Por Dejusticia · 26 de Junio de 2012

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Rodrigo Uprimny
Todo el gobierno Santos (y no sólo el ministro de Justicia) tiene una clara responsabilidad política en que la reforma a la justicia se haya convertido en el enredo institucional que hoy amenaza al país. No sólo presentó la reforma y la impulsó sino que incluso le pidió a sus  mayorías en el Congreso que aprobaran el terrible texto que surgió de la conciliación.
Pero que el Presidente tenga esa indudable responsabilidad política no quiere decir que carezca de la facultad de objetar la reforma aprobada por las Cámaras y convocar a sesiones extraordinarias para que se discutan esos reparos. Una cosa es entonces la responsabilidad política del presidente Santos y su gobierno, y otra la facultad jurídica que pueda o no tener para objetar un acto legislativo.
Es clave reflexionar sobre este tema y por ello, me disculpo pero inevitablemente esta entrada podrá tener menos de blog y más de concepto jurídico. Pero creo que el tema lo amerita
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Las preguntas estrictamente jurídicas son entonces las siguientes: ¿Puede o no el presidente objetar un acto legislativo, esto es, una reforma constitucional aprobada por el Congreso?  ¿Y puede o no citar a sesiones extraordinarias para discutir esas objeciones?
Mi respuesta a esos interrogantes es afirmativa, pero reconozco que no es un tema evidente ni pacífico. Es más, confieso que mi primera reacción jurídica fue la contraria: inicialmente pensé que el presidente no podía objetar un acto legislativo, básicamente por dos razones: i) porque la Constitución (arts 165 a 168), al regular las objeciones presidenciales, habla explícitamente de proyectos de ley y no de actos legislativos; y ii) porque recordaba algunas sentencias en donde la Corte Constitucional había concluido que la Constitución no faculta al presidente a objetar una reforma constitucional.
Dos argumentos sin lugar a dudas importantes. Sin embargo empecé a tener dudas sobre esa tesis cuando, junto con Miguel La Rota y Jose Espinosa, nos planteamos casos extremos (pero no tan distantes al lío de la actual reforma a la justicia) en donde el presidente constataba que lo aprobado por las cámaras como acto legislativo no sólo era evidentemente inconstitucional sino que su entrada en vigor era catastrófica. Supusimos entonces la hipótesis que ellos plantearon en la anterior entrada de este blog de un supuesto acto legislativo que suprimía la Fiscalía General y que el Congreso  remitía al presidente para su publicación, pero el Jefe de Estado constataba que esa reforma no había alcanzado, ni de cerca, las mayorías exigidas por la Constitución. ¿Por qué impedir entonces al presidente que objete esa reforma y evite así al país una catástrofe institucional mayúscula?
Junto con Miguel La Rota y José Espinosa y otros colegas de Dejusticia, decidimos entonces estudiar más en detalle el tema pues compartimos una regla interpretativa formulada alguna vez por uno de los mejores jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, según la cual, uno debe interpretar la Constitución de manera tal que evite convertirla en un “pacto suicida”. Por ello, si una interpretación de la Constitución conduce a resultados catastróficos, entonces es muy posible que esa interpretación sea jurídicamente incorrecta. Decidimos no sólo releer con cuidado la Constitución sino que intentamos analizar todas las sentencias en donde la Corte se ha referido al tema. Encontramos cuatro: la C-222/1997, la , la y la . Puede que haya más, pero parece que son las esenciales.
Después de ese análisis, modifiqué mi primera reacción jurídica y considero que el Presidente puede objetar un acto legislativo. Procedo pues a presentar mis razones, para lo cual comienzo por discutir los dos puntos que sustentaron mi reacción inicial en contra de la posibilidad de objeción frente a reformas constitucionales.
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Es cierto que la Constitución, al regular las objeciones, habla literalmente de proyectos de ley. Y es cierto que el artículo 375 de la Carta, al regular los actos legislativos, no menciona la posibilidad de objeción . Eso sugiere entonces que no puede haber objeción frente a actos legislativos, por lo cual la conclusión de la Corte en las citadas sentencias no es irrazonable.
Sin embargo, esa conclusión dista de ser contundente por la siguiente razón: es claro que el artículo 375 no regula integralmente la forma como se aprueba un acto legislativo y por ello la Corte Constitucional, en muchas sentencias, ha señalado que a los actos legislativos le son aplicables muchas de las reglas que rigen la aprobación de los proyectos de ley. Por ejemplo, ni ese artículo ni ninguno de la Constitución que se refiera expresamente a los actos legislativos, dicen que el proyecto de reforma constitucional debe ser publicado por el Congreso antes de debatirlo, ni que debe ser aprobado primero por una comisión y después por la plenaria de cada Cámara. Y la norma constitucional que establece esas exigencias (publicación del proyecto y aprobación por comisión y plenaria de cada cámara), que es el artículo 157 , señala literalmente que esos son requisitos de los proyectos de ley, sin referirse a los actos legislativos. Sin embargo, con buen criterio, la Corte Constitucional ha considerado que esas exigencias se aplican también a los actos legislativos.   Y la regla jurisprudencial que la Corte ha desarrollado, con toda razón, y que tiene además respaldo en el artículo 227 del Reglamento del Congreso o Ley 5 de 1992, es que a los actos legislativos se aplican las reglas que rigen la formación de las leyes, siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el trámite propio de una reforma constitucional.
La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿por qué es incompatible con un acto legislativo que el presidente pueda objetarlo? Pues si no hay ninguna incompatibilidad, entonces habría que concluir, con la anterior regla interpretativa, que esa posibilidad de objeción presidencial existe frente a los actos legislativos.   . 
Busqué entonces en las citadas sentencias de la Corte alguna respuesta a esa pregunta, pero confieso que no encontré ninguna convincente. La argumentación en todas ellas es muy escueta pues la Corte se limita a señalar que las normas que regulan la objeción hablan de proyectos de ley, pero nunca analiza realmente por qué la posibilidad de objeción es incompatible con un acto legislativo.
El único argumento que encontramos en esa dirección se encuentra en la sentencia C-453 de 1998,  que dice que “las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido”. Esa tesis sugiere entonces que el presidente, como poder constituido, no participa en la formación de la voluntad constituyente en un acto legislativo y que por eso no puede oponerse a la entrada en vigencia del mismo. Pero esa tesis parece equivocada.
Primero, es normativamente inexacta pues es claro que el presidente puede participar en los actos legislativos pues tiene iniciativa para presentarlos, según el artículo 375 de la Carta.
