Menú principal

Jueves Agosto 21, 2014

Cum Grano Salis
Imagen de Jorge Humberto Botero

Este blog busca abordar temas políticos, económicos y jurídicos de coyuntura desde una perspectiva políticamente incorrecta y tratando de huir de los prejuicios.

Abogado de la Universidad de Antioquia. Su vida profesional ha transcurrido entre el gobierno y la actividad privada. Escribe por la pasión, nunca saciada, de aprender. Son sus ídolos quienes han desafiado el poder, como Martín Lutero que se enfrentó a una iglesia corrupta; o los pensadores liberales como Berlin y Popper. Todavía monta en bicicleta; de cuando en vez algún poema lo deslumbra.

Twitter del autor

Se requieren menos muertos en las vías; no más presos en las cárceles

La justificada alarma social generada por recientes tragedias causadas por conductores ebrios, ha dado lugar, como suele suceder, (recordemos el caso célebre de cadena perpetua para violadores de niños) a una suerte de "frenesí punitivo". Es necesario- se nos dice- aumentar drásticamente las sanciones por los homicidios derivados de accidentes de tránsito. Se trata de una causa popular que, justamente por serlo, toma vuelo en las instancias políticas. ¿Será ese el camino? 

De entrada, anotemos que las penas no son bajas. El Código Penal contempla como causal de agravación punitiva en el homicidio culposo que el delito se cometa bajo los efectos del alcohol. En tal caso, la pena máxima puede llegar a 15 años de prisión. Francamente la sanción parece bastante severa. No obstante, vale la pena preguntarse si doblarla, como probablemente se propondrá en el Congreso, tendría algún sentido.

Numerosos estudios y el sentido común enseñan que el carácter disuasivo de la pena -su capacidad para moldear la conducta social y evitar que las conductas prohibidas ocurran- es función de dos factores. El primero es la magnitud nominal de la pena; parecería obvio que mientras más onerosa sea ésta, tanto mayor será la tendencia a evitar la conducta prohibida. Sin embargo, esa correlación positiva tiende a perderse cuando se supera cierto umbral. En la práctica, da lo mismo que la pena sea no de 30 años, sino de prisión perpetua.

El otro factor crucial, que suele pasar desapercibido, es el grado de probabilidad de que el autor del delito sea procesado y condenado. La calidad de las cifras relativas a la criminalidad es precaria. Las entidades que producen estadísticas difieren sustancialmente entre sí, lo cual impide llegar a conclusiones ciertas. Sin embargo, son claros los indicios que validan la generalizada percepción ciudadana de impunidad. Veamos: Según la Policía Nacional, en el 2011 hubo 4.293 homicidios en accidentes de tránsito. De otro lado, de acuerdo con información de la Fiscalía, en el 2010 hubo 360 sentencias por homicidio culposo. Suponiendo -lo que nos es verdad- que todos esos delitos son imputables a ebriedad de conductores de vehículos, y que el número de sentencias condenatorias en el 2011 se hubiere duplicado -lo que parece excesivamente optimista- la tasa de impunidad sería cercana al 83%.

Este sumario análisis parece suficiente para concluir que aumentar las penas no tendría efectos positivos. Esto es lo mismo que, con abundancia de información y buen criterio, ha dicho el Fiscal General, Eduardo Montealegre, en un reciente reportaje.  http://www.eltiempo.com/justicia/el-fiscal-eduardo-montealegre-habla-sob...

Abordemos ahora el problema desde otro ángulo: El de las sanciones a quienes conduzcan en estado de embriaguez. ¿Habría espacio para que la comisión creada por el Presidente del Senado proponga una nueva legislación al respecto? Temo que no. A través de la Ley 1548 del año pasado, ya se jugó la carta usual de endurecimiento punitivo. Allí se dispuso que la presencia de 0.2 mg/ 100 ml de sangre, lo cual equivale a una sola copa de alcohol, un patrón más riguroso que el utilizado en casi todo el mundo, da lugar a las siguientes sanciones: una multa cercana a $900.000, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia hasta por 10 años. 

Esto es bastante oneroso, por supuesto, si las autoridades de tránsito detienen a los conductores borrachos antes de que causen un accidente. Por desgracia no es así. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional no puede ejercer sus funciones en las vías urbanas sino previo acuerdo con los alcaldes municipales, en quienes recae la competencia al respecto. Según información proveniente del Fondo de Prevención Vial, en solo 56 municipios, de los más de 1.123 que tiene el país, puede actuar la Policía Vial. En el resto del territorio, la función de prevenir la conducción de automotores bajo los efectos del alcohol corresponde a las autoridades locales. En general, esta tarea no es prioritaria.

Un ejemplo típico de la orfandad en que estamos frente a este flagelo puede ser Palmira, una ciudad con una población cercana a los 300.000 habitantes que tiene 30 policías de tránsito repartidos en tres turnos. Moraleja: si vas a conducir y a tomar licor, hazlo en Palmira...o, en realidad, en cualquier otra ciudad grande o pequeña de Colombia (No te vayas a Miami, el riesgo es mayor).

Descartadas las soluciones fáciles, es imperioso fortalecer la capacidad preventiva y sancionatoria de las autoridades de tránsito. Entre otras cosas se requiere: Capacitar a policías y guardas en la toma de pruebas de alcohol; dotarlos de sensores de consumo de licor suficientes; contar con equipo de grúas para trasladar vehículos inmovilizados y recintos para custodiarlos hasta cuando se paguen las multas correspondientes. Todo esto requiere presupuesto, no leyes (que son gratis).

