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Viernes Julio 25, 2014

El Blogueo

Suarezterapia
Imagen de Carlos Suárez

Este blog es un recorrido por los pasillos del poder.

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Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Con Posgrados en derecho Constitucional y Penal Especial de la Universidad de Salamanca. Especializado en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario. He litigado en defensas penales y fui asesor en procesos de la ley de Justicia y Paz. Soy consumidor apasionado y estudioso de los medios de comunicación y su dinámica. Asesoro el manejo de estrategias jurídicas en procesos sensibles ante la opinión pública y participo en el diseño y ejecución de programas y planes para candidatos y aspirantes a ocupar cargos públicos.

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Hilos temáticos:

Para la mayoría de colombianos la Auditoría General de la República es un ente desconocido, de gris desempeño, creado en la Constitución de 1991, cuyo artículo 274 estableció la elección por dos años de un Auditor elegido de terna que presenta la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado y cuya única labor es la de ejercer "control al control".

Así se le conoce porque su función es la de vigilar y sancionar a la Contraloría General de la República y a las contralorías territoriales, si a esto último hubiere lugar. Por sus escasas ejecutorias podríamos decir que ha sido prácticamente nulo el cumplimiento de su función o tendríamos que afirmar que el control fiscal en nuestro país es una maravilla porque de investigaciones y sanciones a los contralores por parte del ente que los vigila, nada hemos sabido.

Para recordar ejemplos de actualidad; el auditor saliente, Jaime Ardila (elegido para ejercer su cargo en el periodo 2011-2013) nada dijo sobre los escándalos que rodearon al anterior Contralor General Julio Cesar Turbay Quintero, como aquel tan publicitado de la compra de una camioneta blindada por un valor de 254 millones de pesos que nunca utilizó;  tampoco hubo resultados después de las denuncias públicas que hizo su sucesora y actual contralora, Sandra Morelli, quien al inicio de su periodo declaró que su antecesor, "Junior" Turbay, tenía una nómina paralela que costaba mas de cincuenta mil millones de pesos.

Consonante con lo que fue su administración, tampoco le conocimos pronunciamiento alguno al auditor Ardila frente a las innumerables quejas que se han elevado en contra de la actual Contralora; la misma Sandra Morelli, quien de acusadora pasó a ser acusada por temas tan sonados como la celebración del famoso contrato de arrendamiento de una sede para el funcionamiento de la Contraloría, por un valor de 35 millones de dólares o las denuncias de nóminas paralelas que habrían costado mas de quinientos mil millones de pesos, según lo afirmó en una de sus columnas el abogado Ramiro Bejarano.

Pese a lo anterior, Jaime Ardila se las arregló para que el congreso de la República aprobara la ley estatutaria del año 2011 que fue expedida en la Cámara con el número 104 y con el 189 en Senado y que al mejor estilo del ex presidente Uribe, modificó el articulito 274 de la Constitución Politica para permitir la reelección del auditor general de la república. 

Uno de los principales aspectos que se han discutido en la Corte Constitucional en el ejercicio del control previo de constitucionalidad que ejerce sobre esta ley porque es estatutaria, es que esta modificando la Constitución, cosa que en las facultades de derecho nos enseñaron que agredía todos los principios del derecho constitucional pero que hoy todavía no ha podido discernir en un sentido o en otro la Honorable guardiana de la Constitución.

Hay que decir eso si, que en algunas ocasiones los colombianos hemos oído mencionar al Auditor Ardila, una de ellas fue por la denuncia que en su contra se presentó ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto plagio en que pudo haber incurrido al copiar -sin advertencia- en varios textos, apartes inconexos que ya habían sido publicados en algunos medios de comunicación.

La reelección de Jaime Ardila era un hecho, no solo porque la ley estatutaria que se lo permitía había sido aprobada por el Congreso sino porque a la Corte Constitucional llegó el concepto de uno de sus mentores, el también Santandereano y poderoso Procurador General Alejandro Ordoñez dando un espaldarazo a su aspiración, pidiendo que se declarase la exequibilidad de la norma.

En los acuerdos políticos las cosas parecían ir de maravilla, su gran amiga y paisana, la Presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Diaz estaba en su mejor momento y promocionaba su candidatura; para cerrar esa alianza se les vio juntos en el homenaje que a la presidenta le hicieron en su tierra natal como se puede apreciar en el video que de la ocasión quedó grabado días antes de su crucero por el Caribe.

La estrategia funcionaba a las mil maravillas, la Presidente de la Suprema no hizo convocatoria pública para inscripción de aspirantes sino que simplemente fijó en el orden del día de la sala del 30 de mayo pasado la elaboración de la terna para auditor.  De esa manera, no hubo candidatos, ni inscripciones, ni campaña, todo estaba listo para ungir la reelección de Ardila.

Pero como en política nada está escrito, esa semana sobrevino la debacle cuando estalló el escándalo del crucero de la Presidenta de la Corte Suprema y la avalancha mediática hizo que la Corte Constitucional - que tenía sala para decidir sobre la exequibilidad de la ley reeleccionista mientras la magistrada Díaz gozaba del sol caribeño-, prefiriera posponer el fallo para fecha ulterior al primero de junio, día en el cual se cumplía el periodo constitucional de Jaime Ardila, dando al traste con la muy bien elaborada agenda de reelección.

Esta, que era una reelección cantada, dio pie ante su fracaso para que se inicie -al menos en apariencia- una verdadera campaña que en todo caso tiene varias peculiaridades. La primera de ellas es que ante el traspiés del seguro ganador se procedió, como no se había hecho previamente, a abrir públicamente inscripcioneshttp://190.24.134.121/webcsj/Documentos/ComuniCorte/secretariageneral/2013/Auditor/AUDITOR.pdf para aspirantes y una avalancha de subalternos y allegados del fallido reelegido aparecieron en legitima contienda.

Es el caso de Germán Barco López, nombrado por Ardila como gerente seccional de la auditoria en Quindio, hoy aspirante a sucederlo.

En la lista de inscritos aparece también  Sara García Padilla, otra ilustre santandereana nombrada por Ardila como su secretaria general y quien se encuentra encargada como auditora por el vencimiento del periodo de su jefe el ex auditor Jaime Ardila.

Otro de los empleados-candidatos de la auditoria nombrados por el saliente Ardila es Reynaldo Rios Pérez, auditor delegado para la vigilancia de gestión fiscal, abogado que antes de posesionarse en la auditoria trabajaba con Ardila en Uniciencia en la ciudad de Bucaramanga.

El doctor Pablo Cesar Díaz Barrera es otro de los inscritos para suceder a Ardila, él fue uno de los primeros contratistas en vincularse con la Auditoria luego de posesionado Jaime Ardila; el 16 de junio de 2011 fue contratado para prestar sus servicios en el área de responsabilidad fiscal de esa entidad.

Así las cosas, aunque en apariencia se democratizó el escrutinio de hojas de vida para designar tan apetecido cargo, todo parece indicar que se podría estar cocinando la reelección en cuerpo ajeno de una administración que en vez de controlar al control, terminó cooptada por el control.