Segundo, con todo respeto, la Corte incurre aquí en una típica petición de principio pues asume como premisa la conclusión a la cual llega. En efecto, la Corte  supone que no hay posibilidad de objeción presidencial en la formación de un acto legislativo y que entonces en ese tipo de reforma la voluntad constituyente se forma sólo por la decisión de las cámaras, sin concurso de la voluntad presidencial. Y luego concluye que la vigencia de la reforma constitucional  no puede quedar supeditada a la voluntad de un poder constituido, como aquella del Presidente, y que por eso no puede haber objeción presidencial. Pero esa argumentación prueba como conclusión (no hay objeción presidencial en actos legislativos) lo que asume tácitamente como premisa (no hay objeción presidencial en actos legislativos). En efecto, si no se asume esa premisa tácita, no puede argumentarse que la objeción presidencial sea un obstáculo del presidente (poder constituido) a la voluntad constituyente, sino que el presidente, al decidir si objeta o no lo aprobado por las cámaras, participa en la formación de la voluntad constituyente, la cual sólo se perfecciona si el presidente se abstiene de objetar el proyecto de acto legislativo y procede a sancionarlo y publicarlo.
Tercero, intenté reinterpretar la tesis de la Corte, con el fin de mejorarla, y supuse que el argumento es que no puede haber objeción en los actos legislativos por cuanto esa posibilidad permitiría al Ejecutivo bloquear las reformas constitucionales que no comparte, con lo cual estaríamos agrandando las ya enormes facultades del Presidente en nuestro régimen constitucional. Y esa tesis suena a primera vista…. salvo cuando uno recuerda que se requieren las mismas mayorías para aprobar un acto legislativo que para que las cámaras derroten una objeción presidencial: la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Por consiguiente, si las cámaras quieren insistir, entonces les basta conservar la misma mayoría que tuvieron para aprobar el proyecto de acto legislativo. La tesis de que el presidente puede objetar un acto legislativo no le confiere entonces al ejecutivo un poder exorbitante para obstaculizar una reforma constitucional. A lo sumo, esa objeción obliga a las cámaras a repensarel tema pero si éstas insisten, el presidente no puede impedir la aprobación de la reforma . Y esa reflexión suplementaria, lejos de ser un problema, debería ayudar a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un consenso más solido.
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Queda entonces en contra de nuestra tesis el contraargumento fundado en las consideraciones de la Corte en las sentencias citadas. Y se trata de una objeción poderosa pues las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento y sus criterios jurisprudenciales deben ser siempre tomados muy en serio.
Sin embargo, en este caso no estamos frente a un precedente jurisprudencial vinculante, por la siguiente razón: la Corte nunca ha estudiado un caso en donde el presidente hubiera objetado una reforma  constitucional. Las sentencias han tratado otros temas, algunas veces cercanos pero distintos, como cuando analizó si es un vicio de inconstitucionalidad de un acto legislativo que el presidente no lo hubiera sancionado, o si el Gobierno puede o no corregir por decreto errores tipográficos de un acto legislativo. Esto explica, dicho sea de paso, por qué la Corte ha sido tan escueta al sustentar su tesis en este tema, pues nunca ha tenido que estudiar un caso complejo, en donde el presidente hubiera, por ejemplo, objetado un acto legislativo evidentemente inconstitucional y cuya entrada en vigor fuera catastrófica.
Como la Corte nunca ha estudiado específicamente el problema de las objeciones presidenciales frente a una reforma constitucional, debemos entonces concluir que en ninguna de esas sentencias las  consideraciones sobre la imposibilidad de que el gobierno objete una reforma constitucional representan lo que la propia Corte ha llamado la ratio decidendi de esas decisiones, esto es, la regla o principio jurisprudencial que sirve de sustento directo de la decisión. Ahora bien, como la propia Corte lo ha dicho, el precedente vinculante es la ratio decidendi de la sentencia y no todas las consideraciones al pasar que pueda hacer el tribunal al decidir el caso. Estas otras consideraciones obviamente merecen respeto pero no son en estricto sentido vinculantes.
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Hay entonces muy buenos argumentos para sostener que el presidente tiene la facultad de objetar una reforma constitucional pues: i) es una regla de formación de las leyes que es plenamente compatible con el proceso específico de un acto legislativo, por lo cual le es aplicable; ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber objeción presidencial de actos legislativos; iii) las sentencias en donde la Corte ha planteado la tesis de que no hay objeción frente a actos legislativos no representan, en estricto sentido, precedentes jurisprudenciales vinculantes; iv) el reconocimiento de la posibilidad de objeción no permite al presidente bloquear una voluntad persistente de las cámaras de aprobar un acto legislativo, pues se requieren las mismas mayorías para que las cámaras aprueben la reforma y para que derroten la objeción presidencial; v) esa posibilidad de objeción permite que el Presidente evite catástrofes institucionales en casos como el de la presente reforma judicial; y vi) finalmente esa  posibilidad de objeción ayuda a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un apoyo político más sólido, lo cual no puede sino redundar en beneficio de la democracia y del Estado de derecho en Colombia.
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Una vez mostrado que la objeción presidencial a un acto legislativo es jurídicamente posible, el argumento de que no puede el Gobierno citar a sesiones extraordinarias para discutir esas objeciones se desvanece. Así, es cierto que un acto legislativo tiene que aprobarse en dos períodos ordinarios sucesivos, como lo dice el artículo 375 de la Carta, por lo que podría pensarse que no pueden estudiarse las objeciones en sesiones extraordinarias, pues el acto legislativo terminaría de aprobarse por fuera de los dos períodos ordinarios consecutivos.
Esa tesis parece sólida pero no lo es, si uno acepta, como lo hemos argumentado, que el presidente tiene el derecho a objetar todo acto legislativo. En efecto, si el presidente tiene esa facultad, es obvio que las cámaras no pueden cercenársela. Pero si se asume la tesis de que no podrían estudiarse las objeciones por fuera de los dos periodos ordinarios consecutivos, entonces bastaría a las cámaras aprobar el proyecto poco antes de que terminen esos dos períodos para amputar al Presidente su facultad de presentar objeciones. Por ello la interpretación admisible de ese artículo 375 es que la aprobación originaria del proyecto de acto legislativo tiene que hacerse en los dos períodos ordinarios sucesivos, pero que la objeción, su examen por las Cámaras, y el eventual examen de la Corte Constitucional, pueden hacerse por fuera de esos dos períodos, y que entonces el Presidente puede convocar a sesiones extraordinarias para examinar esas objeciones.
 