Lleguemos, finalmente, a la prevención de accidentes, que es el "eslabón perdido" en los recientes debates en los medios de comunicación. Para estos fines se cuenta, desde años atrás, con una institución valiosa que debe fortalecerse: el Fondo de Prevención Vial, el cual, entre otras tareas notables, ha auspiciado las campañas de "inteligencia vial" que se han transmitido por televisión en época reciente. Cursa al respecto en el Congreso un proyecto de ley que habría que revisar con cuidado para estar seguros de que ha sido bien concebido.

Pero más allá de lo que el Estado pueda hacer, es preciso que usted, que me lee, y todos aquellos en los que pueda influir, tomemos cabal conciencia de que licor y automóviles es una mezcla explosiva que puede destruir vidas, como, por desgracia, sucede con frecuencia.

   

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2013-08-11 00:17

Las reflexiones que se hacen en este tema y en la mayoría de los artículos que he visto, coinciden en el llamado a la cordura y/o conciencia. Se olvidan de la cultura que hemos tenido por naturaleza propia, esa que viene desde la niñez y mas allá, esa que no se aprende de un día para otro; por lo tanto esos ruegos y/o deseos siguen quedándose en eso, por que nuestras costumbre esta hecha para aprender a los golpes, por ello las razones expuestas sencillamente no funcionan.

Se requiere legislar para que el solo hecho de conducir en estado de embriaguez sea un delito, no excarcelable, con penas que vayan mas allá de la posibilidad de portarse divinos y salir mucho mas antes de lo que entraron.

Sáb, 2013-08-10 15:28

Excelente análisis, Jorge Humberto. Ese fetichismo legal colombiano es la mejor opción para no encontrar las soluciones efectivas a los problemas.

Lun, 2013-08-12 11:40

Adhiero a su comentario. A los legisladores les pueden interesar mucho más los réditos políticos de sus decisiones y la pantalla que les concedan los noticieros que la solución real del problema.

Vie, 2013-08-09 09:48

Que buen analisis, muchas gracias por tus articulos, un abrazo!!!

Jue, 2013-08-08 17:40

La prevención debe ubicarse en los escenarios específicos donde arrancan los borrachitos. Es decir, no es posible que un sitio donde se celebran las parrandas, esté bordeado de lujosos y humildes carros esperando como fusiles que llegue el irresponsable conductor y a todo ésto no haya intervención alguna, ni ciudadana o de la autoridad, indagando sobre dueño del carro y si es necesario contratar un conductor alternativo a su costo. Igual que la policia y el ejercito va por calles y veredas indagando comprometiendo con la seguridad en largas caminatas sin resultados aparentes, en la mayoría de casos, pero es su trabajo preventivo. Será muy difícil prevenir, contando con los ahorros que generan al estado la disminución de atención de tercero y cuarto nivel costosísima que casi siempre exigen los peatones atropellados.

Jue, 2013-08-08 10:08

Respecto del peso de la pena, también da lo mismo q los famosos trabajos y estudios realizados terminen dejando en libertad más rápido de lo que entran. Legislar respecto del endurecimiento punitivo son normas q quedan sujetas siempre al ‘’correcto’’ actuar del posible borracho y de las autoridades q lo requieran, y eso es el factor HUMANO, así estén dotados del aspecto meramente técnico-científico, estamos precisamente en Colombia donde el soborno es pan diario.

Todos, absolutamente todos tenemos muy claro las consecuencias de conducir en estado de alicoramiento, ese conocimiento debe tenerse en cuenta para definir el delito más allá del concepto de CULPOSO, en otras palabras el concepto de DOLO en algún grado y/o variación puede ser considerado, aquí todos sabemos a q nos enfrentamos si actuamos irresponsablemente y eso creo yo es una especie de premeditación en algún grado.

Jue, 2013-08-08 10:09

El carácter disuasivo de la pena se hace desde la misma casa, con fortalecimiento constante desde las instituciones, es parte de la cultura elemental q debe implementarse desde la educación básica en áreas q han desaparecido como la del civismo.

Loro viejo no aprende a hablar y si lo hace es a los tropezones, así q la educación y/o persuasión nace desde la misma casa. Esa última frase de Botero es muy idealista pero ya sabemos q no funciona.

Jue, 2013-08-08 08:30

A veces me parece que hay que hacer balances en plata para que las autoridades competentes se pellizquen o para reformar las normas y partidas presupuestales necesarias para que las autoridades actúen.
¿Qué consecuencias económicas tiene el Estado con cada homicidio culposo causado por un borracho manejando? ¿Cuánto suman esas consecuencias? ¿Qué entidades del Estado las asumen? vs. ¿Cuánto le vale al Estado tomar las medidas necesarias para prevenir esos accidentes? ¿Qué entidades y en qué proporción tienen que tomar esas medidas?

Mié, 2013-08-07 22:13

Estupendo análisis; el populismo punitivo no le cuesta un solo centavo al Estado y por eso resulta una inversión política muy rentable para algunos "policy makers". Creo que la aplicación de criterios de análisis económicos de derecho como se hace en este artículo son bien útiles para entender un concepto perdido en estos debates: la validez y legitimidad de la norma son concomitantes son su eficacia. 

Añadir nuevo comentario