejo esta entrada en este blog (http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/21945/quien-controla-lo...) y esta columna que creo que le pueden interesar (http://dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=cultura_juridica_y_edu...).

Gracias por participar.
Jose.

Vie, 2012-11-09 20:15

¡Claro! Por conocerlo como profesor en la UN sé de las problemáticas que se han articulado sobre el tema del Derecho y la regulación de la profesión.

Muchas gracias.

Vie, 2012-11-02 11:50

Buena entrada, muy clara.

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