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Reconozco que el tema examinado es jurídicamente complejo y que otros analistas sostienen otras tesis. Pero creo haber mostrado que hay razones constitucionales muy sólidas para sostener i) que el presidente puede objetar un acto legislativo y ii) que puede citar a sesiones extraordinarias para estudiar esas objeciones. Si eso es así, entonces es claro que los congresistas no sólo pueden sino que deben asistir a las sesiones extraordinarias citadas por el gobierno para examinar sus objeciones a la reforma a la justicia, sin que pueda considerarse que están incurriendo en falta alguna. En particular no podrán ser sancionados conforme al artículo 149 de la Constitución.
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Nuevamente me disculpo de lo extenso y jurídico de esa entrada pero creo que el tema lo amerita. Eso sí, tengo la ilusión de que, a pesar de lo extenso, los presidentes de la Cámara y del Senado de pronto se lo lean….   

Comentarios (76)

Dalinye

26 de Junio

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Rodrigo, unas pregunticas:¿si no se logra el quórum en el Congreso se entiende que rechaza las objeciones? o por el contrario ¿debe el Congreso ins...+ ver más

Rodrigo, unas pregunticas:¿si no se logra el quórum en el Congreso se entiende que rechaza las objeciones? o por el contrario ¿debe el Congreso insistir expresamente para que se consideren rechazadas las objeciones? ¿en los dos casos el proyecto debe ir a la Corte Constitucional para que decida sobre las objeciones por inconstitucionalidad?

Dalinye

26 de Junio

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Qué pena, pero se me quedaron otras: ¿el trámite de las objeciones hace parte del trámite general del acto legislativo de manera que si no se tram...+ ver más

Qué pena, pero se me quedaron otras: ¿el trámite de las objeciones hace parte del trámite general del acto legislativo de manera que si no se tramitan pueda considerarse que se trató de un acto imperfecto?

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Dalinye
No debe excusarse. Sus preguntas son buenas y pertinentes. Debido a lo que dije mas arriba, yo creo que si no se tramitan las objecio...+ ver más

Hola Dalinye
No debe excusarse. Sus preguntas son buenas y pertinentes. Debido a lo que dije mas arriba, yo creo que si no se tramitan las objeciones , entonces el proyecto se entiende hundido pues es necesario que el Congreso insista para que el proyecto siga su tramite. Si es por inconveniencia, y el Congreso insiste con las mayorias requeridas, el presidente debe sancionar y publicar. Y si es por inconstitucionalidad, pasa a la Corte Constitucional para que defina el tema. Ahora bien, es mejor que el Congreso explicitamente lo hunda, no solo por razones politicas sino ademas porque, como el tema es controvertido, algunos podrias considerar (como inicialmente yo lo pensaba) que como la reforma (segun lo dicho por la Corte hasta ahora) no requiere sancion presidencial, entonces ya existe, y solo le falta la publicacion para producir efectos. Y que entonces es posible una accion de cumplimiento para forzar la publicacion.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Dalinye
Las preguntas son muy pertinentes. Segun mi interpretacion, como el presidente puede objetar, entonces deben aplicarse las reglas que...+ ver más

Hola Dalinye
Las preguntas son muy pertinentes. Segun mi interpretacion, como el presidente puede objetar, entonces deben aplicarse las reglas que rigen el tramite de una objecion a un proyecto de ley. Segun esas reglas, que estan en parte en la Constitucion directamente y en parte en el reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), una vez hecha la objecion, para que el proyecto siga su tramite , el Congreso tiene que insistir por la mayoria absoluta de los miembros de ambas camaras. Y si no lo hace, entonces el proyecto se entiende hundido. Por ello si el Congreso no insiste con las mayorias requeridas, se entiende hundido. Pero, tanto por razones politicas y debido a que el tema es controvertido, lo deseable es que el Congreso explicitamente y con mayoria absoluta lo hunda totalmente, para que quede lo mas muerto posible.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Kathy Porto

27 de Junio

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Tiene razón profesor.De aplicarse sería "catastrófica".
Toda injusticia es una catástrofe.Por las consecuencias que genera en todas las esfera...+ ver más

Tiene razón profesor.De aplicarse sería "catastrófica".
Toda injusticia es una catástrofe.Por las consecuencias que genera en todas las esferas.

Carlos Cortés

27 de Junio

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Gracias por la explicación, Rodrigo. Solo me queda una duda: aunque no hace parte central de los argumentos de sus tesis, me parece que hay un uso co...+ ver más

Gracias por la explicación, Rodrigo. Solo me queda una duda: aunque no hace parte central de los argumentos de sus tesis, me parece que hay un uso coloquial –en general en el debate– de "catástrofe". Sin duda la reforma es inconveniente y desastrosa, pero no creo que sea jurídicamente equiparable a una que elimine una rama del poder, que instaure la pena de muerte o que acepte la esclavitud, por ejemplo. En ese sentido, no creo que nos enfrentemos a un pacto suicida si entra en vigor. Saludos.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Carlos
Es posible que el uso de la palabra catastrofe frente a esta pretendida "reforma a la justicia" sea excesiva. Es una pesima reforma, t...+ ver más

Hola Carlos
Es posible que el uso de la palabra catastrofe frente a esta pretendida "reforma a la justicia" sea excesiva. Es una pesima reforma, tal y como salio de la conciliacion, pero puede ser cierto que no equivale a las hipotesis que señala de suprimir una rama del poder. Pero algunos de sus efectos, de entrar en vigor, serian realmente muy graves, como el posible colapso de unos 1500 juicios contra funcionarios involucrados en hechos muy graves, como el del antiguo director del DAS, Noguera. Es pues cercano a una catastrofe y por ello creo que el uso de esos ejemplos catastroficos no es excesivo. Y ese uso permite comprender el error de la interpretacion que priva al presidente de la facultad de objetar. Y que esa interpretacion puede convertir, al menos en ese aspecto, a la constitucion en un pacto suicida.
Gracias por el aporte
Rodrigo

MAG

27 de Junio

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Se hunde la odiosa reforma a la justicia pero de hecho y vía interpretación se modifica la Constitución al incorporarse la facultad del Presidente ...+ ver más

Se hunde la odiosa reforma a la justicia pero de hecho y vía interpretación se modifica la Constitución al incorporarse la facultad del Presidente de objetar actos legislativos. Peligroso antecedente con mandatarios bipolares como el actual que hoy piensan una cosa y mañana otra. El asunto de las "mayorías" parlamentarias para aprobar la objeción tiene menor importancia debido a que nuestro Congreso jamás se opone a la voluntad del Ejecutivo, sea quien sea. El resultado de la reforma: Más poder para el Presidente

Dejusticia

27 de Junio

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Hola MMAG
Es muy legitima su preocupacion. Haciendome un poco de sicoanalisis, es posible que mi reaccion juridica inicial de suscribir a la tesis...+ ver más

Hola MMAG
Es muy legitima su preocupacion. Haciendome un poco de sicoanalisis, es posible que mi reaccion juridica inicial de suscribir a la tesis dominante de que el presidente no puede objetar un acto legislativo deriva (ademas de las razones que indique en la entrada) de una preocupacion semejante: no incrementar por via interpretativa los poderes presidenciales, que son ya excesivos en Colombia. Pero, ademas de los argumentos juridicos que presente la entrada, frente a su preocupacion, mi respuesta es esta: en un ejercicio de de ponderacion y de una interpretacion finalistica de la Constitucion, es preferible asumir los riesgos de ese incremento del poder presidencial, que es leve (dado que las mayorias son las mismas para aprobar la reforma que para superar la objecion) frente a los costos que implica privar al presidente de esa facultad, al menos en casos extremos como los que estamos viviendo.
Gracias por su aporte
Rodrigo

Kathy Porto

27 de Junio

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Esta explicación a diferencia de la entrada anterior sí me convence y hace honor a verdaderos JURISTAS, no leguleyos.
Para mí que no soy abogad...+ ver más

Esta explicación a diferencia de la entrada anterior sí me convence y hace honor a verdaderos JURISTAS, no leguleyos.
Para mí que no soy abogada es más simple: Comomo dice mi admirado y aún vigente Cicerón:" Se ha de distinguir si lo que parece útil repugna a la honestidad:todas las leyes tienen por principio estorbar la injusticia".(de los Oficios)
Las leyes en Colombia son redactadas de manera equívoca, compleja que puede llevar a múltiples interpretaciones o estereotipados conceptos.
Si redactaran las leyes como estos sabios antiguos-like Cicerón- las instituciones colombianas andarían mejor y serían modernas y no tan anacrónicas como aún las percibo.
Sí es una reforma deshonesta pues blinda a delincuentes, promueve delinquir,irrespata a la sociedad, destruye la unión de la misma, privilegia a una minoría por encima del bienestar de la colectividad y convierte a Colombia en un Estado más inviable, irresoluto, infantil, poco maduro, irreflexivo y decadente de lo que YA ES.
D

Kathy Porto

27 de Junio

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Deberían estos insignes juristas promover un centro de redacción de leyes y la manera cómo la redacción de las mismas no somete a los frágiles ci...+ ver más

Deberían estos insignes juristas promover un centro de redacción de leyes y la manera cómo la redacción de las mismas no somete a los frágiles ciudadanos eslavos de frases y palabras sin sentido o con tan múltiples sentidos que es imposible encontrar el sendero idóneo para una correcta e imaginativa interpretación.
redacten pues menos leyes, más simples, que concuerde la esencia con la forma, conlleve la dificil claridad de la que habla Borges y no consientan como afirma Cicerón en aumentar las facultades, el poder y riqueza de una minoría despojando a la mayoría, a toda una sociedad que atónita observa cómo sí hay eficaz justicia para anodínos actos pero los que conlleva la responsabilidad sagrada de un ESTADO que funciona gracias a ella NO.
Gracias profesor Uprimny, admirable jurista por ayudar a formar consciencia en este país.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Kathy
Estoy de acuerdo en que es necesaria una mejor técnica legislativa y constitucional para intentar que las leyes y las normas constituc...+ ver más

Hola Kathy
Estoy de acuerdo en que es necesaria una mejor técnica legislativa y constitucional para intentar que las leyes y las normas constitucionalies sean lo mas claras y coherentes posibles. Debe haber un esfuerzo en esa direccion y deberia existir en el Congreso una oficina tecnica (como hay en otros parlamentos) que se encargue de redactar lo mas tecnicamente posible las leyes. Ahi puede haber mejorias. Pero incluso con las leyes mas claras y coherentes del mundo, es necesaria su interpretacion y surgiran debates en torno a su aplicacion. La ilusion de la epoca de la Ilustracion, de autores como Beccaria en el campo penal o Voltaire a nivel filosofico, de que podria prescindirse de la interpretacion, se ha revelado falsa. Para bien o para mal, los debates interpretativos subsistiran, lo cual no excluye que debamos mejorar la calidad de las leyes.
Gracias por su aporte
Rodrigo

Kathy Porto

27 de Junio

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Creo que a lo que se refería Voltaire era que mientras más clara es la ley menos posibilidad de equívocos hay en su interpretación.
Por supues...+ ver más

Creo que a lo que se refería Voltaire era que mientras más clara es la ley menos posibilidad de equívocos hay en su interpretación.
Por supuesto que toda palabra escrita o hablada son meras abstracciones como lo dan a entender los linguistas, etc, Borges tiene una deliciosa disertación al respecto.Pero creo que la claridad del lenguaje no excluye la interpretación sino que la hace más plausible.
"Las leyes deben ser claras, uniformes y precisas: la interpretación de las leyes casi siempre conduce a su alteración." (Voltaire).
Por esto la interpretación de la ley requiere de verdaderos juristas y no abogados sin formación filosófica o humanística, pues mientras más fino sea el pensamiento y la imaginación , mejor es la comprensión de la abstracción y retos que la ley conlleva.
Siempre tendemos a alterar lo que leemos o escuchamos pues el lenguaje tiene diversos significantes y significados.Por esto en Colombia la mayoría de jueces fallan de manera irrisoria apoyados en incisos

Kathy Porto

27 de Junio

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A poyados en incisos y normas que no comprenden por carecer de la formación idónea que les permita hacer una justa interpretación; creo que la ley ...+ ver más

A poyados en incisos y normas que no comprenden por carecer de la formación idónea que les permita hacer una justa interpretación; creo que la ley sí debe ser clara como dice Voltaire para que los no muy bien formados intelectualmente y la sociedad toda la pueda comprender.
Pienso que Voltaire no estaba del todo equivocado.
Gracias por llevarme de nuevo a mi amado Diccionario Filosófico.

Diógenes-Cínico

27 de Junio

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“ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber objeción presidencial de actos legislativos”. Este argumento me pa...+ ver más

“ii) en ninguna parte la Constitución señala expresamente que no puede haber objeción presidencial de actos legislativos”. Este argumento me parece exótico y de difícil comprensión. Los servidores públicos poseen una vinculación negativa frente al ordenamiento jurídico porque al actuar en desarrollo de esta condición deben responder, al igual que los particulares, por el quebrantamiento de ese ordenamiento. Poseen una vinculación positiva, en el sentido de que únicamente pueden proceder cuando la Constitución, la ley y, en general, el ordenamiento jurídico los facultan para hacerlo. En efecto, los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que de manera expresa les autoriza tal ordenamiento. Afirmar que el presidente puede obrar de cierta manera porque no hay prohibición expresa al respecto, es abrir una puerta al exceso y abuso de poder. ¿No lo cree profesor Uprimny?

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Diógenes
Su observación es muy pertinente y pensé en incorporarla y responderla en el blog-concepto pero ya estaba muy largo.
Usted ...+ ver más

Hola Diógenes
Su observación es muy pertinente y pensé en incorporarla y responderla en el blog-concepto pero ya estaba muy largo.
Usted tiene razón en que las autoridades, en un Estado de derecho, y en función del principio de legalidad, sólo tienen las facultades que el ordenamiento les otorga. Mi argumento no es entonces que como al presidente no le está prohibido objetar un acto legislativo, entonces tiene derecho a hacerlo, pues si ese fuera mi argumento y mi único argumento, usted tiene razón en que sería pobre y equivocado.
Pero mi argumentación es distinta (pero tal vez no quedo totalmente clara y su buena pregunta permite aclararla). El problema que me planteo es el siguiente: como i) el presidente tiene la facultad de objetar las leyes y que ii) la Corte y el Reglamento del Congreso, con toda la razón, dicen que las reglas que rigen la formación de las leyes se aplican igualmente a los actos legislativos, entonces surge esta pregunta:
(sigo abajo)

Dejusticia

27 de Junio

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Surge esta pregunta ¿puede o no entenderse por vía interpretativa que esa facultad presidencial de objeción también es aplicable a los actos legis...+ ver más

Surge esta pregunta ¿puede o no entenderse por vía interpretativa que esa facultad presidencial de objeción también es aplicable a los actos legislativos? Y es para sustentar que esa facultad también se aplica a los actos legislativos que uso como un punto de apoyo el argumento de que en ninguna parte la Constitución establece que en los actos legislativos no hay sanción. Es pues un punto de apoyo a una tesis más global, que desarrollo en los 6 argumentos a favor de esa competencia presidencial, que incorporo en el blog.
En el fondo, mi argumentación es igual a la que la Corte ha usado para reconocer al presidente la facultad para promulgar un acto legislativo o para corregir sus errores tipográficos. Ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso le confieren expresamente esa facultad al al presidente, que sólo existe frente a las leyes. Pero la Corte, con argumentos semejantea a los que yo uso, concluye que el presidente tiene esa facultad.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Diógenes-Cínico

27 de Junio

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Los únicos que están legitimados para actuar bajo la hipótesis de que no existe prohibición son los particulares. Estos no necesitan autorización...+ ver más

Los únicos que están legitimados para actuar bajo la hipótesis de que no existe prohibición son los particulares. Estos no necesitan autorización expresa para obrar son los particulares. Los particulares poseen una vinculación negativa frente al ordenamiento jurídico. Ellos y solamente ellos pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por esos ordenamientos. Esta regla no aplica a personas vinculadas estatutariamente a la administración. Los particulares no necesitan el beneplácito expreso de la autoridad para realizar los actos propios del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades públicas. Esto no es simple leguleyismo. Es una protección para los derechos y libertades ciudadanas. ¿Cómo rige el principio de Estado de derecho en Colombia? ¿Según criterios de conveniencia y oportunidad?

Bernardo Carvajal

27 de Junio

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No hay nada que agregar a su concepto-post, tiene los mejores argumentos para la mejor intepretación constitucional del asunto. Como ud. lo dice, oja...+ ver más

No hay nada que agregar a su concepto-post, tiene los mejores argumentos para la mejor intepretación constitucional del asunto. Como ud. lo dice, ojalá lo lean ya los congresistas. Muchas gracias, cordial saludo.

diego pardo

27 de Junio

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Rodrigo, me surge un inquietud, pues sí es un poco irónico que el Presidente, que no tiene expresas funciones constituyentes, pueda "bloquear" la vo...+ ver más

Rodrigo, me surge un inquietud, pues sí es un poco irónico que el Presidente, que no tiene expresas funciones constituyentes, pueda "bloquear" la voluntad del constituyente derivado (Esto parte, claro, de que no es lo mismo que el Presidente tenga iniciativa constituyente, a que tenga función constituyente):
En efecto, la objeción por inconveniencia se puede superar con iguales mayorías parlamentarias que para la aprobación del acto legislativo, obligando al Presidente a sancionarlo. Pero en el caso de las objeciones por inconstitucionalidad, pasaría a la Corte. Si la Corte las declara infundadas, habría sanción presidencial forzosa. Pero si llegasen a ser declaradas fundadas, se presentaría una paradoja que permitiría al Presidente y a la Corte bloquear la voluntad constituyente. Cómo se justifica eso?
(Olvidando la inconstitucionalidad por sustitución, un caso MUY extremo sería si por Acto Legislativo se buscara instaurar una Soberanía Parlamentaria).

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Diego
El ejemplo que usted pone es muy bueno para mostrar por que se justifica que el presidente pueda objetar. Así, si el Congreso insiste ...+ ver más

Hola Diego
El ejemplo que usted pone es muy bueno para mostrar por que se justifica que el presidente pueda objetar. Así, si el Congreso insiste en el proyecto de acto legislativo y la objeción es por razones de inconstitucionalidad y el proyecto pasa a la Corte y ésta lo declara inexequible, entonces se habría evitado que entrara a regir un acto legislativo inconstitucional. En cambio, si el presidente no puede objetarla y tiene que promulgarla, la reforma entraría a regir pero seguramente será demandada por cualquier ciudadano. Y entonces la Corte la declararía inexequible ulteriormente. Pero eso sería más traumático pues un acto legislativo inconstitucional habría producido efectos. ¿No es mejor evitar eso?
Gracias por el aporte
Rodrigo

diego pardo

27 de Junio

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Rodrigo, gracias por su respuesta. Con mi ejemplo se puede explicar la imporatancia de la objeción -lo que comparto en este caso-, mas no su legalida...+ ver más

Rodrigo, gracias por su respuesta. Con mi ejemplo se puede explicar la imporatancia de la objeción -lo que comparto en este caso-, mas no su legalidad/constitucionalidad.
Su explicación es clara, pero porque estamos asumiendo que ese acto legislativo estaba viciado y por eso era inconstitucional. Pero en el supuesto que una reforma tenga un trámite impecable en el Congreso (está libre de vicios de procedimiento) y olvidamos la inconstitucionalidad por sustitución (al no haber unanimidad sobre ella en la Corte), ¿como se explica que entre Corte y Presidente, que no tienen funciones constituyentes, puedan bloquear la voluntad constituyente debidamente manifestada?
(Obviamente estamos hablando de supuestos, pero son esos casos extremos los que permiten llenar vacíos como los que ahora se buscan tapar)

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Diego
Interesante su punto. Pero creo que supone algo que hay que probar: que el presidente no participa en la formación de la voluntad cons...+ ver más

Hola Diego
Interesante su punto. Pero creo que supone algo que hay que probar: que el presidente no participa en la formación de la voluntad constituyente y precisamente lo que intento mostrar en el blog es que la formacion de la voluntad constituyente en un acto legislativo (como en una ley) incluye al presidente, por su facultad de objecion. Y de otro lado, no entiendo mucho cual es el problema de que la Corte declare fundadas las objeciones por inconstitucionalidad del presidente y ordene archivar el proyecto de acto legislativo, si le reconocemos a la Corte la posibilidad de declarar inconstitucional una reforma constitucional ya aprobada.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Lina María Salazar

27 de Junio

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Rodrigo, algunos argumentos de su tesis no terminan de convencerme. Soy una abogada con una visión positivista del Derecho.
Sin embargo, teniendo...+ ver más

Rodrigo, algunos argumentos de su tesis no terminan de convencerme. Soy una abogada con una visión positivista del Derecho.
Sin embargo, teniendo en cuenta las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma, tal cual está, aplaudo sus esfuerzos por construir un argumento plausible jurídicamente que pueda librarnos de tal perjuicio.
Lo felicito por su manejo del Derecho.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Lina
Cuenteme cuales argumentos no la convencen, a ver si de pronto logro reformularlos y convencerla. Yo no soy estrictamente positivista (p...+ ver más

Hola Lina
Cuenteme cuales argumentos no la convencen, a ver si de pronto logro reformularlos y convencerla. Yo no soy estrictamente positivista (por razones que es muy largo de explicar) pero tomo muy en serio el argumento de que todo ciudadano y de todo operador jurídico tienen, al menos prima facie, un deber de respetar el derecho positivo. Mis argumentos intentan por ello encontrar un solución totalmente compatible con el respeto al derecho positivo.
Gracias por su aporte
Rodrigo

Lina María Salazar

27 de Junio

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Doctor, Rodrigo.
De entrada, el supuesto de que la Constitución al regular las objeciones presidenciales hable explícitamente de proyectos de le...+ ver más

Doctor, Rodrigo.
De entrada, el supuesto de que la Constitución al regular las objeciones presidenciales hable explícitamente de proyectos de ley y no de actos legislativos, me hacía dudar de la posibilidad de construir una tesis coherente que respaldara la posibilidad de las objeciones presidenciales. También la razón de que debe primar la voluntad del constituyente sobre el constituido.
Sin embargo, su argumentación me permitió reflexionar sobre esta posibilidad, y considerar que la voluntad constituyente está sujeta a controles, que podrían cobijar los presidenciales.
Al igual que usted, no soy estrictamente positivista. Tengo una perspectiva hartiana del Derecho, la cual profesa un "positivismo suave", el cual permite la posibilidad de múltiples interpretaciones frente a las reglas y la consideración de principios y valores en la interpretación. Es por esto que puedo acoger su conclusión y reconocer la plausibilidad jurídica de sus argumentos.
De nuevo lo felicito.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Lina
Gracias por su aclaracion y su aporte
Rodrigo

Hola Lina
Gracias por su aclaracion y su aporte
Rodrigo

El Se?or K

27 de Junio

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Buena propuesta. Yo añadiría esto: la aplicación extensiva de las normas sobre objeciones gubernamentales de proyectos de ley a los casos de proyec...+ ver más

Buena propuesta. Yo añadiría esto: la aplicación extensiva de las normas sobre objeciones gubernamentales de proyectos de ley a los casos de proyectos de acto legislativo es todavía más pertinente si se tiene en cuenta que el Presidente tiene esa misma facultad en en otros procesos de reforma constitucional (si bien en momentos diferentes). Así, el Presidente me parece que puede objetar los proyectos de leyes que pretendan convocar a un referendo, o que pretendan consultarle al pueblo si convoca una asamblea nacional constituyente. ¿Cuál sería la razón para que quedara completamente excluido de esta posibilidad en las reformas vía acto legislativo?
Ahora bien, no creo que esta interpretación 'añada' o agregue algo a los poderes del Presidente. Ese poder lo ha tenido siempre, lo que pasa es que no se había presentado el caso.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Fidelbroier
Buen punto, que comparto y que es un nuevo argumento fuerte a favor de la tesis de la posibilidad de objeciones en los actos legi...+ ver más

Hola Fidelbroier
Buen punto, que comparto y que es un nuevo argumento fuerte a favor de la tesis de la posibilidad de objeciones en los actos legislatios. En efecto, si se reconoce al presidente una participacion en la formacion de la voluntad constituyente en otros procesos de reforma, como el referendo y la asamblea constituyente, y ahi se le reconoce al presidente la facultad de objetar las leyes que convocan el referendo o la asamblea constituyente, entonces no parece hbaer una razon clara para que esa posibilidad no exista frente a los actos legislativos.
Gracias por el aporte
Rodrigo

tabimejia

29 de Junio

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Profesor Uprimny
Creo que en este punto es importante resaltar lo siguiente. Con mucho respeto, al contrario de lo que usted asegura en su entrada...+ ver más

Profesor Uprimny
Creo que en este punto es importante resaltar lo siguiente. Con mucho respeto, al contrario de lo que usted asegura en su entrada, yo si considero que el acto legislativo nació a la vid jurídica, ya que cumplió con los debates que la constitución y la Ley exigen; cosa diferente es que no haya sido promulgado, y por lo tanto no tiene vigencia ni es exigible su cumplimiento, tal como lo aclaró la Corte Constitucional en sentencia C/443/97 cuando manifestó:"En la teoría jurídica, la existencia de una norma ha estado muy asociado a la idea de validez; una disposición comienza a existir y entra a hacer parte del ordenamiento jurídico por haber sido dictada conforme lo prescriben las reglas del sistema. La validez de una norma no sería otra cosa, como dice Kelsen, que "el modo particular de su existencia.". Así,es diferente la participación del Presidente de la República cuando se trata de referendo o ANC, ya que en ese momento no se materializado la voluntad constituyente.

tabimejia

29 de Junio

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como si ha ocurrido cuando es aprobado un acto legislativo.

como si ha ocurrido cuando es aprobado un acto legislativo.

Dejusticia

30 de Junio

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Hola Tabimejia
Entiendo su punto y, conforme a la jurisprudencia vigente, no es necsaria la sancion presidencial para que un acto legislativo se e...+ ver más

Hola Tabimejia
Entiendo su punto y, conforme a la jurisprudencia vigente, no es necsaria la sancion presidencial para que un acto legislativo se entienda perfeccionado. Eso dice la sentencia C-453 de 1998 y en ese punto esa sentencia es ratio decidendi para ese aspecto (aunque el argumento con el que sustenta la tesissea muy pobre). Sin embargo, en ese caso el presidente no sanciono pero ordeno la publicacion, con lo cual se abstuvo de objetar. La hipotesis aqui es distinta pues el presidente objeto y (ya lo sabemos) las camaras aceptaron la objecion y hundieron el proyecto. Entonces hay incertidumbre. Yo pienso que el presidente puede objetar y entonces que la reforma no nacio a la vida juridica. Pero otros podrian pensar que si. Por ello es importante que haya demandas contra lo aprobado por las camaras, como lo han anunciado redes como la coalicion ciudadana por la justicia pues asi la Corte podra definir el tema.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Capablanca

27 de Junio

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Maestro Rodrigo:
En un blog que aparece en revista SEMANA, un colega suyo de la Nacional proponía una interesante solución. Como se sabe, el Act...+ ver más

Maestro Rodrigo:
En un blog que aparece en revista SEMANA, un colega suyo de la Nacional proponía una interesante solución. Como se sabe, el Acto Legislativo 01 de 2011, al abolir el régimen de impedimentos y conflictos de interés cuando los congresistas votan reformas constitucionales, abrió una verdadera Caja de Pandora que hizo posible esta pésima "reforma a la justicia". La lamentable experiencia de los últimos días muestra hasta dónde pueden llegar los legisladores con este terrible poder que se atribuyeron a sí mismos. Así, como la "reforma madre" (A.L. 01 DE 2011) está demandada ante la Corte Constitucional, esta podría declararla inexequible por sustituir la Constitución (y quizá por vicios de trámite), con efectos retroactivos, de tal manera que los procesos de reforma amparados por dicha norma constitucional (como la mal llamada reforma a la justicia) se caerían tambiñen por inexequibles.
¿Qué tan jurídicamente viable es esta solución? ¿Qué piensa al respecto?

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Capablanca
Comparto su idea de que el acto legislativo No 01 de 2011, que abolio el conflicto de intereses en el tramite de actos legislativo...+ ver más

Hola Capablanca
Comparto su idea de que el acto legislativo No 01 de 2011, que abolio el conflicto de intereses en el tramite de actos legislativos, es la madre de los lios que ocurrieron en el tramite de la reforma a la justicia. Creo igualmente que ese acto legislativo, que desde dejusticia demandamos, puede ser una sustitucion parcial de la Constitucion pues elimina la transparencia en nada menos que los procesos de reforma constitucional. Ojala la Corte tumbe esa reforma. Y si lo hace, podria darle efectos retroactivos a su decision (aunque no esta obligada a hacerlo), con lo cual tambien afectaria la reforma a la justicia. La tesis es plausible.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Santiago Pardo Rodríguez

27 de Junio

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La Corte Constitucional puede otorgar esa suspensión e iniciar un juicio de constitucionalidad que puede durar -si así lo quiere- menos de 3 meses. ...+ ver más

La Corte Constitucional puede otorgar esa suspensión e iniciar un juicio de constitucionalidad que puede durar -si así lo quiere- menos de 3 meses. Por supuesto, ni la Constitución, ni el Decreto 2067 ni el Acuerdo 05 contemplan esa figura pero creo que es un típico caso de creación un estándar legal a traves del activismo judicial.
Esta posición por supuesto no es infalible (el argumento contramayoritario de nuevo sale a relucir) pero hay varios ejemplos que muestran que la Corte ha creado este tipo de estándares buscando una mejor protección constitucional (se me viene a la cabeza la teoría de la sustitución como vicio de procedimiento, la sentencias diferidas sobre estados de emergencia u similares o los efectos retroactivos de las sentencias de constitucionalidad).
Creo que una solución de esta naturaleza permite mantener el equilibrio y nos protege de la preocupación que compartimos: el aumento del poder presidencial.
Saludos.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Santiago
Su alternativa podria ser buena, si existiera la posibilidad de que la Corte suspendiera una norma sometida a su control mientras se...+ ver más

Hola Santiago
Su alternativa podria ser buena, si existiera la posibilidad de que la Corte suspendiera una norma sometida a su control mientras se pronuncia definitivamente. Pero esa posibilidad no existe y la Corte delcaro inexequible, creo que en la sentencia sobre la ley estatutaria de los estados de excepcion, una norma que le conferia esa posibilidad.
Pero ademas, puede ser bueno que primero haya un dialogo politico entre el presidente y el congreso sobre la convenienca y constituciuonalidad de un acto legislativo, antes de que la Corte entre a pronunciarse. Aunque no me gusta aumentar los poderes presidenciales, tampoco me gusta que los temas se judicialicen demasiado rapido. Por eso creo mas apropiada y limpia la alternativa de que el presidente pueda objetar.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Santiago Pardo Rodríguez

27 de Junio

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Hola Rodrigo,
Muchas gracias por la respuesta. Sinceramente no conocía la sentencia; efectivamente revisé la C-179 de 1994 y la Corte dijo que ...+ ver más

Hola Rodrigo,
Muchas gracias por la respuesta. Sinceramente no conocía la sentencia; efectivamente revisé la C-179 de 1994 y la Corte dijo que no procedía la suspensión provisional de los decretos que declaraban y desarrollaban los estados de excepción. Recuerdo mucho un artículo suyo sobre la judicialización de la política en Colombia y concuerdo plenamente con las críticas que usted plantea (especialmente como se vuelven invisible los problemas estructurales). Sin embargo, en aras de la discusión ¿la Corte no podría crear un estándar legal en este caso dada la inminencia del daño? (algo así como un juicio de "clear and present danger" en los juicios de constitucionalidad sobre las reformas a la constitución).
Saludos.

Santiago Pardo Rodríguez

27 de Junio

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Estimado Rodrigo,
Muchas gracias por compartir con todos nosotros sus ideas frente al tema. He disfrutado mucho su artículo y los debates que han...+ ver más

Estimado Rodrigo,
Muchas gracias por compartir con todos nosotros sus ideas frente al tema. He disfrutado mucho su artículo y los debates que han surgido del mismo.
Sin embargo, todavía me preocupa el "precedente autoritario" que se podría generar con estas objeciones. La reducción al absurdo es un buen ejercicio para ayudar a comprender una situación difícil pero parte de premisas virtuosas y desconoce lo voluble que puede ser nuestra democracia. Por eso, desde un principio siempre he defendido la idea que la solución más oportuna es la siguiente: el presidente, en este tipo de situaciones, debe demandar el acto legislativo incluyendo una petición de suspensión temporal del acto legislativo. (Continuo)

Santiago Pardo Rodríguez

27 de Junio

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Se me había olvidado otra cosa, me encanta la referencia al juez Jackson. Sólo quisiera compartir otra frase de él, que pronunció como parte de su...+ ver más

Se me había olvidado otra cosa, me encanta la referencia al juez Jackson. Sólo quisiera compartir otra frase de él, que pronunció como parte de sus declaraciones iniciales en los juicios de Nuremberg: "The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survived their being repeated" (Jarrow, 2008, p. 10). No estoy sugiriendo por supuesto que las atrocidades de los nazis se parecen a esto, pero me gusta el mensaje de evitar generar, a toda costa, precedentes graves. Obvio, es una lectura acomodada, pero me dejé llevar por la emoción de la referencia.
Saludos.

Dejusticia

27 de Junio

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Hola Santiago
Gracias por la referencia, que permite aclarar que Robert Jackson no solo fue un importante juez de la Corte Suprema de Estados Unid...+ ver más

Hola Santiago
Gracias por la referencia, que permite aclarar que Robert Jackson no solo fue un importante juez de la Corte Suprema de Estados Unidos sino que tambien fue el Fiscal del juicio de Nuremnerg contra los lideres nazis.
Gracias por el aporte
Rodrigo

Manuel Nicolás Hernández Barragán

28 de Junio

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Profesor Uprimny, no puedo estar deacuerdo con sus argumentos en esta ocasión. Unos me trajeron mas dudas y otros definitivamente no puedo compartirl...+ ver más

Profesor Uprimny, no puedo estar deacuerdo con sus argumentos en esta ocasión. Unos me trajeron mas dudas y otros definitivamente no puedo compartirlos.
Primero una pregunta de claridad conceptual, pues esta expresión no solo la usa para referirse a la constitución sino a argumentos jurisprudenciales:
-¿Qué es "normativamente" inexacto?
Segundo
-Entiendo el argumento de como el texto de la CP no es claro frente a la formación de actos legislativos, por analogía se puedan aplicar formas y procedimientos propios de la creación de las leyes ordinarias; desde que no sea incompatible con el tramite propio de una reforma constitucional, pero de ello no se predica que el presidente pueda objetarlo; El poder ejecutivo puede hacer presencia en los debates mediante los ministros; eso, si es que no dirige el debate en casos de ser el gobierno quien presenta la propuesta. Entonces, si el ejecutivo participa de los debates; ¿por qué objetar un texto de cuya formación el hizo parte?

Manuel Nicolás Hernández Barragán

28 de Junio

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Tercero
- El hecho de que no este prohibido, no quiere decir que este permitido; eso esta bien para un particular pues se adecua con el genérico ...+ ver más

Tercero
- El hecho de que no este prohibido, no quiere decir que este permitido; eso esta bien para un particular pues se adecua con el genérico principio de libertad individual. Pero en el caso de funcionarios publicos, uno de los principales logros para la formación del estado y que le brinda legitimidad es su sumisión al imperio de la ley, de ahí que hayan competencias regladas que marquen el limite de su actuación, y que en cuanto a los poderes discrecionales, el limite sea exactamente este que quieren modificar: la constitución.
Cuarto
- ¿¡Cómo no va a ser vinculante un precedente de tipo constitucional!? De todas formas, si quisieramos apartarnos; la justificación tiene que ser enteramente razonable, en este caso no solo NO es razonable, sino que es contraderecho.
Quinto
- Las cosas en derecho se desacen como se hacen: principio que debe guiar la actividad del presidente para evitar la catastrofe institucional. Si se hiciera mediante esta improvisada objeción el daño sería igu

Dejusticia

30 de Junio

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Hola Niconico
Su tercera observacion es muy pertinente juridicamente. Pero ya la respondi abajo cuando la respondi a Digoenes la misma observacion...+ ver más

Hola Niconico
Su tercera observacion es muy pertinente juridicamente. Pero ya la respondi abajo cuando la respondi a Digoenes la misma observacion. Lo remite a esa respuesta para no repetir lo mismo.
Su cuarta observacion remite a un tema complejo y dificil, que es sobre la fuerza juridica de los precedentes y la jurisprudencia en general, y de los precedentes y la jurisprudencia constitucional en particular. Cuando estuve como magistrado encargado, hice una aclaracion de voto a la sentencia C-1195 de 2001, en donde plantee en detalle mi posicion, que desafortunadamente no pude desarrollar en detalle en la entrada. La Corte igualmente la desarrollo en otras sentencias, como la SU-047 del 99 o la C-836 de 2001. Pero la idea es que solo debe ser entendida como vinculante la ratio decidendi, esto es, la regla que efectivamente el juez aplica al decidir el caso pero no cualquier consideracion que hagan las sentencias. (Sigo mas abajo)

Dejusticia

30 de Junio

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Esta distincion entre ratio decidendi y las otras consideraciones de la sentencia bi es un capricho sino que tiene todo el sentido del mundo, pues es ...+ ver más

Esta distincion entre ratio decidendi y las otras consideraciones de la sentencia bi es un capricho sino que tiene todo el sentido del mundo, pues es realmente lo que los jueces analizaron y decidieron. (En las sentencias y mi aclaracion se explica eso en detalle)
Ahora bien, en ninguno de los casos que se han citado en donde la Corte habló de que no había objeción presidencial en actos legislativos realmente el tema de la objecion fue el asunto estudiado. La Corte estudio otras cosas y por ello esas consideraciones no fueron ratio decidendi y en estricto rigor no son vinculantes, aunque deben obviamente ser tomadas con mucho respeto.
Su ultima observacion creo que quedo incompleta y no la entendi.
Gracias por sus aportes
Rodrigo

Dejusticia

28 de Junio

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Holas foristas
Por una incapacidad medica, durante unos dos o tres días no podré responder a sus comentarios. Me comprometo a responderlos una v...+ ver más

Holas foristas
Por una incapacidad medica, durante unos dos o tres días no podré responder a sus comentarios. Me comprometo a responderlos una vez superada la incapacidad.
Gracias por su participación
Rodrigo

Dejusticia

30 de Junio

212 Seguidores

Hola Niconico
Intento responder a sus comentarios, todos pertinentes y agudos, aunque podamos discrepar
1) Sobre que entender por “normativa...+ ver más

Hola Niconico
Intento responder a sus comentarios, todos pertinentes y agudos, aunque podamos discrepar
1) Sobre que entender por “normativamente inexacto” es una pregunta que remite a complejos problemas de teoria del derecho, en especial sobre si pueden existir o no juicios de verdad sobre problemas normativos, semejantes a los que se hacen sobre hechos, o si se trata de juicios muy distintos. La literatura sobre el tema es muy amplia. Yo lo uso aquí en una forma muy simple, para simplemente decir que la tesis de que el presidente no participa en la formación de la voluntad constituyente en los actos legislativos desconoce un hecho normativo basico, y es que hay una norma que le da competencia para presentar proyectos de acto legislativo, que es parte de ese proceso de formación de la voluntad constituyente
Sigo abajo
Rodrigo

Dejusticia

30 de Junio

212 Seguidores

Contesto la segunda pregunta de Niconico sobre por que si el presidente participo en los debates en las camaras, tiene ademas la facultad de objetar e...+ ver más

Contesto la segunda pregunta de Niconico sobre por que si el presidente participo en los debates en las camaras, tiene ademas la facultad de objetar el acto legislativo.
La pregunta es politicamente interesante pero juridicamente irrelevante pues lo mismo puede decirse frente a un proyecto de ley. El gobierno puede, por intermedio de sus ministros, intervenir en cualquiero proyecto de ley.... Y sin embargo la Constitucion le reconoce la facultad de objetar por incoveniencia o por inconstitucionalidad cualquier ´proyecto de ley, incluso aquellos en donde intervino en los debates. ¿Por que debería ser distinto frente a los actos legislativos?
El punto es valido válido en términos de responsabilidad política pues podría uno reclamarle al gobierno que debio oponerse antes. Y por ello es que yo claramente digo que el Gobierno tiene responsabilidad politica en lo que ocurrio con la reforma a la justicia, pero eso quiere decir que carezca de la facultad juridica de objetar.
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tabimejia

29 de Junio

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Profesor Uprimny
Debido al debate jurídico surgido alrededor de la "Reforma a la Justicia", yo me preguntaba si el archivo de la reforma por part...+ ver más

Profesor Uprimny
Debido al debate jurídico surgido alrededor de la "Reforma a la Justicia", yo me preguntaba si el archivo de la reforma por parte del Congreso no debía tener un control jurídico por parte de una autoridad judicial. A pesar de realizar la búsqueda no encontré que exista ningún control judicial sobre los actos del congreso que no sean las leyes, lo cual me parece gravísimo. El Doctor Jaime Córdoba Triviño manifestó en reciente entrevista con El Tiempo que "el solo acto mismo de archivo no se puede demandar ante la Corte Constitucional(http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11981681...) Sin embargo antes de leer este artículo pensé que tal posibilidad era viable, toda vez que la Corte ha reconocido su competencia en casos distintos a los consagrados en el art. 241 Constitucional, y para este caso, donde fue archivada una reforma constitucional aprobada, creo que no puede ser otra institución que la Corte Constitucional quien decida al respecto.

tabimejia

29 de Junio

0 Seguidores

Por ello, quisiera saber su posición al respecto, y así decidir si vale la pena intentarlo.

Por ello, quisiera saber su posición al respecto, y así decidir si vale la pena intentarlo.

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